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ALEJANDRO FERNÁNDEZ PUMARIÑO
ALEJANDRO FERNÁNDEZ PUMARIÑO Lugo Licenciado en 1980 – Ejerce desde 1980
ALEJANDRO FERNÁNDEZ PUMARIÑO Lugo Licenciado en 1980 – Ejerce desde 1980

ALEJANDRO FERNÁNDEZ PUMARIÑO Lugo Licenciado en 1980 – Ejerce desde 1980

Obra:

Texto del 10/12/08
Fotografía cedida por Alejandro Fernández.

Actualmente, Alejandro Fernández compagina el ejercicio profesional con la presidencia de la Fundación Preescolar en Casa. Este abogado altruista, comprometido desde su juventud con las causas sociales y pedagógicas, cree necesario el consenso de las fuerzas políticas españolas para elaborar una ley de educación coherente y duradera. Asimismo, respalda la promoción de un Estado central sólido a fin de lograr una presencia importante de nuestro país en el mundo.

Intensa labor social

Mi padre regentó una pequeña explotación ganadera en Recimil, Lugo, hasta que en mi adolescencia nos trasladamos a Lugo capital. Posteriormente obtuve la licenciatura en Ciencias Morales en la Universidad Pontificia de Comillas y la de Derecho en la Complutense de Madrid. He colaborado en Cáritas Diocesana de Lugo, donde fui director durante 17 años, y, como tal, participé en la creación de la Asociación Lucense de Información y Ayuda al Drogodependiente, en la Asociación provincial de Alcohólicos Rehabilitados y en la constitución de la Fundación Monte del Gozo para poner en marcha en Galicia el desarrollo del Proyecto Hombre. Colaboré también con la Cruz Roja y fui vicepresidente de su asamblea provincial durante un mandato. En la actualidad presido la Fundación Preescolar en Casa, una institución que promueve la formación de los padres para facilitar la correcta educación de sus hijos. Compatibilizo la práctica del Derecho, centrado en el ámbito civil, administrativo y penal, con la dedicación a las labores sociales.

Transición, entusiasmo colectivo y catarsis

Pasar del trauma posterior a la Guerra Civil a la sensación de libertad de los primeros años de la Transición fue una experiencia catárquica e irrepetible. En el aire se respiraba la sensación de la inevitabilidad, puesto que no había más opción que la democracia. Aquellas manifestaciones masivas de gente pidiendo amnistía y libertad fueron memorables. El entusiasmo en pro de la democracia fue tan tremendo que ni el terrorismo ni el ruido de sables pudieron detener su avance. A ello se sumó la aparición en escena de numerosos políticos que demostraron tener un gran coraje. Quizás se podrían haber hecho más cosas, pero entonces era muy difícil conseguir algo distinto. Así, se llevó a cabo una Transición basada en el diálogo constructivo; de lo contrario no se habría alcanzado el consenso. Sin ánimo de mitificación, fue una época de la cual enorgullecernos. Cuando observo el dogmatismo y la acritud de los políticos actuales, añoro el debate respetuoso de entonces.

No es bueno imponer a las nuevas generaciones un texto constitucional en el que no participaron

Cualquier ley fundamental debe gozar de la empatía de los ciudadanos y para ello necesita ser adaptada a la realidad de cada momento. No es bueno tratar de imponer a las nuevas generaciones un texto en el que no participaron y que muestra signos evidentes de estancamiento. Entre los puntos susceptibles de revisión puede incluirse el Senado, un organismo cuya función es discutible, y que, o bien se convierte en una Cámara territorial –como se preveía en la Constitución–, o no vale la pena que siga vigente. Otro cambio constitucional indiscutible es la derogación de la Ley Sálica.

Promover un Estado central sólido para lograr un mayor peso específico en el mundo

Las autonomías nacieron con un “pecado original” que fue el famoso café para todos, un error aún presente por la duplicidad de cargos, burocracia y gastos que supone. Es cierto que, de haber ideado otro procedimiento, el error sería otro y habría entonces una diferencia de trato a favor de Cataluña y el País Vasco; los estatutos de autonomía son trajes que se han quedado cortos y ya no se adaptan a la situación actual. El objetivo de la reclamación autonómica era acercar el poder al ciudadano, pero hoy, con la aplicación de las nuevas tecnologías, esa cercanía se alcanza de otra manera. Quizás podríamos ir hacia un federalismo en algunas competencias y, simultáneamente, hacia una recuperación de atribuciones para el Estado en otras materias. Lo que carece de sentido es que haya diversos poderes interviniendo en los mismos ámbitos. Las autonomías nos han permitido vivir en paz y progreso durante 30 años, pero se debería actuar con seriedad examinando la situación actual. Como país, conviene promover un Estado central sólido de cara a lograr un peso específico en el mundo, y para ello el sistema federal, que hoy se puede afrontar sin miedos ni disimulos, es, sin duda, la mejor fórmula.

La ley de Educación debe consensuarse

Por el bien de la enseñanza, convendría que los dos partidos mayoritarios concertaran una ley de educación que no estuviera a expensas de los cambios de gobierno. Asimismo, el Estado debería hacer patente su potestad para coordinar esta materia. Quizás no haría falta recuperar competencias, pero sería preciso elaborar un protocolo de actuación consensuado, respetado y vinculante, de manera que, llegado el momento, se pudiera actuar según lo acordado previamente. Hoy da la sensación de que existe un cierto descontrol entre las autonomías y el Estado central en cuestiones educativas, lo que mina el concepto de autoridad. Igual que un padre no debe desautorizar al maestro, una autoridad autonómica no ha de menospreciar las decisiones del Estado.

Errónea utilización de la legislación y, consecuentemente, de la Justicia

Tener diecisiete comunidades autónomas legislando es llevadero para la abogacía, porque trabajamos dentro ámbitos acotados y utilizamos sólo la legislación que nos afecta. Esta realidad no es precisamente negativa, pese a que a veces dé la sensación de que muchas legislaciones autonómicas responden al prurito de tenerlas, ya que hay leyes que no aportan nada específico. En cambio, otras reglas tienen sentido, como por ejemplo la Ley de Derecho Civil de Galicia, una norma necesaria e importante que llegó en 1995 y se corrigió en 2006, y que hoy debe revisarse de nuevo. La parte verdaderamente negativa estriba en la errónea utilización que se hace de la legislación y consecuentemente de la Justicia. Sobre todo en el ámbito penal, cada vez que surge un problema y éste adquiere una cierta dimensión mediática, automáticamente se idea una ley, una modificación o una reforma legal para atajar sucesivos problemas similares. El Código Penal de 1995 ha sufrido numerosas modificaciones desde entonces. Parece como si los políticos quisieran derivar sus responsabilidades promulgando nuevas leyes. Al modificar una norma frecuentemente sólo se consigue llenar las cárceles, pero no se ataja el problema.

Excesivo rigor en el ámbito de los delitos ecológicos

He defendido situaciones de imputación de delito ecológico y sorprende el excesivo rigor en relación con otros. Cuando se comete un homicidio, se lleva a cabo una investigación exhaustiva en busca del culpable. En cambio, en un delito ecológico, basta una muestra de las aguas de un río para condenar al responsable de una empresa a varios años de prisión, simplemente porque un día a un desaprensivo se le ocurrió verter lejía para pescar unas truchas. Es una desproporción, porque, aunque hay que perseguir a quien contamina, es desacertado que se castigue la muerte de los peces de la misma forma que la de las personas. Es injusto que ante una empresa que controle sus vertidos durante años, por un incidente aislado y, sin mayores investigaciones, se le atribuya la responsabilidad a su gerente, condenándole a una pena de cárcel considerable.

Necesaria reforma de la oficina judicial

Desde los inicios de la democracia, la Justicia ha sido la institución más olvidada; se han invertido recursos en ella, pero no los necesarios. Los programas informáticos se han quedado desfasados y los funcionarios utilizan folios para comprobar el estado de la tramitación de los asuntos. No es lógico que un ciudadano en busca y captura pase desapercibido al presentar su DNI en un centro policial o judicial, ni tener un titulado superior, como es el secretario judicial, desempeñando funciones de relevancia menor. La necesaria reforma de la oficina judicial, de la que lleva mucho tiempo hablándose, no se concreta. Para que la Justicia funcione mejor se necesitan más juzgados, porque el número de asuntos que entran en los mismos se ha cuadruplicado respecto a 1978. Asimismo, conviene evitar la sensación de que la Justicia está politizada debido al tratamiento que está recibiendo el Consejo General del Poder Judicial. La gente interpreta equivocadamente que los políticos intervienen en la Administración de Justicia, pero, aunque dicho Consejo es un órgano de gobierno, no lo es de judicialización, y por lo tanto no interfiere en las sentencias.

Cualquier fórmula de sucesión al Trono será bien acogida

Su Majestad lo es por designio de Franco, pero el Rey se desligó de esa procedencia cuando alentó la Transición, aceptó la Carta Magna y defendió la democracia. Es una realidad que pocos discuten hoy. El debate se centra en estos momentos en la forma idónea para su sucesión. Se apunta que proclamar en vida de Juan Carlos I al sucesor provocaría cierta tensión al surgir las comparaciones entre ambos. Probablemente este sea el temor de la Reina, cuando se declara partidaria de agotar el reinado y contraria a la abdicación prematura del Rey a favor de su hijo. Sea como fuere, y en la medida en que el máximo representante de España ejerza su función como corresponde, cualquier fórmula empleada será finalmente aceptada por los españoles, sobre todo porque Su Alteza Real el Príncipe de Asturias está bien preparado y posee una experiencia que garantiza su correcta gestión.