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ANTONI FITÓ I BAUCELLS
ANTONI FITÓ I BAUCELLS MARCO LEGAL ABOGADOS Y ECONOMISTAS Barcelona Licenciado en 1992 - Ejerce desde 1993
ANTONI FITÓ I BAUCELLS MARCO LEGAL ABOGADOS Y ECONOMISTAS Barcelona Licenciado en 1992 - Ejerce desde 1993

ANTONI FITÓ I BAUCELLS MARCO LEGAL ABOGADOS Y ECONOMISTAS Barcelona Licenciado en 1992 - Ejerce desde 1993

Obra:

Texto del 16-05-2008
Fotografía: Àngel Font.

Especializado en Derecho de empresa, dirige junto a sus socios la sociedad profesional Marco Legal, Abogados & Economistas. En su tarea diaria, Antoni Fitó promueve una sólida relación entre empresario y letrado como base para un asesoramiento de calidad que permita enfrentarse a una realidad económica compleja y cambiante. Apuesta por reformar la Constitución para resolver los problemas que afectan a una institución tan importante como el Consejo General del Poder Judicial.

Conocimiento y experiencia en Derecho de empresa

Estudié la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Me especialicé en Derecho de empresa, campo en el que he desarrollado una intensa actividad profesional. Hasta el año 2000 fui corresponsable del Departamento Legal-Mercantil en España de la firma Moore Stephens. Desde 2001 soy secretario general del grupo Tech Foundries, además de asesor (desde el año 2004) de la junta directiva de la Asociación de Empresas y Entidades 22@ Barcelona. Miembro colegiado del ICAB desde 1993, me siento orgulloso de permanecer desde entonces adscrito al turno de oficio y asistencia al detenido.

Adaptarse a los cambios

Conforma nuestro despacho un importante equipo de profesionales dedicado al asesoramiento a empresas desde un prisma multidisciplinar, integral y personalizado. Junto con un socio, Felipe Caballero, especialista en temas contables y fiscales, creamos el bufete a principios del año 2000 y, poco a poco, hemos crecido y consolidado la firma con la incorporación de otros dos socios: Marc Lozano y Santiago Ylla. Los cambios en el sector de la abogacía y la entrada en vigor de la Ley de Sociedades Profesionales nos han obligado a diferenciar claramente las actividades propias del ejercicio de la abogacía de aquéllas que no lo son. Así, hoy Marco Legal aglutina a un nutrido número de abogados procedentes de firmas de reconocido prestigio, especializados en el asesoramiento jurídico, en sus vertientes mercantil, fiscal y laboral, así como dedicados a la actividad procesal (judicial y arbitral). Por otra parte, las actividades de apoyo y gestión, en particular, contable y laboral, se prestan desde otra sociedad del grupo, que conduce Felipe Caballero.

Apoyo a los emprendedores

Nuestro despacho siempre ha dedicado especial atención a los emprendedores: queremos apoyar a su desarrollo. Tenemos experiencia en Derecho societario, así como en el trato y negociación con inversores privados y empresas de capital de riesgo. Igualmente, hemos alcanzado acuerdos con instituciones del mundo científico y académico asesorando a diversos proyectos spin-off. Llevamos cinco años trabajando con la Fundació Bosch i Gimpera de la Universidad de Barcelona en la orientación de científicos y futuros emprendedores nacidos en el ámbito académico. Son personas ajenas al mundo del Derecho que desconocen el cumplimiento de los requisitos legales pero que son conscientes de lo positivo que resulta ser guiados por profesionales de la abogacía para asegurar su éxito empresarial.

Aunar dos profesiones, la jurídica y la empresarial

Dirigir un despacho implica, además de ejercer como letrado, encontrar tiempo para desarrollar la faceta de empresario. Disfruto combinando las dos dimensiones: el trabajo como abogado me encanta, así como la tarea empresarial, una de mis vocaciones, que me ha llegado por herencia familiar.

De la abogacía tradicional a los bufetes multidisciplinarios

En los últimos años se ha producido una evolución lógica de la figura tradicional del abogado a las firmas multidisciplinares, con juristas especializados en diferentes ámbitos para dar un mejor servicio al cliente y cubrir las distintas necesidades que el cambiante marco jurídico plantea al empresario. Siguen existiendo despachos con un único titular y una clientela fiel, pero –con pocas excepciones– están condenados a desaparecer. Para los abogados de mi generación ha sido una evolución natural hacia otro concepto de despacho.

Garantía de protección legal para la empresa

Actualmente pocas empresas empiezan su aventura sin confiar en un buen asesoramiento legal. Con el tiempo, el sector empresarial ha entendido que ir de la mano de un letrado aporta grandes beneficios. La empresa tiene diferentes necesidades de asesoramiento, no sólo societarias sino también laborales, fiscales y administrativas. Al usuario le gusta tener un único interlocutor, representado por profesionales especializados en distintas materias. Hoy en día, un despacho jurídico aspira a garantizar una protección legal para todas las obligaciones del empresario. Conocer a los clientes desde distintas perspectivas se traduce en un asesoramiento integral más eficaz y más rentable en tiempo y en dinero. Por otro lado, las nuevas tecnologías facilitan el contacto inmediato y continuo entre el cliente y el letrado, lo que permite al primero sentirse asesorado en todo momento.

Medidas para promover la iniciativa empresarial

Se ha perdido la oportunidad histórica de facilitar legislativamente e incentivar la creación de empresas, el verdadero motor de la economía. Al que es profano en Derecho le resulta arduo emprender un negocio cuando se le imponen tantas trabas. En nuestro país se observa una dificultad excesiva para poner en marcha un proyecto empresarial. E iniciativas para simplificar los trámites, como por ejemplo la Ley de Sociedad Limitada Nueva Empresa, han fracasado a causa de un incorrecto enfoque legislativo y de su incapacidad de responder a las necesidades reales de la sociedad.

Poder Judicial independiente y apolítico

Para el colectivo de juristas es preocupante que el Consejo General del Poder Judicial actúe en la línea que observamos en los últimos tiempos. En la Constitución queda plasmada que la división de poderes es la única manera de garantizar el Estado de Derecho. Y, en particular, la Constitución establece que dicho órgano estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo (quien lo presidie) y por otros veinte miembros, ocho nombrados por las Cámaras (Congreso y Senado) y los otros doce designados entre jueces y magistrados en activo. Parecía, de este modo, que la injerencia del poder político en el nombramiento de los miembros del Consejo quedaba limitada a una minoría. No obstante, hoy los veinte miembros son designados según criterios políticos, aunque no quiera admitirse, y eso quiebra el principio de independencia del poder judicial.

Momento de abordar la reforma constitucional

La reforma de la Constitución debe tratar cuestiones importantes, como, precisamente, permitir la modificación de la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. La Constitución jugó un gran papel durante la Transición y ha tenido una larga vigencia, pero los tiempos han cambiado y la norma debe adaptarse a la nueva realidad social. Los padres de nuestra Constitución elaboraron un documento único, admirable, que se ajustó a la perfección a su momento histórico. Con el tiempo, todas las leyes deben evolucionar igual que lo hace la sociedad, que no es estática, sino dinámica; quizás ha llegado el momento de abordar la reforma de la Carta Magna.

Atribuciones del Tribunal Constitucional

La función del Tribunal Constitucional es velar por el cumplimiento de la Constitución y porque ninguna norma de rango inferior vulnere o atente contra sus artículos. El Tribunal no debería inmiscuirse en temas políticos.

Aproximación de la Administración al ciudadano

El sistema autonómico ha sido una buena elección para la sociedad española porque, entre otras ventajas, ha permitido el acercamiento de la Administración al ciudadano. Otra cuestión es si este sistema ha dejado de cumplir su función y debería evolucionar hacia otro. Tenemos que hacer autocrítica e intentar resolver los inconvenientes que surjan.

Repensar la organización judicial

Sin olvidar el preocupante retraso que numerosos expedientes sufren en la jurisdicción penal, es la jurisdicción civil la que más padece el colapso de la Administración de Justicia. Debemos abordar la organización judicial en España desde los juzgados de primera instancia, que son los que tienen más demoras, por el elevado número de asuntos que deben tramitar cada año y los recursos limitados de que disponen, lo que provoca que los asuntos se vayan acumulando día tras día. Es cierto que ya se han dado los primeros pasos y ha habido cambios en la Administración de Justicia dignos de mención, como la especialización mediante la creación de los juzgados de lo Mercantil o los dedicados en exclusiva a la violencia doméstica. No obstante, algunos de estos cambios nacen tarde y sin adecuarse a las necesidades reales. Así, al poco de crease los juzgados de lo Mercantil, su colapso es ya evidente.

Reconocer la delicada labor de los jueces

La profesión de juez es una de las peor remuneradas en España, y más teniendo en cuenta la gran responsabilidad que implica. Si se exige una Justicia a la altura de las expectativas también se debe valorar y recompensar económicamente esta profesión.

No hay cuestionamiento monárquico

La monarquía es respetada por la mayoría de los ciudadanos, sobre todo porque el Rey Juan Carlos I ha sabido ganarse la admiración general jugando un papel muy relevante durante la Transición y como embajador de España en el extranjero. A muchos españoles, cuando se les pregunta si son monárquicos, responden que quizás no lo son, pero sí se consideran juancarlistas. El príncipe Felipe deberá ganarse el respeto de las nuevas generaciones. La continuidad de la Corona dependerá del papel que ejerza y de su habilidad para enfrentarse a los nuevos tiempos.