Testimonios para la historia, S.L. Editora. Avda. Diagonal, 612 6º 4ª y 5ª Barcelona 08021. Télefono: 930 18 16 16 Contacta
EMILIO ATRIO ABAD
EMILIO ATRIO ABAD BUFETE ATRIO ABAD Ourense Licenciado en 1954 – Ejerce desde 1960
EMILIO ATRIO ABAD BUFETE ATRIO ABAD Ourense Licenciado en 1954 – Ejerce desde 1960

EMILIO ATRIO ABAD BUFETE ATRIO ABAD Ourense Licenciado en 1954 – Ejerce desde 1960

Obra:

Texto del 06-10-2008,
Fotografía cedida por Emilio Atrio.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, don Emilio Atrio Abad ostentó durante diez años el cargo de decano del Ilustre Colegio de Abogados de Ourense, institución de la que, en 1995, fue nombrado Decano Honorario. Ex consejero decano del Consejo General de la Abogacía Española, miembro en diversas ocasiones de la Junta Electoral Provincial y actual presidente do Consello Social da Universidade de Vigo, también posee renombradas condecoraciones como la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort o la Medalla de Plata de Galicia.

Más de cuatro décadas en la abogacía

Soy titular del Bufete Atrio Abad, un despacho generalista fundado en 1960 y ubicado en Ourense. Actualmente, nuestro equipo está compuesto por nueve abogados que ofrecen un servicio jurídico integral. En el año 2001, junto a otros despachos nacionales, nuestro bufete contribuyó en la fundación de la CEA (Corporación Europea de Abogados), una asociación sin ánimo de lucro que pretende ser una alternativa a los grandes bufetes españoles de ámbito internacional. Durante sus más de cuatro décadas de existencia, el Bufete Atrio Abad ha compaginado el ejercicio de la abogacía en todo el territorio nacional con el estudio permanente del Derecho, siguiendo muy de cerca y participando activamente en la evolución jurídica y tecnológica de su sector.

Inexistente Estado de Derecho durante el tardofranquismo

De ningún modo puede considerarse que durante el tardofranquismo existió algo parecido al Estado de Derecho. En aquella época, cuando los abogados nos interesábamos por alguna persona que había sido detenida, surgían diversas complicaciones. Habitualmente los derechos de los detenidos no eran respetados y me consta que algunos de ellos fueron torturados en ciertas comisarías. De aquella etapa recuerdo, también, que las conferencias celebradas en los colegios de abogados o centros culturales y recreativos no podían oficiarse sin la presencia de un delegado gubernativo. Todas aquellas situaciones, ahora anómalas, eran una clara muestra de la falta de libertad que vivimos durante aquellos años.

Con la democracia, los abogados pudimos ejercer sin restricciones

Para los letrados que ejercimos durante la dictadura, indudablemente la llegada de la democracia significó el hallazgo de un sistema completamente desconocido y un gran avance dentro de nuestra profesión. Por primera vez, la abogacía podía dedicarse al ejercicio del Derecho con un principio de igualdad ante la ley, con libertad y sin sentir temor a posibles represalias, tal y como había sucedido en el período anterior. A pesar de que durante el franquismo personalmente no recibí ninguna coacción, debo reconocer que sí trabajé de acuerdo a las limitaciones propias de aquella época.

Debemos nuestra democracia fundamentalmente a Adolfo Suárez

Considero que Adolfo Suárez ha sido el principal presidente del Gobierno de toda la democracia española, y pienso que es precisamente a su persona a quien, fundamentalmente, debemos la existencia de nuestro Estado de Derecho presente. El ex presidente superó grandes dificultades para llegar a conseguir que la Transición se llevara a cabo. El lamentable atentado que supuso la matanza de Atocha o la escalada terrorista de grupos como ETA o GRAPO pudieron acabar con el proceso de reforma recién iniciado, pero esto no sucedió gracias a su encomiable labor. La vinculación de Suárez con órganos del franquismo fue fundamental para avanzar hacía la apertura y las libertades de un modo relativamente pacífico. El mayor acierto de Su Majestad, el Rey don Juan Carlos, fue aceptar la dimisión de Carlos Arias Navarro, quien partía de una profunda raíz franquista, y nombrar en su lugar a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno que haría factible el cambio hacia el sistema democrático.

Profundo respeto hacia los padres de la Constitución

Deberíamos, asimismo, rendir homenaje a los denominados “padres de la Constitución” por ser capaces de promulgar la Carta Magna de 1978 con la unanimidad de todas las partes involucradas, algo que implicó que políticos de las tendencias más dispares abandonaran sus diferencias de criterio y pensamiento a favor del consenso y la concordia. Gracias al trabajo realizado en aquel momento, a día de hoy gozamos de un texto en donde están reconocidos toda clase de derechos, libertades y pluralismos políticos.

Enfrentamiento entre partidos que produce descontento y abstención

Alabo a la clase política de la Transición, pero lamentablemente no puedo opinar lo mismo de las esferas gubernativas actuales. Independientemente del partido al cual pueda pertenecer, el político de nuestros días parece tener como premisa rechazar todo lo que su oponente apoya. La impresión general de la sociedad es que la clase política persigue la captación del voto relegando los verdaderos intereses de la nación. Actualmente, los partidos mantienen posturas totalmente subjetivas y enfrentadas, que traen el descontento de la población y su consecuente abstención electoral.

La Ley de Memoria Histórica abre viejas heridas

La Ley de Memoria Histórica me parece inapropiada. Después de setenta años, las heridas que dejó la Guerra Civil ya estaban prácticamente curadas y, removiendo el pasado, vamos a provocar que vuelvan a abrirse. Con todo el respeto que me merecen los familiares de las víctimas, considero que lo único que lograremos es revivir viejas rencillas que actualmente ya no tienen razón de ser. Además, la memoria histórica no puede concernir únicamente a las víctimas del franquismo; debe atañer también a quienes fueron malogrados por el bando republicano. Estoy convencido de que la Ley de Memoria Histórica resucitará fantasmas, soliviantará ánimos y reanudará odios.

La Constitución contiene artículos que quizá deberían ser acotados

El texto constitucional lleva vigente treinta años y hasta ahora nadie ha solicitado una reforma fundamental. Es cierto que los tiempos avanzan y que, sometidos a su evolución constante, posiblemente existan aspectos que podrían ser precisados o concretados. A mi parecer, deberíamos prestar atención a todo aquello que hace referencia a las comunidades autónomas. En este aspecto quizás habría que aclarar ciertos artículos determinando que el Estado de España es solamente uno, aunque existan una serie de autonomías reconocidas que dispongan de sus propias facultades.

España carece de equidad autonómica

Creo que la forma en cómo ha evolucionado el Estado de las Autonomías ha producido muchos perjuicios e injusticias. Pese a que la Constitución establezca claramente cuáles son las facultades propias de las autonomías y cuáles las que pertenecen al Estado, continuamente se producen confusiones al respecto. Como muestra de ello tomemos el impuesto sobre sucesiones, un gravamen que no rige homogéneamente en todas las autonomías. De esta manera, en nuestro territorio existen 18 millones de españoles exentos de dicho canon; sin embargo, el resto de la nación tiene la obligación de abonarlo. Consiguientemente, se llega a la conclusión de que hay una desigualdad social inaudita, en la que conviven ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en un mismo país.

En vez de crear nuevas leyes, el legislador debería desarrollar los artículos constitucionales

Durante los últimos 30 años, al amparo de nuestra Carta Magna se ha modificado parte de la legislación que había quedado caduca; prueba de ello son los matices realizados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Código Penal o el Código Civil. A pesar de que en nuestro país existe una evidente tendencia a legislar, la norma nunca puede oponerse a la Constitución. Creo que el legislador realizaría una buena función si, en vez de crear nuevas leyes, se limitase a desarrollar cada uno los artículos existentes en el propio texto constitucional, donde ya figuran todos los principios fundamentales del orden jurídico-político que configuran el Estado.

Mayor dotación de medios y menor mediatización de la Justicia

La prensa puede crear mitos, pero también puede hundir a personas e instituciones. A menudo los medios de comunicación interfieren negativamente en la Justicia. Cuando una noticia salta a la luz y pone en evidencia el mal funcionamiento jurídico de nuestro país, las altas esferas actúan rápidamente con represalias hacia miembros del sistema y, frecuentemente, no toman las mejores medidas. Personalmente opino que, si un magistrado no ha tenido una actitud ejemplar, de entrada no podemos someterlo al escarnio público. A veces, cuando no se resuelven de modo acertado ciertas sentencias, la responsabilidad no radica únicamente en el juez, sino que también incumbe a la mala organización de los propios juzgados. Considero que deberíamos olvidar los escarmientos y centrarnos en dotar a la Justicia de los medios personales y materiales que realmente necesita.

El Rey ha sabido ganarse la estima popular

No podemos olvidar la importante actuación de Su Majestad durante la Transición. La habilidad que mostró en aquel momento y un carácter extrovertido y llano, que le ha ido definiendo a lo largo de los años, han conformado una amplia mayoría que se confiesa juancarlista al margen de cuál sea su ideología política. Hoy ya es incuestionable que el Rey ha sabido ganarse el respeto y la estima del pueblo español. Respecto al Príncipe de Asturias, considero que, a pesar de que ha recibido una buena formación, quizás no desprende el mismo carisma que su padre. Pienso, incluso, que, por el mero hecho de vivir en un contexto político distinto, don Felipe no tendrá las mismas oportunidades de conectar con la sociedad que tuvo don Juan Carlos.