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GONZALO GARCÍA DE BLANES SEBASTIÁN
GONZALO GARCÍA DE BLANES SEBASTIÁN BUFETE GARCÍA DE BLANES ABOGADOS Mérida, Badajoz Licenciado en 1994 – Ejerce desde 1995
GONZALO GARCÍA DE BLANES SEBASTIÁN BUFETE GARCÍA DE BLANES ABOGADOS Mérida, Badajoz Licenciado en 1994 – Ejerce desde 1995

GONZALO GARCÍA DE BLANES SEBASTIÁN BUFETE GARCÍA DE BLANES ABOGADOS Mérida, Badajoz Licenciado en 1994 – Ejerce desde 1995

Obra:

Texto del 21/01/2009
Fotografía cedida por G. García de Blanes.

Tras trece años de ejercicio profesional, Gonzalo García de Blanes suma una trayectoria de ocho mandatos como concejal en el Ayuntamiento de Mérida. Con un moderno despacho en dicha ciudad, compuesto por una plantilla de letrados asociados, especializados cada uno en una rama del Derecho, es partidario de la abdicación del Rey en la figura de su hijo. Aunque ya retirado de la política, el conocimiento de la Administración municipal, que califica como la hermana pobre de la democracia, enriquece su visión de los problemas que acucian nuestro país.

Viví de primera mano los últimos coletazos del sistema judicial anterior

Durante la Transición era muy joven, pero viví de primera mano los últimos coletazos del sistema judicial anterior. Lo que más me sorprendió durante mis primeros años de ejercicio fue la gran transformación política, jurídica y social que se experimentó. Un buen ejemplo de ello son los cambios que se dieron en todo lo relacionado con el Derecho de familia. Tales acontecimientos, que ya se estudian en los libros de historia, fueron experiencias únicas para quienes las vivimos.

Los políticos de la Transición se hacían eco de la inquietud social que existía

Los políticos de la Transición eran un fiel reflejo de la inquietud social que existía. Fueron momentos duros, de cambios constantes. La sociedad demandaba una transformación que era necesaria. Actualmente, los políticos también tienen sus inquietudes pero no existe esa sintonía con la sociedad. De todos modos, considero que si a alguien le gusta la política siempre tiene la oportunidad de contribuir a transformar la sociedad.

La Constitución debería reflejar los nuevos matices sociales

Creo que la Carta Magna es susceptible de ser cambiada. La realidad del país va avanzando y las inquietudes sociales evolucionan, son diferentes. Existen, pues, nuevos matices que deberían ser reflejados. Admito que no se puede modificar la Constitución de forma habitual, pero si realmente existe una demanda social, esta norma debe recogerla. En lo básico no creo que debiera ser alterada, pues es un texto vigente, brillante y nacido de un consenso encomiable, pero sí en algún matiz, e incluso en el lenguaje, que ya ha quedado obsoleto. Por ejemplo, todo lo referido al desarrollo de las comunidades autónomas está desfasado y carece de sentido.

El Consejo General del Poder Judicial debería tener más autonomía en cuanto a medios y organización

Actualmente, el Senado sólo sirve para devolver las leyes al Congreso. No es, como debería, una Cámara de representación territorial según establece la Constitución. Este es otro ejemplo de corrección que podría introducirse en el texto constitucional. Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial no sólo debería tener mayor autonomía en cuanto a medios y organización, sino que también tendría que estar más desvinculado en sus relaciones con el resto de poderes. Las divisiones incomprensibles de opiniones entre sus miembros, que van en paralelo a las posiciones ideológicas de los grupos políticos, disgustan únicamente a los ciudadanos sino también a los que nos dedicamos al Derecho.

Ceder a los ayuntamientos medios económicos y competencias reales

Los municipios son la Administración más cercana al ciudadano y, por tanto, los que más tensión soportan, pero nunca se les ha prestado la atención que merecen. La gente acude al municipio diariamente y reclama sus derechos, lo que obliga al ayuntamiento a asumir ciertas competencias que no le corresponden, dado que el ciudadano no puede quedar sin respuesta. Ello conlleva un déficit de financiación muy notable, y de ahí los lamentables casos de corrupción urbanística vividos en ciertas zonas, consecuencia directa de la necesidad de los ayuntamientos de obtener recursos económicos. La solución al tema municipal pasaría, pues, por un acuerdo entre todas las administraciones, las cuales tendrían que ceder a los ayuntamientos medios económicos y competencias reales, muchas ya asumidas por la vía de los hechos aunque no les competan. Sin embargo, parece que nadie quiere ceder poder.

En ocasiones la diversidad de leyes autonómicas genera desigualdades

Creo que nuestros legisladores, en general son muy competentes; sin embargo, padecemos el problema de la diversidad legislativa entre las comunidades autónomas. Las diferentes legislaciones que regulan cada zona de España acaban generando desigualdades, ya sea en materia de servicios sociales, donde existe mucha disparidad.

Cuando hay un cambio de gobierno, se vuelva a legislar lo ya regulado

Pese a lo dicho, es cierto que, para salvar una situación de alarma social, a veces los políticos legislan de forma apresurada y sin tener en cuenta las consecuencias o los medios requeridos para aplicar una norma. Es una legislación oportunista. Además, cuando hay un cambio de gobierno, se vuelve a legislar lo ya regulado. Creo que es necesario seguir cierta coherencia en asuntos fundamentales. Un ejemplo claro es el ámbito del urbanismo: en tan poco espacio de tiempo no pueden aplicarse tantos criterios, pues ello produce desconcierto, indefensión e inseguridad jurídica. Hay que mirar más hacia delante e intentar conseguir un consenso entre las fuerzas políticas; además, las leyes deberían ser más flexibles para durar más.

Hay estudiantes que han tenido más oportunidades que otros

Otro ejemplo es la cuestión de la educación; el problema más grave de esta aplicación diversa de criterios legislativos es que, finalmente, unos estudiantes han tenido, en un intervalo muy corto de tiempo, más oportunidades que otros. Por ejemplo, según la legislación que les haya tocado, habrán podido estudiar más o menos idiomas. No hay que olvidar que uno de los principios fundamentales de la democracia es la igualdad de oportunidades.

Es una riqueza contar con dos idiomas propios

Tener dos idiomas propios permite mayores oportunidades de conocimiento, de saber. Es una suerte. Considero que los conflictos derivados de la cuestión lingüística parten de una cuestión social que todavía no ha calado lo suficiente, la idea de la riqueza cultural del bilingüismo; es decir, es un error querer renunciar al castellano, porque también es un idioma propio, igual que el catalán, el vasco o el gallego. La Constitución dice que todo el mundo tiene el derecho a acceder a ambas lenguas, en igualdad de oportunidades, y cada cual decidirá si prefiere una u otra. Pero es un derecho y es necesario garantizarlo con los poderes públicos e incluso, si es necesario, con los propios tribunales.

Ley de Memoria Histórica, un enfoque demasiado político

La Ley de Memoria Histórica tiene un enfoque más político que práctico. Obviamente, todo el mundo tiene derecho a saber lo sucedido con sus familiares y no pretendo menospreciar ni decir nada contra quienes, de buena fe, están intentando aclarar algunos hechos que ocurrieron en el pasado. Pero también hay que reconocer que hay personas que intentan aprovecharse de ello con el fin de manipular la historia, perjudicando a los primeros.

Las medidas que están tomando actualmente los magistrados pueden ser un claro empujón para la reforma de la Justicia

Una reforma de la Justicia sería como arreglar las cañerías de una ciudad: un trabajo ímprobo que el ciudadano no percibiría, de modo que el político prefiere gastar el presupuesto en otros asuntos más visibles. Actualmente, las medidas que están tomando los magistrados pueden ser un claro empujón hacia una reforma de la Justicia, que es imprescindible. No se puede continuar así: no hay medios suficientes ni adecuados. Por otro lado, es un error no aplicar a la Justicia criterios de empresa. Además, tendría que cambiarse el funcionamiento interno de los propios juzgados, que están ralentizados, y dotarlos de medios. Lo primero es más difícil, pero lo segundo sólo es una cuestión de mayor dotación presupuestaria.

Alternativas para no sobrecargar los juzgados

Hay alternativas para no sobrecargar los juzgados, como el arbitraje o algunos procedimientos más eficaces como los juicios rápidos y los verbales, pero no se ha avanzado en su uso. No hay que olvidar que la Justicia debe ser rápida porque, si no, se convierte en injusticia. Por poner un ejemplo, no se puede tomar declaración a una persona por un hecho ocurrido hace dos años. Es injusto tanto para la víctima como para el acusado. La Justicia ha de ser rápida, efectiva y eficaz.

Extremadura y el sentimiento autonómico

La existencia de las comunidades autónomas ha contribuido a potenciar cambios de mentalidad en muchas zonas del país. En Extremadura, tenemos actualmente mayor iniciativa y una voluntad más emprendedora, dinámica y empresarial; la autoestima general y la conciencia y el orgullo de pertenecer a una tierra es ahora superior. Sin embargo, también es cierto que las autonomías han ocasionado una mayor carga económica. En ocasiones, puede ocurrir que, al intentar potenciar los logros de cada territorio, los recursos sean menos efectivos.

Don Juan Carlos tendría que abdicar en su hijo cuando, por edad, no pudiera continuar su función

El Rey ha representado a nuestro país de forma magnífica; su figura ha sido –y es– acertada y positiva. Sin embargo, considero que, cuando por edad se vea incapacitado para seguir desempeñando su cargo, tendría que traspasar sus poderes a su hijo, el Príncipe don Felipe, que está bien preparado para la sucesión. A mi parecer, sería contraproducente que el Rey se aferrara a la Corona, pues perdería parte de la consideración y el respeto que ha ganado a lo largo de su reinado. Se trata, simplemente, de una cuestión de sentido común.