Testimonios para la historia, S.L. Editora. Avda. Diagonal, 612 6º 4ª y 5ª Barcelona 08021. Télefono: 930 18 16 16 Contacta
IGNACIO GIMENO GASCA
IGNACIO GIMENO GASCA DESPACHO SANTIAGO Zaragoza Licenciado en 1971 – Ejerce desde 1973
IGNACIO GIMENO GASCA DESPACHO SANTIAGO Zaragoza Licenciado en 1971 – Ejerce desde 1973

IGNACIO GIMENO GASCA DESPACHO SANTIAGO Zaragoza Licenciado en 1971 – Ejerce desde 1973

Obra:

Texto del 23-07-2008
Fotografía cedida por Ignacio Gimeno

Los conocimientos y la experiencia de Ignacio Gimeno como destacado laboralista desde los tiempos de la Transición le permiten expresar su temor ante la nueva Ley de Huelgas, que puede limitar en exceso derechos y libertades. La modernización tecnológica de los juzgados y una mejor formación de los jueces le parecen claves para mejorar la situación de la Justicia en España. De todas formas, se siente muy orgulloso de nuestro Estado autonómico.

Me considero un abogado multidisciplinar

Somos una sociedad formada por siete letrados. Dos de los socios mayoritarios somos Gloria Labarta –mi esposa, que se dedica más al Derecho de familia– y yo mismo, que asumo el resto de asuntos. Me considero un letrado multidisciplinar: llevo casos contencioso-administrativos de algunos ayuntamientos y empresas, temas civiles entre particulares y, sobre todo, cuestiones laborales. No nos cerramos puertas; todo caso que llega al despacho es bien recibido. Aparte de nosotros, tenemos un equipo de gente joven excelentemente preparada.

Logros del movimiento obrero durante la Transición

Viví la Transición ya como letrado. Fue un tiempo de ilusiones; éramos jóvenes, inquietos, con ganas de cambiar las cosas y la sensación de estar forjando algo positivo y trascendente para la clase trabajadora y para nuestro país. Pero también fue una época de crisis: las empresas estaban en retroceso, a la defensiva; los sindicatos, en cambio, en plena pujanza, con mucha fuerza política. El movimiento obrero parecía imparable. Las condiciones de los trabajadores en cuanto a indemnizaciones, despidos y prestaciones nunca han sido tan buenas como entonces (lo eran tanto que no se han podido mantener luego, por resultar demasiado gravosas para las empresas). Pese a esas conquistas, no fue una Transición modélica, sino muy dura. Trabajamos mucho, y nos jugábamos la libertad diariamente, en primera línea de compromiso. Hubo represión y muchos compañeros pasaron por la cárcel; yo mismo fui procesado. Y otros, desgraciadamente, murieron, como los abogados laboralistas de la matanza de Atocha.

Ser laboralista fue una opción acorde con mis principios ideológicos

Los de mi promoción, al terminar la carrera nos encontrábamos con la coyuntura de optar por colocarnos en un despacho del bando del régimen, alinearnos con las empresas o bien dar continuidad a las luchas estudiantiles en las que habíamos participado. A mí me pareció que debía comprometerme, por eso escogí el Derecho laboral, el de los trabajadores. Y ello me permitió vivir intensamente el mundo de los sindicatos y los partidos políticos.

Se le ha perdido el miedo a la Justicia

No creo que se legisle tan mal como se dice; la acumulación de causas en los juzgados no se debe a una legislación deficiente o excesiva, sino al hecho de que se le ha perdido el miedo a la Justicia. Antes, poner una demanda en un juzgado era un acto solemne. La gente se lo pensaba mucho, los clientes venían a nuestros despachos con miedo; ahora parece normal que alguien recurra a este procedimiento por cualquier cosa, por insignificante o descabellada que resulte. Aunque vivo de los pleitos, a menudo he de persuadir a mis clientes para que desistan en su empeño de interponer una demanda.

Hay que recordar que el poder legislativo es de índole política

Cuando se recrimina a los legisladores que dicten leyes demasiado pendientes del contexto político, no debe olvidarse que los legisladores son políticos. El poder legislativo es por definición de índole exclusivamente política; son los partidos los que designan a quienes forman parte de las Cortes. Es lógico, pues, que el principal interés de los legisladores sea satisfacer a sus votantes para ser reelegidos en las elecciones. Éste es el funcionamiento del sistema democrático, y nadie hasta hoy ha inventado otro mejor. No obstante constatamos un exceso y frecuencia de cambios en la legislación –la llamada legislación motorizada– que parece a veces un sarampión jurídico de la democracia. Las leyes han de tener vocación de perdurabilidad y aunque, obviamente, pueden reformarse o derogarse, al menos las que afectan a aspectos básicos del orden social deberían consensuarse en lo esencial para que no se produzcan pendulazos. En todo caso, se pueden introducir matices o especificidades, pero no revisiones de arriba abajo pasado un breve lapso de tiempo, práctica que genera inseguridad.

Recelos ente la nueva Ley de Huelgas

Siento mucha prevención, por no decir miedo, ante cualquier nueva ley que pretenda limitar los derechos y libertades esenciales de los ciudadanos. Se empieza recortando y nunca se sabe cómo se termina. Es cierto que existen huelgas salvajes, que pueden dañar a todo un país; pero para controlarlas ya están los sindicatos. Todo el mundo tiene derecho a hacer huelga, sea cual sea su profesión. En lugar de recortar derechos y libertades esenciales, prefiero exigir habilidad a los políticos que negocian las huelgas y a los sindicatos que las controlan. Y no sólo eso: pido también prudencia y coherencia a los trabajadores que las convocan.

Debatir el trasvase del Ebro con calma

No hay político en Aragón que sea capaz de defender el trasvase del Ebro. Es un problema histórico; ya al principio de la Transición hacíamos manifestaciones en contra de ello. Creo que hay que tranquilizarse, dejar que las aguas –nunca mejor dicho– vuelvan a su cauce. Desde la oposición se ha hecho demasiada sangre sobre el tema, a veces con actitudes al límite de la irracionalidad. Quizá la raíz del problema es que nuestros planificadores económicos se empeñan en llevar el trabajo, la industria y la gente donde no hay agua.

La Ley de la Memoria Histórica responde a una deuda histórica pendiente

Aunque a la gente común le interesa poco, es cierto que la Ley de la Memoria Histórica responde a una deuda histórica pendiente con determinados sectores, que de alguna manera se tenía que pagar, y que no se pudo saldar con la Constitución. Y es lo que se ha intentado hacer, sobre todo los partidos de izquierda.

Más medios y formación para mejorar la Justicia

El órgano rector de la Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, ha devenido totalmente inoperante. Hubo un tiempo en que funcionó, quizá porque la correlación de fuerzas políticas era diferente, pero hoy está bloqueado. Debe modificarse la Constitución aunque sólo sea para cambiar la forma de nombrar a los miembros del Consejo. Actualmente se ha convertido en un órgano político, supeditado a los dos partidos mayoritarios. En cuanto a sus instancias inferiores, lo que la Justicia necesita son más medios y formación. Da pena ver cómo en los juzgados se sigue prescindiendo de las nuevas tecnologías. Hacienda, por ejemplo, usa ya la firma digital. ¿Por qué en los juzgados aún hay procuradores que cargan documentos para sellarlos? Los medios dependen de los Presupuestos Generales del Estado. Si éste no tiene dinero para aumentarlos o considera que no es oportuno dedicar recursos a la Justicia, ocurre que no se produce la ansiada modernización. Otro problema es el de la formación de los juristas, tanto de abogados, procuradores y funcionarios judiciales como de los jueces. Reconozcámoslo: existen jueces muy mal preparados, porque, ante la gran demanda y para subsanar los enormes retrasos de los juzgados, se han ido formando y nombrando a marchas forzadas. Multiplicar exponencialmente el número de jueces ha ido en detrimento de su profesionalidad. De ahí que muchas de las sentencias que se están dictando sean incomprensibles, y ello deteriora gravemente el sistema.

La Constitución fue un gran pacto social

La Constitución fue un gran pacto social en el que todos procuramos reconocernos, encontrar acomodo. Y lo conseguimos, aunque costó muchísimo. Tres décadas después nos da pánico alterarla porque el país no está totalmente consolidado: somos aún una democracia adolescente. Muchos tememos que, si se reforma la Constitución, será para peor, sobre todo desde la perspectiva que a mí más me interesa, que es la de los derechos y las libertades. No me gustaría que, al modificar la Carta Magna, se diera marcha atrás, pues dudo que hoy se pueda ser tan progresista como entonces. Los políticos, que conocen perfectamente la correlación de fuerzas, son los más reticentes a cambiar el texto: por algo será. Por otro lado, los partidarios de la reforma piensan que con ello lograrán los objetivos que en su día no consiguieron. Yo temo, en especial, hacer modificaciones en la cuestión territorial.

Las autonomías han potenciado el progreso de España

El Estado de las Autonomías ha potenciado el progreso del país: es una realidad incuestionable. Otra cosa son los desequilibrios o los agravios comparativos que en su desarrollo puedan producirse. En el caso de Aragón, es obvio que nunca ha sido una comunidad con gran vocación autonómica: nada que ver con el País Vasco, Galicia o Cataluña. La principal tarea en la que están enfrascados los políticos aragoneses es en que nos llegue más dinero de Madrid. Y a pesar de las bondades de la descentralización, es necesario un Estado central fuerte, encargado de equilibrar e imponer la solidaridad.

Desconozco si el Príncipe reinará algún día; muchos creemos que no debería hacerlo

La monarquía goza de una aceptación popular bastante general. Para que España pasara de monarquía parlamentaria a república tendría que haber otro gran pacto social y una nueva Constitución, lo cual es complicado. No sé si el Príncipe reinará algún día; muchos creemos que no debería hacerlo, pero, por operatividad, volver a hacer una Constitución y una nueva estructura estatal no es demasiado deseable.