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ISABEL NOYA REY
ISABEL NOYA REY ISABEL NOYA REY - MARÍA GONZÁLEZ-CHAS PICÓ A Coruña Licenciada en 1998 – Ejerce desde 1998
ISABEL NOYA REY ISABEL NOYA REY - MARÍA GONZÁLEZ-CHAS PICÓ A Coruña Licenciada en 1998 – Ejerce desde 1998

ISABEL NOYA REY ISABEL NOYA REY - MARÍA GONZÁLEZ-CHAS PICÓ A Coruña Licenciada en 1998 – Ejerce desde 1998

Obra:

Texto del 25-11-2008
Fotografía cedidad por Isabel Noya.

Partidaria de una legislación más comedida, a la letrada Isabel Noya le preocupa que cada problema se resuelva con una nueva ley que continúa sin aplicarse y, por lo tanto, sin ser efectiva. A ello hay que añadir la insuficiencia de medios para aplicar normas como la Ley de Enjuiciamiento Civil o la mal llamada del Divorcio Exprés. Contraria a sacralizar la Constitución, alaba sin embargo a los políticos del proceso constituyente de 1978. Y, aunque se declara republicana, cree que, en un futuro, en España reinará Felipe VI.

Un texto constitucional capaz de calmar los ánimos de un país convulso

El primer Gobierno que recuerdo realmente es el de Felipe González y mi primera memoria histórico-política es el golpe de Estado del 23-F. No había cunplido los siete años, pero aún puedo rememorar las imágenes del Hemiciclo tomado, la tensión en el ambiente, la noche fría y la cafetería de mis tíos llena de gente, en silencio expectante, ante el televisor. Evidentemente, entonces no era consciente de lo grave de la situación. Lo que me admira de aquella época es que personas de tan diferente carácter, formación, ideología y cultura, y con trayectorias políticas tan diversas, e incluso tan encontradas, fueran capaces de ponerse de acuerdo para redactar un texto constitucional que calmó los ánimos de un país convulso.

No es exacto ni justo llamar Estado de Derecho al tardofranquismo

Un Estado de Derecho exige que los derechos estén tipificados, recogidos y respetados dentro del marco de un ordenamiento jurídico presidido por un texto como es la Constitución. Así, aunque a principios de los 70 se diese una cierta apertura, entiendo que la situación no podría considerarse como un Estado de Derecho, ya que no existía una normativa que reconociera a todos los efectos derechos y libertades. No es, pues, estricto ni justo llamar Estado de Derecho a los últimos años del franquismo.

Ante cualquier problema, la respuesta es siempre una nueva ley

En España se legisla en demasía; ante cualquier problema, la respuesta es siempre una nueva ley. Ahora bien, mayoritariamente se suele aprobar una ley que deroga otra u otras anteriores, que quizá ya recogiesen los supuestos que reconoce la nueva ley –con lo cual se muestra absolutamente innecesaria–. Y lo que es más grave: se legisla, pero no se dota de medios a las administraciones para aplicar correctamente la normativa. En definitiva, se dictan leyes excesivas, de forma precipitada y deficiente, y ello es una gran fuente de problemas para el sistema judicial.

Fracaso de la Ley de Enjuiciamiento Civil

A veces parece que los políticos emprenden de forma seria la reforma de la Justicia, pero todos sus intentos terminan en fracaso. La última gran modificación que se hizo en la Administración y el procedimiento judiciales fue la Ley de Enjuiciamiento Civil; parecía que todo se reduciría a vistas orales, que se acelerarían los procedimientos. Sobre el papel, resultaba ideal. Pero, tras ocho años en vigor, la realidad es que los plazos procesales cada vez son más largos y se tarda más en obtener una sentencia. El motivo de esta paradoja es la confección apresurada de una ley que aún tiene grandes lagunas y que carece de la dotación presupuestaria y de las previsiones necesarias para su desarrollo. Se pretende que los jueces, que antes revisaban la documentación de los expedientes por escrito, ahora tengan que asistir a 5 ó 10 vistas por día, teniendo que conocer el contenido de los expedientes con anterioridad para emitir las correspondientes sentencias. Todo ello, además, con un número de magistrados sustancialmente igual que antes. Con la Ley de Divorcios Exprés ocurre algo similar.

Ley de Violencia de Género: una norma discriminatoria y que vulnera la presunción de inocencia

La Ley de Violencia de Género es claramente discriminatoria. Obviamente, la violencia de género es un mal que debemos erradicar de nuestra sociedad. Ningún país puede avanzar con una lacra tan grave. Ahora bien, lo que tampoco se puede consentir, pues carece de toda justificación, ni debe seguir ocultándose a los medios de comunicación, es la multitud de denuncias falsas que se dan y que colapsan la Administración de Justicia; el porcentaje de las mismas es muy elevado. Encima, quienes cometen también delito de denuncia falsa pueden abandonar sin problemas el juzgado. Y lo que es más grave: aunque esas denuncias falsas no prosperen, se presentan como prueba en los procedimientos posteriores de separación o divorcio, y los jueces de familia lamentablemente las tienen en cuenta, quizá por la duda de si en alguna ocasión ha ocurrido algo de lo mencionado. Con este proceder se vulnera reiteradamente la presunción de inocencia. Como abogada, jamás me he prestado a cursar una denuncia falsa. Todo ello lleva también a conculcar los derechos de los menores, a quienes hay que proteger de manera especialísima, ya que el niño tiene derecho a disfrutar en situación de igualdad de sus progenitores.

La Constitución es un gran texto que aún mejorará conforme se adapte a su realidad

La Constitución no contempla mecanismos de fácil modificación: está pensada para no ser reformada, o bien para hacerlo mínimamente. Esto supone ventajas y desventajas al mismo tiempo. Si no fuese tan estricta en lo tocante a su modificación o revisión, podríamos ir adaptándola constantemente a la realidad; pero no creo que sea casualidad el estrecho margen de maniobra que contempla. Sus redactores estaban absolutamente convencidos de que así, rígida, sería eficaz. Y, de hecho, ha funcionado durante muchos años. Hoy sorprende que, siempre que se habla de modificar la Carta Magna, la sensación general de la sociedad es que ésta es intocable, excesivamente sacralizada. Los juristas la vemos de otra manera. Como cualquier norma del ordenamiento jurídico, es y debe ser susceptible de ser reformada. Nadie tiene por qué extrañarse de que se modifique el texto constitucional; al contrario, es un gran texto y aún puede mejorar conforme se adapte a las nuevas realidades sociales y políticas.

Sería deseable un Tribunal Constitucional distinto, un sistema judicial a la anglosajona

En la facultad me enseñaron que el Tribunal Constitucional era el órgano supremo interpretativo de la Constitución. Es nuestro más alto tribunal, la institución más importante jurisdiccionalmente hablando del Estado. Por su importancia es aún más grave que esté tan politizado y que la forma de nombramiento de sus miembros no sea, desde luego, la más afortunada. Por eso sus resoluciones dan lugar a muchas polémicas y a que los partidos políticos, de manera tan hábil como irresponsable, puedan presentar recursos a sabiendas de cuáles van a ser sus resoluciones en función de los miembros que lo forman en ese momento, de los cuales son directamente responsables. Yo optaría por hacer del Tribunal Constitucional un organismo con la función de interpretar las leyes e, incluso, de variar la aplicación práctica o consuetudinaria de las mismas; este sistema, aplicado al conjunto de los órganos jurisdiccional, vendría a suponer, salvando las diferencias, la traslación del sistema legislativo y judicial anglosajón a nuestro Estado de Derecho.

¿Hacia un Estado federal?

La diversidad cultural, lingüística, histórica y económica de España se da en las regiones históricas y también en las no conceptuadas como tales. El Estado de las Autonomías ha sido y es necesario; ha acercado la Administración al ciudadano y se ha convertido en la mejor manera que hemos encontrado de respetar y hacer valer las diferencias, aunque quizá no sea el mejor sistema posible. He llegado a la conclusión de que un Estado federal sería más práctico, pero desarrollarlo requiere un diálogo fluido acerca de cómo llevarlo a cabo. Por otro lado, es imposible determinar qué habría pasado si no se hubiera estructurado autonómicamente el país, pero creo que el resultado no habría sido más satisfactorio.

Priorizar la lengua gallega

Sobre la cuestión lingüística, parto de mi condición de gallega, nacida en aldea, gallego parlante de origen y que aprendió el castellano a los seis años, en el colegio. Opino que toda lengua supone un engrandecimiento del patrimonio, la riqueza, la cultura y la historia del país que la posee. Por ello me duele que se hayan criticado los intentos de recuperar el gallego que se han hecho los últimos años. Considero que, si nadie se muestra contrario a que los niños en edad escolar aprendan segundas lenguas como el inglés o el francés, tampoco debería haber oposición a que se estudie el gallego. Sin embargo, tengo la impresión de que en este país hay quienes tienen miedo al gallego, al catalán o al vasco. Cualquier método para impulsar el gallego me parece poco. En este sentido, aplaudo los esfuerzos de la Xunta, aunque me parecen insuficientes.

España no pudo optar entre monarquía o república

Me declaro republicana, entre otras cosas por el respeto a la igualdad entre personas, la atribución del poder por el pueblo y porque los países del mundo que más progresan y avanzan tienen un sistema político republicano. Además, España es más juancarlista que monárquica; es mayoritaria la idea de que con don Juan Carlos nos ha ido bien y que nos da estabilidad. Pero creo que un sistema republicano posterior a Franco nos hubiera dado la misma estabilidad. Me temo, sin embargo, que dos hechos nos abocan a un Felipe VI: la avanzada edad del Rey y la idea española de no modificar lo que hasta ahora ha funcionado bien. Pero lo cierto es que este país no optó entre monarquía o república: la Corona vino ligada a la Transición y determinada en la Constitución.