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JAIME CAMACHO RUIZ BUFETE CAMACHO Sevilla Licenciado en 1971 – Ejerce desde 1972

Texto del 27/11/2008,

Para introducir mejoras en la Justicia española, Jaime Camacho Ruiz no considera perentoria la reforma de la Constitución. Bastaría, a su juicio, con determinar cómo se debe controlar el acceso de los jueces y cómo realizar el posterior control de la calidad de su labor. Convendría, pues, idear otro sistema para llegar a la judicatura. Que don Juan Carlos abdique en favor de su hijo, dando así paso a la siguiente generación de un modo controlado, le parece una idea a tener en cuenta.

Un futuro que sólo podía construirse olvidando lo peor del pasado

Asocio los años de la Transición con la efervescente época universitaria que se inició en torno al Mayo del 68 francés, un período de cambios trascendentales y de toma de conciencia de nuevas realidades. Recuerdo, por ejemplo, que el Partido Socialista aún apostaba por la república como forma de gobierno y cómo, con Felipe González a la cabeza, un nuevo grupo iba a virar la orientación política e ideológica del partido a raíz de la celebración en 1974 del Congreso de Suresnes. Pertenezco a una generación de universitarios que miraba de cara al futuro, uno que sólo podía construirse a condición de olvidar lo peor de nuestro pasado. La sociedad y la clase política sabían de sobra que este era el único modo de poder avanzar positivamente. Los españoles ya habíamos superado ciertos aspectos desdichados de nuestra historia y estábamos dispuestos a comenzar una nueva era libres de rencores y pensando sobre todo en el desarrollo del país.

Como norma de convivencia, la Constitución aún tiene vida

Destacaría tres cualidades de la Constitución: una, la consagración de un régimen de libertad en muchos ámbitos, lo cual supone un hecho irreversible; dos, que supo conferir vida a la posibilidad de desarrollar las comunidades autónomas dentro de la unidad del país sin por ello menoscabar ni un ápice de la diversidad de cada una de ellas, y tres, que como norma fundamental de convivencia no sólo ha servido a lo largo de estos treinta años pasados sino que aún atesora suficiente enjundia para seguir siendo útil en el futuro. Quizá fuera conveniente reformar algunos aspectos de la misma, pero nunca tantos como se dice. Hay normas tan básicas y fundamentales, que por fuerza han de pervivir durante mucho tiempo, y no sólo me refiero al Código Civil. Por lo demás, pienso que la modificación de la Constitución no constituye una preocupación básica para los españoles.

Hace falta cuestionar la funcionalidad del Senado

Creo que la proliferación de organismos políticos no es positiva para el conjunto de la sociedad. Que la representación de la ciudadanía se produzca en el Senado o en el Congreso, importa poco: lo que de veras es relevante es la voz de los votantes. De lo que se trata en definitiva es de decidir si es realmente necesario que el Senado represente a los distintos territorios. En caso de darle esa función de debate territorial, le tendríamos que otorgar ciertas facultades independientes de las propias del Congreso, de las que hoy carece.

Un acuerdo político definitivo bastaría para mejorar la Justicia

Para llevar a cabo una mejora de la Justicia, no considero perentoria la reforma de la Constitución, que es lo suficientemente amplia y permisiva como para ser interpretada como mejor convenga. En realidad, estas cuestiones acaban siendo un problema de los partidos políticos, que, al decidir la forma de designar a los miembros del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, provocan el choque de dos poderes, obligando a que uno de ellos prevalezca sobre el otro. Convendría idear otro sistema para llegar a la judicatura, uno que le proporcionara independencia de criterio real; una forma de acceso que no fuera elitista sino formativa, mejorando el actual sistema de oposición, que acaso no sea idóneo. Formemos a todos aquellos que viven el día a día de la Justicia en España, y que su prueba de acceso se derive de una preparación previa para acceder a la magistratura. Hace falta, pues, un firme y decidido acuerdo político y, por supuesto, dotar de medios humanos y técnicos a la Administración de Justicia.

Un sistema que controlase el acceso y la calidad de los jueces

La estricta función judicial existe desde el momento en que contamos con unos órganos de ordenación. Habría que arbitrar un sistema de control para que los jueces se esfuercen en el conocimiento de las leyes y en el rendimiento de su trabajo. Y a través de las instituciones, de los colegios de abogados y procuradores, de los fiscales y secretarios judiciales, de los propios magistrados y del justiciable, determinar cómo se debe controlar el acceso y cómo realizar el posterior control de la calidad de los jueces. La profesión del que juzga se hace en la práctica diaria; se debe llegar por méritos, no por el mero transcurso del tiempo. Tendríamos que acostumbrarnos a ello.

El político busca el reconocimiento inmediato de su labor

La actuación para modernizar la Justicia debería partir de la base de que mejorar la forma de acceder a la judicatura y dedicar presupuesto a infraestructura y medios técnicos no va a rendir frutos inmediatos pero será enormemente positivo para el país. El político, como se sabe, busca a toda costa el reconocimiento rápido de su labor, lo cual es incompatible con un compromiso coordinado de objetivos a largo plazo.

El Derecho debe ser ante todo una cuestión de lógica

Creo que efectivamente existe una auténtica desmesura en la proliferación legislativa en nuestro país. El Derecho, según creo, debe ser ante todo una cuestión de lógica, tal y como lo vienen demostrando con éxito los países anglosajones. Todo pasa por no legislar tanto, y en cambio centrarse en adaptar las leyes ya establecidas a la sociedad actual. De lo contrario, se le da trascendencia a temas que en realidad no son prioritarios. No puede ser ésta la imagen de una Justicia que se quiera rápida y eficaz. Además, tanta legislación obliga necesariamente a una especialización que acaba siendo contraproducente, pues limita en exceso la tarea de un juez al incapacitarle para afrontar con propiedad otras materias fuera de aquellas en las que haya adquirido exclusivismo.

Ciertos delitos no deberían llegar nunca a un juzgado

Existen conductas penalizadas que no deberían llegar nunca a un juzgado. Los municipios tienen sobrados medios para evitar, por ejemplo, cualquier tipo de delito urbanístico. Hay una cierta complacencia de la propia sociedad. Si una industria de aceite vierte sin cuidado sus residuos tóxicos, cualquiera que esté al tanto de ello deberá alertar de semejante conducta. Todo lo que se haya podido evitar antes con un poco de concienciación, responsabilidad y control, impedirá que el delito se cometa.

Necesitamos una ley consensuada para los distintos territorios

Ciertas leyes de los distintos parlamentos autonómicos son un calco exacto de las leyes estatales. Debemos llegar a un consenso para evitar que proliferen tantas normas. Es preciso establecer una ley general consensuada por los distintos territorios del Estado.

Descentralización no equivale a celeridad y eficacia

Aproximar la Administración al ciudadano siempre es bueno, pues le facilita desarrollarse profesional y personalmente. Sin embargo, la existencia de tantos órganos más bien ha acabado por complicar los trámites. Mejor sería elaborar un solo cauce, aunar criterios. Que la Administración sea ágil es lo fundamental; que sepa resolver los problemas que plantee el ciudadano. Por desgracia, hemos creado demasiada burocracia, de forma que la proximidad no siempre ha sido sinónimo de celeridad y eficacia en la gestión administrativa.

El pueblo andaluz se siente orgulloso de sí mismo

El pueblo andaluz reconoce sus propios logros, pero no tiene una conciencia avasalladora de Andalucía. Es un pueblo abierto, y por tanto más universal que muchos otros. Se ha desarrollado bastante en los últimos años y aún tiene un potencial de crecimiento que envidiarían muchas otras comunidades. Si todavía no se han alcanzado cuotas de crecimiento plenamente satisfactorias es consecuencia quizás de que partíamos de un nivel inferior al de otras regiones.

Influencia y pedagogía del asesor jurídico

Sólo las grandes empresas solicitan un asesoramiento jurídico preventivo. Las pequeñas y medianas se siguen guiando más bien por el instinto del fundador. En una época de crisis como la actual, salen a la luz los errores que no se supieron solucionar a tiempo. El asesor, al realizar una verdadera labor pedagógica, ha influido decisivamente en este sector. En el ámbito de la Hacienda pública se han dado pasos de gigante, debido sobre todo a que se ha cobrado conciencia de la importancia de respetar la legalidad y ser responsable frente al Estado.

Quizá sea hora de plantearse si ha llegado el momento de un relevo en la Corona

En la medida en que los ciudadanos juzguen útil la monarquía para el país continuará existiendo. Creo que España está satisfecha con el actual sistema. Como casi siempre, todo depende de la persona que represente la institución. Por la inercia propia de la actuación discreta y eficaz del Rey, creo que aún tendremos años de monarquía en este país. El que don Juan Carlos abdique en favor de su hijo me parece una idea interesante, porque supondría dar paso a la siguiente generación de un modo controlado; quizás sea hora de plantearse si ha llegado el momento de un relevo en la Corona. Sin embargo, si España se constituye en una república, tampoco supondría ninguna debacle. Considero que, como país, hemos alcanzado la madurez suficiente para pasar de un régimen a otro sin traumas de ningún tipo.

JAIME CAMACHO RUIZ BUFETE CAMACHO Sevilla Licenciado en 1971 – Ejerce desde 1972

Obra:

Texto del 27/11/2008,

Para introducir mejoras en la Justicia española, Jaime Camacho Ruiz no considera perentoria la reforma de la Constitución. Bastaría, a su juicio, con determinar cómo se debe controlar el acceso de los jueces y cómo realizar el posterior control de la calidad de su labor. Convendría, pues, idear otro sistema para llegar a la judicatura. Que don Juan Carlos abdique en favor de su hijo, dando así paso a la siguiente generación de un modo controlado, le parece una idea a tener en cuenta.

Un futuro que sólo podía construirse olvidando lo peor del pasado

Asocio los años de la Transición con la efervescente época universitaria que se inició en torno al Mayo del 68 francés, un período de cambios trascendentales y de toma de conciencia de nuevas realidades. Recuerdo, por ejemplo, que el Partido Socialista aún apostaba por la república como forma de gobierno y cómo, con Felipe González a la cabeza, un nuevo grupo iba a virar la orientación política e ideológica del partido a raíz de la celebración en 1974 del Congreso de Suresnes. Pertenezco a una generación de universitarios que miraba de cara al futuro, uno que sólo podía construirse a condición de olvidar lo peor de nuestro pasado. La sociedad y la clase política sabían de sobra que este era el único modo de poder avanzar positivamente. Los españoles ya habíamos superado ciertos aspectos desdichados de nuestra historia y estábamos dispuestos a comenzar una nueva era libres de rencores y pensando sobre todo en el desarrollo del país.

Como norma de convivencia, la Constitución aún tiene vida

Destacaría tres cualidades de la Constitución: una, la consagración de un régimen de libertad en muchos ámbitos, lo cual supone un hecho irreversible; dos, que supo conferir vida a la posibilidad de desarrollar las comunidades autónomas dentro de la unidad del país sin por ello menoscabar ni un ápice de la diversidad de cada una de ellas, y tres, que como norma fundamental de convivencia no sólo ha servido a lo largo de estos treinta años pasados sino que aún atesora suficiente enjundia para seguir siendo útil en el futuro. Quizá fuera conveniente reformar algunos aspectos de la misma, pero nunca tantos como se dice. Hay normas tan básicas y fundamentales, que por fuerza han de pervivir durante mucho tiempo, y no sólo me refiero al Código Civil. Por lo demás, pienso que la modificación de la Constitución no constituye una preocupación básica para los españoles.

Hace falta cuestionar la funcionalidad del Senado

Creo que la proliferación de organismos políticos no es positiva para el conjunto de la sociedad. Que la representación de la ciudadanía se produzca en el Senado o en el Congreso, importa poco: lo que de veras es relevante es la voz de los votantes. De lo que se trata en definitiva es de decidir si es realmente necesario que el Senado represente a los distintos territorios. En caso de darle esa función de debate territorial, le tendríamos que otorgar ciertas facultades independientes de las propias del Congreso, de las que hoy carece.

Un acuerdo político definitivo bastaría para mejorar la Justicia

Para llevar a cabo una mejora de la Justicia, no considero perentoria la reforma de la Constitución, que es lo suficientemente amplia y permisiva como para ser interpretada como mejor convenga. En realidad, estas cuestiones acaban siendo un problema de los partidos políticos, que, al decidir la forma de designar a los miembros del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, provocan el choque de dos poderes, obligando a que uno de ellos prevalezca sobre el otro. Convendría idear otro sistema para llegar a la judicatura, uno que le proporcionara independencia de criterio real; una forma de acceso que no fuera elitista sino formativa, mejorando el actual sistema de oposición, que acaso no sea idóneo. Formemos a todos aquellos que viven el día a día de la Justicia en España, y que su prueba de acceso se derive de una preparación previa para acceder a la magistratura. Hace falta, pues, un firme y decidido acuerdo político y, por supuesto, dotar de medios humanos y técnicos a la Administración de Justicia.

Un sistema que controlase el acceso y la calidad de los jueces

La estricta función judicial existe desde el momento en que contamos con unos órganos de ordenación. Habría que arbitrar un sistema de control para que los jueces se esfuercen en el conocimiento de las leyes y en el rendimiento de su trabajo. Y a través de las instituciones, de los colegios de abogados y procuradores, de los fiscales y secretarios judiciales, de los propios magistrados y del justiciable, determinar cómo se debe controlar el acceso y cómo realizar el posterior control de la calidad de los jueces. La profesión del que juzga se hace en la práctica diaria; se debe llegar por méritos, no por el mero transcurso del tiempo. Tendríamos que acostumbrarnos a ello.

El político busca el reconocimiento inmediato de su labor

La actuación para modernizar la Justicia debería partir de la base de que mejorar la forma de acceder a la judicatura y dedicar presupuesto a infraestructura y medios técnicos no va a rendir frutos inmediatos pero será enormemente positivo para el país. El político, como se sabe, busca a toda costa el reconocimiento rápido de su labor, lo cual es incompatible con un compromiso coordinado de objetivos a largo plazo.

El Derecho debe ser ante todo una cuestión de lógica

Creo que efectivamente existe una auténtica desmesura en la proliferación legislativa en nuestro país. El Derecho, según creo, debe ser ante todo una cuestión de lógica, tal y como lo vienen demostrando con éxito los países anglosajones. Todo pasa por no legislar tanto, y en cambio centrarse en adaptar las leyes ya establecidas a la sociedad actual. De lo contrario, se le da trascendencia a temas que en realidad no son prioritarios. No puede ser ésta la imagen de una Justicia que se quiera rápida y eficaz. Además, tanta legislación obliga necesariamente a una especialización que acaba siendo contraproducente, pues limita en exceso la tarea de un juez al incapacitarle para afrontar con propiedad otras materias fuera de aquellas en las que haya adquirido exclusivismo.

Ciertos delitos no deberían llegar nunca a un juzgado

Existen conductas penalizadas que no deberían llegar nunca a un juzgado. Los municipios tienen sobrados medios para evitar, por ejemplo, cualquier tipo de delito urbanístico. Hay una cierta complacencia de la propia sociedad. Si una industria de aceite vierte sin cuidado sus residuos tóxicos, cualquiera que esté al tanto de ello deberá alertar de semejante conducta. Todo lo que se haya podido evitar antes con un poco de concienciación, responsabilidad y control, impedirá que el delito se cometa.

Necesitamos una ley consensuada para los distintos territorios

Ciertas leyes de los distintos parlamentos autonómicos son un calco exacto de las leyes estatales. Debemos llegar a un consenso para evitar que proliferen tantas normas. Es preciso establecer una ley general consensuada por los distintos territorios del Estado.

Descentralización no equivale a celeridad y eficacia

Aproximar la Administración al ciudadano siempre es bueno, pues le facilita desarrollarse profesional y personalmente. Sin embargo, la existencia de tantos órganos más bien ha acabado por complicar los trámites. Mejor sería elaborar un solo cauce, aunar criterios. Que la Administración sea ágil es lo fundamental; que sepa resolver los problemas que plantee el ciudadano. Por desgracia, hemos creado demasiada burocracia, de forma que la proximidad no siempre ha sido sinónimo de celeridad y eficacia en la gestión administrativa.

El pueblo andaluz se siente orgulloso de sí mismo

El pueblo andaluz reconoce sus propios logros, pero no tiene una conciencia avasalladora de Andalucía. Es un pueblo abierto, y por tanto más universal que muchos otros. Se ha desarrollado bastante en los últimos años y aún tiene un potencial de crecimiento que envidiarían muchas otras comunidades. Si todavía no se han alcanzado cuotas de crecimiento plenamente satisfactorias es consecuencia quizás de que partíamos de un nivel inferior al de otras regiones.

Influencia y pedagogía del asesor jurídico

Sólo las grandes empresas solicitan un asesoramiento jurídico preventivo. Las pequeñas y medianas se siguen guiando más bien por el instinto del fundador. En una época de crisis como la actual, salen a la luz los errores que no se supieron solucionar a tiempo. El asesor, al realizar una verdadera labor pedagógica, ha influido decisivamente en este sector. En el ámbito de la Hacienda pública se han dado pasos de gigante, debido sobre todo a que se ha cobrado conciencia de la importancia de respetar la legalidad y ser responsable frente al Estado.

Quizá sea hora de plantearse si ha llegado el momento de un relevo en la Corona

En la medida en que los ciudadanos juzguen útil la monarquía para el país continuará existiendo. Creo que España está satisfecha con el actual sistema. Como casi siempre, todo depende de la persona que represente la institución. Por la inercia propia de la actuación discreta y eficaz del Rey, creo que aún tendremos años de monarquía en este país. El que don Juan Carlos abdique en favor de su hijo me parece una idea interesante, porque supondría dar paso a la siguiente generación de un modo controlado; quizás sea hora de plantearse si ha llegado el momento de un relevo en la Corona. Sin embargo, si España se constituye en una república, tampoco supondría ninguna debacle. Considero que, como país, hemos alcanzado la madurez suficiente para pasar de un régimen a otro sin traumas de ningún tipo.