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JESÚS DE CASTRO GIL
JESÚS DE CASTRO GIL ABOGADOS DE CASTRO GIL Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) Licenciado en 1992 – Ejerce desde 1994

Obra:

Texto del 03/11/2008,
Fotografía: Producciones Bernal.

Forjado profesionalmente gracias al ahínco incansable de una familia trabajadora que le inculcó el valor del esfuerzo, y gran conocedor de la vida política, Jesús de Castro reclama una mayor independencia del mundo judicial y denuncia la mediatización a la que están sometidos los diferentes poderes del Estado. Defiende la idea de la continuidad de la monarquía a través de la abdicación del Rey en su hijo. Asimismo, apoya una reforma constitucional que resuelva el problema autonómico.

Un bufete joven y multidisciplinar

Poseo un bufete en el que trabajamos cuatro personas. El despacho abarca todas las ramas del Derecho y tenemos una parte dedicada a temas inmobiliarios. Trabajamos a lo largo de toda la provincia. Soy el primer miembro de mi familia en haber completado una carrera universitaria y ello supone un orgullo para mis padres: la mejor herencia que he recibido de ellos es una buena formación.

Consecuencias de la crisis en el sector de la construcción

La crisis en el sector constructivo puede “beneficiar” a las poblaciones intermedias. La gente, que no puede adquirir una vivienda en las capitales, opta por desplazarse a poblaciones más pequeñas, donde la incidencia del precio de la vivienda es menor. Por otro lado, quienes viven en poblaciones muy pequeñas emigran a municipios mayores donde aún la construcción sigue vigente, ya que es más rentable levantar nuevas viviendas en estos núcleos que invertir en servicios en las poblaciones semi-abandonadas.

Respetar la Transición como un hito histórico irrepetible

Todas las partes implicadas en la Transición que tenían influencia política realizaron un gran esfuerzo para lograr una reconciliación; esfuerzo por ceder en sus posturas con generosidad y por no repetir los errores del pasado. Aun así, algunos se sintieron relegados y fueron quienes posteriormente provocarían el golpe de Estado del 23-F. No obstante, el deseo de estabilizar el inevitable cambio democrático, así como el papel de la Corona, abortaron el éxito de la intentona golpista. Fue difícil, pues, llegar a este consenso y es esta dificultad lo que la historia debe reconocer. En la actualidad, se emplean términos como “segunda Transición”, haciendo referencia a otro tipo de asuntos que, aunque importantes, no se asemejan en trascendencia. Por ello, considero que habría que denominarlos de otro modo, ya que no debe restarse protagonismo al término original, que supuso un hito histórico importantísimo y que significó el paso pacífico de un Estado dictatorial a otro democrático.

La Ley de Memoria Histórica, aunque innecesaria, debería haberse promulgado con un consenso parecido al de la Transición

Creo que en la clase política actual no hay nostálgicos del pasado de ninguna de las partes. Aunque muchos recuerdan el período de transición con admiración y cariño, otorgándole la importancia que se merece, muy pocos se aferran todavía a una época distinta y anterior. Por ello, para mí una ley como la de Memoria Histórica tendría que haberse promulgado con un consenso parecido al que dio lugar a la Transición. No se trata de restarle importancia a lo que sucedió pero quizá el tema está adoptando demasiada envergadura y menoscaba el acuerdo al que se llegó entonces. No debería utilizarse esta norma como objeto de debate ni como medida política para diferenciar dos bandos enfrentados; eso, afortunadamente, ya no existe.

Cerrar el mapa autonómico, reformar el Senado y cambiar la Ley Electoral

Soy partidario de reformar la Carta Magna, aunque antes debería establecerse el alcance de los cambios. Creo que el Título VIII es, sin duda, el que reclama una modificación más urgente y profunda: es necesario solucionar definitivamente la cuestión de las autonomías. En este sentido, es el mismo texto constitucional el que crea las comunidades autónomas, que llevan 30 años avanzando en su desarrollo. Pero ya es hora de que el mapa autonómico se cierre para contrarrestar algunos anhelos nacionalistas que pueden debilitar la propia Constitución y el Estado. Hay autonomías que no han asumido que ciertas competencias pueden serles denegadas y esto, sumado a la actual Ley Electoral, dificulta la determinación definitiva de las competencias del Estado. La reforma constitucional requiere un gran consenso (y el Tribunal Constitucional ha de atreverse a plantearla) y antes de acometerla hay que determinar y fijar el alcance y los limites de dicha reforma. La susodicha Ley Electoral agrava esta situación: en otros países, esta ley funciona con la lógica de que, si un partido político es el más votado, es el que gobierna. En España, sin embargo, los votos no son el factor más determinante para la distribución de escaños. De ahí que los nacionalistas puedan forzar al Gobierno central para obtener concesiones a base de mantener en el poder a un partido u otro. Otra modificación importante que debería hacerse es la reforma del Senado como cámara de representación territorial, puesto que sigue sin cumplir su función. El resto de la Constitución me parece un texto válido y que mantiene su vigencia.

Igualdad, homogeneidad y solidaridad

La descentralización y la consiguiente cercanía de las instituciones al ciudadano son positivas siempre que se tenga claro que el Estado de las Autonomías ha de garantizar unos principios básicos, establecidos en la Constitución, como son los de igualdad, homogeneidad y solidaridad. El estatus del ciudadano español tiene que ser análogo en cualquiera de los territorios que conforman el mapa autonómico: es fundamental salvaguardar este precepto. La democracia y el Estado autonómico han propiciado que los ciudadanos alcancen un nivel de bienestar que, confiemos, la actual crisis mundial no extinga.

Cambios en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y en las competencias del Tribunal Constitucional

La designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial debería alejarse de cualquier decisión política. Ya que es el órgano de los jueces, habrían de ser ellos mismos quienes eligieran a sus representantes en dicho Consejo. De esta manera se garantizaría la división de poderes. Igualmente, las competencias del Tribunal Constitucional tendrían que especificarse mejor para, así, no incrementar sus tareas de tal manera que no puedan realizar sus funciones debidamente. Es inviable que un recurso constitucional se demore tal y como lo está haciendo en estos momentos.

La influencia de los medios de comunicación afecta a todos los poderes del Estado

España es un país donde existe un poder legislativo que realiza extraordinariamente su papel. Se decretan gran cantidad de leyes y, desde mi punto de vista, ello es muy correcto. Desgraciadamente, los medios de comunicación influyen tanto en la sociedad que terminan por afectar también todos los poderes del Estado. Así, el Legislativo está mediatizado por las directrices que marca el Ejecutivo y éste, a su vez, efectúa movimientos teniendo en cuenta ciertos intereses que mantengan el apoyo popular. Es en este sentido donde se aprecia el gran poder de los medios de comunicación. Un ejemplo clarísimo lo encontramos en la Ley de Educación, que ha ido cambiando según el partido en el poder.

Reformas urgentes para la Administración de Justicia

Nuestra Administración de Justicia sigue pendiente de reforma. Su falta de medios hace que no ofrezca respuestas rápidas ni eficaces, de forma que los ciudadanos desconfían de ella y muchos terminan por no recurrir a la Justicia cuando tienen todo el derecho a hacerlo. Es una reforma demandada popularmente y, aunque parece que existe la voluntad de realizar cambios, es menester para ello un cambio de criterio en profundidad, así como una inyección económica notable, por lo que quizá ahora no sea un buen momento para su ejecución.

La cárcel debe cumplir la función de reinserción social

Hay muchas deficiencias en el sistema penal español. Uno de sus principales problemas radica en la generalización propia del Derecho penal, que dificulta hacer excepciones en determinados casos, como no puede ser de otra forma por el principio fundamental de seguridad jurídica. Igualmente, debería reformarse el sistema penitenciario, ya que la cárcel tiene que cumplir la función de reinserción social en la medida de lo posible. Con este fin, sería necesario estudiar cada caso individualmente, para corroborar el cumplimiento íntegro de la pena y dejar un margen de actuación a la labor del juez de vigilancia penitenciaria. Asimismo, habría que determinar mejor los tipos de delitos o ser más estrictos en los temas de revisiones de condena. Finalmente, el magistrado debería comprobar si se ha cumplido el propósito de la reinserción social. En la actualidad, todo ello es casi utópico; lamentablemente, el principio teórico del sistema penal es adecuado pero se producen fallos porque no hay suficientes medios.

A favor de la abdicación del Rey en el Príncipe Felipe

La continuidad de la monarquía está garantizada precisamente porque España es juancarlista; y lo es a causa del papel capital que desempeñó el Rey durante la Transición. Nuestra generación tiene la obligación de reconocérselo y de mostrarle un gran respeto; justamente por ello va a continuar. No sé que sucederá, sin embargo, con las generaciones futuras. Lo cierto es que vería muy positivo que don Juan Carlos abdicara en su hijo, ya que sería el mejor favor que el Rey pudiera hacerle a su heredero para que le fuera posible comenzar bajo la tutela de un Monarca tan respetado por la gran mayoría de españoles. Creo que la monarquía funciona y, por tanto, no tiene por qué ser substituida por una república.