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Joan Ollé Bertran
JOAN OLLÉ BERTRAN.
Joan Ollé Bertran Presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona

JOAN OLLÉ BERTRAN. Presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona

Obra:

Texto del 27/01/2003
Fotografía: Àngel Font

Joan Ollé Bertran es una de las personas más respetadas en su sector profesional, un trabajador nato que, con la honestidad y sinceridad de su discurso, sabe ganarse la confianza de la gente. De sus reflexiones sobre la transición se desprende la impresión de que no es un proceso acabado, que queda mucho por hacer y que exigir a nuestra clase política, tanto en resultados como en actitudes.

He tenido que trabajar mucho para alcanzar el puesto que ocupo

Procedo de una familia trabajadora, sin excesivos recursos económicos. Mi infancia ha consistido en ver a mis padres con todas las horas ocupadas, trabajando siempre para poder subsistir, para que no falte nada en casa, pero sin ningún capricho. No provengo de una familia con un status social o económico elevado, por tanto la única herencia que he podido recibir de mis padres es el amor por el trabajo duro y constante para salir adelante en la vida. Consecuentemente, empecé a trabajar a una edad muy temprana, impartiendo clases particulares, mientras estudiaba el bachillerato. A partir de los dieciséis años, me coloqué como botones en una institución financiera, en su departamento inmobiliario. Así pues, desde los dieciséis años he venido trabajando siempre en el mismo sector económico. He de reconocer que al principio era un pardillo, un chico con muchas ganas de aprender, sin más carta de presentación que el único traje que tenía, que me iba corto por todos lados, pero mis padres insistían en que debía llevarlo para tratar con los clientes. Trabajé y aprendí mucho, en jornadas intensivas por la mañana, mientras por la tarde continuaba mis estudios hasta acabar la carrera de económicas, un poco mayor, con veintisiete años, porque entre tanto me casé y tuve tres hijos.

A partir de aquí monté mi propia empresa, que ha ido creciendo e intentando cubrir todas las parcelas de la gestión de servicios inmobiliarios y de administración de alquileres, de comunidades de propietarios, de mediaciones en las compraventas, etc. Para ello tuve que obtener el título de administrador de fincas y colegiarme, y también el de agente de la propiedad inmobiliaria (API) e ingresar en el correspondiente colegio oficial. En aquella época nos enseñaban que lo honorable para dedicarte a una actividad era cumplir con aquellas normas y someterse a colegiaciones y deontologías.

Mi llegada a la presidencia del colegio profesional no se debe a aspiraciones personales, sino al interés por la mejora del colectivo

Entre empezar a trabajar independientemente en una actividad y ser presi dente de la corporación, media un gran paso, y creo que es debido a la suma de muchos factores; a que ante determinadas circunstancias de un colectivo algunas personas no saben estarse quietas, quieren opinar, participar, exponer sus criterios, intentar buscar soluciones desde una posición de colaboración franca, sin dobleces, para el bien de la actividad. Lo que ocurre es que estas personas topan con la aristocracia que gobierna desde hace tiempo el colectivo y no admite los cambios que se producen en la sociedad, le cuesta el reciclaje del día a día, no por mala fe, sino porque permanece anclada a una inercia que le viene de otra época. Ante esta situación llega un día en que uno da un paso al frente y se plantea la posibilidad de un cambio de rumbo. A la hora de la verdad es más fácil de lo que parece, sobre todo, si se ha llevado a cabo una labor seria y sensata durante años, que, además, es percibida por los compañeros.

Los agentes de la propiedad inmobiliaria vivían una situación delicada cuando accedí a la presidencia

Hace cinco años, cuando obtuve la presidencia del colegio, el colectivo profesional vivía una situación muy delicada. Nuestra titulación resultaba totalmente confusa para la sociedad, que creía que todo aquel que se dedicaba en nombre propio o en el de una marca comercial a la actividad de mediar entre compradores y vendedores, conociendo el mercado inmobiliario y dotando de garantías a las operaciones, era un agente inmobiliario, protegido bajo el paraguas de un colegio y sometido a una ordenación de dicha actividad. En aquellos momentos desgraciadamente esto no era así, padecíamos un elevado índice de intrusismo que hoy ya no nos preocupa, puesto que la actividad está liberalizada. A resultas de todo ello el colectivo estaba disgregado y era muy individualista, creo que de haber continuado esa situación hubiéramos perdido la ­figura del colegio profesional.

Los agentes de la propiedad inmobiliaria vivieron su edad de oro desde 1949, fecha de su instauración oficial, con titulación e infraestructura colegial en cada provincia, hasta la década de los 70. Nadie osaba dedicarse a nuestra actividad fuera del colegio profesional hasta que la demanda en el mercado laboral de esta actividad creció a un ritmo superior al de la titulación, que era competencia del ministerio de Fomento y se otorgaba mediante oposición cada cinco años, restringida a licenciados y diplomados universitarios, y en la cual casi siempre se suspendía al 80% de los que se presentaban. A partir de los años 70 se produce un desarrollo de la propiedad individual, que se encuentra con un déficit de titulados en el sector, y esto genera una situación perversa e irresponsable en la que algunos colegiados otorgan carnés de colaborador a personas que no han conseguido aprobar la oposición. Entre la falta de previsión del ministerio y esta actuación insolidaria, se consolida desde entonces el intrusismo que hemos padecido hasta hace bien poco, cuando el gobierno con sus medidas liberalizadoras ha pretendido clarificar la situación del sector con una solución extemporánea, por la que cualquiera puede ejercer su actividad en el sector independientemente de que posea o no el título.

La obtención del título oficial supone una garantía para el consumidor

La medida mencionada rompe la protección del consumidor, porque la finalidad de la creación del título oficial de agente de la propiedad inmobiliaria era precisamente evitar el fraude, porque es fácil engañar al consumidor en esta actividad: una familia compra una casa una o dos veces en la vida, sin posibilidad de adquirir experiencia en el tema, por tanto, es conveniente que el usuario deposite su confianza en agentes acreditados. Se pretendía con el título impedir la entrada en el sector de gente que no tuviera un nivel de formación adecuado, y por eso se exigía una diplomatura universitaria antes de poder ­demostrar en un examen su nivel de conocimientos específicos sobre la materia: derecho privado y público, derecho hipotecario, arquitectura, matemática financiera, etc. Hoy día realmente hay personas que no tienen el título que ­saben tanto o más que los que lo tienen, porque llevan muchos años dedicados a la actividad, pero sólo los que lo tienen pueden acreditar mediante nuestro distintivo API que conocen perfectamente lo que llevan entre manos.

Aquellos años de la transición fueron productivos, pero echo en falta el fomento de una cultura política

Con el paso del tiempo, veo la época de la transición política como unos años muy productivos para el país y la sociedad en general, porque tuvimos que aprender a dialogar y consensuar entre nosotros, pero la verdad es que, como ciudadano de a pie y persona apolítica, no estoy nada satisfecho con el ritmo de aprendizaje que han mantenido nuestros representantes políticos e incluso el resto de la sociedad. Como dije antes, reconozco que es positivo, que han aprendido a dialogar y conciliar posiciones, pero creo que no lo han hecho tal y como esperábamos, esto es, con la madurez y la cadencia propias de las personas sensatas. Desde mi punto de vista, pienso que se olvidan demasiado de los problemas y las posibles soluciones, y sólo apuestan por la clientela y los votos, por puro electoralismo; no están buscando las raíces de los conflictos y sus soluciones juiciosas, sino que se escudan en la demagogia y los partidismos para sortear estas cuestiones, especialmente en los periodos electorales, que por desgracia casi son continuos. Entre generales, ­autonómicas, municipales y europeas estamos siempre en elecciones, lo que puede ser otra perversión de la democracia.

Hay cierta inmadurez en los políticos, al basar sus campañas en la agresividad y la descalificación del adversario

Veo en los políticos mucha agresividad, y creo que mucha gente piensa lo mismo. Personalmente me deprime esta situación en la que se están descalificando continuamente unos a otros, los juicios de interpretación de mala fe que se dedican, y esto hace que al final uno no sepa ni a quién debe votar. Por eso la gente dice que todos son iguales, y acabas pensando que quizá sea así. En el fondo, todos sabemos que no es cierto, que cada cual tiende hacia una u otra facción política determinada, que le identifica ante los votantes. Ahora bien, la búsqueda de soluciones para la convivencia diaria, la bús­queda del progreso de la sociedad y el reparto equitativo de la riqueza del país, todo eso se tiene que hacer desde un determinado fondo ideológico, por supuesto, pero cuidando mucho también las formas y sin prestarse a esa continua campaña electoral de destrucción del adversario político. Esto es lo que con la transición todavía no hemos aprendido. Otros países con más ­experiencia democrática no hacen lo mismo; me da la sensación de que no ­somos aún una sociedad lo suficientemente culta políticamente, aunque nos tocó hacer un curso acelerado de política. Dicen que cada país tiene a los polí­ticos que merece, así que cuando la sociedad cambie, los políticos cambiarán, se tendrán que amoldar, porque si no la gente no los votará.

Cierta alternancia política, bien entendida, es positiva para la democracia

Una de las cosas buenas de la democracia es la alternancia política, pero ­entendida no como una necesidad continua de cambio de gobierno tras cada periodo electoral, sino más bien como un reparto de funciones políticas, en que no todo el poder esté concentrado en una sola institución o en manos de un solo partido. En estos veinticinco años de democracia el gobierno de Cataluña ha recaído en manos de un mismo político, Jordi Pujol, pero no ha peligrado la alternancia porque no ha gozado de todo el poder, es decir, en Cataluña el poder político está repartido entre la Generalitat, las diputaciones provinciales y las corporaciones municipales, y en esas instituciones, quizá más que en otras zonas de España, se muestra una variación de tendencias políticas. CiU ha gobernado en la Generalitat desde la transición, pero ha pasado periodos sucesivos en que ha tenido que pactar con unos o con otros, y eso también es alternancia política.

Pero esta visión de la democracia no ha calado hondo en la cultura política de nuestros gobernantes. Hace unos días se publicaba una encuesta que muestra que el pueblo catalán vería con buenos ojos un pacto de gobierno entre el PSC y CiU en la Generalitat de Catalunya, y acto seguido unos y otros han declarado que de ninguna manera. Este precisamente es un ejemplo más de su poca cultura política. La respuesta debería haber sido ojalá pudiéramos conseguir entre los dos partidos gobernar Cataluña, esta es la contestación que desea la gente, porque significa que están decididos a conciliarse para el bien del ciudadano; no nos gustan estas disputas de contigo nunca­, esto es de patio de colegio. La respuesta está equivocada por ambas partes, pues deben gobernar en función de los deseos del pueblo que les ha votado, no de sus ­intereses partidistas.

Pactar es necesario para acabar con la violencia

Recuerdo que, cuando se produjo la famosa manifestación por la muerte de Ernest Lluch, le dieron a Gemma Nierga un texto para leer, prefabricado por los políticos, al cual añadió por cuenta propia una petición de diálogo para acabar con la violencia1. Los hombres de Estado se enfadaron mucho pero el pueblo aplaudió el gesto. El pueblo siempre aclama lo que no gusta a los ­políticos, porque la mitad de su discurso o de su trabajo se dirige exclusivamente a la protección de sus siglas, de su status profesional, y esto no puede ser. La gente quiere otra cosa de los gobernantes, que se les vea la intención de encontrar soluciones a los problemas y que exista debate. Pero parece que les da vergüenza negociar, porque si acuerdan soluciones lo hacen a escon­didas. Sin embargo, soy de la opinión que si no se pacta no se terminará ­nunca el problema de la violencia, y esto es algo que los políticos quizá no han asimilado todavía; o igual puede que sí, ellos deben tener sus estudios, sus analistas, sus consultores, igual tienen razón y el pueblo no está prepa­rado aún para una solución negociada del conflicto.

Durante la transición hubo elementos de discordia y momentos de tensión

Cuando oigo hablar a los dirigentes de la época del cambio de régimen, no estoy de acuerdo con ellos en un punto concreto. A pesar de las dificultades reales del momento, se felicitan por el buen resultado del proceso de transición, sosteniendo que el cambio fue fruto de un momento político tranquilo, del que surgió una transición política sin tensiones. No soy del mismo parecer, más bien creo que todo podría haber acabado muy mal, y que estuvo a punto de ser así, sobre todo a causa del problema de las nacionalidades históricas, principal elemento de discordia y permanente amenaza para la unidad del Estado. En aquel momento seguramente se hizo un gran esfuerzo por parte de todos, por los que tenían entonces el poder, pero no el respaldo popular, y por los que gozaban de ese apoyo y sin embargo también tenían que ceder en sus pretensiones para garantizar un traspaso pacífico de poderes. La máxima expresión de dicho esfuerzo es la Constitución, resultado del comportamiento responsable y sensato de los gobernantes de entonces, porque de haber usado los mismos modos que se estilan ahora, podríamos haber acabado tal como hemos visto en otros países, en que también han existido tensiones entre nacionalidades, culturas y sentimientos políticos, como por ejemplo la antigua Yugoslavia2.

La Constitución es fruto de unas circunstancias concretas y no es intocable

Los pesos pesados de la política nacional ponen el grito en el cielo cada vez que oyen hablar de cambiar la Constitución, la consideran una herramienta intocable, oyéndoles casi parece que sea insuperable, eterna, pero todos ­sabemos que no es así. Pienso que se confeccionó en un momento histórico en que existían unos extremismos que coartaban la libertad de acción ideológica, surgió en una época con demasiadas tensiones como para poder ­consensuarla, y ahora convendría sentarse de nuevo, reflexionar un poco y cambiar lo que se pueda mejorar.

En este sentido, como el mayor problema constitucional es el de las nacionalidades históricas, el de encontrar el encaje necesario para que nadie se sienta súbdito de nadie sino al mismo nivel que los demás, ahora en España se escuchan con atención las opiniones sobre el tema que proceden de Cataluña, como ocurría también durante la transición, porque parece que somos siempre los más sensatos y moderados, y desde Cataluña última­mente sólo se oyen voces que piden cambios: en la Constitución, en el Estatut d’Autonomia, en el modelo de Estado.

El concierto económico es un anhelo legítimo de Cataluña

La gente acogió el proceso de transición política con mucha ilusión, porque esperaba obtener de él acceso a las libertades, no tener que correr más delante de la policía, el fin de tantos monopolios de poder, una financiación justa y un reparto equitativo y proporcionado de la riqueza, etc. Muchas de estas cosas se han conseguido con el paso de los años, pero no todas todavía. En su momento, no se pudo conciliar para Cataluña un concierto económico como el que tienen los vascos, porque en aquellas circunstancias concretas no se habría aceptado. Pero ahora, veinticinco años después, es hora de volver a plantear la cuestión, como ya empiezan a hacer nuestros políticos, cuando la situación histórica parece más favorable. Me parece conveniente a nivel de financiación recuperar el dinero que estamos pagando para poder utilizarlo aquí, pero no como ahora, a expensas de lo que el gobierno decida destinar a cada partida presupuestaria, sino tomando las decisiones nosotros. El primero que coge el dinero es el que manda, y en Cataluña tenemos que decidir los catalanes. Nosotros somos un pueblo solidario con respecto al reparto de los impuestos recaudados, pero es distinto ser quien determina el grado de solidaridad con el resto del Estado, a ir siempre de pedigüeño mendigando algo que legítimamente te corresponde.

España ha avanzado mucho gracias a la democracia, pese a los contrasentidos y errores que se hayan podido cometer

La situación actual del país es muy distinta a la de hace veinticinco años, ­podemos estar contentos con la democracia y podríamos estarlo más si hubiéramos llegado todo lo lejos que esperábamos, pero indudablemente se ha ­hecho camino, es un placer ver que hemos aprendido a dialogar, tanto en la calle ­como en el Parlamento, aunque últimamente sea con esas acritudes y esos insultos innecesarios. A mi juicio, todavía nos falta acercar más la democracia a la sociedad civil, que debería tener también acceso a unos foros donde poder expresar sus criterios, opiniones y sentimientos, pero procurando que esos foros no sean sesgados ni manipulados por los políticos de turno.

Económicamente la democracia no le ha venido mal a España, han sido años de fuerte crecimiento pero un tanto ralentizado, pues creo que podríamos haber ido más deprisa, porque los fundamentos que tenía el país eran ­buenos, existían recursos humanos y recursos de formación suficientes para acometer las infraestructuras económicas que nos faltaban y ponerse al nivel medio del resto de los países europeos. Podríamos haber ido más rápido si se hubieran desarrollado las reformas legales necesarias para ello, si se hubieran acometido con más franqueza y menos política. Todavía faltan muchas acciones en este sentido, aún hay mucha rigidez en el mercado laboral y un sistema fiscal farragoso, diría que un poco injusto, o al menos perverso, porque no busca el reparto de riqueza sino que se recaude dinero, provocando una serie de agravios fiscales tanto a nivel de personas como de unos territorios frente a otros. En conjunto estamos bien, pero podría habernos ido mejor.

En nuestro país se abusa de la inversión inmobiliaria como forma de ahorro

En España, cuando la economía va mal, siempre queda el recurso de la inversión inmobiliaria. En nuestro país no existe una cultura de saber invertir los ahorros en otras alternativas que no sean la adquisición de patrimonio inmobiliario. En otros lugares, como Inglaterra, Alemania o los Estados Unidos, la cultura financiera del ciudadano es infinitamente más alta, sabe que si hace un esfuerzo para ahorrar dinero dispone de unos fondos de inversión, incluso inmobiliarios, de planes de pensiones muy rentables, etc. Poseen otra cultura del ahorro, conocen alternativas que también son productivas a medio y largo plazo, porque aunque estemos viendo que la bolsa está a la baja, si hacemos el análisis de los últimos cincuenta años, con la bolsa se ha ganado más que con el sector inmobiliario.

La cultura que nos ha inculcado el desarrollismo de los años 60 y 70 ha sido trabajar duro para invertir los ahorros en la compra de una vivienda, de un local, de una parcela, etc. Esto va bien porque parece que genera riqueza, pero nos hemos concentrado principalmente en esta forma de inversión, y ahora nos encontramos con el problema de que lo deseable para el buen funcionamiento del mercado inmobiliario es otra proporción: debería haber un 60-65% de vivienda en propiedad y un 35-40% en régimen de alquiler, cuya tercera parte tendría que ser de propiedad pública, patrimonio de los ayuntamientos, de la Generalitat o de otras instituciones y dedicado al ­alquiler social. Por este desequilibrio, nos encontramos ahora con graves tensiones en el mercado inmobiliario, los precios no paran de subir, no existen arrendamientos, y mucho menos arrendamientos sociales, precisamente cuando se dispara la demanda de este tipo de viviendas.

Creo que la gestión pública de la vivienda no está siendo la más adecuada

Nunca se ha cumplido el compromiso político de hacer viviendas sociales, entre otras cosas porque en lugar de construir vivienda social y patrimonizarla como un bien público, lo que han hecho ha sido trasladar los fondos destinados a esta labor social y convertirlos en una subvención pública a los particulares que los necesitaban para adquirir su primera vivienda, lo que tiene, sin duda, mayores beneficios electorales.

De todos modos, el cumplimiento de este compromiso electoral tampoco sería lo mejor tal como van las cosas. Si el gobierno hace un esfuerzo para construir viviendas de protección pública, para que salgan bien de precio; que el terreno sea cedido a bajo coste, que se subvencione la obra, etc., y ­todo ese propósito tiene como finalidad que la gente que lo necesita pueda ser propietaria de una vivienda, eso está muy bien; pero estaría mejor crear un mercado de alquiler público de esas viviendas, con precios protegidos y destinados también a la gente que los necesite mientras su situación económica personal sea precaria, y cuando esas personas mejoren su status tendrá que dejar el piso a otros que lo necesiten en aquel momento. Sería bueno constituir un fondo social de viviendas de alquiler, no sólo disponible para la situación actual, sino también para futuras contingencias.

Las olimpiadas revitalizaron el mercado inmobiliario de Barcelona

La situación urbanística de Barcelona cinco o seis años antes de los Juegos Olímpicos era impresentable, para trasladarse a cualquier zona próxima del área metropolitana se necesitaba una hora por lo menos, la ciudad desde mucho tiempo atrás había sido olvidada en cuanto a la concesión de todo tipo de inversiones públicas y de infraestructuras, no sólo ciudadanas sino también de ámbito suprarregional. Gracias a las Olimpiadas se pudieron desarrollar por fin todas aquellas cosas que estaban previstas ya desde el Plan General Metropolitano de 19763. Por más que estuvieran previstas, no se había presentado la oportunidad de desarrollarlas, ni económica ni políticamente, hasta entonces. Quiero decir que, si hay dinero pero las administraciones no se ponen de acuerdo, un proyecto no se lleva a cabo, y si están de acuerdo, pero no hay dinero, tampoco. Espero que ahora, con el Fórum 20044, aunque no tenga la misma envergadura que las olimpiadas, también se genere un impulso en el sector inmobiliario.

Los arquitectos municipales no colaboran ni consultan lo suficiente con nosotros

Sería deseable que los arquitectos municipales, los que hacen los planes urbanísticos, contactasen más con los profesionales del sector, bajasen un poco de su pedestal, se acercasen a las trincheras para ver la realidad social, porque tomar decisiones desde un despacho es muy fácil. Me consta que algunos ayuntamientos pequeños o medianos han consultado con el colegio ­antes de hacer algo y les ha ido muy bien. Esta colaboración es muy provechosa, y se debería extender más allá de los agentes de propiedad inmobiliaria y consultar las acciones con las asociaciones de vecinos, saber sus opiniones, porque, al fin y al cabo, son los consumidores finales de ese urbanismo, por eso éste tiene que estar a su servicio.

Valoración histórica de la etapa de gobierno de Jordi Pujol

Jordi Pujol se merece una nota muy alta en el conjunto de los políticos del periodo de la transición, y estoy seguro que la historia se la acabará adjudicando. En sus muchos años de gobierno ha pasado por momentos difíciles y los ha sabido sobrellevar bastante bien, porque tiene mucha experiencia a la hora de entenderse con los diversos planteamientos políticos. Es una persona que ha sabido gobernar Cataluña, sin que se hayan producido graves ­escándalos ni rupturas, preservando siempre la convivencia social. No comparto las críticas que ha recibido en los últimos tiempos por la falta de atención en el desarrollo de las infraestructuras y de la política territorial. Pienso que ha hecho lo que ha podido con los escasos recursos de que disponía, y dudo que alguien lo hubiera hecho mejor. Con mayor o menor acierto se han llevado a cabo recientemente proyectos que eran imprescindibles, como las nuevas líneas del metro5, la ordenación urbanística de la Zona Franca y del puerto, la ampliación del aeropuerto, el eje transversal, etc.

El gobierno de Cataluña debe estar presente donde se pueda influir en las decisiones que nos afecten

Lo único que tengo que objetar acerca de la trayectoria política de Jordi Pujol es que una personalidad respetada como la suya hubiera sido muy productiva si hubiera tomado parte en el gobierno del Estado español, como en ocasiones le han propuesto. Siempre se ha negado a ello y me ­parece un error. Para cambiar determinadas mentalidades colectivas sistemáticamente contrarias a las peticiones hechas desde Cataluña, tópicos y prejuicios enquistados en la clase política nacional de mucho tiempo atrás, no podemos encerrarnos, sino que hay que estar allí, compartiendo el ­poder cuando las circunstancias lo permitan, aunque al principio se esté a disgusto y teniendo que aguantar y tolerar toda clase de críticas y desconfianzas. El gobierno de Cataluña debe estar presente donde se pueda influir en las decisiones que nos afecten y se pueda intentar que comprendan nuestras circunstancias particulares y nuestras tesis. Seguramente, con paciencia y tenacidad, Jordi Pujol hubiera convencido a mucha gente y modi­ficado el criterio inicial anticatalán que podían tener; le ha faltado esto, o tal vez es que, si uno está concentrado en Cataluña, no puede dispersar su acción política en otros lugares, pero creo que habría sido bueno inten­tarlo, y casi seguro que nos hubiera ido mejor.

Al sucesor de Pujol, sea quien sea, le pido que haga un esfuerzo en este sentido, porque eso le permitirá luchar por las modificaciones del Estatut de Sau y de las instituciones de autogobierno que la sociedad está reclamando, pero que las defienda desde el consenso, la negociación y la persuasión.

1          El ex ministro socialista Ernest Lluch fue asesinado por ETA el 21 de noviembre de 2000. En la multitudinaria manifestación de rechazo del atentado celebrada en Barcelona, la periodista Gemma Nierga se encargó de leer un comunicado oficial, y por iniciativa propia exigió a los políticos presentes en el acto un mayor esfuerzo de diálogo.
2          Tras la caída del poder del régimen comunista, la República Federal de Yugoslavia, formada por un conjunto muy heterogéneo de nacionalidades históricas con lenguas, culturas y religiones distintas y en épocas pasadas enfrentadas entre sí, vive un proceso acelerado de deterioro de la convivencia que culmina, a partir de 1991, con la sucesiva declaración unilateral de independencia de los territorios que la componen, el rechazo por parte del gobierno federal de esa secesión, el inicio de una guerra civil especialmente cruenta, con ignominiosos episodios de limpieza étnica por parte de todas las facciones, y la intervención de la OTAN y la Unión Europea en el conflicto. La presencia internacional garantiza actualmente la paz, pero no deja ni mucho menos resueltas las tensiones nacionalistas.
3          La explosión demográfica de los años 60 en el país trajo consigo un desorbitado crecimiento urbanístico, que en el área metropolitana de Barcelona se intentó paliar con la confección en 1976 de un plan general que ordenase coherentemente los usos del suelo y las futuras infraestructuras necesarias para el desarrollo de la ciudad, la mayoría de las cuales no se pudieron llevar a cabo hasta que la concesión de los Juegos Olímpicos impulsó la inversión pública en la ciudad. El Plan General Metropolitano de 1976 sigue vigente hoy día como instrumento principal de regulación urbanística de la zona.
4          El Fórum Universal de las Culturas que se celebrará el año 2004 en Barcelona, es la principal apuesta política para dinamizar el crecimiento urbano y el prestigio internacional de la ciudad.
5          Barcelona fue la primera ciudad de España en contar con el ferrocarril suburbano, popularmente conocido como “metro”, como principal medio de transporte público. Sin embargo, durante el franquismo la inversión en este medio de transporte se concentró en Madrid, y ha continuado siendo así en la democracia, de manera que en la actualidad Madrid dispone de once líneas de metro, mientras que Barcelona contaba hasta hace bien poco con cuatro. En los últimos años se ha impulsado la inversión en este campo, finalizando una línea más que estaba paralizada desde los tiempos de la República y proyectándose la realización de dos nuevas.