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JOAQUÍN MANUEL SÁNCHEZ GARRIDO
JOAQUÍN MANUEL SÁNCHEZ GARRIDO SANCHEZ GARRIDO ABOGADOS Toledo Licenciado en 1971 – Ejerce desde 1972
JOAQUÍN MANUEL SÁNCHEZ GARRIDO SANCHEZ GARRIDO ABOGADOS Toledo Licenciado en 1971 – Ejerce desde 1972

JOAQUÍN MANUEL SÁNCHEZ GARRIDO SANCHEZ GARRIDO ABOGADOS Toledo Licenciado en 1971 – Ejerce desde 1972

Obra:

Texto del 17/12/2008 .
Fotografía: Daniel Sánchez Alonso.

Alcalde de Toledo durante los mandatos de 1983-1987 y 1991-1995, y Diputado al Congreso de 2000-2004, Joaquín Manuel Sánchez Garrido sostiene que todavía ningún gobierno en España ha entendido el papel fundamental que juegan los ayuntamientos en una democracia. Por otro lado, cree injustificado el miedo que evidencia nuestro país a un Estado federal y aboga por una descentralización racional, equilibrada y respetuosa con todas las comunidades.

 

Gracias al sacrifico y la generosidad del pueblo español, triunfó la Transición

La Transición, sobrevenida a consecuencia de la muerte de Franco, fue un acontecimiento curioso y complejo que pudo triunfar, no merced a la fuerza de un movimiento antifranquista ni al hecho de ser la dictadura derrocada por un amplio fragor popular. Antes bien, hubo que contemporizar con el Ejército, la Administración y la policía del régimen anterior, y sin contar con todo el apoyo de las fuerzas fácticas que hubiera sido menester. Fue un período de grandes dificultades sociales: sufrimos un paro, una inflación y una reconversión industrial brutales. Gracias al sacrificio y generosidad del pueblo español estamos hoy donde estamos. Fue una empresa de la que todos debemos sentirnos orgullosos.

 

Confiar en Adolfo Suárez fue el gran acierto del Rey

Un acierto primordial por parte del Rey don Juan Carlos fue confiar en Adolfo Suárez, alguien que, aun viniendo del régimen franquista, poseía unas ideas muy claras con respecto al futuro del país. Durante su mandato, Suárez hizo todo lo posible por facilitar la Transición, y lo hizo de forma eficaz. A él le debemos el arriesgado proyecto del Estado de las Autonomías, el mismo que, so pretexto de que ponía en peligro la unidad de España, algunos tardaron mucho en aceptar.

 

La Constitución prevé su reforma en el Título X

La reforma del texto constitucional está prevista en el Título X del mismo. A lo largo de estos años, nuestra Carta Magna ha desempeñado un papel de enorme importancia. Transformó todo el ordenamiento jurídico anterior: derogó las Leyes Fundamentales y adaptó casi toda la legislación previa. Es, en definitiva, el reflejo en que nos reconocemos todos. Tras 30 años de buena salud funcionando como instrumento para la convivencia en paz y libertad, de acuerdo con la evolución natural de la sociedad y del Derecho positivo, tal vez haya llegado el momento de adecuarla a los tiempos presentes sin necesidad de un cambio profundo.

 

El Estado centralista español nunca ha tenido la capacidad modernizadora e integradora del modelo jacobino francés

También, sin modificar la Constitución, a través de acuerdos parlamentarios, se podría evitar que algunas competencias se duplicaran entre las comunidades autónomas y las diputaciones, y estas últimas actuarían como meras herramientas de asesoramiento técnico-jurídico y económico de los ayuntamientos. El Estado centralista español nunca ha tenido la capacidad modernizadora e integradora del modelo jacobino francés, pero sí sufrió en cambio los efectos de un centralismo burocrático ineficaz. Tanto en los países de antigua tradición federal –Alemania y EE.UU.–, como en los más jóvenes –India y Brasil–, lo que cobra importancia son las regiones, no las provincias. España es un Estado que, a través de la Carta Magna, conforma un sistema federal, aunque se mantengan instituciones tan poco federales como el Senado actual. El caso alemán lo explica una sociedad homogénea sin diversidades lingüísticas significativas y equilibrada políticamente; carente, además, de nacionalismos, lo que permite que el Estado federal funcione cohesionadamente. Pero no debemos asustarnos de hablar de federalismo: está demostrado que la descentralización es positiva para la ciudadanía.

 

Es necesario acometer la reforma del Senado y de la Ley Electoral

Es necesario acometer la modificación del Senado. Éste ha de servir para que los distintos territorios mantengan relaciones fluidas y estables y ha de dejar de ser lo que actualmente es: una Cámara de segunda lectura. Esto invitaría también a una reforma de la Ley Electoral, para que todas las autonomías gocen de una representación uniforme.

 

Vivimos una época de alta judicialización de la política

El Tribunal Constitucional actúa como una tercera Cámara, lo que desvirtúa y colapsa la labor de dicho órgano. En España estamos viviendo una época de judicialización de la política. Convertir el máximo tribunal de la nación, constituido por nuestros mejores y más prestigiosos juristas, en un órgano político, pone en peligro la credibilidad de las instituciones.

 

No hay que contribuir al debilitamiento del Estado con una excesiva transferencia de competencias

El artículo 3 de la Constitución lo dice muy claro: el castellano es la lengua oficial del Estado, y añade que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. En cuanto a las transferencias, es cuestión de sensatez. España es un país muy descentralizado, pero el Estado debe conservar algunas competencias indelegables relativas a asuntos exteriores, defensa, etc. A fecha de hoy, algunas comunidades tienen más competencias que muchos landes alemanes, pero hay que conseguir que esas concesiones se realicen con respaldo económico. No se debe contribuir a debilitar el Estado. ¿Qué sería de España ahora, en tiempos de crisis como los que vivimos, si hubiéramos transferido en su día, como algunos quisieron, todos los impuestos y la responsabilidad fiscal a las comunidades? ¿De dónde habría salido el dinero para hacer frente a la deuda de los bancos? ¿Cómo conseguir que el ciudadano mejorase su crédito? Desde luego, no con una transferencia radical en materia impositiva. De nuevo aparece el miedo injustificado a un Estado federal. Una descentralización bien guiada no perjudicaría las estructuras del Estado, que debería seguir siendo el motor que marcase las directrices de desarrollo del país.

 

Si se organizara eficazmente, la Administración de Justicia funcionaría

Desde que España entró a formar parte de la Unión Europea, el Parlamento se dedica a transcribir directivas comunitarias. Es difícil adecuar esas directivas, trazadas con una mentalidad anglosajona o centroeuropea, a nuestro ordenamiento jurídico y a nuestras peculiaridades. Vivimos dentro de una maraña legislativa, de ahí la proliferación de despachos multidisciplinares. Para que se cumpla el principio constitucional de la eficacia de la Administración, la organización debe ser eficaz. Nuestra Administración de Justicia, por ejemplo, es absolutamente ineficaz. El ciudadano se pasa años pleiteando, esperando resoluciones que nunca llegan. Falta empeño político para reformar la Justicia. Es cierto que la situación, con respecto a tiempos pretéritos, ha mejorado, pero no ha cuajado en la vida social y jurídica españolas la mentalidad de la cultura anglosajona, que desecha todo aquello que demuestra claramente no ser útil. Así sucede con el arbitraje, pues aun reconociéndose su validez y rápida gestión, sigue sin ser asumido del todo. Las cortes de arbitraje se nutren de abogados, notarios y catedráticos de reconocido prestigio que conocen bien su trabajo. No hay que dudar de la calidad de los árbitros judiciales. Por otro lado, el administrado no percibe que el dinero que el Estado invierte en Justicia sirva para algo; una encuesta reciente incluía la Justicia, junto al paro y el terrorismo, entre lo peor valorado por los españoles.

 

Los ayuntamientos son el primer eslabón de la democracia

En primer lugar, creo que no hemos tenido aún un gobierno democrático que haya entendido el papel fundamental que han representado los ayuntamientos durante los últimos 30 años; son el primer eslabón que conformó la democracia. Reciben directamente las quejas y pareceres de los ciudadanos, quienes, a cambio, sólo reciben carestía, pues los asyuntamientos viven de lo poco que las administraciones regionales o el Estado les dan. Los gobiernos municipales siempre han aspirado a una participación igualitaria en el gasto de los presupuestos del Estado: 25% para las autonomías, 25% para los ayuntamientos y 50% para el Estado. Pero la realidad es que el porcentaje no llega ni al 15%. No obstante, se exige a los municipios buenos colegios e instalaciones deportivas, parques y jardines bien conservados, etc. Y cuando llegan los momentos difíciles, las catástrofes ciudadanas, quien responde en primer lugar es siempre el ayuntamiento, a través de agentes como la policía, los bomberos, los servicios sanitarios, etc.

 

Luché por hacer de Toledo una ciudad Patrimonio de la Humanidad

Tuve el honor de presentar, junto al Ministerio de Cultura, el expediente para que Toledo fuera declarada Patrimonio de la Humanidad el 26 de noviembre de 1986, siendo entonces alcalde de la ciudad. Sé, por tanto, lo que es luchar por el patrimonio y convencer a la administración regional y al Estado de que contribuya tanto a la rehabilitación de los edificios públicos emblemáticos como de las casas más humildes. Satisface comprobar que los que me siguieron en aquella labor han superado y mejorado lo que uno hizo en su día.

 

No es el mejor momento para que don Juan Carlos abdique

Según la Constitución, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Mientras esto no cambie, no se puede hablar de otra cosa. Preferencias aparte, don Juan Carlos ha sabido hacerse con el cariño y el respeto del pueblo. No creo además que vaya a abdicar tan fácilmente, y los tiempos actuales tampoco lo aconsejan. Confiemos en que el Príncipe Felipe continuará la línea marcada por su padre, es decir, será cercano, honesto y buen embajador de España.