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JOSÉ ANTONIO CASAÑ FERRER
JOSÉ ANTONIO CASAÑ FERRER CASAÑ & CASAÑ ADVOCATS Castellón de la Plana Licenciado en 1982 – Ejerce desde 1983
JOSÉ ANTONIO CASAÑ FERRER CASAÑ & CASAÑ ADVOCATS Castellón de la Plana Licenciado en 1982 – Ejerce desde 1983

JOSÉ ANTONIO CASAÑ FERRER CASAÑ & CASAÑ ADVOCATS Castellón de la Plana Licenciado en 1982 – Ejerce desde 1983

Obra:

Texto del 23/09/08,
Fotografía cedida por José Antonio Casañ.

Letrado y ex concejal del Ayuntamiento de Benicassim, José Antonio Casañ aúna su pasión por el Derecho con la defensa altruista de la naturaleza. Orgulloso de una Constitución consensuada, portadora de paz y estabilidad, piensa en las generaciones futuras y subraya algunas de las deficiencias de la Carta Magna, apoyando con optimismo y moderación su adaptación a la nueva realidad social, en ámbitos como la Justicia, el medioambiente y el desarrollo autonómico.

Compagino el ejercicio del Derecho con la política

Tras licenciarme en Derecho por la Universidad de Valencia, hice diversos cursos de formación en Derecho comunitario europeo, urbanismo, arrendamientos urbanos y Código Penal. Entre 1983 y 1990, desarrollé mi carrera profesional en el Bufete Jurídico Benjamín Casañ Bernal, dentro del área administrativa y contencioso-administrativa. Cursé un máster en Dirección y Gestión en Administración Local en la Universidad de Barcelona. Posteriormente, me instalé por cuenta propia y en el año 2001 fundé Casañ & Casañ Advocats, despacho del que soy socio, junto a mi hermano David Casañ Ferrer, y en el que colaboran otros tres profesionales de la abogacía. Desde 1983, ejerzo como letrado de los Ilustres Colegios de Abogados de Castellón y Valencia. Durante varias legislaturas municipales he sido teniente de Alcalde y concejal de Cultura, Juventud y Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Benicassim, por la formación política Bloc Nacionalista Valencià.

Transición: una etapa comprometida, reivindicativa y tensa

Recuerdo la Transición como una etapa comprometida, reivindicativa y tensa, pero con optimismo y muchas perspectivas de futuro. Por primera vez llegaron abogados jóvenes con savia nueva a la Junta del Colegio de Abogados de Castellón. Sus propuestas fueron cambiando gradualmente los anquilosados sistemas que de manera sutil intentaban perpetuarse como si nada hubiese ocurrido. No debemos olvidar que, en las postrimerías del franquismo, España no era un Estado de Derecho; continuaba siendo una dictadura, aunque matizada, puesto que había unos códigos fundamentales que debían cumplirse. En aquella época los jueces aplicaban las normas existentes y los abogados se veían restringidos en el ejercicio de su labor. Los hechos acaecidos a mediados de los 70 no produjeron una ruptura, aunque sí una transición progresiva hacia la democracia.

Una reforma del sistema judicial constantemente postergada

En cada nueva legislatura se oye anunciar al ministro correspondiente la reforma del sistema judicial, pero ésta nunca llega. Desgraciadamente, en el siglo xxi aún no tenemos el gran pacto de la Justicia que tanto necesita este país. Es evidente que debe hacerse un gran esfuerzo para superar el atraso tecnológico de una Justicia anquilosada en métodos obsoletos. Es preciso aplicar normas acordes con nuestra sociedad, modernizando la oficina judicial y mejorando los medios personales y materiales. Para ello hay que llegar a un consenso similar al que animó la creación de nuestra Carta Magna. Sin embargo, los pasos dados hasta la fecha se apartan del espíritu pactista, pues la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la elección de los miembros del Tribunal Constitucional responden a intereses partidistas. Apruebo que haya un cierto control político, ya que no creo en la existencia de poderes absolutamente independiente ni conviene que los jueces se elijan exclusivamente entre sí. Lo apropiado es que en la elección del Consejo participen todos los colectivos del ámbito de la Justicia, incluyendo a los abogados.

Tal como ha manifestado Carlos Carnicer, la Justicia requiere de mayor dotación económica

La abogacía ha ofrecido su colaboración para modernizar la Justicia. Debido al colapso judicial y a la presión de la opinión pública estamos consiguiendo que pueda avanzarse, pero primero hay que estudiar los presupuestos y ver si realmente hay o no un incremento sustancial destinado a este ámbito, porque finalmente es una cuestión económica; se trata de invertir más en lo más necesario, como es duplicar el número de jueces o modernizar la oficina judicial, aunque ésta sea una inversión que no proporcione votos. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, lo ha manifestado así en diversas ocasiones, pero el Estado tiene que dar el paso adelante. Debe ser un pacto general, imparcial, un compromiso político efectivo, real e inmediato.

Ineludible modificación constitucional

Llevamos 30 años con una Constitución estable, de la que podemos estar orgullosos. Sin embargo, la Carta Magna no es una norma definitiva, sino abierta y susceptible de múltiples interpretaciones. Las circunstancias presentes y las nuevas generaciones exigirán que se adapte al mundo actual, y en más de un punto; con el tiempo, todo se transforma.

Puntos de la Carta Magna susceptibles de mejora

El artículo que habla de la sucesión dinástica debería cambiarse para que quedase muy claro que una mujer puede reinar en España. Es un tema que debe estar definido constitucionalmente, ya que atañe a una cuestión básica de derechos fundamentales. También podrían puntualizarse con mayor claridad los conceptos relativos a las autonomías. Asimismo, habría que concretar una nueva forma de elección de los integrantes de los órganos del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial. Todas estas modificaciones pueden llevarse a cabo mediante el consenso, siguiendo el ejemplo que hizo posible la Constitución y que tanto prestigio nos otorga. Para lograrlo, es necesario reemplazar la crispación por un clima de concordia entre los políticos.

Defensa medioambiental

Nuestra Carta Magna hace algunas referencias a la defensa del medioambiente. Éste es un ámbito que me interesa de manera especial y al que me dedico desinteresadamente. Si bien es cierto que el Derecho medioambiental español ha sido positivamente dirigido por las directivas europeas, si hubiéramos tenido un desarrollo constitucional mejor nos habríamos adelantado en muchos puntos a la tutela de la Unión Europea. Por ello, la nueva Constitución debería incidir más en la defensa medioambiental para beneficio de las generaciones futuras.

La proliferación de leyes obedece en parte a la concienciación ciudadana

Tenemos una legislación que abarca desde el nivel europeo hasta el autonómico y, consecuentemente, este amplio abanico genera un exceso de legislación que abruma a muchos abogados. Esta multiplicación normativa ha provocado que el letrado artesanal se haya convertido en especialista, para poder desenvolverse con eficacia en su profesión. La proliferación de leyes obedece en gran medida a la creciente exigencia de unos ciudadanos cada vez más concienciados de sus derechos y que exigen regulaciones de cuestiones antaño desatendidas. A ello hay que añadir la permanencia de una legislación anticuada en ciertos casos. Todavía arrastramos normas del siglo xix que han quedado totalmente desfasadas de la realidad actual. Se mejoró de forma sustancial la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero no así la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que debería haberse renovado para optimizarla. Sin embargo, se dictan con carácter de urgencia leyes que podrían ser prescindibles.

Partidario del Estado de las Autonomías

Creo que el desarrollo autonómico es positivo, puesto que nuestro Estado es plural. Hay que ser conscientes y asumir plenamente que el Estado democrático, social y autonómico que tenemos es fruto de la voluntad de la sociedad. Los políticos actúan en consecuencia, atendiendo los deseos de la sociedad; de lo contrario no conseguirían sus votos. La aproximación de los centros del poder a los ciudadanos ha sido esencialmente positiva para el país. Con el centralismo, las gestiones se demoraban bajo la excusa de la lejanía. Ahora podemos plantear exigencias a nuestros representantes inmediatos, al Conseller de Justicia de la Comunidad Valenciana o al delegado territorial del Consell, ya que nadie puede escudarse con el argumento de que la gestión ha de pasar por Madrid: un gobierno cercano siempre comprende mejor los problemas y demandas de cada territorio.

Todavía buscamos el equilibrio en el tema territorial

Hemos pasado de una dictadura a un Estado democrático; de un sistema en el que solo se hablaba de la unidad de España a otro que centra su atención en las autonomías, desvinculándolas del resto del territorio nacional. Ha sido una reacción necesaria para combatir el desequilibrio del sistema franquista, pero es indudable que los extremismos no son buenos. Por eso todavía estamos buscando el equilibrio de la balanza y estoy convencido de que los propios ciudadanos iremos nivelando gradualmente su oscilación.

La sucesión dinástica llegará a su debido tiempo y con serenidad

El sistema monárquico está plenamente asentado en nuestro país, ya que es respetuoso con el Parlamento, imparcial y apolítico. Con su comportamiento ha sabido granjearse la simpatía y el cariño de los ciudadanos. Goza asimismo de un gran reconocimiento en el ámbito internacional. Como una amplia mayoría de españoles, me siento muy orgulloso de nuestro Rey, don Juan Carlos I. Aunque en su momento hubo reticencias, si existe hoy una figura aceptada de manera rotunda es sin duda la que representa la actual monarquía. Esta aprobación se hace extensiva al heredero en el trono, el Príncipe Felipe, quien, además de poseer una educación completa, está en una fase magnífica de preparación. Por estas razones, presiento que el momento de la sucesión le llegará a su debido tiempo y con serenidad. Para ser un buen rey, le bastará seguir los pasos de su padre.