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José Antonio Fernández de Alarcón Roca
José Antonio Fernández de Alarcón Roca Monlex-Hispajuris Palma de Mallorca, Islas Baleares Licenciado en 1987. Ejerce desde 1987.
José Antonio Fernández de Alarcón Roca Monlex-Hispajuris Palma de Mallorca, Islas Baleares Licenciado en 1987. Ejerce desde 1987.

José Antonio Fernández de Alarcón Roca Monlex-Hispajuris Palma de Mallorca, Islas Baleares Licenciado en 1987. Ejerce desde 1987.

Obra:

Texto del 8-04-2008
Fotografía cedida por J.A.Fernández de Alarcón

La trayectoria de este jurista encarna los estrechos vínculos que existen entre la abogacía y el mundo empresarial. Compagina la práctica letrada con una intensa labor en el sector turístico y hotelero. Es vicepresidente de la Asociación Hotelera de la Playa de Palma y miembro de la junta directiva del Cercle d’Economia de Mallorca. Cree en un progreso económico que conserva las virtudes cívicas. Considera su profesión una fuerza de evolución social.



La constancia permite alcanzar cualquier objetivo

Después de licenciarme en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, trabajé en la red de abogados Iberforo. Más tarde, con otro socio fundamos Mon-Lex. Como vivimos en un mundo de expansión global, nos incorporamos a la primera red de despachos de España, Hispajuris. Soy un apasionado del Derecho de empresas. Estoy vinculado a diversas cadenas hoteleras y asociaciones empresariales. He dado clases de Relaciones Laborales y de Derecho Mercantil en el Centro de Formación Empresarial de Baleares. Mis padres me inculcaron desde muy pequeño el valor principal de la responsabilidad en todos los aspectos de la vida, tanto personales como laborales. Actuar con criterio, honestidad y constancia acerca un poco más a la felicidad; también ser consciente de que mi labor ayuda al progreso de la sociedad donde vivo.

El mundo empresarial balear, impulsor del turismo global

Tuve la gran suerte de empezar a trabajar hace años en una comunidad autónoma donde el turismo fue clave para su expansión económica y social. Posteriormente, cuando el modelo estuvo bien asentado en las Islas Baleares, los mismos empresarios que lo habían hecho posible no dudaron en exportarlo. Estos admirables emprendedores fueron pioneros de la economía globalizada actual, al demostrar que era factible desarrollar un mismo patrón en el resto de España y del mundo. Mi aportación en ese proceso consistió básicamente en otorgar a las inversiones la seguridad jurídica que posibilitó su rápida expansión. Para mí es un orgullo haber participado en un momento crucial de la historia.

Los empresarios mallorquines son decisivos en los grandes grupos europeos

La actividad turística es uno de los sectores económicos que ha tenido mayor progresión a lo largo del siglo xxi. El arco mediterráneo es la cuna de las más grandes e importantes empresas del turismo de sol y playa y España es una potencia mundial en este campo. El know-how que se ha creado a lo largo de 30 años de revolución industrial silenciosa en nuestro país se ha exportado a otras zonas del mundo, especialmente a América. Inversores de todo el Estado han sabido aprovechar la oportunidad de expansión merced a la asociación de la labor del tour operador y del hotelero, y este modelo ha devenido todo un éxito. Actualmente, los empresarios mallorquines tienen una influencia decisiva en los grandes grupos europeos de estrategia turística mundial, en cuyos consejos de administración se barajan las nuevas tendencias del sector.

Coordinación como clave para la reconversión

Hay que admitir que, como en cualquier revolución industrial, en el progreso turístico ha habido fallos, y ciertas zonas de la costa han sufrido una sobreexplotación. Por ello, hoy en día abogamos por una regeneración de dichas zonas. Para poder recuperarlas, es vital la coordinación de la sociedad civil y la cooperación entre las administraciones públicas y los empresarios.

Importancia de la participación de la Administración

Las administraciones públicas están muy vinculadas con el proyecto empresarial turístico. Ello se debe a una razón fundamental: aquello que se vende ya no son unas instalaciones; es un entorno. La marca que se comercializa como Mallorca, o cualquier otra área de la costa mediterránea, por sí misma ya es un producto. Y ese entorno lógicamente no puede ser controlado por los empresarios ni por los profesionales. Es la Administración quien cuida de lo público y quien puede actuar sobre ello. Si ésta colabora con lo privado y organiza ese entorno de una manera estratégica, en un futuro puede rentabilizar sus inversiones. Bajo esta perspectiva, las aportaciones públicas se traducen en mejoras en infraestructura y medio ambiente que revierten en la calidad de vida, tanto del ciudadano residente como del que acude a pasar su tiempo de ocio.

El Estado de Derecho es el pilar sobre el que asentar el progreso social

Hubo un momento en la historia de España durante el cual existían problemas para la creación de empresas y de organizaciones empresariales o asociaciones que defendiesen intereses concretos y facilitasen una sociedad más abierta. A partir de 1978, sin embargo, se nos daría esa oportunidad. El advenimiento del Estado de Derecho ha sido muy provechoso, pero hay aspectos mejorables; uno de ellos sería convencernos, como sociedad civil, de que no hay que depender excesivamente de la oligarquía electiva en el poder. Aparte de escoger a los gobernantes, la ciudadanía tendría que colaborar con ellos para obtener mejoras. La sociedad civil es extraordinaria, pero a menudo no está correctamente articulada. Aún así, es un orgullo ver los logros de la ciudadanía en los últimos treinta años.

Exceso de normativa jurídica

Habitamos en un mundo en el que los políticos legislan y establecen normativas como señal de su quehacer diario. Para desarrollar una actividad económica en España es necesario conocer y aplicar una cantidad ingente de normas, de modo que es imposible que un empresario o su asesor jurídico sepan en un momento dado qué se está regulando realmente. Esta profusión de normas ha de ser analizada desde el punto de vista del impacto económico que tendrá su aplicación y la falta de competitividad que ello implica. Aunque existan normas muy necesarias, que hagan avanzar la sociedad y la economía de nuestro Estado y permitan uniformar nuestra legislación con la del resto de países europeos, lo ideal sería codificar aquellos temas esenciales y derogar los no esenciales.

Aplicación de la normativa en la Administración de Justicia

La Administración de Justicia en España tiene una serie de problemas endémicos que impiden dinamizar su funcionamiento. Habría que tomar una serie de decisiones valientes para posibilitar la agilidad procesal que demandan estos tiempos de consumo rápido y globalización. Las notificaciones judiciales, por ejemplo, alargan en demasía los procedimientos, lo que implica que éstos ya se inicien deficientemente. Una forma de evitar este tipo de retrasos sería dejar dichas notificaciones a cargo de profesionales que coadyuvaran a su realización, como sucede en los sistemas de tipo anglosajón, donde son los procuradores quienes se ocupan de ellas. Lo irónico es que también se producen problemas de demora al final del proceso judicial, en la ejecución de las sentencias. Ello es debido tanto a la escasez de medios humanos y técnicos que padece la Justicia como a la falta de un criterio racional en el momento de trasladar la normativa del papel a la práctica. Muchos trámites podrían acelerarse por vía digital u oral, y no hay que temer que ello produjera una disminución de la seguridad jurídica.

La Constitución española puede ser sometida a reforma

A veces, la clase política está un poco alejada de la realidad. El ciudadano español es maduro y se le pueden hacer las demandas precisas, aunque éstas afecten a la Constitución: no hay mejor manera de poder colaborar en la interacción entre lo público y lo privado. Gozamos al respecto de una experiencia de treinta años de progreso y los políticos tienen un gran sentido común. La Constitución debe amoldarse a los tiempos que vivimos. La ciudadanía responderá con naturalidad ante ello; no se negará a la reforma constitucional. Impedir el ajuste de la Constitución en algunos temas no es una estrategia social.

Las autonomías son clave para el desarrollo económico y social

El Estado de las Autonomías ha traído riqueza al país y ha sido una de las claves del desarrollo económico y social de España en los últimos 30 años. Sus decisiones han implicado a los ciudadanos y han movilizado económicamente zonas que no reclamaban autonomía de gestión. Es cierto que el desarrollo autonómico también ha producido la intensificación del sentir nacionalista de algunas comunidades, lo que afecta a la sociedad común de todos. Sin embargo, desde el poder central a veces no ha habido suficiente sensibilidad para entender y valorar algunas cuestiones autonómicas. Es un juego político complicado; requiere habilidad para conciliar emociones con racionalidad. En realidad, no hay problemas para adecuar los estatutos con los límites de la Constitución y con los deseos de las comunidades autónomas.

Encomiable labor del monarca

Su majestad el rey Don Juan Carlos ha efectuado su tarea francamente bien, aunque una de las bases de una sociedad abierta como la nuestra sea la posibilidad de expresar pareceres dispares sobre cualquier cosa. Es lógico, y sano, que toda persona que represente una institución de renombre sea objeto de opiniones contrapuestas. Lamentablemente, hoy todo se pone a prueba cada día; es una lástima llegar a tal relatividad. Parece que se haya perdido la lectura de lo que corresponde a lo bueno y a lo malo. Opino que no existe ningún clamor social en contra de la institución monárquica en la actualidad y su futuro dependerá de la actuación que realice. Personalmente admiro la figura de Su Majestad el Rey pero, en cuanto al príncipe, tendrá que demostrar que es apto para el cargo, simplemente por el mero hecho de que todos tenemos que probar nuestras capacidades en nuestra labor diaria.