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JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ CAMELOT ABOGADOS Madrid Licenciado en 1982. Ejerce desde 1983
JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ CAMELOT ABOGADOS Madrid Licenciado en 1982. Ejerce desde 1983.

JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ CAMELOT ABOGADOS Madrid Licenciado en 1982. Ejerce desde 1983

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Entrevistado el 09-06-2008, por el Sr.Font
Fotografía: Javier Regueros

José Ignacio Rodríguez ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional como asesor jurídico y coordinador en materia de juego de la ONCE. Letrado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 1983, ha participado en todos los turnos de oficio del Colegio de Abogados, incluyendo intervenciones en el Tribunal Supremo. Desde 1984 ha desempeñado servicios de asistencia letrada al detenido, siendo el único abogado invidente de España que lo hace en la práctica.

Visión generalista del ejercicio de la abogacía

El bufete Camelot Abogados, del cual soy titular, es un despacho compuesto por una serie de profesionales que pertenecen al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Estamos especializados en las diversas áreas del Derecho con el fin de poder ofrecer a nuestros clientes un servicio integral. Nuestra oficina está ubicada en la ciudad de Madrid, donde desarrollamos nuestra principal influencia. Sin embargo, hemos efectuado actuaciones en toda la geografía nacional.

La ONCE: una institución de carácter social y democrático

Desde 1986 ejerzo como asesor jurídico de la ONCE y estoy adscrito a la dirección general de la entidad desde 1995, donde actualmente me ocupo de las materias relacionadas con el juego. También he desempeñado el cargo de presidente de la junta electoral central de la misma institución entre los años 1986 y 2003. En relación a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, considero que debería rendirse homenaje a todos los que la han hecho posible y han conseguido convertirla en una corporación abierta, solidaria, igualitaria y participativa que trabaja día a día en democracia. Actualmente la ONCE incorpora a más de 60.000 miembros y trabaja codo con codo con la Administración, a través de los ministerios de Economía y Hacienda, Trabajo e Inmigración, Educación, Política Social y Deporte, e Interior.

Reconocimiento a don Ramón Serrano Súñer

Los orígenes de la ONCE se remontan a 1938. En aquella España desangrada por la Guerra Civil fue algo totalmente revolucionario que se dictara una norma legal para proveer puestos de trabajo a los invidentes en los distintos ámbitos de la industria y los oficios. En este sentido debe reconocerse la gran contribución de don Ramón Serrano Súñer, verdadero artífice de la Organización. El decreto fundacional de la ONCE de 1938 es una pieza jurídica estimable y supuso un auténtico avance social para la época.

Vivimos la Transición con intensidad

Mi etapa de estudiante fue una experiencia muy grata. Ingresé en la Universidad Complutense de Madrid en 1977, concretamente en el Centro de Estudios Universitarios San Pablo (CEU), coincidiendo con el período de la Transición. En aquel momento, en el Palacio de las Cortes se estaba debatiendo la ponencia de la Constitución que llegaría un año más tarde. Desde la universidad vivimos aquella transformación con intensidad y recuerdo que, en los propios cursos de Derecho, ya nos impartieron el proceso constituyente de nuestro período de Transición como materia de estudio.

Comunidad nacional, máxima expresión de la organización social

Una comunidad nacional es, sin duda, la máxima expresión de la organización social. Cualquier comunidad humana, sea del tipo que sea, requiere de unas pautas que consigan ordenar la vida en común de los ciudadanos, algo que concede manifiestamente la Constitución. El constitucionalismo va indisolublemente unido a la voluntad del pueblo, de los ciudadanos entendidos como personas libres que coexisten en igualdad, que se asocian para otorgarse unas reglas y establecen unos límites al poder.

Convivir pacíficamente dentro de un marco regulador

No podemos olvidar la trágica experiencia que supuso para el pueblo español el conflicto fratricida de la Guerra Civil. En este sentido, el proceso de la Transición, aún con todas las imperfecciones del texto constitucional, supuso esencialmente la reconciliación nacional entre todos los españoles. Debemos agradecer a los ponentes encargados de la redacción de la Constitución de 1978 el haber luchado por una convivencia pacífica dentro de un marco regulador común que fue asumido y refrendado por todos los españoles.

Ejemplo de generosidad

Personas como Jordi Solé Tura, miembro del Partido Comunista de España, Manuel Fraga Iribarne, Ministro durante el régimen del General Franco, o Adolfo Suárez González, quien fuera Secretario General del Movimiento, tuvieron la generosidad de aparcar sus reivindicaciones y creencias políticas en favor de una resolución serena para el país. Que personajes con convicciones tan dispares avanzaran en el mismo sentido nos muestra la grandeza de los políticos que en aquel momento dirigían el destino de España.

Toda reforma constitucional requiere un criterio consolidado

Cualquier obra humana es susceptible de cambio y mejora; no existe ninguna norma en Derecho que pueda sacralizarse. La Constitución no es algo inmutable, puesto que se trata de una norma que debe acomodarse a la realidad de los tiempos que vivimos. Del mismo modo, también debemos ser plenamente conscientes de que toda reforma practicada en la Constitución necesita de un criterio consolidado y previamente valorado. Si, por el contrario, los españoles no somos capaces de mantener un pensamiento lúcido respecto al camino que debemos tomar, es preferible seguir rigiéndonos por el procedimiento vigente y olvidarnos de posibles reformas.

Situación preocupante en el Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional es un órgano esencial del sistema democrático que tiene la potestad de interpretar de forma auténtica la Constitución española. A día de hoy, este Tribunal se encuentra en una situación ciertamente preocupante, algo que puede recordar a la que ya se produjo durante la Segunda República en el llamado Tribunal de Garantías Constitucionales, cuando una serie de cuestiones le hicieron incurrir en un descrédito institucional, político y jurídico que reflejaba las tensiones partidistas de la sociedad española del momento.

Es necesario cambiar el sistema judicial

El sistema judicial de nuestro país participa de algunos vicios y se encuentra demasiado entreverado con la política. Si próximamente no hay una voluntad gubernamental de modernizar nuestro sistema judicial, podemos llegar a encontrarnos con un atraso de grandes proporciones. Es primordial crear normas de calidad, eficaces, que realmente sirvan a los ciudadanos, y, principalmente, institucionalizar mecanismos que permitan su aplicación en la sociedad, dotarlos económicamente y otorgar al poder judicial los recursos suficientes para que una ley pueda ser cumplida.

España: distintas perspectivas dentro de un proyecto común

No creo en una España unitaria de manera uniforme, personalmente no percibo una visión única de nuestro país. Los españoles abrigamos distintas perspectivas de lo que representa nuestra nación y, particularmente, respeto todos estos puntos de vista. Pero, del mismo modo, también considero esencial guiarnos por un sentido nacional que nos una en un proyecto común y contribuya a que todos los españoles seamos iguales ante la ley.

Abogar por la jurisprudencia del Tribunal Supremo

En España la Justicia está descentralizada. El Tribunal Supremo debe seguir teniendo la organización y el ámbito competencial que le permita impartir una doctrina aplicable en todo el territorio nacional. Abogo por que la jurisprudencia del Tribunal Supremo actúe como una guía a la hora de crear una opinión judicial estable que nos otorgue seguridad jurídica en estas cuestiones. Considero que no podemos crear una especie de potestad estanca del poder judicial dentro de cada autonomía sin tener una institución común que actúe como hilo conductor de las distintas decisiones judiciales; los tribunales superiores de Justicia no pueden ser reflejo de la casta política dominante en cada territorio.

Sintonía y equilibrio en la distribución de competencias

Las competencias de una comunidad autónoma no se ejercen más responsablemente por enfrentarse o por debilitar al Estado central y reafirmar el poder propio, sino por sintonizar y por reequilibrar la distribución competencial en las relaciones que mantienen con la Administración central. Los poderes autonómicos encuentran su razón de ser en la propia Constitución y, si no aceptan su origen, no están reconociendo su propia legitimidad.

Monarquía, estabilidad esencial para la convivencia

La Monarquía es un sistema que ha dotado a nuestro país de una estabilidad absolutamente esencial para la convivencia. Su Majestad, el Rey don Juan Carlos, enlazó directamente con la legitimidad constitucional de Alfonso XIII después de que se produjera el paréntesis de la República y del Franquismo. El Rey don Juan Carlos supo entroncar perfectamente el régimen nacido el 18 de julio de 1936 con la democracia que llegó más tarde. Actualmente, la Monarquía simboliza la unidad de la nación española.

Igualdad de oportunidades para todos los jóvenes españoles

Es importante que los jóvenes de nuestro país reciban una buena formación, que participen de unas convicciones democráticas arraigadas. Deben ser formados en valores sólidos y no en el relativismo imperante. Hay que fomentar el Derecho a la educación que se reconoce a todos los ciudadanos en los términos recogidos en el artículo 27 de la Constitución española. Los niños y jóvenes españoles tienen derecho a recibir una educación que les permita desenvolverse en libertad con arreglo a las convicciones y creencias de sus padres. Hemos de procurar el desarrollo de nuestros jóvenes en libertad y seguridad fomentando un sistema real de igualdad de oportunidades.