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JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DE RIVERA MORÓN
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DE RIVERA MORÓN Madrid Licenciado en 1975. Ejerce desde 1981.
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DE RIVERA MORÓN Madrid Licenciado en 1975. Ejerce desde 1981.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DE RIVERA MORÓN Madrid Licenciado en 1975. Ejerce desde 1981.

Obra:

Texto del 10/06/08
Fotografía cedida por  J.L.RODRÍGUEZ DE RIVERA MORÓN.

José Luis Rodríguez de Rivera se declara un bibliófilo empedernido: poseedor de una biblioteca compuesta por más de 7.000 volúmenes, destaca entre ellos los de historia, una pasión que le acompaña desde niño. De talante entusiasta, aplica la metodología asimilada y sus intensas vivencias para analizar con rigor la realidad política y judicial de un Estado de Derecho cuya virtud principal fue demostrar al mundo que el cambio pacífico era posible en España.

Me formé en Derecho siguiendo los consejos paternos

Al acabar el Bachillerato, mi padre me preguntó sobre mis planes futuros. Cuando le contesté que deseaba estudiar Ciencias Políticas, sugirió que hiciera Derecho. A menudo me decía: “en la vida hay que tener sentido de la curiosidad, mantén la mente abierta, lee, pregunta, infórmate y escucha opiniones dispares”. Ello me impulsó a desarrollar ambas carreras y a enriquecer mi visión con dos ciencias complementarias, pues una abarca el estudio de la realidad política y la otra centra su atención en el orden normativo moderador de la convivencia social. En 1976, al poco de licenciarme en Derecho, trabajé cinco años como asesor en el gabinete técnico de la Secretaría de Estado de Sanidad. Esta etapa me permitió vivir de cerca la cuestión de las competencias y la inquietud por nuestro acercamiento a Europa. Luego ejercí la abogacía en distintos despachos y al frente de las asesorías jurídicas de diversas organizaciones patronales, con lo que conocí a fondo la realidad de las empresas españolas. Dicha circunstancia me permitió asimismo ejercer la actividad docente como ponente en distintos cursos y másters dirigidos a empresarios y pude constatar su preocupación y su constante interés por estar cada día más formados e informados. En la actualidad me dedico sobre todo al asesoramiento laboral de empresas.

Necesidad de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Tras mi paso por el Ministerio de Sanidad, mientras colaboraba con diversas entidades y organizaciones empresariales, asistí a la gestación y nacimiento, entre otras, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Una vez examinados los numerosos anteproyectos presentados, se optó por adaptar la legislación alemana, con un período de carencia de cinco años, para facilitar nuestra progresiva adaptación a las normativas comunitarias. El ajuste del ordenamiento español al europeo ha empujado al empresario a realizar un importante cambio de mentalidad y numerosas inversiones en todos los ámbitos laborales, desde la seguridad y la higiene a la prevención de la contaminación o la formación de los trabajadores.

Demostramos que el cambio pacífico era posible

Solo las personas partidarias del régimen que se extinguía se sentían inquietas en los inicios de la Transición. El resto observaban las transformaciones con emoción y optimismo. En España hubo siempre el temor a que cualquier cambio pudiera provocar una revolución. La historia reciente desterró ese prejuicio al demostrar que era posible pasar de una dictadura a una democracia de forma pacífica y continuada.

La Ley de Reforma Política fue todo un acierto

Nuestra Carta Magna creó un marco jurídico abierto en el que cabía una parte del antiguo sistema y a la vez se requería el cambio. La Constitución preveía su propio desarrollo y, a la hora de crear leyes, los diputados y senadores, con afán y serenidad, hicieron posible la permanencia de antiguas normas junto a la apertura. En este sentido, la aprobación de la Ley para la Reforma Política fue todo un acierto y una pirueta jurídica que permitió la derogación de las ocho leyes fundamentales del Estado franquista. Con ello, fueron dictándose normas y modificaciones importantes en todos los ámbitos del Derecho. Posteriormente, acontecimientos como el ingreso en la Unión Europea, la firma del Acta Única Europea y el Tratado de Maastricht obligaron a adaptar gradualmente nuestras normas al nuevo marco legislativo común.

Entrar en la Comunidad Europea significaba entrar en la modernidad

Durante los primeros gobiernos democráticos se percibía un anhelo político y sobre todo social por incorporarnos a la Unión Europea, ya que la entrada en este organismo significaba iniciar el camino de la modernidad y el desarrollo. Por tanto, se hacía necesaria una rápida homologación con el mundo económico y político europeo. Antes, nuestro ingreso lo había frenado la dictadura. Después, las trabas llegaron por la exigencia de unos indicadores mínimos en materia de desarrollo económico. Por fin, el 1 de enero de 1986, el sueño de la integración en Europa se hizo realidad.

Formación jurídica y conocimientos históricos de los siete redactores de la Constitución

La Carta Magna fue posible gracias a la generosidad de todas las fuerzas políticas y al buen hacer de los siete diputados que la redactaron. Los ponentes del texto de 1978 eran personas de gran formación jurídica y muy versados en la historia contemporánea española. Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Miguel Roca Junyent, Manuel Fraga Iribarne, Gregorio Peces-Barba, Jordi Solé Tura; todos aportaron sus conocimientos legislativos europeos y americanos, recogiendo principios indiscutibles para la mayoría de los ciudadanos. Sabían que el siglo XIX, apasionante para cualquier estudioso de la historia, era desde el punto de vista político una época convulsa en la que tuvieron lugar diversos golpes de estado y se sucedieron numerosas constituciones. Hubo incluso quien apuntó la posibilidad de retomar el modelo constitucional canovista, que logró la estabilidad de la España decimonónica durante largo tiempo, pero como apuntó uno de los ponentes, esta opción en pleno siglo XX era ya inviable. Lo cierto es que se aunaron esfuerzos y se logró un texto que ha permitido el desarrollo y la convivencia pacífica de los españoles durante treinta años.

Modificación de la Carta Magna, oportuna y con consenso

El hecho de que la Constitución sea tan abierta supone una gran ventaja, pues permite, ampara e impulsa el desarrollo legislativo. Nuestra norma suprema no es fruto de la victoria de unos sobre otros, sino el marco legal que regula la convivencia de todos los ciudadanos del país; por tanto, debe actualizarse cuando se requiera, con la prudencia necesaria y mediante consenso. Por nuestra profesión, los letrados sabemos que, en un momento determinado, un cambio legislativo facilita la adaptación de las nuevas circunstancias al marco legal que debe desarrollarlas.

Mayor presupuesto para atajar el retraso de la Justicia

El irregular funcionamiento del sistema judicial es, sin duda, un problema fundamental en España. Se trata de un tema complejo que debe solucionarse por la vía presupuestaria: a un juzgado se le puede dotar de mejores medios informáticos y aumentar el número de funcionarios, pero, como la decisión activa se concentra en una sola persona, en los juzgados unipersonales –que son la mayoría– sucede que es imposible descargar de trabajo al juez titular. Aunque sean en su mayoría personas con gran capacidad de trabajo, a los magistrados no se les puede exigir que dicten en un día hasta doce sentencias, como viene ocurriendo hasta ahora. Sólo mediante la creación de muchas más plazas para jueces se aliviaría su labor y se agilizarían los procesos.

Lo deseable sería que el poder judicial fuese independiente

La Justicia es representada por una mujer con los ojos vendados que porta en una mano una balanza, lo que simboliza su carácter equitativo y su actuación imparcial. Es frecuente, empero, escuchar quejas en boca de la ciudadanía acerca de la mediatización de los jueces por parte de los partidos políticos. Lo deseable sería que el poder judicial fuese absolutamente independiente del ejecutivo, y que no tuviera ningún tipo de vinculación con el poder político, pero, siendo realista, es una aspiración muy complicada. Incluso si los jueces fuesen los únicos que pudieran elegir a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial, se verían resultados parecidos a los actuales, pues no podemos obviar la existencia de un conjunto de corrientes doctrinales dentro de la judicatura, como Jueces para la Democracia o la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria. El problema de fondo reside en que, al transferir la elección de los miembros del CGPJ y del Tribunal Constitucional a los órganos legislativos, la lucha política de los grandes partidos por seleccionar a sus integrantes se hace mucho más evidente.

Más descentralización respetando la equidad entre comunidades

Desde Madrid pocos dudan que la descentralización haya generado bienestar y desarrollo en todo el país. Entre otros logros, el Estado de las Autonomías ha servido para acercar la Administración al ciudadano y éste lo ha percibido claramente. No tengo ningún temor a que se desarrollen los estatutos y a que las autonomías adquieran más poder, siempre que se haga respetando el principio de igualdad de todos los españoles.

Confianza en el futuro monárquico

El Rey ha demostrado una serie de virtudes que han calado en la conciencia de los españoles. En el interior, ha contribuido a la normalización y pacificación del país, principalmente a raíz del intento de Golpe de Estado del 23-F. En el exterior, su figura goza de una alta representatividad. Después de Juan Carlos I reinará su hijo Felipe, quien está preparado para sucederle, pues ha recibido una excelente formación. Mañana puede surgir un opúsculo extremo que diga lo contrario, pero mientras el país continúe en paz, libertad y con crecimiento económico, el futuro de la Monarquía estará asegurado.