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JOSÉ MARÍA CARBONELL BOTELLA
JOSÉ MARÍA CARBONELL BOTELLA CARBONELL ABOGADOS Valencia Licenciado en 2001. Ejerce desde 2002.
JOSÉ MARÍA CARBONELL BOTELLA CARBONELL ABOGADOS Valencia Licenciado en 2001. Ejerce desde 2002.

JOSÉ MARÍA CARBONELL BOTELLA CARBONELL ABOGADOS Valencia Licenciado en 2001. Ejerce desde 2002.

Obra:

Texto del 27/05/08,
Fotografía: Francisco Ferrer Grafia.

“Siempre he deseado crear un despacho referente que creciera de forma sostenida para ofrecer un servicio de calidad al cliente”, comenta José María Carbonell. Apoyado en el estudio, la práctica profesional y una gran ilusión, este joven letrado, especialista en Derecho urbanístico y mercantil, ha logrado fundar el bufete Carbonell Abogados. Ahora sueña con vivir en un país de políticos honrados, donde prime el respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos y la eficiencia de la Justicia.

Desde 2004 soy socio del Bufete Carbonell Abogados

Tenía 23 años cuando abrí este despacho que, dos meses después, se convertía en sociedad limitada. Llegar hasta aquí ha sido difícil: no provengo de una familia de abogados y tuve que empezar desde cero. Tras licenciarme en Derecho por la Universidad de Valencia en el año 2001, realicé diversos cursos de formación complementaria, la mayoría relacionados con mi especialidad de Derecho urbanístico y mercantil. Realicé el Practicum en el Estudio Jurídico Manuel Broseta, en el Departamento de Derecho Mercantil, y trabajé en el Despacho Miguel Clemente Clemente y Asociados, en el Departamento civil y mercantil. Actualmente, formamos un equipo compuesto por cuatro abogados y una secretaria. También contamos con la ayuda de colaboradores externos para atender asuntos puntuales. Gracias a la capacitación profesional y a las cualidades personales de mis compañeros, podemos abarcar todas las ramas del Derecho y ofrecer un buen servicio de asesoría integral dirigido, básicamente, a las empresas.

Nacido en un estado constitucional y de Derecho

Por mi edad, la única realidad que conozco es posterior a 1978. Gracias al establecimiento de la Constitución, empezaron a reconocerse en España una serie de derechos básicos que ya estaban vigentes con mucha anterioridad en numerosos países europeos: el derecho de huelga, el derecho de libertad sindical, el derecho de asociación, los derechos de los trabajadores o la autonomía de las comunidades. La mayoría de los españoles, deseosos de un futuro diferente, hicieron posible aquella época llena de buena voluntad y de consenso. Sus protagonistas fueron muy conscientes de la importancia de lo que estaban consiguiendo. Treinta años después, añoro la talla política y humana que mostraron entonces los padres de la Carta Magna.

Recuperación respetuosa de la memoria histórica

Con la vista puesta en el pasado, recientemente se han reabierto algunos debates sobre la Guerra Civil que podrían desfavorecer los logros obtenidos en la última treintena. Como ocurre en él ámbito personal o profesional, cuando se remueve el pasado empiezan a aflorar los reproches y, al final, todos los involucrados salen perdiendo. En este sentido, me disgusta el uso político que se hace en nuestros días sobre la denominada memoria histórica. Apruebo el esfuerzo totalmente lícito de los grupos humanos por entroncar con su pasado, pero creo que debería tratarse con mayor imparcialidad, privacidad y respeto.

Reforma consensuada de la Constitución

Es obvio que las leyes tienen que adaptarse a las necesidades de su tiempo. Por ello, en determinados momentos se requiere introducir reformas en la Constitución, siempre que haya consenso para ello. Actualmente, nuestra Carta Magna debería reflejar numerosas situaciones que se encuentran desatendidas. Un capítulo especialmente importante a este respecto son los derechos fundamentales. Con frecuencia, me pregunto si está en vigor el derecho a la vivienda, el derecho a la educación o si realmente los ciudadanos pueden elegir el colegio de sus hijos. Tampoco comprendo el problema que puede haber en el hecho de que una mujer pueda llegar a ser la sucesora de la Corona en la realidad social actual en la que vivimos.

Con el retraso, se pierde la efectividad de la Justicia

La Justicia es uno de los pilares básicos sobre los que pivota el sistema democrático, pero los retrasos en su funcionamiento vulneran un derecho fundamental como es el derecho a la tutela judicial efectiva. Hay clientes que fallecen sin conocer la sentencia de la demanda por la que estaban luchando. En los casos de despido laboral improcedente, la demora en la ejecución de la sentencia es un tiempo precioso que utilizan las empresas demandadas para desaparecer. Aquí se pierde la resolución motivada y la custodia de la indefensión que proclama el Tribunal Constitucional.

Preocupación por la separación de poderes

En España, la división de poderes se asemeja más a una utopía que a la doctrina basada en la ordenación y distribución de las funciones del Estado. De hecho, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial son órganos jurídicos politizados, pues cada partido designa a sus magistrados. Así, en una época determinada, observamos que los fiscales reciben la orden de perseguir prioritariamente los accidentes laborales; luego advertimos que se centran en los malos tratos. Esto no es justo, pues todos los ciudadanos son importantes y todos los problemas merecen el mismo trato, sin desmerecer la gran importancia de los mentados.

El Gobierno debería reforzar la Justicia con más personal

Si hay un ámbito significativo y a la vez olvidado en España, éste es sin duda el de Justicia. Los juzgados cuentan con profesionales que no pueden abarcar todo el trabajo. El Gobierno debería reforzar la Justicia con más personal, mejores salarios y un mayor número de juzgados, al menos el doble de los actualmente existentes. Como se viene haciendo en otros países avanzados de Europa, una forma de agilizar los procedimientos sería celebrando juicios durante todo el día, en lugar de fijarlos sólo por las mañanas. Asimismo, se avanzaría enormemente y se ahorrarían costes procesales con la plena informatización del sistema judicial.

Desconcierto ante el exceso de leyes

A menudo los letrados nos sentimos confusos ante la profusión de leyes, reglamentos y reales decretos existentes en la Justicia española. En el ejercicio de la profesión, el abogado suele recurrir a una ley específica para cada caso concreto y esto hace que finalmente sea imposible conocerlas todas con detalle. Para simplificar esta situación, sería necesario, por tanto, elaborar unas leyes básicas que comandasen al resto.

Necesidad de renovar el pluralismo político

La mayoría de la gente no analiza seriamente las propuestas de los candidatos a la hora de votar. En España, el apego por los partidos políticos se transmite de padres a hijos y con frecuencia esta afiliación se convierte en un sentimiento incondicional que justifica todas las acciones de los candidatos elegidos. El problema de fondo radica en la falta de renovación del pluralismo político. La entrada de nuevos partidos en la escena política permitiría acabar con la alternancia dual del poder y disminuiría la abstención.

Dominio de lo políticamente correcto

Antaño, los políticos se distinguían por ser buenos profesionales y personas cultas, que amaban su actividad y que hablaban con convencimiento, sin importarles si su discurso era o no era políticamente correcto. En nuestros días, con la puesta en práctica del susodicho término, es comprensible que la gente no se identifique con los debates políticos que continuamente se generan. El ciudadano común desea escuchar mensajes que hablen de sus problemas reales, como son la sanidad, la educación o la vivienda. Ansiamos políticos con los que no pasemos vergüenza, que consoliden la idea de nación, que nos respeten, políticos que sean conscientes de que tienen entre sus manos la oportunidad única de tomar decisiones de trascendencia y formar parte de la historia.

En la cercanía se conocen las necesidades del ciudadano

La transferencia de poderes desde el Gobierno central hacia las autoridades autonómicas permite mayor atención al ciudadano y de una forma más cercana, rápida y transparente. Por este motivo, las comunidades autónomas deberían obtener el mayor número posible de competencias, es decir, competencias plenas enmarcadas dentro de la unión estatal y regidas por unos criterios comunes e igualitarios de base.

Normas básicas que palíen desigualdades entre comunidades

En la Constitución se proclama la igualdad de todos los españoles, pero a veces esta máxima no se aplica al Estado de las Autonomías. Me pregunto por qué unas empresas tienen más privilegios en unas comunidades que en otras. Por fortuna, en Valencia hace tiempo que se ha suprimido el impuesto de Sucesiones y Donaciones, un gravamen que nos discriminaba respecto a otras comunidades que estaban libres de estas cargas. Para paliar estas desigualdades es preciso establecer normas básicas que permitan a cada comunidad autónoma desplegar su política libremente y en beneficio de sus habitantes, con unos límites estatales.

Soy defensor de la Monarquía

Personalmente, me gusta que en España exista la Monarquía, no sólo porque es el sistema de Gobierno con el que he vivido desde que nací, sino porque creo que es el más adecuado a la situación social actual.

Un Jefe de Estado debe actuar con contención

A fecha de hoy, el Rey no tiene ningún poder de decisión y realiza una labor representativa. El Monarca refleja, mejor o peor, la imagen de España. Soy consciente de que hay situaciones extremas en las que es difícil contenerse, como en el incidente protagonizado por don Juan Carlos y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuyas persistentes y desafortunadas interrupciones colmaron la paciencia del Monarca, pero es precisamente en estas situaciones donde debe aflorar la elegancia del Jefe de Estado, aunque personalmente me gustó su reacción.