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JUAN CARLOS CABADA ÁLVAREZ
JUAN CARLOS CABADA ÁLVAREZ GABINETE JURÍDICO DEL ATLÁNTICO Pontevedra Licenciado en 1991 – Ejerce desde 1992
JUAN CARLOS CABADA ÁLVAREZ GABINETE JURÍDICO DEL ATLÁNTICO Pontevedra Licenciado en 1991 – Ejerce desde 1992

JUAN CARLOS CABADA ÁLVAREZ GABINETE JURÍDICO DEL ATLÁNTICO Pontevedra Licenciado en 1991 – Ejerce desde 1992

Obra:

Texto del 09/12/08,
Fotografía: Anxo Cabada Álvarez.

Amante de las tradiciones de su tierra, Juan Carlos Cabada lamenta que algunos mandatarios utilicen la lengua gallega como arma política. Contempla hoy la Constitución como la obra inacabada de una democracia joven; una norma que, con más virtudes que defectos, ha sido capaz de aunar voluntades opuestas y desterrar enfrentamientos a fin de construir un proyecto democrático común. Cree que su evolución depende de la racionalidad, el sentido común y la honradez de los políticos.

Orgulloso de ser aloitador en la Rapa das Bestas de Sabucedo

Nací en Pontevedra y siempre escuché hablar gallego en casa. Cursé Derecho en la Universidad Complutense de Madrid entre 1986 y 1991. Soy abogado en ejercicio, adscrito al Ilustre Colegio de Abogados de Pontevedra y especializado en Derecho urbanístico, civil y penal. Colaboro con diversas entidades, entre ellas la Asociación Española de Abogados de Responsabilidad Civil, la Asociación Juan XXIII de ayuda a disminuidos de Pontevedra y la Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo. En esta última participo como aloitador –luchador–. Es una remota tradición, reflejo del carácter sufrido de los gallegos, consistente en bajar del monte los caballos salvajes y llevarlos al pueblo para ser abordados a fin de tumbarlos y cortarles las crines. En 2007, la UNESCO la declaró fiesta de Interés Turístico Internacional.

Una Constitución con la que pudimos afrontar el futuro

Por los recuerdos de mi infancia y las lecturas posteriores considero que la etapa previa a la aprobación de la Carta Magna representó un momento plagado de experiencias positivas en el que los españoles lucharon por olvidar las tristes rencillas del pasado. Se planteó un gran proyecto de futuro, capaz de agrupar las inquietudes de todos los españoles para que la sociedad avanzara con la mayor armonía posible. Con esta ilusión aprendimos a superar las antiguas diferencias y a hacer frente a quienes, anclados en el pasado, vaticinaban la ingobernabilidad de España. Finalmente, venciendo numerosas dificultades, se consiguió el mínimo común denominador representado por una Constitución inacabada, cuyas virtudes superan sus defectos, con la que pudimos afrontar el futuro con garantías de estabilidad.

Acerca de la representación territorial del Senado

Es evidente que el debate autonómico se desarrolló inadecuadamente. Treinta años atrás no había posibilidad de prever qué camino iban a tomar las diferentes comunidades. Por ello el Senado, en cuanto a la estructuración del Estado, es un anacronismo carente de toda lógica, puesto que continúa siendo un organismo que no participa de la territorialidad reconocida por la Constitución y por los diferentes estatutos. De ahí que ahora se hable de reformar la Carta Magna a fin de hacer del Senado una Cámara de representación territorial verdadera, apuntando a la posibilidad de eliminar las circunscripciones provinciales y de atribuir a los órganos de las comunidades autónomas la elección de todos los senadores. Está claro que la identidad territorial existente debe ser reconocida en el Senado, pero desconfío del ejercicio de racionalidad política necesario para llevar esto a cabo.

España está compuesta por una pluralidad de culturas que no deben ser excluyentes

Todavía vivimos en una democracia joven y nuestros políticos continúan arrastrando prejuicios maximalistas derivados del antiguo régimen. No siguen la lógica que impone la razón, sino la que les impulsa a conservar y perpetuar su cuota de poder. Así, es frecuente ver cómo algunos presidentes de comunidades autónomas ofrecen una determinada imagen hacia sus votantes y otra distinta hacia el Gobierno central. Estamos inmersos en una carrera en la que las autonomías quieren avanzar y aún no se conoce el límite de sus reclamaciones. Es preciso comprender que España está compuesta por una pluralidad de culturas que de ningún modo deben ser excluyentes. Respetando y fomentando la propia cultura y la de los demás mejoraremos; el gallego es más valioso dentro de España que siendo independiente.

Uso político de la lengua

Nadie duda que deba haber un respeto por la lengua de nuestros antepasados, por nuestras formas de expresión, hábitos, cultura y forma de entender la vida. Pero, desgraciadamente, algunos políticos utilizan el tema lingüístico como un arma arrojadiza que incluso está llegando a los centros escolares. Esto ocurre en Galicia, donde existe una gran presión para obligar a los colegios para que la mitad de las materias se impartan exclusivamente en gallego, propósito que está creando un gran conflicto para con nuestros hijos. El hecho de querer inculcar el gallego, obligándoles a estudiar en este idioma asignaturas como matemáticas, sociales o naturaleza, no responde a las necesidades propias de los alumnos. Otra cosa distinta sería que las asignaturas de literatura o de conocimiento de la naturaleza autóctona fueran obligatoriamente en gallego. A los padres nos parece preocupante la presión por parte de las instituciones políticas para imponer el gallego como asignatura excluyente del castellano y no como complementaria. Incurren en un grave error si piensan que el castellano está garantizado por ser la lengua que se habla habitualmente en el entorno familiar. Con esta idea caminamos hacia una tremenda incultura del castellano, ya que la enseñanza que recibe un niño en el ámbito familiar carece de la estructuración y diversidad que imprime la educación proveniente del medio académico. De no corregirse estos desajustes, la expresión en castellano de nuestros jóvenes se encamina hacia una ordinariez intelectual preocupante, ceñida a monosílabos y frases hechas.

Legislación tardía y deficiente

Siempre se ha dicho que la sociedad es más flexible y avanza más rápidamente que las instituciones, en esencia más rígidas e inmovilistas. En los últimos años este desequilibrio ha ido acrecentándose considerablemente; el legislador, en vez de resolver los desajustes de manera racional, se ha dedicado a promulgar decretos carentes de meditación, que llegan tarde y a los pocos meses de su entrada en vigor deben ser modificadas a causa de los grandes defectos que suelen presentar. Padecemos, por ejemplo, el problema de la inmigración, con una legislación que se modifica cada dos años y que no es capaz de atemperarlo. También tenemos el caso de la Ley de Dependencia, creada como una panacea para quienes tienen que cuidar de sus familiares y que continúa sin dar respuesta satisfactoria; o el déficit en la asistencia sanitaria, donde siguen aumentado las listas de espera, por no mentar el tema de la educación, con un alumnado incapaz de alcanzar el nivel mínimo de conocimiento de Europa por falta de medios.

Cualquier plan general de ordenación urbana municipal está sometido a múltiples presiones

Se producen entre las autonomías enormes diferencias legislativas en el ámbito del urbanismo: cada ayuntamiento, comarca, provincia y comunidad autónoma tienen su propia reglamentación. Esta proliferación de administraciones encargadas de gestionar un mismo asunto ocasiona una burocracia inmensa a causa de una desconfianza en cadena. Asimismo, las continuas variaciones que se producen en el sector urbanístico motivan una gran incertidumbre en la sociedad. En Galicia se promulgó una ley que prohibía edificar a menos de 500 metros de la costa. Esta medida carece de sentido, puesto que el 80% de la población gallega vive a menos de 300 metros de ella. Esto ocurre porque, como es sabido, cualquier plan general de ordenación urbana municipal está sometido a múltiples presiones que enriquecen a unos y empobrecen irremisiblemente a otros. En Galicia hay ayuntamientos que no han procedido ha aprobar sus planes generales de ordenación urbanística, porque los miembros de la corporación saben que en el momento que los ratifiquen no serán elegidos en las siguientes elecciones.

“Juzgar a los demás es la profesión humana más cercana a lo divino”

El ejercicio de la abogacía y de la judicatura merece ser respetado, pues, como decía Aristóteles, la justicia es la virtud más alta y el hecho de juzgar a los demás es la pasión humana más cercana a lo divino. Para aproximarnos al grado de virtud propuesto por el filósofo, los elegidos para formar el Consejo General del Poder Judicial no deberían ser cautivos políticos de aquellos que los proponen. Tampoco debería serlo el Tribunal Constitucional, la otra alta esfera judicial en la que también existe una manipulación de intereses considerable. Hay que decir, empero, que parece que el Consejo General del Poder Judicial ha dado un giro favorable y últimamente se ha encaminado a la elección de juristas con una solidez intelectual indudable, que es de esperar desarrollen su labor con honradez e independencia para hacer olvidar pretéritas pleitesías.

Inmadurez de la sociedad para virar hacia una república

Haciendo balance, vemos que la monarquía ha sido una institución positiva durante la Transición y en la consolidación del Estado de Derecho. Aunque su función sea meramente representativa, la labor del Rey como agente de cohesión social y embajador es útil y ventajosa. Igual que conservamos las catedrales, la monarquía es una tradición y hay que apreciarla como tal. Además, que el presidente del Gobierno tenga que jurar el cargo ante el Rey, ni resta mérito al primero ni se lo suma al segundo, sino que imprime el toque de teatralidad preciso en un acto oficial. Asimismo, dado el carácter pasional y visceral de los españoles, nuestra sociedad aún no está madura para que se introduzca una modificación constitucional encaminada a la instauración de la república.