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JUAN CORCHERO CRUZ
JUAN CORCHERO CRUZ Arrecife de Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria Licenciado en 1987 – Doctorado en 2002 – Ejerce desde 1987
JUAN CORCHERO CRUZ Arrecife de Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria Licenciado en 1987 – Doctorado en 2002 – Ejerce desde 1987

JUAN CORCHERO CRUZ Arrecife de Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria Licenciado en 1987 – Doctorado en 2002 – Ejerce desde 1987

Obra:

Texto del 28-07-2008,
Fotografía: ISLACOLOR.

La elocuencia y vigor de sus palabras muestran a un luchador fiel a unas ideas y a un modelo de sociedad donde los valores morales posean un papel preponderante. Dispone de la biblioteca privada más grande de España y ha desarrollado una intensa trayectoria profesional en la tierra donde ha ejercido como experto agrícola y ahora como abogado. Detractor la descentralización del Estado y de la Justicia, añora la férrea estructuración de la Administración de épocas pretéritas.

Vocación tardía por el Derecho

Mi vocación por la abogacía es más bien tardía, aunque llevo 20 años en la profesión. Antes de ejercer desarrollé una dilatada carrera como técnico agrícola en las islas de La Gomera, La Palma, Tenerife-Sur, Extremadura (Comarca Montánchez) y jefe insular del Servicio de Extensión Agraria en Lanzarote. Después de esta etapa decidí apostar por un mundo que me apasionaba, el del Derecho, donde he trabajado intensamente a lo largo de las últimas décadas. Una de mis pasiones es la lectura, y en mi biblioteca he reunido alrededor de 20.000 volúmenes entre libros y manuscritos. Soy una persona muy tradicionalista y familiar; tengo un hijo y una hija, ambos nacidos en la isla Conejera, de los que me siento muy orgulloso.

Los políticos españoles se unieron para consensuar un proyecto democrático

Los años de Transición fueron esperanzadores. El pueblo español tenía ilusión por el futuro y el cambio. Entre los políticos de entonces había una gran rivalidad; sin embargo, se les debe agradecer el gran esfuerzo que hicieron al dejarla de lado y, sobre todo, al olvidar la tragedia humana que había vivido España durante la guerra. Supieron ponerse de acuerdo en un proyecto común por el bien del país y dejar el pasado atrás, mirando al futuro.[SUPRIMIDO]

Con la democracia acabó la tecnocracia en la Administración

En época franquista trabajé como técnico experto en agricultura. Me había formado como perito e ingeniero técnico agrícola pero también conocía la profesión agrícola de primera mano, porque fui agricultor hasta los 18 años y medio en la tierra que me viera nacer: Carmonita (Extremadura). Eran los años de la Tecnocracia. La Administración era admirable y funcionaba muy bien, algo que se perdió con la entrada en vigor de la democracia. Desde entonces, siento decir que casi no he tenido ningún superior agrícola que supiera qué era la agricultura.

Durante el tardofranquismo se constituyó un auténtico Estado de Derecho

En realidad, los pueblos están constituidos siempre, aunque carezcan de Carta Magna. Existen muchas formas de gobernar; la Iglesia, por ejemplo, no posee Constitución. Hay que tener en cuenta que los países se pueden administrar aun sin sistema democrático. Por ello, durante los últimos años del franquismo gozamos de un Estado de Derecho auténtico, para mí incluso más real que el presente, demasiado sometido a la arbitrariedad y la demagogia de nuestra actual clase política. Por desgracia, toda democracia siempre conlleva el peligro de una imposición de las preferencias de la mayoría, no importa cuán erróneas o inadecuadas sean éstas para el país. Me temo que, en la España actual, estamos viviendo esta situación.

La Administración ha de ser objetiva e imparcial

El acercamiento de la Administración al administrado, recogido en el título octavo de la Constitución de 1978, ha terminado por convertirse en un perjuicio para el ciudadano, ya que, al personalizar y aproximar la Administración, ésta se ha hecho tan cercana que ha perdido sus dos cualidades definitorias: objetividad e imparcialidad. Creo que el título octavo ha herido mucho al regionalismo español y ha dividido enormemente la sociedad; además, algunos políticos lo utilizan en un afán de poder que no se detiene ni ante el bien común ni ante la unidad del Estado.

Progresos y retrasos que ha implicado la democracia

En algunos aspectos, la sociedad española ha mejorado bastante en las últimas tres décadas: ha habido un gran progreso tecnológico, para poder vivir más y mejor, y las nuevas generaciones están muy bien preparadas. Sin embargo, hemos empeorado nuestra situación en otros sentidos. Por poner un ejemplo, el régimen anterior acabó sin deuda alguna y sus instituciones se gestionaban eficientemente. Al mismo tiempo, la familia española tenía autonomía propia, incluso conseguía ahorrar, y eso que sólo trabajaba uno de los dos miembros de la pareja. El espectacular desarrollo que hemos vivido es en cierta medida ilusorio, pues la pereza, el paro y el liberticidio han endeudado nuestras instituciones públicas, hipotecado nuestros hogares y malherido nuestro patrimonio moral, ético y religioso.

Hay demasiados intereses regionales en los partidos nacionales

El encomiable aumento del aprecio de cada ciudadano hacia su región es por desgracia inversamente proporcional a la valoración de España en su conjunto. El principio de solidaridad, recogido por la Constitución, intenta evitar que cada comunidad se interese sólo por aquellos asuntos que le conciernen en exclusiva, en detrimento de las necesidades de otras zonas. A menudo, no obstante, no se cumple: hay demasiados intereses regionales en los partidos nacionales.

Sería un error descentralizar el poder judicial

Se habla de transferir el poder judicial central a las comunidades autónomas, una opción que me parece inadecuada porque, en el momento en que se descentralice tal poder, sumirá la Administración de Justicia en el caos, con lo que ello supone de pernicioso para la salud y la estabilidad de la democracia.

Frenar los privilegios de las administraciones locales

Tampoco considero adecuado que se otorguen mayores poderes y competencias a los municipios, como sucede, por ejemplo, en materia de urbanismo. Si el suelo, con el elevado valor que tiene, queda en manos de los alcaldes, ello propiciará un aumento de los casos de corrupción.

Una legislación medioambiental sobredimensionada

La legislación medioambiental y de ordenación del territorio tiene un objetivo muy loable, que es velar por las aguas, el aire y el suelo de nuestro entorno, pero la clase política ha convertido la protección natural en un despropósito, se diría que no es más que un medio para expropiar suelo rústico sin indemnización alguna y así poder recalificarlo posteriormente como suelo urbano; por ejemplo, en Lanzarote y en Canarias, podemos hablar del 65% del territorio protegido. Es absurdo salvaguardar tanto espacio: lo que debería estar bajo protección son unas zonas muy concretas, los parques nacionales ya regulados.

Especulación del suelo y corrupción en las zonas turísticas

Los hijos de agricultores no pueden hacer movimientos de tierra en sus propiedades; los agricultores, auténticos jardineros del entorno agreste y los propietarios rústicos se han convertido en víctimas potenciales de la legislación urbanística, medioambiental y penal. Las leyes vigentes son muy estrictas y apremiantes con el mundo rural. Hoy la agricultura se halla en estado de abandono. Muchos terrenos se venden a cualquier precio, otros se expropian y recalifican… Todo ello forma parte de un gran entramado de corrupción que padecemos en la Administración municipal de las zonas turísticas.

Hoy carecemos de legisladores adecuadamente preparados para ejercer su labor

Me parece que, actualmente, no hay en España legisladores preparados para ejercer su labor con rigor, ética y seriedad. Con la democracia fue necesario crear un nuevo ordenamiento jurídico, lo cual era lógico porque se partía de una nueva realidad. Sin embargo, se ha legislado en exceso, de forma superficial, sometidos al imperio de la prensa y del día a día y sin previsión de futuro, obviando las nociones de historia, antropología y biología del ser humano que debería de tener todo buen legislador. El ciudadano ha quedado encorsetado, preso dentro de un intervencionismo que constriñe los derechos fundamentales de las personas.

Me abochorna la Ley de la Memoria Histórica

La Ley de la Memoria Histórica me parece un deplorable error, pues recuerda el sangriento pasado de España pero olvida que la Guerra Civil costó miles de muertos, causados porque gran parte de los españoles no estaban de acuerdo con la II República y la ideología que implicaba.

No creo en un total laicismo del Estado

Disiento del afán de algunos políticos por obviar los orígenes cristianos de España. Como cualquier otra religión monoteísta, el catolicismo, más que salvar el alma, lo que vela es por la salud del cuerpo. Y lo hace a través de unos valores que fomentan la convivencia pacífica, tales como la solidaridad, el altruismo y el respeto, perfectamente aplicables a la vida civil. Si no hay trascendencia ni espiritualidad, estamos condenando a las nuevas generaciones a un materialismo feroz, que propicia una sociedad profundamente egoísta y autocomplaciente. Las instituciones sociales (como la Educación, la Justicia…) convierten a los seres humano en personas, unos entes superiores a los animales. Y la Iglesia es una de las más fundamentales de dichas instituciones.

El Rey es una concepción patriótica

El Rey es imagen del Estado y de la patria en general, expresa un hilo histórico. Sobre la monarquía recae, por tanto, el deber histórico de prepararse y formar a sus descendientes en el correcto ejercicio de sus funciones de Estado. El Rey no tiene por qué ser un gran erudito o experto, dado que es una representación histórica, una concepción patriótica que posee un papel determinado y que debe seguir así. Por otra parte, cuesta precisar si su continuidad está asegurada porque en España muchos ciudadanos son partidarios de la república: sólo el tiempo lo dirá.