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JUAN FRANCISCO GARCÍA CUESTA
JUAN FRANCISCO GARCÍA CUESTA GARCÍA & RODRÍGUEZ Paterna, Valencia Licenciado en 1989. Ejerce desde 1989.

Obra:

Texto del 28/05/2008
Fotografía cedida por Juan Francisco García

En tono pausado y reflexivo, Juan Francisco García Cuesta afirma que el Derecho evoluciona día a día y que toda especialidad no constituye sino un proceso de adaptación. Como abogado multidisciplinar en las distintas ramas jurídicas y experto en el ámbito empresarial y laboral, se muestra partidario de alentar un espíritu constructivo en todos los terrenos. Define la labor de los abogados como la de “médicos de la sociedad”.

Larga andadura profesional

Inicié mi carrera profesional en el mundo de la empresa a los 17 años. Trabajé como responsable de planificación para una multinacional y nunca he dejado de alimentar una suerte de interés polifacético tanto en el mundo empresarial como en el jurídico. En 1990 me instalé definitivamente en Paterna, población enclavada en una de las áreas industriales más importantes del sur de Europa y que posee todos los alicientes que un abogado de vocación puede desear. Mi despacho es familiar, constituido por mi mujer, Mª Dolores Rodríguez Ruiz, y por mí, y nos distribuimos las distintas especialidades del Derecho, sin perjuicio de la colaboración con otros despachos. Ello no obsta para que ambos seamos reconocidos profesionalmente en todos los ámbitos de la abogacía. Contamos con numerosos clientes, encontrando desde la gran empresa hasta la persona más humilde. Nuestro despacho, a la postre, y desde un trato siempre personalizado, trata de resolver problemas, de tranquilizar al cliente realizando una labor que bien podría equipararse a la del desaparecido médico de cabecera.

La Transición: un período fundamental para nuestra historia

Pertenezco a una generación inmediatamente posterior a la etapa de la Transición. Carezco por tanto de una opinión de primera mano sobre aquel período tan relevante. No obstante, es innegable que constituyó un momento apasionante en la historia de este país y que produjo un impacto cuyos efectos se siguen sintiendo. Retrospectivamente, y en cuanto al Derecho se refiere, se luchó y trabajó mucho y de forma decisiva para conseguir establecer las libertades de nuestra actual democracia. Fue una época fructífera y necesaria que, por desgracia, ha dejado paso a otra, la de nuestros días, marcada por una cierta dejadez a nivel jurídico.

Contacto directo con el ciudadano de a pie

Gracias a nuestra independencia y dedicación al trabajo, los abogados ejercemos de médicos de la sociedad; hace 20 años, fuimos auténticos pedagogos del mundo empresarial. Lo ideal es conjugar ambos mundos: el del trabajador más humilde y el de las empresas más grandes. He pasado muchas horas a la puerta de los juzgados tratando de resolver los problemas de mis clientes. En las últimas elecciones contaron conmigo para un sondeo de opinión de candidatos, al considerar que me hallaba al margen de intereses políticos y que mi trato con la realidad exterior me permitía conocer en profundidad la opinión de la calle.

Juzgados desorganizados que colapsan el sistema

Uno advierte que la organización judicial, en la actualidad, se asimila a una gran empresa cuya desorganización la coloca al borde de una quiebra. Los políticos no parecen tener presente que la Justicia depende en gran medida de los impuestos de los españoles y del buen funcionamiento interno de la propia institución. Pasar horas muertas en los juzgados no contribuye a facilitar las cosas, produce agotamiento psicológico en funcionarios, jueces y abogados, así como también, muy especialmente, en el ciudadano que se encuentra inmerso en un proceso, y ello sin contar las horas de trabajo que se pierde en la industria. Por todo ello estoy convencido de que cualquier inversión hecha para agilizar la Justicia se recupera con creces.

Demanda de reformas importantes en la Justicia

La época inmediatamente posterior a la Transición se caracterizó por la agilidad y la eficacia en la actuación judicial. Una serie de circunstancias permitieron tal coyuntura: había jueces de talante conciliador, especialistas muy concienciados en su labor, a lo que se sumaba una tendencia a resolver los conflictos del modo más rápido, consensuado y eficiente posible. Actualmente todo esto ha cambiado. La masificación y su consecuente desorganización propician que, en un sistema de Justicia justo como es el nuestro –valga la redundancia–, se cometan muchas injusticias.

Experiencia práctica como guía de trabajo

Para empezar a poner orden a nivel judicial convendría recabar la opinión de aquellos abogados que conocen la problemática en su origen, a quienes yo definiría como a “profesionales que rompen sus zapatos, pisando los pasillos y las salas de los juzgados”, que conocen los problemas desde un plano práctico y no sólo teórico y que, por tanto, tienen mucho que aportar al respecto. La experiencia de quienes han trabajado día a día la realidad judicial de este país es valiosísima.

Particularidades del cuarto turno

En 1991 ya poseía currículum suficiente para acceder a la convocatoria de magistrado del orden social por vía del cuarto turno, o lo que es igual, a la carrera judicial en tanto que jurista de prestigio relevante. Fui seleccionado para realizar la entrevista preceptiva en el Tribunal Supremo. Debido a una acumulación excesiva de trabajo no pude comparecer finalmente. Si uno trabaja con una clientela bien establecida y necesitada de apoyo, no es fácil abandonarla para dirigir los pasos en otra dirección. En todo caso, en el cuarto turno se suele dar preferencia de puntuación a aquellos profesionales que provienen directamente del mundo teórico. Creo, empero, que la experiencia práctica es el complemento imprescindible para realizar una buena labor en el sistema Judicial.

Hacia el establecimiento riguroso de la división de poderes

Siempre es una gran garantía para un país que los poderes públicos operen por separado del modo más independiente posible. Lamentablemente, en la actualidad los tres poderes de nuestro Estado de Derecho se han llegado a confundir. Ello se ha producido, no tanto por una ingerencia política específica, sino a causa de una influencia indirecta pero patente. En la práctica, el poder judicial casi actúa como una parte del poder ejecutivo. Como prueba, tenemos los procedimientos administrativos contra la propia Administración; en las primeras instancias suelen denegarse las demandas por sistema, con resoluciones estándar que no poseen fundamento real. Los recursos, pues, se han convertido en un arma de dilación para la Administración. Esto se traduce en un gasto excesivo para el ciudadano.

Por un Estado Económico de Derecho

Que el poder judicial se encuentre mezclado con intereses políticos impide que nadie se atreva a afrontar los problemas desde dentro. Tampoco ayuda el exceso de trabajo que padecemos. Pero lo más importante es que no se está llevando a cabo una política constructiva, esto es, que no se intentan mejorar los logros de los gobiernos anteriores, sino que se arremete contra todo lo hecho previamente por el oponente. Personalmente creo en un Estado Económico de Derecho, que garantice un buen nivel de bienestar al pueblo, con independencia de la ideología. Y más importante aun: que los sucesores lo incrementen, o al menos que garanticen su mantenimiento.

Se echa de menos una jerarquía que estructure los procesos legislativos

Desde un punto de vista profesional, es innegable que nos hallamos inmersos en un caos legislativo. Se legisla poniendo parches a las situaciones del día a día, pero de una forma totalmente desorganizada, destrozando la codificación de las leyes que heredamos de nuestros antepasados. Esto nos obliga a revisar el BOE cada mañana. Antes, con el Código Civil en la mano, la situación era menos confusa. Se echa de menos una jerarquía que estructure el proceso. El resultado es un serio trastorno para nosotros los abogados y para el mundo judicial, lo que afecta directamente al ciudadano.

Recuperar en la ciudadanía los valores cívicos

La Administración de Justicia también padece retrasos a causa de muchas denuncias falsas. Una de las claves básicas para impedir el brote de este tipo de práctica deplorable que se produce a menudo es la correcta educación del ciudadano. El respeto a los mayores, como fuente de aprendizaje, y a las instituciones, como garantes del orden, está desprestigiado entre los jóvenes, en quienes tampoco se fomenta la ambición sana y el ímpetu que poseía la juventud de la Transición. La gran asignatura pendiente en nuestro país sigue siendo educar a la ciudadanía en unos valores humanos, sociales y cívicos que estén en consonancia con las circunstancias contemporáneas.

Organización piramidal como estructuración autonómica

La descentralización del Estado, evidentemente, ha incentivado la economía de cada zona. El Estado de las Autonomías debe configurarse con una estructura piramidal: cada ciudadano –libre de una voluntad de segregación– confluye en su autonomía en un punto en común, democrático y de unidad, que a su vez ha de confluir en el vértice de la pirámide, especialmente unitario y general en la regulación de la protección de los derechos del ciudadano, con independencia de la Autonomía a la que éste pertenezca.

Monarquía, agente mediador en los asuntos de la nación

La Monarquía se ha revelado como un positivo agente amortiguador de discrepancias en la esfera política, tanto en lo concerniente a la política interior –recordemos el intento de Golpe de Estado–, como en lo tocante a las relaciones internacionales y al establecimiento de vínculos comerciales y culturales con otros países. Hoy por hoy, es un elemento esencial en nuestro país, que en gran medida estabiliza el bienestar social.