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JUAN PEDRO ARRAIZA RODRÍGUEZ-MONTE
JUAN PEDRO ARRAIZA RODRÍGUEZ-MONTE ARRAIZA ABOGADOS Pamplona-Iruña Licenciado en 1968 – Ejerce desde 1974
JUAN PEDRO ARRAIZA RODRÍGUEZ-MONTE ARRAIZA ABOGADOS Pamplona-Iruña Licenciado en 1968 – Ejerce desde 1974

JUAN PEDRO ARRAIZA RODRÍGUEZ-MONTE ARRAIZA ABOGADOS Pamplona-Iruña Licenciado en 1968 – Ejerce desde 1974

Obra:

Texto del 22/12/2008,
Fotografía cedida por Juan Pedro Arraiza.

Baste con pensar cómo España está cayendo en una excesiva partitocracia, con sus instituciones al servicio de los partidos y no éstos al servicio de aquéllas, para, según Juan Pedro Arraiza, preocuparse del retraso que sufre el país en llegar a acuerdos con el fin de modificar la Constitución antes de que precise cambios más profundos. La delimitación geográfica del mapa autonómico sería uno de los puntos urgentes a tratar. Por otro lado, piensa que don Felipe está preparado para asumir la sucesión a la Corona.

Un despacho familiar y multidisciplinar

Como licenciado en Dirección Empresarial (ICADE), ejercí durante varios años trabajos de Dirección de Empresa y, a partir del año 1974, me dediqué en exclusividad al ejercicio profesional de la abogacía. En 1977 constituí con mis hijos Eugenio, Mª de la Paloma y Juan Pedro Arraiza Salgado, abogados todos ellos, un despacho colectivo dedicado preferentemente al Derecho civil, mercantil, de familia, administrativo y de urbanismo.

Grandes cambios en el mundo de la empresa en los últimos años

El mundo de la empresa ha cambiado muchísimo en los últimos años. Algunos hemos tenido la oportunidad de vivir de cerca la transformación radical que se ha producido: industrias de tipo familiar más o menos grandes han sido absorbidas por multinacionales donde estructura y concepto empresariales son completamente distintos. Los consejos de administración, por su parte, se están nutriendo cada vez más de gente muy capaz técnicamente, de acuerdo con las innovaciones que los tiempos presentes imponen.

Hemos transmitido una imagen dulcificada de la Transición

Quienes salimos de una dictadura para entrar de golpe en un espacio social de libertades individuales y derechos fundamentales garantizados hemos transmitido a nuestros hijos una imagen de aquellos duros y complicados años quizá demasiado dulcificada. Ello se debe posiblemente al deseo de nuestra generación de proporcionarles un bienestar del que inicialmente carecimos y que tanto esfuerzo nos costó alcanzar, al mismo tiempo que alejarlos de un cierto proletarismo acomplejado por el sistema autoritario que sufrimos. La ideología de derechas tenía miedo de asumir su condición de derechas, y la de izquierdas parecía querer desprenderse del excesivo peso del marxismo. Por fortuna, ya es muy poca la herencia restante de la dictadura que pervive en España, y además se halla cada vez más lejos.

Un grupo minoritario de oposición al franquismo: los “procuradores trashumantes”

En las postrimerías del franquismo se produjo un tímido intento de reforma del régimen con la aparición de un grupo minoritario de procuradores del tercio familiar que se constituyeron en una auténtica oposición a las Cortes de Franco. A estos opositores se les denominó “procuradores trashumantes”, pues se iban reuniendo en distintas ciudades españolas para coordinar su acción de oposición parlamentaria a la dictadura, la cual, sin embargo, acabó controlando, y por tanto anulando, dichas reuniones. Ello es síntoma de que el Gobierno de Franco nunca estuvo al alcance del pueblo, aunque permitiese a muchas familias vivir en una cierta seguridad económica. Los que nos encontrábamos inmersos en ámbitos aperturistas, como lo fueron las universidades, teníamos clara conciencia de la realidad y éramos perseguidos ante cualquier manifestación pública en la que participábamos. Nada cuesta concluir, pues, que no existió realmente un Estado de Derecho durante el tardofranquismo.

Cada día se hace más necesaria la reforma de la Constitución

Haber creado la Carta Magna ya es un mérito extraordinario. Sin embargo, se contó con dos fuerzas impulsoras notables: el miedo al involucionismo que la sociedad sentía y el ansia de libertad generalizada que propició que intereses particulares e ideologías recalcitrantes se echaran a un lado para hacer sitio al consenso. El texto constitucional ha realizado una gran labor durante estos 30 años, no en balde es la norma fundamental que más ha perdurado en España; pero cada día se hace más necesaria su reforma. Si pensamos hasta qué grado estamos cayendo en una excesiva partitocracia, con las instituciones al servicio de los partidos y no éstos, como debiera ser, al servicio de aquéllas, resulta cuando menos preocupante ver que esa dinámica está dificultando cada vez más la posibilidad de alcanzar consensos necesarios y retrasando la modificación de la Constitución antes de que precise cambios más profundos.

Modificar la Ley Sálica, el Senado y adecuarnos a los compromisos con la Unión Europea

En relación a la reforma de la Constitución con el fin de modificar la Ley Sálica, el Senado y adecuarnos a los compromisos con la Unión Europea, creo que existe un consenso general de todas las fuerzas políticas. Otra cuestión es el Tribunal Constitucional. Una nueva ley electoral debería facilitar la igualdad del voto, así como mayor vinculación entre el representante elegido con su votante y menor dependencia de aquél de su propio partido político.

La disposición transitoria cuarta

Estamos llegando a un punto en que urge delimitar geográficamente el mapa autonómico. Debería incorporarse a la Constitución una definitiva configuración territorial del Estado. La disposición transitoria cuarta, que establece el mecanismo de unión de Navarra y el País Vasco, pese a su “transitoriedad”, sigue aún abierta después de 30 años, lo que provoca una inestabilidad que no beneficia ni al País Vasco ni a Navarra ni al resto del Estado. Esta supresión debe ser adoptada en la primera modificación constitucional que se aborde.

Buscar la igualdad entre las distintas comunidades dentro del máximo desarrollo competencial, sin debilitar por ello al Estado central

Descentralizar constituyó un factor de progreso y desarrollo social y cultura para el país. Asimismo, ha facilitado que las personas puedan autogobernarse, y siempre que lo hagan bien, es positivo. Como contrapartida, la lucha competencial entre comunidades está paralizando e incluso haciendo regresivo nuestro avance. Habría que definir las competencias inherentes al Estado que no pueden ser objeto de transferencia. El suelo, los recursos naturales, la educación… son materias en las que el Estado está quedando inerme. El techo competencial es un problema que hay que clarificar. El proceso constituyente consistió en gran medida en desarrollar una descentralización política creciente. Hay que abrir la posibilidad de alcanzar la igualdad competencial entre las distintas comunidades dentro del máximo desarrollo de las comptencias pero sin debilitar por ello al Estado central. La ambición nacionalista y su propia filosofía de delimitar nuevas fronteras carecen de límites. Los nacionalistas han conseguido, a base de mercantilizar su voto, expandir sus ideas y radio de acción en el Estado. En vez de preponderar los principios básicos de la democracia, los emplean como moneda de cambio constante.

Hemos empleado bien las transferencias recibidas; es factible desarrollarlas más

En la medida en que algunas comunidades hemos empleado bien las competencias recibidas, es factible desarrollarlas más. En el caso de Navarra, por ejemplo, son años de ejercicio de esa realidad autonómica y ello nos ha permitido ese buen uso sin otras ambiciones; los navarros hemos aprovechado la cercanía de la Administración. También es cierto que, en general, el desarrollo competencial autonómico está resultando excesivamente costoso y deberíamos entre todos poner racionalidad a esta cuestión.

Una gestión administrativa que permitiera al juez dedicarse en exclusiva a dictar sentencias

En Navarra y otras comunidades autónomas se han transferido competencias en materia de Justicia, pero sólo en el orden económico, cuando deberían ir acompañadas de la posibilidad de reorganización burocrática. Opino que hay que reservar al juez la estricta función jurisdiccional, potenciar y definir con precisión el papel del secretario y romper la ecuación “un juzgado, una oficina judicial”, creando la figura de la gestión burocrática judicial para alcanzar eficacia, rendimiento y reducción de costos en las audiencias provinciales

Legislar sensatamente partiendo de realidades consensuadas

Los partidos políticos van perdiendo referencias ideológicas, demasiado pendientes del corto plazo y la opinión popular recogida en las encuestas. Tanto, que acaban por aprobar una gran cantidad de leyes que luego no se desarrollan pausada y coherentemente, de modo que terminan siendo inaplicables y, a la postre, contraproducentes.

Se da una gran desproporción en la penalización de los delitos

Existe una gran desproporción en cuanto a la penalización de los delitos. En teoría, la meta es reinsertar al delincuente en la sociedad, pero es grave considerar reinsertado a un delincuente habitual si sus delitos son altamente lesivos para la sociedad, por lo que hay que arbitrar medios que garanticen correctamente la adecuada aplicación de ese principio. En España falta cultura suficiente que permita la dotación necesaria de medios técnicos y económicos para facilitar la consecución de esa utopía.

Sería positivo que don Felipe accediera al Trono próximamente

La monarquía, pese haberse ganado a pulso el reconocimiento de todos los españoles respecto de la legitimidad de su ejercicio, es difícil de racionalizar. Si sigue asumiendo sus funciones con la misma sensatez que hasta ahora, perdurará muchos años. Creo que la Familia Real, a grandes rasgos, actúa correctamente y está siendo útil, y también que sería positivo que don Felipe tomara el relevo próximamente. La última palabra, por supuesto, ha de tenerla el pueblo español.