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JUAN RAMÓN GUEVARA SALETA
JUAN RAMÓN GUEVARA SALETA GUEVARA ABOGADOS Vitoria Licenciado en 1972 – Ejerce desde 1973
JUAN RAMÓN GUEVARA SALETA GUEVARA ABOGADOS Vitoria Licenciado en 1972 – Ejerce desde 1973

JUAN RAMÓN GUEVARA SALETA GUEVARA ABOGADOS Vitoria Licenciado en 1972 – Ejerce desde 1973

Obra:

Texto del 11/11/2008
Fotografía: L & P Fotógrafos.

Durante su etapa como Consejero de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico y Secretario del Gobierno Vasco, Juan Ramón Guevara se desveló por el buen funcionamiento del sistema judicial, apercibiéndose del trascendente papel que juega en ello la voluntad política. Partidario de potenciar el acuerdo en el ámbito no sólo jurídico, sino también social y político, sostiene la necesidad de recuperar lo que se dio en llamar “el espíritu de la Transición” en lo que éste tuvo de colaboración, de creatividad, de construcción conjunta del futuro de España.

Paso provisional por la política

Ejerzo mi profesión sobre todo en el ámbito del Derecho mercantil, en particular en el asesoramiento de empresas. Durante 6 años me dediqué intensamente a la política, pero ya hace 18 que la abandoné definitivamente: siempre supe que mi paso por ella era provisional.

Éramos conscientes de la trascendente labor histórica que estábamos realizando

Viví los últimos coletazos del franquismo siendo universitario. Recuerdo en especial la expulsión de los catedráticos y las manifestaciones que se produjeron bajo fuerte represión policial. Con la perspectiva que el paso de los años ofrece, considero que fue una época de indudable esperanza. A quienes conocíamos la historia reciente de nuestro país, la preocupación o el deseo de no incurrir en los mismos errores del pasado nos llevó a buscar y encontrar fórmulas de convivencia con que evitar los viejos conflictos políticos ya vividos, a establecer acuerdos por el interés general y el bien común de los ciudadanos. La situación socioeconómica del momento era campo abonado para la inestabilidad pero, conscientes como éramos de la labor histórica que nos ocupaba, no quisimos desaprovechar la ocasión que se nos brindaba. Se lograron concitar disposiciones de colaboración por parte de todas las fuerzas políticas, y una cierta creatividad ambiente impregnó sin duda todo el proceso de transición. En el fondo, todos sabíamos que aquello, de un modo u otro, debía salir bien.

Desarrollar las posibilidades que la Constitución ofrece

La Carta Magna no fue nada fácil de gestar. Exigió el acuerdo de personalidades e intereses muy dispares. Supuso un ejercicio de responsabilidad e ilusión por parte de los miembros constituyentes. Tal vez podría haberse hecho mejor de lo que se hizo; quizás no siempre se ha querido sacar suficiente partido a las bondades del texto constitucional en términos de autonomía, pero ello no impide considerar que fue un gran paso adelante. Asentó nuestras reglas básicas de convivencia, las cuales no son inamovibles. Por definición, la Constitución debiera estar siempre atenta a su perfeccionamiento y sujeta a los cambios sociales que se van produciendo, máxime en esta época vertiginosa que vivimos. Con todo, yo pondría el acento no sólo en la contingencia indiscutible de su modificación sino también, y muy especialmente, en el aprovechamiento de las posibilidades que el texto ya ofrece y que aún no han sido desarrolladas adecuadamente.

El PNV fue leal al cumplimiento del estatus jurídico

Con todo, durante la Transición también se cometieron errores. Debido a razones exclusivamente partidistas, no se dio entrada al PNV en la Comisión Constituyente, cosa que hubiera sido muy beneficiosa. En lo referente a nuestros derechos históricos, se produjo una intensa negociación que a la postre terminó malográndose al no lograrse el acuerdo, lo que determinó que el PNV se abstuviera de votar favorablemente la Constitución, adoptando no obstante una posición no beligerante, de lealtad al cumplimiento del estatus jurídico que se vislumbraba y de esperanza ante el estatuto de autonomía ya próximo.

Se interpreta el interés general de un modo improcedente

Indudablemente, la descentralización era necesaria; ha resultado muy positiva y ha contribuido al progreso y al bienestar del conjunto de la sociedad. Asimismo, ha propiciado desarrollos y potencialidades importantes. Hasta la comunidad inicialmente menos sensible al autogobierno es hoy consciente de la utilidad del sistema autonómico. Lo que no es competencia exclusiva del Estado lo es, en principio, de las autonomías. Existe un mecanismo que prevé que incluso algunas competencias de titularidad estatal puedan transferirse: esto no se ha hecho. El llamado interés general se ha interpretado de una manera tan improcedentemente extensiva que ha generado conflictos en la relación entre las comunidades y el Estado.

Es más fácil cambiar las leyes que las mentalidades

Siempre es más fácil cambiar las leyes que las mentalidades. Las transferencias han respondido en muchos casos a razones políticas, lo que ha provocado que no hayan tenido en ocasiones la virtualidad política que pudieran haber tenido. El sistema de nombramientos y la composición del Tribunal Constitucional no son coherentes con el diseño de un Estado descentralizado y complejo. Además, la reforma del Senado sigue pendiente. Si hay que modificar la Constitución, sería deseable aclarar estos temas.

Establecer mecanismos de garantías y de solución de los conflictos

Otra prioridad es la reforma del actual estatuto de autonomía vasco, que fue producto de un pacto. Bajo la experiencia acumulada, los errores cometidos y los problemas suscitados, deben arbitrarse mecanismos de garantías de cumplimiento y de resolución eficaz de los conflictos que puedan plantearse. Hay que velar por el cumplimiento de los estatutos que, no lo olvidemos, son leyes orgánicas: el autogobierno es bueno para todos.

A la hora de legislar, en España carecemos de visión de conjunto

Existe en España el vicio de querer resolver todos los problemas a base de leyes. Además, se hace con poca visión de conjunto, sin serenidad, a remolque de los acontecimientos, a corto plazo, con parcialidad ideológica u oportunidad política, sin apenas perspectiva. Por si ello fuera poco, encima se legisla en exceso y no se cumplen o aplican suficientemente las leyes. Hay que tener en cuenta que, para que un Estado de Derecho funcione adecuadamente, es necesaria una Administración de Justicia que garantice el efectivo y respetuoso desarrollo y cumplimiento de las leyes.

Una Justicia que actúe desde la independencia y la competencia

Como abogado, yo era consciente de las deficiencias del sistema judicial y de que sus carencias eran impropias de una democracia moderna, la cual exige una Administración de Justicia que funcione desde la independencia y la competencia. Su solución requiere importantes inversiones, y, por tanto, voluntad política. Euskadi fue la primera Comunidad que recibió la transferencia de bienes materiales y personales para la Administración de Justicia, que me tocó negociar con la Administración Central, y el Gobierno Vasco hizo un gran esfuerzo asignando a Justicia cuantiosos recursos, en principio destinados a otras áreas.

Los problemas de la Administración de Justicia no son sólo cuestión de falta de medios

Durante mi actividad política elaboramos un libro titulado Propuesta de modernización de la Administración de Justicia, que muchos años después resulta por desgracia de plena actualidad. Solucionar los problemas de la Justicia no es sólo cuestión de dotación material, humana y económica, sino también de organización del trabajo y de una adecuada legislación, que permita garantizar el principio de inmediatez. Hay que dotar de más medios a la Administración de Justicia, pero también hay que garantizar una especialización real de los jueces e implantar una mejor organización de la oficina judicial, con esquemas de trabajo más racionales y controlables, aplicando técnicas modernas de trabajo a la Administración; todo ello demanda una voluntad política muy importante y una panoplia de soluciones globales bien coordinadas.

Compatibilizar la independencia de los jueces con medidas de control de su labor

En Justicia, se pueden establecer fórmulas de trabajo razonables sin riesgo de menoscabar la independencia del Consejo General del Poder Judicial. Los jueces, qué duda cabe, han de ser independientes, lo cual no es incompatible en absoluto con un mínimo control, en la medida en que también son funcionarios públicos, y es absurdo que no den cuenta de sus actos ante la delicada responsabilidad que supone impartir justicia.

Hay que potenciar y mejorar los mecanismos de arbitraje

Soy partidario de potenciar y mejorar los mecanismos de arbitraje, mediación y conciliación de las partes. Dicho esto, y siendo realista, nunca podrán sustituir por completo a los órganos jurisdiccionales como últimos garantes del acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos.

No existe animadversión por la Corona en el País Vasco

No soy monárquico, pero sí pragmático. La articulación jurídica del Estado en función de la realidad social y de los ciudadanos es lo esencial. No pido a las instituciones sino que realicen su labor correctamente, y la monarquía ha desarrollado adecuadamente su función durante estos años. La memoria histórica de cada uno condiciona sensibilidades distintas. En la época de los regímenes forales, lo que venía a ser el autogobierno vasco, funcionó la institución del Pacto con la Corona. Quizás por ello, realmente no existe animadversión por tal institución en la mayoría de la sociedad del País Vasco. A las personas hay que medirlas por lo que dejan detrás cuando se han ido. Y, en tal sentido, me parece en principio una idea interesante considerar la posibilidad de que se lleve a cabo una abdicación para facilitar la transición: lo encuentro sensato. Sin embargo, tampoco percibo una inquietud ciudadana excesiva respecto a este tema.