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JULIO PÉREZ HERNÁNDEZ
JULIO PÉREZ HERNÁNDEZ Secretaio de Estado de Justicia Madrid Licenciado en 1974 – Ejerce desde 1974
JULIO PÉREZ HERNÁNDEZ SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA Madrid Licenciado en 1974 – Ejerce desde 1974

JULIO PÉREZ HERNÁNDEZ Secretaio de Estado de Justicia Madrid Licenciado en 1974 – Ejerce desde 1974

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Entrevistado el 12/01/2009 por el Sr.Font
Fotografía cedida por el Ministerio de Justicia

Además de la política, el periodismo, la docencia y la abogacía han sido otras de las actividades ejercidas por el actual Secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández. Para él, la necesaria modernización judicial no sólo compete a los actores públicos, es decir, al Gobierno central y a los gobiernos de las comunidades autónomas, sino también a los actores individuales, públicos y privados que prestan servicio a la Administración, esto es, a jueces, abogados y demás operadores en los procesos judiciales.

Progreso político y social de un letrado vocacional

La política ha ocupado buena parte de mi vida, desde la misma universidad, en mis tiempos muy activa políticamente. En 1984, dejé mi carrera como letrado y docente cuando fui nombrado presidente de la Junta del Puerto de Tenerife (actual Autoridad Portuaria). Cuatro años después, fui designado Gobernador Civil de Santa Cruz de Tenerife. Además de diputado en la legislatura 1991-1995, fui miembro del Gobierno de Canarias. Volví a la abogacía en 1993. He sido presidente del PSOE de Tenerife, vocal de su Ejecutiva Regional de Canarias y de la Comisión Federal de Ética de dicho partido. Ejerzo el cargo de Secretario de Estado de Justicia desde 2007. No obstante, y sin negar su atractivo, pienso que hay vida más allá de la política.

El Estado adquiere su legitimación más importante cuando permanece cerca de quienes precisan de su protección

Creo que la actividad política de corte democrático consiste en combinar la pedagogía con la atención a lo que la gente siente, piensa, dice y necesita. El Estado adquiere su legitimación más importante cuando permanece cerca de quienes precisan de su protección. Es obligación de los que ocupamos cargos públicos atender y servir a la voz del ciudadano.

Trabajar en el perfeccionamiento de los logros conseguidos

La trayectoria de las instituciones y la ciudadanía en los últimos 30 años es de las más brillantes de la historia de España. No sólo por la voluntad de lealtad, entendimiento, armonía y concordia que la sociedad ha expresado durante estas tres décadas, sino además porque hemos sido capaces de conciliar la unidad del proyecto político de España con la fructífera pluralidad de los pueblos del territorio peninsular. Por añadidura, el país se asentó institucionalmente, aproximó los estratos sociales y se abrió a otros estados de nuestro entorno. Pero todo ello no debe hacernos pensar que el camino ya está recorrido y que no habremos de seguir trabajando en el desarrollo de algunos de los logros que hemos conquistado entre todos. Una de las enseñanzas de nuestra época, para España y el resto del mundo, es que el Estado de Derecho, la democracia y la economía social son realidades que no sólo admiten sino que precisan profundización y perfeccionamiento. Estimo preferible satisfacernos en el examen de lo conseguido hasta el día de hoy (¡y de los desafíos pendientes!) que recordar los riesgos que supimos sortear.

Todas las constituciones se adaptan a los tiempos

Las normas más endebles son aquellas que, como fue el caso de las “Leyes Fundamentales” franquistas, se califican a sí mismas de “permanentes e inalterables”. La Constitución es un texto vivo, y en virtud de su aplicación cotidiana, del ejercicio de organización del Estado que efectúan las distintas administraciones públicas y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido adaptándose, según las exigencias de la realidad, a la sucesiva transformación del país. Incluso ha integrado derechos fundamentales que no figuraban en su texto, como, por ejemplo, el derecho a la protección de datos. El Tribunal Supremo y el Constitucional ejercen una función de interpretación, que tiene un componente “creativo”, en el sentido más noble del término, que no se contradice con nuestra cultura jurídica. La concordia, el respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales que se derivan de esa cultura jurídica, convertida en derecho positivo a través de una tupida red de convenios y tratados internacionales, conforman la esencia del texto constitucional. Aun siendo éste valiosísimo, no debe considerarse un tabú, dentro del espíritu democrático que anima al debate, la reflexión acerca de algunas reformas constitucionales. Todos los textos de esta índole se adaptan a los tiempos.

La independencia judicial en España es una realidad que no parece hallarse en peligro

En España existen unos 3.500 órganos judiciales y casi 5.000 jueces y magistrados. Mi experiencia en el mundo de la abogacía, la Administración y la política me ha demostrado que la independencia judicial en España es una realidad que no parece peligrar. Otra cosa es el gobierno del poder judicial que, pese a que sus miembros son elegidos entre abogados, jueces y juristas de reconocido prestigio, la Constitución encomienda a unos órganos de extracción parlamentaria. Nuestra norma ordena que los jueces no sólo sentencien sino que también hagan ejecutar las sentencias. Que una decisión judicial tenga consecuencias políticas, sociales o económicas no debe hacernos pensar que dichas decisiones responden a razones políticas.

Más medios en la Justicia, sin cambios organizativos, perpetuarían un modelo erróneo

La Justicia sufre un atraso histórico que ya resulta intolerable. Sin duda, ha faltado continuidad en el esfuerzo de modernización, y el modelo organizativo de la Justicia, basado en que el juez, además de juzgar, organiza el funcionamiento del propio órgano judicial, es tan arraigado como ineficaz. No se trata sólo de aumentar los medios, sino además de establecer un nuevo sistema de organización de los órganos judiciales en el que el magistrado se concentre en la labor de resolver conflictos, lo que requiere cambios organizativos intensos y extensos. Más medios, sin cambios, perpetuarían un modelo erróneo. La Justicia debe estar a la altura de los tiempos que corren.

Modernizar la Administración de Justicia, aspiración común de todos los partidos políticos

Los partidos que se presentan al escrutinio del voto popular lo hacen comprometidos con un proyecto que naturalmente ansían ejecutar e intentan que sea compartido por la mayoría de los interlocutores. En materia de Justicia, esta revolución modernizadora es una aspiración de todos y objeto de consenso y entendimiento entre las grandes fuerzas políticas. Sin embargo, en la legislatura de 2004 a 2008 el Gobierno no logró que el principal partido de la oposición apoyara su proyecto de reforma de la oficina judicial. Esperemos que en esta legislatura se produzca al fin el acuerdo.

Un Estado autonómico fuerte con un Estado central sólido

El Estado de las Autonomías ha permitido reconocer la pluralidad de la sociedad española y la existencia de las distintas comunidades autónomas que, como administraciones gestoras de servicios públicos, se han revelado eficaces en el desarrollo de sus respectivos territorios. Es necesario cultivar un valor, no sólo jurídico sino moral, de lealtad entre las distintas autonomías y de todas ellas con la Administración central. Los ciudadanos demandan un entendimiento horizontal entre las comunidades más intenso y leal. No es incompatible un Estado autonómico fuerte con un Estado central sólido que actúe como representante del conjunto y como interlocutor en el ámbito internacional.

Atender a la realidad y evitar decisiones legislativas en el fragor de la confrontación mediática

No debemos escandalizarnos de los cambios normativos impulsados por cambios políticos. La política es encontrar un modo de preservar lo que la sociedad considera definitivo, pero innovando y adaptándose a los tiempos. Nos quejamos de los cambios excesivos, pero sería mucho peor una legislación anquilosada, incapaz de responder a las necesidades de cada momento. Mejoremos la técnica legislativa para lograr normas claras, y expliquemos por qué se derogan unas para dar cabida a otras nuevas. Importan menos los medios que los ciudadanos: tal es la esencia del sistema democrático. Conviene, empero, estar atentos a la realidad y evitar adoptar decisiones legislativas en el fragor de la confrontación mediática.

Medidas penales acomodadas a los criterios sociales del momento

Asimismo, ni debemos confiar todo al castigo, ni despreciar el valor ejemplar de una adecuada respuesta penal. Habría que combinar las distintas políticas educativas con las medidas penales. Una sociedad bien constituida necesita respuestas penales acomodadas a los criterios sociales del momento. Y es imprescindible una política penitenciaria realmente moderna.

Actuar coordinadamente contra la pobreza

La frontera sur entre Europa y África es la más desigual del mundo en cuanto a índice de riqueza y bienestar humano a uno y otro lado de ella. Mas no hay que permitir la inmigración ilegal, y es preciso actuar coordinadamente para luchar contra la pobreza, causa de todos los males. El esfuerzo español ha sido formidable, pero, con generosidad e inteligencia, debe continuar.

El futuro de la monarquía no inquieta a la sociedad española

Toda la generación política del Rey tuvo un mérito enorme: sorteó todas las dificultades que fueron surgiendo y sintonizó con el espíritu del pueblo español. La monarquía ha sido útil y beneficiosa. En la medida en que siga siéndolo, permanecerá. No obstante, también es natural que reflexionemos sobre la organización política del país, incluyendo el futuro de la institución monárquica. En cuanto a la sucesión, opino que se realizará con arreglo a las previsiones establecidas en la Constitución. No considero, sin embargo, que sea ésta una preocupación prioritaria de la sociedad.