Testimonios para la historia, S.L. Editora. Avda. Diagonal, 612 6º 4ª y 5ª Barcelona 08021. Télefono: 930 18 16 16 Contacta
LUIS GALÁN SOLDEVILLA
LUIS GALÁN SOLDEVILLA GALÁN SOLDEVILLA ABOGADO Córdoba Licenciado en 1986 – Ejerce desde 1991

Obra:

Texto del 14/10/08
Fotografía cedida por Luis Galán.

A edad muy temprana, Luis Galán Soldevilla vivió el debate político en su entorno familiar. Ello forjó una personalidad reflexiva, capaz de entender la ambigüedad de la Constitución como clave de futuro. Combinando el ejerció profesional con la docencia, señala que todo es susceptible de cambio, cuestiona las reformas jurídicas llevadas a cabo sin el debido presupuesto y aboga por una mayor coordinación entre las autonomías para garantizar la estructuración del Estado.

Procedo de una familia monárquica con numerosos abogados

Provengo de una familia monárquica que cuenta y ha contado con muchos miembros vinculados al Derecho, tanto en la abogacía como en el notariado, entre ellos mis dos abuelos que fueron abogados. Uno de ellos ejerció como tal y el otro se dedicó a la política. Siguiendo la tradición, me licencié en Derecho y realicé los cursos de doctorado con la tesina Problemas Históricos y actuales del Derecho de sucesiones. Desde 1991 ejerzo como profesor asociado de Derecho Civil en la Facultad de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba. Imparto clases en el máster en Dirección y Gestión de Empresas e Instituciones Sanitarias, organizado por ETEA y ASCE, en Sevilla, así como en el máster en Medicina Estética del Departamento de Ciencias Morfofuncionales del Deporte, en la Universidad de Córdoba. Desarrollo la abogacía desde 1991, con un despacho en esta ciudad que compatibilizo con la Asesoría Jurídica del Colegio Oficial de Médicos.

La Transición demostró que el cambio era posible

Recuerdo la Transición como una época dinámica e intensa, ya que desde muy joven me involucré en política. Participé en las juventudes de la UCD y en la creación del Consejo de Estudiantes del distrito universitario. En casa se hablaba mucho de política y se debatía en torno a la figura de don Juan y la posibilidad de que reinara, como le correspondía por derecho. Teníamos la esperanza de que la restauración monárquica se llevara a cabo mediante cauces democráticos. La historia prueba que no existen sistemas inamovibles, lo único que hace falta es crear los resortes adecuados para impulsar el cambio. Esto lo demostraron las propias cortes franquistas, llegando por sí mismas al suicidio político. Era asombroso ver como una sociedad que pasó ante del féretro de Franco para darle el último adiós, poco después reivindicaba la Constitución.

La Carta Magna es un texto legal más que puede ser transformado

Precisamente porque es fruto del consenso, la Constitución española contiene algunas indefiniciones que son objeto de crítica, pero es precisamente esta ambigüedad la característica que le permitirá adaptarse a la nueva realidad. Es imposible redactar textos perfectos, y si fuera factible, pronto quedarían desfasados, pues habrían cambiado los parámetros sobre los que se redactaron. La Carta Magna es un texto legal más que puede transformarse, contando con las mayorías y los controles parlamentarios exigibles. El problema esencial reside en que las modificaciones que han pretendido hacerse han tenido siempre una carga política.

Largo y tortuoso camino hacia el Tribunal Constitucional

Al pueblo le resulta casi imposible acceder al Tribunal Constitucional, precisamente debido a la politización del mismo. Quienes sienten que se han violado sus derechos constitucionales en un proceso judicial y quieren llegar hasta el Constitucional deben armarse de infinita paciencia y preparar dinero para hacer frente a los gastos procesales. Aun así, probablemente ni siquiera conseguirán que su caso sea admitido a trámite. El Tribunal debería redefinir su verdadera función y esclarecer si debe resolver cuestiones políticas o defender los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Es ilógico crear nuevas leyes sino se las dota del presupuesto necesario

Es ilógico crear sobre el papel nuevas leyes y sistemas de organización para dejarlo todo pendiente por falta de presupuesto. Ahora tenemos aplazada la reforma de la oficina judicial. Nadie sabe quién toma las decisiones en ella, si el juez o el secretario. Sin embargo, no existe presupuesto o voluntad política para desarrollar esta reforma. Lo razonable sería ir adaptando los recursos a las necesidades. Ante la falta de medios, no debe intentarse el cambio, sino la mejora de lo existente.

Confusión en los textos normativos

En las reformas realizadas en el ámbito del Derecho civil se observa un lenguaje y una técnica jurídica con frecuencia lamentables. Leemos artículos largos, densos, confusos, mal redactados y faltos de síntesis, que se prestan a diversas interpretaciones. A este desconcierto contribuyen los medios de comunicación, que actúan libremente influyendo de manera decisiva en los políticos, quienes a su vez dependen de la opinión pública. Consecuentemente, nuestros dirigentes obran pensando en la repercusión mediática de sus actos y no en una rigurosa elaboración y ordenación de las normas.

La afinidad política del Consejo General del Poder Judicial quiebra el Estado de Derecho

Desde el momento en que los miembros del Consejo General del Poder Judicial no son elegidos internamente por parte de los jueces, desaparece la posibilidad de su configuración como un órgano independiente. Que a sus componentes se les conozca por su afinidad política supone una quiebra absoluta del Estado de Derecho. Este órgano funcionó con independencia real hasta la modificación del sistema de designación. Para los políticos era un organismo molesto, por ello modificaron el criterio de elección y ahora dependen del Parlamento y de los pactos entre partidos. Sin duda convendría recuperar el antiguo modelo.

Del Estado centralizado a las autonomías centralizadas

Toda sociedad moderna exige un Estado administrativamente descentralizado. En España, la aplicación de este concepto se ha producido de forma manifiesta y ha dotado a los órganos autonómicos de gran capacidad e iniciativa política, lo cual significa una novedad positiva. No obstante, surgen conflictos derivados más de su ejecución que del organigrama autonómico. El principal problema radica en la reproducción de sistemas de control centralista absurdos dentro de las distintas comunidades autónomas. De este modo, hemos pasado de un Estado centralizado a otro compuesto por distintas autonomías, quienes a su vez están concentrando y politizando su gestión. Y la idea de centralizar y concentrar el poder en el ámbito autonómico se lleva a cabo con frecuencia argumentando la defensa del idioma o la cultura específica. Esta explicación carece de sentido, porque el respeto puede existir sin necesidad de llegar a establecer una politización tan extrema dentro de las propias administraciones autonómicas.

Estado autonómico y coordinación informática

En el Estado de las Autonomías se producen excesos que provocan graves problemas. Es absurdo que en el ámbito sanitario de cada comunidad se establezcan sistemas informáticos incompatibles para gestionar el historial clínico de los pacientes, que impiden a menudo la conexión y por tanto el traspaso recíproco de información. En el terreno de la Justicia puede llegar a ocurrir algo semejante. Es preciso estar alerta para no dejar en manos de las autonomías la elaboración de esos programas informáticos, puesto que su coordinación en el ámbito de la Sanidad y la Justicia es imprescindible para garantizar una correcta estructuración del Estado.

Deshumanización de la medicina; vía penal como último recurso

Por mi relación con la gestión sanitaria, observo una creciente deshumanización de la medicina. Aunque vivimos una época de esplendor de esta ciencia desde el punto de vista técnico, científico y profesional, lo cierto es que también atravesamos un momento en el que el ciudadano se muestra insatisfecho con los servicios sanitarios. Hoy la medicina pública se ejerce por profesionales que están insuficientemente retribuidos, que soportan una sobrecarga de trabajo y a los que se les priva de autoridad dentro de la propia organización sanitaria. Al no proteger debidamente a sus trabajadores, la Administración alienta a la población hacia la reclamación. Por un lado es bueno, porque todo el mundo tiene derecho a reclamar aquello que considere justo; pero por otro también deben utilizarse contrapesos que serenen y normalicen las relaciones entre los usuarios de los servicios públicos y el personal sanitario. Las administraciones han tratado de propagar la idea de que todo es posible en medicina y de que todo el mundo tiene derecho a sanar, lo cual es imposible. Hay que recordar que la medicina es una ciencia inexacta e inevitablemente se producen fallecimientos, porque ningún paciente responde exactamente igual ante un mismo tratamiento. La gente debe saber que el 1,5% de las intervenciones sanitarias fallan de manera irremediable. También debería explicarse al usuario que, aunque la vía penal se utiliza de manera creciente para exigir responsabilidad a los profesionales, no es el camino más adecuado, sino el último recurso.

La monarquía española es un patrimonio que deberíamos conservar y proteger

Nuestra monarquía atesora un importante bagaje cultural e histórico, ha desarrollado un papel decisivo en el cambio político y ha sabido ganarse, por ello, el respeto de los españoles. Supone un lujo y un patrimonio que debemos valorar, proteger y conservar. En los próximos años, el Príncipe asumirá cada vez mayor representación y presencia pública y deberá estar preparado para el momento en el que, por ley natural o por abdicación voluntaria, se produzca la sucesión. Creo que Felipe VI reinará algún día en España y así lo deseo.