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MARÍA ASUNCIÓN COLLADO MARTÍN
MARÍA ASUNCIÓN COLLADO MARTÍN GABINETE JURÍDICO ASUNCIÓN COLLADO ABOGADOS Melilla Licenciada en 1987. Ejerce desde 1988.
MARÍA ASUNCIÓN COLLADO MARTÍN GABINETE JURÍDICO ASUNCIÓN COLLADO ABOGADOS Melilla Licenciada en 1987. Ejerce desde 1988.

MARÍA ASUNCIÓN COLLADO MARTÍN GABINETE JURÍDICO ASUNCIÓN COLLADO ABOGADOS Melilla Licenciada en 1987. Ejerce desde 1988.

Obra:

Texto del 15-04-2008,

Profesional entregada al ejercicio del Derecho penal y civil, lleva dos décadas trabajando en su ciudad, Melilla, rodeada de un equipo de letrados preparados para abarcar cualquier temática. Opina que la interpretación de la ley se erige como el deber de todo jurista para fomentar una sociedad más justa. Incide en la falta de madurez de la política española para construir un Estado de las Autonomías fuerte, guiado por el principio de solidaridad.

Desde 1988 ofreciendo servicios jurídicos a los melillenses

El gabinete jurídico que dirijo es un despacho multidisciplinar que cuenta con profesionales especializados en diferentes campos del Derecho: civil, mercantil, penal, laboral, administrativo e inmobiliario. También asesoramos empresas europeas, marroquíes y compañías de seguros. Nuestro objetivo es ofrecer a los clientes un servicio integral; por eso, al poco de abrir el gabinete, me rodeé de un excelente equipo de letrados, que me permitió atender casos de la más diversa índole con plenas garantías. La calidad y variedad de nuestra atención sitúa nuestro bufete como uno de los más prestigiosos de la comunidad. Personalmente tengo preferencia por el área civil y penal de mi profesión. Me licencié en Derecho por la Universidad de Granada, soy letrada en la Confederación de Empresarios de Melilla y Agente de la Propiedad Inmobiliaria.

Luchar y defender al cliente es el deber del abogado

Fue en Sevilla donde empecé a forjarme como abogada, a los 28 años. El primer caso que defendí fue ante la justicia militar. Era un asunto complejo: un soldado había matado a un cabo de forma accidental. Aunque era abogada de oficio, no quise rehusar el caso y empleé todos mis recursos para ganarlo. A pesar de estar ante un tribunal militar, nunca me asusté y, al final, conseguí la libertad del acusado. El deber de un abogado es coadyuvar a la Justicia y defender a su cliente con todos los argumentos legales de los cuales disponga.

Pocos magistrados desean trabajar en Melilla

Los abogados de Melilla tenemos problemas derivados de nuestra situación geográfica. La distancia con la Península provoca que pocos magistrados deseen venir a trabajar a nuestra comunidad, y, si lo hacen, su estancia no suele durar mucho. Estos cambios permanentes afectan especialmente a los juzgados y a su funcionamiento general, de forma que los retrasos generalizados en la justicia española, en Melilla se agudizan.

Los juristas deben interpretar la norma

El legislador establece unas normas que los profesionales de la Justicia hemos de conocer y respetar. Sin embargo, los abogados hemos de ser capaces de interpretar y hacer interpretar a los jueces ese cuerpo normativo. Creo firmemente que los preceptos legales no son taxativos y, por ello, su aplicación se ve sometida a condicionantes que la normativa no puede prever. El ejercicio de la abogacía consiste precisamente en la capacidad de vislumbrar dichos condicionantes, un espíritu de lucha e investigación que hoy en día, con el mercantilismo que afecta nuestra profesión, parece estar desapareciendo paulatinamente.

La Constitución debe adecuarse a la realidad cambiante

A causa del régimen anterior, en el ámbito político y también en el jurídico aún se perciben el temor y el inmovilismo. Y es que la Constitución, como eje de la democracia, tiene que ir adaptándose a los nuevos tiempos: la misma Carta Magna dispone con exactitud cómo debe modificarse, pero la clase política no se atreve a tomar tal decisión. Por desgracia, el político actual forma parte de una elite independiente, ubicada un poco al margen de la sociedad, que no sabe sintonizar con las preocupaciones de los ciudadanos. Creo que nuestros representantes políticos deberían aprender a escuchar a quienes les delegan el poder. De la misma manera, la Constitución se tiene que adecuar a la realidad cambiante, como cualquier otra norma, porque, si no, se quedará obsoleta, con el riesgo de conflictividad social que ello implica. Lo que en definitiva queremos los ciudadanos es una sociedad mejor, más justa y progresista.

El miedo y el mal ejemplo de algunos políticos

Desde el Congreso de los Diputados nos llegan demasiados mensajes confusos sobre el Estado de las Autonomías. Nuestra clase política parece haber olvidado el respeto por la pluralidad de nuestro país y el principio de solidaridad entre autonomías. Vivimos en una dinámica de crispación y miedo que debe cesar en beneficio de todos. Es necesario no desorientar más a la ciudadanía: una sociedad desunida no es buena para el conjunto del Estado.

Injerencias políticas en la Justicia

Hoy, la Justicia carece de la independencia que la Constitución le otorga. Cada vez más se está convirtiendo en un instrumento de los políticos. Ello se constata con numerosas actuaciones de los fiscales generales y con la propia formación del Tribunal Constitucional. Esta politización puede acabar causando un serio deterioro de la justicia española.

Hay poco control sobre la judicatura

Para evitar posibles errores judiciales, debería ejercerse sobre los magistrados un control mejor coordinado. Dado que los jueces disponen de un alto grado de libertad de acción, es lógico que a veces salten a la palestra casos cuyas sentencias son, cuando menos, polémicas. Sin embargo, a pesar de que quizás exista algún juez o algún fiscal que no lleve a cabo sus funciones correctamente, la cuestión es más compleja y habría que preguntarse cuál es el verdadero problema: ¿la labor de un juez en concreto o la labor del juez dentro de un sistema que no funciona? Una de las respuestas sería que la Justicia tiene que cambiar, que hay que dotarla de los recursos humanos y técnicos necesarios. A menudo, la precariedad de medios provoca que los juzgados queden en manos de juristas sustitutos que no tienen ni la formación ni la experiencia necesarias para desempeñar sus delicados cargos. Y ello también es extensible a los abogados.

Inseguridad jurídica y colapso en los tribunales españoles

En los juzgados de primera instancia vemos cada vez más casos iguales que se resuelven con sentencias desiguales. La diversidad de criterios comporta inseguridad jurídica. Es acuciante, por tanto, que el sistema judicial acepte pasar por un cambio drástico: primero se tienen que aportar los medios necesarios para que los jueces trabajen adecuadamente; después, se pueden fomentar fórmulas alternativas a la justicia ordinaria que servirían para no colapsar los juzgados, como por ejemplo el arbitraje. Y es que los recursos de los que dispone la Administración de Justicia en Europa son superiores a los españoles, aunque nuestro país haya realizado un esfuerzo para cambiar y se haya ido adaptando a la realidad de su entorno. En Melilla, hasta hace pocos años, nuestros medios en el ámbito judicial eran pésimos, pero hoy las condiciones han mejorado. Por citar un ejemplo, actualmente tenemos un edificio donde se han centralizado todos los tribunales y contamos con un centro penitenciario nuevo.

Recuerdos de la dictadura franquista

En casa, mi padre siempre me advertía de que tuviera cuidado con las cosas que opinaba, porque la libertad de expresión de la cual hoy disfrutamos era algo que no existía. Aunque por mi edad sólo viví los últimos coletazos del franquismo, con la llegada de la democracia el sentimiento de libertad fue notorio y se palpaba en el ambiente.

El peculiar estatus administrativo de Melilla

Melilla es una comunidad sin carácter autonómico pleno; disponemos de una Carta de Autonomía muy joven, del 1995, donde se recoge nuestra condición de municipio independiente. Sin embargo, no tenemos transferidas todas las competencias y eso motiva una lucha permanente de nuestros políticos para progresar en este sentido.

Descentralización, pluralismo cultural y solidaridad entre comunidades

En términos generales, la descentralización ha sido positiva para el progreso de España. Con ella, se ha respetado y valorado el gran y rico pluralismo cultural de que goza nuestro país. Sin embargo, como en cualquier proceso de esta complejidad, se han producido desajustes, como el desequilibrio que aún existe entre las distintas comunidades autónomas. Así, un aspecto tan importante como el principio de solidaridad entre autonomías, plasmado en la Constitución, no se ha implementado convenientemente por un fallo de coordinación y comunicación entre nuestras comunidades y entre éstas y el poder central. Lo cierto es que a la política española le falta madurez para cooperar y dialogar.

El desgaste de la institución monárquica

Es indiscutible que la Monarquía ha jugado un papel fundamental en España durante el período democrático, pero como institución ha tenido un desgaste enorme en toda Europa. La devaluación de la realeza ha sido provocada en parte por el alejamiento que de la forma de vida del pueblo muestran quienes la integran. Además, tampoco se ha sabido explicar la utilidad de la institución monárquica; el ciudadano sólo ve que sus impuestos sirven para mantener un estatus injusto. Sin embargo, creo que el debate monárquico actualmente es poco relevante; tal vez dentro de 20 años, cuando hayamos solucionado temas pendientes como la ordenación autonómica, quizás entonces sea el momento de plantearse la necesidad de la Corona.

Melilla: un tesoro ignoto

Melilla necesita una inyección de cariño de la gente de la Península. En esta ciudad histórica convivimos cuatro grandes culturas: cristiana, musulmana, hindú y hebrea, e incluso hay presencia de cultura gitana. El visitante puede descubrir en sus calles una gran riqueza cultural; la arquitectura europea modernista, por ejemplo, está muy presente.