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MARÍA DEL PILAR DE BELTRÁN Y CLIMENT
MARÍA DEL PILAR DE BELTRÁN Y CLIMENT Valencia Licenciada en 1984 - Ejerce desde 1984
MARÍA DEL PILAR DE BELTRÁN Y CLIMENT Valencia Licenciada en 1984 - Ejerce desde 1984

MARÍA DEL PILAR DE BELTRÁN Y CLIMENT Valencia Licenciada en 1984 - Ejerce desde 1984

Obra:

Texto del 15-07-2008,
Fotografía cedida por Mª del Pilar de Beltrán.

Desde una de las comunidades españolas con mayor proyección internacional, María del Pilar De Beltrán recalca la necesidad de legislar con moderación y coherencia. En su opinión, la reforma y la modernización de la Administración de Justicia deben ir unidas a una redacción conceptualmente clara de la norma. Además, sostiene que los políticos españoles tendrían que intervenir favorablemente en ese cambio de la Justicia, en beneficio de una sociedad que demanda mayor seguridad jurídica.

La abogacía es un ejercicio de humanismo

De este oficio me satisface el hecho de que nos permita un trato personal cercano con los clientes; es ahí donde se pone de manifiesto el carácter humanista de la profesión, en muchas áreas de nuestra actividad. Tratamos con personas que depositan su confianza en nuestra labor y cuya dignidad representamos en esos momentos. Otro aspecto gratificante en el ejercicio profesional es la vivencia del asunto en contacto con el cliente, lo que enriquece nuestra experiencia y nos exige sensibilidad para comprender cada caso.

El mejor pleito es el que no se plantea

Inicié mi labor profesional como pasante en 1984; con posterioridad, continué mi formación en el despacho de don Jesús Sancho-Tello Mercadal, penalista de reconocido prestigio, a quien considero mi maestro en esta profesión. En esa etapa adquirí una gran experiencia, especialmente en el ámbito penal y, además, en el trato con los clientes y en el enfoque de los asuntos desde una perspectiva general. En 1987, abrí mi despacho profesional, un espacio en el que colaboramos tres letrados y una procuradora de los tribunales. Nuestro campo de trabajo es multidisciplinar, con colaboraciones externas en aspectos puntuales. En mi tarea, a menudo, procuro conciliar posturas, pues el mejor pleito es el que no llega a plantearse, aunque en algunos casos sea inevitable acudir a la jurisdicción.

Con la aprobación de la Constitución se produjo un cambio de estudios en la Facultad de Derecho

Principié la carrera de Derecho en 1976. Eran momentos de grandes cambios para España. En las universidades el proceso de transición se vivió intensamente. En los primeros años de carrera, aún se estudiaba el ordenamiento jurídico preconstitucional pero, conforme las leyes y la sociedad iban evolucionando, fue necesario que los profesores actualizaran sus temarios. La entrada en vigor de la Constitución comportó un cambio completo de las materias de estudio. Al no existir libros editados bajo el amparo constitucional, eran fundamentales los apuntes de clase, que se cotizaban muy alto. Para ello, en primer curso formamos grupos de estudiantes que tomaban apuntes para reunir todo el material de estudio hasta que finalizamos la carrera. La Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia en aquellas fechas se posicionaba en la franja política conservadora. Y hubo estudiantes de extrema derecha que, en determinados momentos del proceso de cambio de régimen, llegaron a acudir con pistolas a la Facultad, tal era el ambiente de confrontación que se vivía, reflejo de la sociedad.

Concesiones políticas que permitieron la Transición

Los años de transición fueron complejos e implicaron grandes esfuerzos y sacrificios por parte de toda la sociedad, tanto de la gente de izquierdas como de la de derechas. Estos últimos se mostraban renuentes a los cambios pero eran conscientes de que eran necesarios. Todas las partes tuvieron que hacer concesiones para así alcanzar una nueva realidad. Se abría una nueva etapa política; figuras como Adolfo Suárez y Santiago Carrillo la protagonizarían. Para mí, ambos tuvieron el sentido de Estado que requería ese momento histórico.

Hay que revisar la aplicación de la Constitución

Si bien algunos artículos concretos de la Constitución requieren una revisión, es la interpretación y la aplicación que de la misma realiza el Tribunal Constitucional lo que provoca controversias. Hay limitaciones en el marco de este organismo y situaciones que sería deseable modificar. Cualquier ciudadano tiene derecho a que su asunto llegue al máximo intérprete de la Constitución, cuando hay normativa que lo ampare, y en cambio, de hecho, cada vez se restringe más ese acceso. Es más, el conflicto subyacente entre este Tribunal, garante de la Carta Magna, y el Tribunal Supremo menoscaba la seguridad jurídica. Los juristas vivimos esta problemática cotidianamente y ello representa un perjuicio para el justiciable, que es el destinatario de la Administración de Justicia.

Recuperar el concepto de división de poderes del Estado

Al amparo del ordenamiento jurídico constitucional, se promulgó en 1985 la Ley Orgánica del Poder Judicial que, a mi parecer, supuso el fin de la división de poderes. Opino que fue un error, ya que en definitiva el poder judicial pasa a depender del poder ejecutivo y éste del legislativo. A la Magistratura, que es honrada, se le ha de permitir, además, que sea autónoma. Es fundamental reaccionar ante esta situación para que la necesaria independencia judicial se garantice: La Justicia, para que sea tal, debe quedar al margen de toda injerencia política.

Modernizar la Justicia aumentando el número de juzgados

Urge plantear la modernización de la Administración de Justicia. Se ha intentado en diversas ocasiones pero sin alcanzar las mejoras deseables. Actualmente el volumen de trabajo supone una sobrecarga para los funcionarios, desde el juez hasta el agente judicial, que, aunque lo intentan, están imposibilitados para absorberlo. Y ello provoca situaciones indeseadas, como la recientemente ocurrida con el “caso Mari Luz”. No sólo faltan juzgados para poder descongestionar los atrasos y el volumen de litigios que se generan, sino también dotarlos de los medios personales y materiales adecuados. En definitiva, se necesita invertir más; en este sentido, la Comunidad Valenciana en los últimos años ha realizado un gran esfuerzo que no ha encontrado la reciprocidad idónea por el Gobierno de España. No hay equidad entre lo que nuestra autonomía ingresa a las arcas del Estado y lo que le corresponde recibir, atendiendo al principio de solidaridad.

Falta precisión en la redacción de la norma y hay un exceso de leyes

La modernización de la Justicia pasa por la mejora de la calidad en la redacción de las leyes. En el ordenamiento jurídico se detectan dicotomías entre leyes, e incluso incoherencias. La legislación es dispersa y contradictoria. La concreción del idioma es la que comporta que el concepto normativo se comprenda. La redacción de las normas actuales ha perdido riqueza en las acepciones de los términos que se usan, y así, es difícil compaginar una idea jurídica con un vocabulario no jurídico. La plasmación de la filosofía del Derecho en la norma concreta a menudo está huérfana. Además, hay una abundancia de normas jurídicas que conlleva, a menudo, la confusión al momento de invocarlas y de aplicarlas; tal dispersión no beneficia al justiciable, que es, en definitiva, quien ha de acatar las resoluciones de los Jueces.

Oír la opinión de la abogacía a través de los Colegios de Abogados

En este actuar de legislación compulsiva, los Colegios de Abogados deberían de exponer nuestra opinión. Podríamos ejercer como medio de presión ante leyes polémicas desde un punto de vista jurídico y social. El conocimiento de la realidad judicial diaria debe permitir que los abogados patrocinen iniciativas que se acojan en el ordenamiento jurídico, lo que en definitiva redundará en mejores leyes y normativas. En este sentido, recuerdo a don Antonio Pedrol Rius, quien defendió con firmeza a la abogacía frente al poder ejecutivo en la convulsa etapa de la Transición; fue un referente para muchos abogados y un jurista que supo influir con sus ideas en los políticos del momento.

Valencia, ciudad renovada por el esfuerzo de sus habitantes

La transformación de la Comunidad Valenciana en la última década es el resultado de una voluntad de modernización compartida por todos los valencianos. Valencia es una ciudad media, cada vez más cosmopolita, con proyección mundial, que ha desarrollando eventos de gran repercusión y calibre como la America’s Cup de embarcaciones de vela y el circuito de Fórmula Uno. Se beneficia de una alcaldesa, doña Rita Barberá, que cuenta con el respaldo de los valencianos desde hace más de diez años, y está realizando un gran esfuerzo por la ciudad, implicándose en la restauración del casco histórico de la capital, el más grande de Europa, y potenciando además, junto con el Consell de la Generalitat Valenciana, nuestra reconocida capacidad emprendedora a nivel empresarial.

La labor de la Familia Real

La territorialidad de España se cuestiona por algunos, cada cierto tiempo. Para mí el artículo 2 de la Constitución es obvio al respecto: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indisoluble de todos los españoles”. La monarquía parlamentaria, representada por Su Majestad El Rey, ha dado muestras durante los últimos 30 años de ser un Jefe de Estado que cohesiona los distintos sentires de los españoles, garantizando la unidad de la nación. Los Reyes desempeñan una gran labor como embajadores de España ante el mundo. Doña Sofía, la Reina de España, ha sabido merecidamente desarrollar el papel que como tal le corresponde, primando en su actuar el servicio a la nación, amén de su trayectoria como esposa y madre. Personalmente, opino que la monarquía nos ofrece y es, en el ámbito nacional e internacional, un signo de estabilidad y autoridad moral, y confío que el Príncipe de Asturias herede las formas y el criterio de Sus Majestades, sus padres.