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MARÍA JESÚS DÍEZ-ASTRAIN FOCES
MARÍA JESÚS DÍEZ-ASTRAIN FOCES GABINETE JURÍDICO DÍEZ-ASTRAIN Valladolid Licenciada en 1976 – Ejerce desde 1976
MARÍA JESÚS DÍEZ-ASTRAIN FOCES GABINETE JURÍDICO DÍEZ-ASTRAIN Valladolid Licenciada en 1976 – Ejerce desde 1976

MARÍA JESÚS DÍEZ-ASTRAIN FOCES GABINETE JURÍDICO DÍEZ-ASTRAIN Valladolid Licenciada en 1976 – Ejerce desde 1976

Obra:

Texto del 27/01/2009,
Fotografía cedida por Mª Jesús Díez-Astrain.

Activa luchadora durante la dictadura y la Transición, defensora de los derechos y libertades de los trabajadores y las mujeres, aboga por la conciliación familiar y por una mejora de la Ley de Violencia de Género. Constata la falta de medios del poder judicial y reivindica una legislación pausada y reflexionada. Por otro lado, cree que el Estado de las Autonomías es positivo, siempre y cuando se respeten las competencias estatales. Intuye que la monarquía perdurará en España.

Al principio de ejercer, éramos sólo cinco abogadas en Valladolid

Empecé a ejercer en el año 1976 en Burgos, un momento que recuerdo con gran orgullo. En 1977 me trasladé a Valladolid, donde sólo éramos cinco abogadas colegiadas. Desde entonces han sucedido muchas cosas, entre ellas el aumento de mujeres en la profesión. En Valladolid somos actualmente más de un 30%. Pese a ello, sigue habiendo una asignatura pendiente: una óptima conciliación familiar es incompatible con la dedicación de las abogadas a tiempo completo.

Fui detenida en 1974 y recibí la visita del decano de la facultad y del rector de la Universidad

Durante el tardofranquismo seguía sin haber un Estado de Derecho, pues aún existía arbitrariedad en las detenciones, así como una falta de libertad de expresión considerable. Todo lo que conseguían los trabajadores o los estudiantes era a base de protestas y, en cualquier momento, se les podía detener. Sin embargo, se había ido extendiendo la conciencia entre los distintos niveles institucionales de que esa situación estaba cambiando y era imparable. Determinadas actitudes aperturistas lo constataban. Por eso se toleraban ciertas situaciones; no porque el franquismo hubiera cedido un ápice. En mi caso, fui detenida en 1974, y tanto el rector de la Universidad de Valladolid como el decano de la Facultad de Derecho me visitaron, algo impensable hasta ese momento, lo que ejemplifica cómo las instituciones universitarias colaboraban activamente con el cambio.

Destacado papel de los abogados laboralistas y de empresa durante la Transición

El inicio de la Transición coincidió con la finalización de mis estudios y los primeros tiempos de mi ejercicio en Burgos defendiendo al sindicato CC. OO, aún ilegal. Esa época fue vertiginosa, de una efervescencia constante. Vivíamos en un ambiente muy dinámico e innovador, con muchas ganas de cambio y grandes esperanzas. Lo que más destacaría de entonces es que los abogados, tanto de empresa como laboralistas, jugamos un papel importante que nunca ha sido suficientemente reconocido en la historia española. Establecimos un sistema de diálogo capaz de lograr consensos frente a posiciones intransigentes de nuestros representados; aprendimos entre todos a negociar convenios colectivos, a transigir conflictos y a limar asperezas.

Los abogados tuvimos que convencer a algunos jueces de la necesidad de aplicar la Constitución

En varias ocasiones peligró la consecución exitosa del texto constitucional. La labor de los padres de la Carta Magna fue importantísima; entonces no la valoramos convenientemente, pero ha adquirido su merecido relieve con el paso de los años. Una vez firmada y promulgada la Constitución, al entrar en vigor los abogados llevamos a cabo otra tarea importante: convencer a los jueces de que había que aplicarla. Ahora a ningún juez se le ocurriría dictar una sentencia sin tener en mente los preceptos constitucionales, pero entonces recuerdo que, en un juicio en la Audiencia Provincial de Valladolid, aludí a un precepto constitucional y el presidente del tribunal me sugirió que dejara el Derecho constitucional para “ese tribunal que habían creado”, porque allí se hablaba de Derecho penal. Esto da una idea de que la Carta Magna tardó en ser acogida por el sistema judicial en su conjunto. Y lo que es más: a día de hoy todavía se está profundizando en ella.

El golpe de Estado del 23-F demostró que se trataba de un cambio complejo

A pesar de las dificultades de la época por establecer una democracia, los ciudadanos españoles asumieron el cambio adecuadamente. Hoy la democracia está profundamente arraigada en España. El golpe de Estado del 23-F demostró que se trataba de un cambio complejo y sirvió para que los que habíamos luchado por conseguir aquel progreso aún creyéramos más en nuestra nación y en lo que habíamos logrado hasta ese momento.

Libertades y derechos en los que hay que ahondar y que no exigen modificación constitucional

Algunos aspectos podrían reformarse, pero una Constitución con treinta años de vigencia es relativamente joven. Es necesaria alguna modificación, pero no urgente. El texto fue fruto del momento: se redactó con un consenso muy amplio y eso es importante. Tendría que producirse el mismo grado de acuerdo también para su reforma y desconozco si sería posible. Independientemente de los ligeros cambios que deberían llevarse a cabo, existen muchas libertades y derechos en los que hay que seguir profundizando y que no exigen una modificación constitucional. Por ejemplo, temas como las funciones del Senado, la modificación de la Ley Electoral, derechos como el de igualdad, de género y en otros ámbitos como la inmigración o la integración de los discapacitados, o el derecho a la intimidad en el ámbito laboral.

La legislación es una herramienta y tiene que ser útil, nunca partidista

En España se legisla con ligereza y desmesuradamente. Existe tal cantidad de leyes que incluso los juristas no podemos abarcarlas todas. Habría que dictar normas de manera más reflexiva. La legislación es una herramienta para la sociedad que ofrece seguridad y tiene que ser útil, nunca partidista. Además, a veces está siendo inevitable la presión de los mass media a la hora de dictar nuevas normas.

Inconvenientes de la Ley de Violencia de Género

La Ley de Violencia de Género constituye el reflejo de la aspiración de las mujeres desde hace mucho tiempo. Se trata de una norma espléndida pero que alberga alguna imperfección. Por ejemplo, todo lo referente a sus implicaciones sociales, educativas, etc., que ha de ser desarrollado por el Gobierno y las comunidades autónomas. Además, existe una falta de asesoramiento previo a las mujeres que sufren un posible maltrato. Según su situación particular, se les debería asesorar para que supieran si han de denunciar o no y para que fueran conscientes de las consecuencias posteriores de ese trámite.

Pautas educacionales versus pautas represoras

El Código Penal, al ser un derecho sancionador, tendría que usarse restringidamente y destinarse de forma exclusiva a las conductas más graves y perjudiciales para la sociedad. Debería haber menos delitos tipificados; hoy padecemos un exceso de tipos penales, pues no se han adaptado los tradicionales a comportamientos actuales, sino que se han creado nuevos. Soy poco partidaria de las medidas represoras, me decanto más bien por las educativas. En un futuro, la educación en valores cívicos, sociales y ciudadanos dará sus resultados y muchas conductas se verán corregidas y no requerirán la aplicación de penas judiciales.

Necesidad de mejoras en todo el ámbito judicial

Vivimos una situación de descontento generalizado por parte del aparato judicial, en concreto de los jueces; ello no cambiará mientras no se reforme en profundidad el actual sistema judicial. La petición más urgente que expresan los jueces es la resolución de los problemas prácticos diarios: deben mejorar las condiciones de los juzgados, aumentar los medios y el personal; es importante una dotación informática que agilice su trabajo y que mejore las comunicaciones entre los diferentes juzgados. De esta manera se eliminaría el exceso burocrático. Por otro lado, en ocasiones interfiere en el poder judicial el Ejecutivo, lo cual es algo que hay que evitar, pues la Justicia ha de ser totalmente independiente.

Los jueces están limitados y desbordados por ocupaciones que no son su verdadero cometido

Cada juez organiza su labor y la de sus funcionarios como considera conveniente, pero seguramente agradecería ayuda externa para estructurar mejor el trabajo del tribunal. Así, podrían dedicarse exclusivamente a sus juicios y a dictar sentencias, pero la realidad es que se ven desbordados y limitados por ocupaciones que no son su cometido. Quizás exista alguna reticencia ante la sospecha de que esta ayuda sea una manera de control por parte del Ejecutivo.

Una descentralización positiva e igualitaria

En Castilla y León no hay demasiada conciencia de la necesidad de una comunidad autónoma, ni ha sido nunca un territorio muy reivindicativo al respecto. En general, la descentralización ha acercado las instituciones a los ciudadanos y la asunción de competencias ha sido positiva. Aquí todavía quedan competencias por asumir. Hay una Consejería de Interior y Justicia que está estudiando el posible traspaso de competencias en materia judicial, pero de forma muy lenta. Seamos cautos con ciertos nacionalismos que perseveran en obtener los máximos beneficios en detrimento de otras comunidades menos relevantes. Existen autonomías que intentan conseguir atribuciones que la Constitución declara competencia exclusiva del Estado.

Continuidad monárquica mediante la abdicación

No me considero monárquica, pero sí juancarlista. Las actuaciones de Su Majestad el Rey han sido acertadas y los españoles están orgullosos de él. Sospecho que el futuro será monárquico y la abdicación de don Juan Carlos sería una forma de sucesión interesante y correcta para apaciguar ánimos. Así, el nuevo Monarca iría adquiriendo experiencia al amparo de su padre. Debería cambiarse, eso sí, el sistema de sucesión que posterga a las mujeres.