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MIGUEL GARCÍA CARRETERO
MIGUEL GARCÍA CARRETERO Villarrobledo, Albacete Licenciado en 1987 – Ejerce desde 1989
MIGUEL GARCÍA CARRETERO Villarrobledo, Albacete Licenciado en 1987 – Ejerce desde 1989

MIGUEL GARCÍA CARRETERO Villarrobledo, Albacete Licenciado en 1987 – Ejerce desde 1989

Obra:

Texto del 28/10/08
Fotografía: Francisco Ferrer Grafia.

El letrado Miguel García Carretero, secretario de la Asociación de Usuarios de Aguas Subterráneas de Castilla-La Mancha y miembro del equipo jurídico de su homóloga nacional, considera que es urgente un pacto de Estado sobre el agua y expone que existe un creciente problema de ilegalidad con las aguas subterráneas. Por otro lado, es partidario de poner coto a ciertas competencias autonómicas, sobre todo en temas como educación o sanidad, pues opina que generan desigualdades.

Bufete centrado en Derecho de agricultura y de aguas

En nuestra profesión se dice que es preferible un mal acuerdo a un buen pleito. Éste es un aforismo que solemos poner en práctica en nuestro despacho, centrado en asuntos de agricultura y Derecho de aguas. Los empresarios saben que los procedimientos son muy caros y ya se han dado cuenta de lo acertado de poner en práctica dicha aseveración. Sin embargo, al pequeño agricultor todavía le cuesta entenderlo y tiende a pensar que son mejores los letrados mediáticos y aquellos que prefieren el pleito.

La Transición, una época llena de dificultadas pero con voluntad política para superarlas

De aquella época, recuerdo sobre todo la apertura social, cómo la gente se atrevía a manifestar su opinión en la calle, las pancartas, los carteles… y la legalización de partidos. Fueron tiempos difíciles pero hay que reconocer que hubo voluntad política para solventar la situación. También me viene a la memoria el intento de golpe de Estado del 23-F. Entonces estudiaba en el instituto y aún recuerdo con alegría el fracaso de aquella intentona golpista.

Dar una oportunidad al resto de comunidades autónomas

Sería positivo retocar algunos aspectos de la Constitución, sobre todo en lo concerniente a las competencias de las comunidades autónomas. Siempre han tenido preferencia los territorios históricos, mientras que el resto ha sufrido la carencia de ese reconocimiento. Considero que ha llegado el momento de adaptarnos a los tiempos actuales; esto significa que se debe dar entrada al resto de comunidades, sin ir más lejos a Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura, que también deberían tener su oportunidad para asumir las competencias que tienen otras autonomías.

No es positivo dejar plena libertad a las autonomías en ciertas materias

En el sector agrario, por ejemplo, el Estado autonómico contribuye a agilizar los procesos y las gestiones, dada la mayor proximidad de la Administración al ciudadano. Sin embargo, en ocasiones deja mucho que desear, sobre todo en temas de Sanidad o Educación. No es justo que una comunidad goce de una situación privilegiada respecto a otra. Creo que dejar plena libertad a las autonomías para que cada una establezca sus propios programas educativos o sanitarios, por ejemplo, no es positivo. Hay aspectos que deberían centralizarse, que tendrían que estar regidos por una legislación estatal. En cuanto a la gestión, podría desarrollarse dentro del ámbito autonómico o, incluso, local.

Tomar conciencia de la necesidad de una reforma judicial

No dejamos de escuchar que es necesario reformar la Justicia, demanda cierta porque el problema es ya acuciante. No podemos seguir permitiendo que un ciudadano al que, por ejemplo, le deben dinero o le ocupan un inmueble, vea como se retrasa la sentencia y, finalmente, la ejecución se convierta en un proceso largo y tedioso. Todo se dilata en exceso y se acaba por perder el sentido de la propia justicia. Es necesario que de una vez por todas se tome conciencia de que la reforma del sistema judicial es primordial.

El Tribunal Constitucional no debería ser una tercera instancia

Para mí, los miembros del Consejo General del Poder Judicial tendrían que ser designados por los jueces: ellos mismos deberían autogobernarse. En cuanto al Tribunal Constitucional, considero que no debería ser una tercera instancia, ni un instrumento para interponer recursos de apelación a las sentencias del Supremo, sino que ha de proteger derechos fundamentales y garantías constitucionales. La verdad es que está muy politizado y se utiliza con demasiada asiduidad para entrar en discusiones partidistas.

Sufrimos un exceso de legislación

Opino que hay un exceso de reglamentación; se regula demasiado la vida de los ciudadanos y se pretende que todo esté muy normalizado. Sumémosle a ello el hecho de que tanto el Estado como las autonomías legislan, y después cada cual interpreta los textos según su conveniencia. Para los abogados, supone la complicación añadida de haber de estudiar la normativa de cada una de las comunidades.

Textos legales creados bajo el dictado de la actualidad

Hoy día, la sociedad está muy mediatizada y funciona a impulsos, a golpe de noticia. Incluso la ley, que debería tener una vocación permanente, tiene demasiado en cuenta lo que los medios exponen. De esta forma, se acaba por legislar en función del dictado de la actualidad, con un punto de vista excesivamente casuístico, lo que produce textos legales sin funcionalidad real.

Cambios legislativos que crean diferencias entre los ciudadanos

A este problema se añade otro: mientras unos dictan nuevas leyes, otros las derogan. Por ejemplo, la Ley del Plan Hidrológico Nacional dio luz verde a los trasvases en 2001. Sin embargo, con el cambio de Gobierno, se desvaneció esa posibilidad. Si en las próximas elecciones vuelve a ganar el PP, ¿se retomará otra vez el tema del trasvase como solución o se abandonarán las desaladoras como tal? Existe una enorme indefinición y esto provoca que al final se creen diferencias entre los propios ciudadanos, entre los que pudieron acogerse a la legislación de un momento determinado y quienes no lo hicieron.

Existe un problema de ilegalidad con las aguas subterráneas

Hasta 1985, año en que se publica una nueva normativa que transforma en públicas las otrora de titularidad privada aguas subterráneas, los ciudadanos –los agricultores–, con su propio dinero, aperturaban pozos y transformaban en regadío sus explotaciones, lo que generaba riqueza en sus localidades. Posteriormente, al agravarse la situación de sequía, las aguas subterráneas adquieren especial relevancia y se continúa con la apertura de nuevos aprovechamientos que, sin contar con la autorización de la Administración hidráulica, nacen al amparo de una cierta permisibilidad de facto. Ello ha provocado, actualmente, un serio problema de ilegalidad de muy difícil solución por sus consecuencias sociales, políticas y económicas.

No hay recursos hídricos para todos

Se debe tener en cuenta que más del 50% del PIB de la agricultura deriva de aguas subterráneas, no de las superficiales. Muchas familias y empresas agrícolas viven de la agricultura de regadío, pero el agua es cada vez más escasa y a su vez más necesaria, con lo que el número de pozos ilegales aumenta. Asimismo, crecen los enfrentamientos entre particulares o las demostraciones de carencia de solidaridad, y no sólo a nivel autonómico. Conozco una localidad compuesta por unos 7.000 habitantes en la que ya empieza a haber discusiones o muestras de separatismo por el agua entre vecinos. Es un problema sociopolítico y económico muy grave: no hay recursos para todos y, de momento, ningún Gobierno ha ofrecido una solución.

Apremia realizar un pacto estatal sobre el agua

Ningún político quiere arriesgarse a llevar a cabo un pacto estatal sobre el agua porque, si lo hiciera, probablemente no saldría reelegido. Sin embargo, es necesario y urgente que todas las fuerzas políticas den un paso adelante en este tema, sin pensar en el interés particular sino en el global, antes de que se agote este recurso. Necesitamos concienciación y consenso de todas las partes implicadas: políticos, usuarios y administraciones, incluida la local. Debemos tener conciencia del agua que tenemos, de la que requerimos y de la que necesitaremos en un futuro.

La agricultura castellana subsiste con las subvenciones

En nuestra comunidad no existe, en general, una agricultura productiva, sino que es subvencionada. De hecho, la especialidad jurídica del despacho en materia de agricultura se resume en recurrir contra la denegación de subvenciones. Al final, ello nos lleva a un país de mínimos, de gente pobre que depende del dinero de otro y no de su propio trabajo, lo que soluciona los problemas a corto plazo, pero no el futuro. La pregunta que surge de inmediato es qué ocurrirá en 2013 con la incorporación a la Unión Europea de los países del Este, cuando es probable que finalicen, o se nos reduzcan, las subvenciones europeas.

Crece el cultivo del viñedo y la creación de bodegas

Hoy se está apostando en nuestra zona por el viñedo. Nuestra comunidad ha sido una gran productora y exportadora de vinos a granel y actualmente sigue siéndolo, pero a la par se están creando muchas bodegas que elaboran y embotellan vinos propios de muy buena relación calidad-precio, si bien es cierto que esta actividad, en gran parte, no proviene del propio agricultor o de un viticultor establecido, sino de otros sectores económicos como, por ejemplo, la construcción.

La monarquía está muy consolidada y perdurará

Podemos ser favorables o contrarios a la monarquía, pero en general no es un sistema molesto, sino una institución que está consolidada y que en los momentos importantes ha demostrado saber estar o saber callar. La figura de Su Majestad el Rey es bien aceptada por los ciudadanos y, respecto al Príncipe Felipe, no dudo que llegará a reinar. Ahora bien, no creo que el traspaso del cargo se haga por abdicación, sino por causas naturales. Vaticino que, en cualquier caso, habrá voces que se alzarán en contra pero, finalmente, se dará la sucesión.