Testimonios para la historia, S.L. Editora. Avda. Diagonal, 612 6º 4ª y 5ª Barcelona 08021. Télefono: 930 18 16 16 Contacta
Sr. Iceta
SR. MIQUEL ICETA LLORENS.
Fotografia cedida

SR. MIQUEL ICETA LLORENS. Primer secretario del Partit dels Socialistes de Catalunya

Obra: ,

Texto del 10/01/2017 

MIQUEL ICETA LLORENS

Barcelona

Convencido de que el federalismo es el sistema que se ajusta más a las necesidades de los ciudadanos, su modelo para España se inspira en la eficiencia alemana y el respeto canadiense hacia las diferentes lenguas y culturas. Lamenta que el PP desbaratara el esfuerzo de consenso que representó el Estatuto de Catalunya de 2006. Contrario a la independencia, cree que un referéndum no acordado no es válido y que sólo generará frustración.

Ver texto completo. Elija el idioma

Español

 

Cuarenta años de socialismo

Me dedico a la política desde 1977, cuando me afilié al Partit Socialista Popular Català. En 2015 fui candidato a la presidencia de la Generalitat de Catalunya, y muy probablemente volveré a serlo en las próximas elecciones. Uno de los momentos más emotivos de mi carrera política fue el día en que Manuela de Madre, entonces alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, habló en el Congreso para apoyar la aprobación del nuevo Estatuto. La noche anterior, nos alojamos en el hotel Villa Magna de Madrid. Aunque ella llevaba el texto muy trabajado, estuvimos perfilándolo hasta altas horas de la madrugada. Artur Mas y Josep Lluís Carod-Rovira, sus compañeros de terna, hicieron dos magníficos discursos políticos, pero Manuela clamó con sentimiento contra la intolerancia, la pobreza y la falta de oportunidades que la echaron de su tierra; y lo relacionó con el Estatuto, que había de ser un instrumento para que nunca más se echara a nadie de ningún sitio.

Naciones verdaderas, falsas y pactos

Las naciones no son entidades homogéneas. Todas las naciones tienen algo de verdaderas, pero también algo de falsas. Catalunya, como todas, es muy diversa. Por eso es tan difícil e injusto hablar de Catalunya en singular. Desde esa concepción, el Estatuto de 2006 fue un intento de renovar el pacto que hizo posible el autogobierno más amplio que Catalunya ha tenido en su historia. Ya había llovido mucho desde el Estatuto de 1979 y había voluntad de avanzar en esa línea. El intento siguió la vía que marcan las leyes; se logró un consenso superior a los dos tercios del Parlamento catalán. Se negoció, también, para que fuera aprobado en el Congreso y en el Senado, consiguiendo la mayoría absoluta en ambas cámaras.

Y empezó el Procés

A continuación, el nuevo Estatuto fue aprobado en referéndum por el pueblo de Catalunya. Con todos los requisitos legales cumplidos, resultado de grandes esfuerzos por muchas partes, de repente aparece en escena el Partido Popular para instrumentalizar el tema y convertirlo en su principal caballo de batalla electoral, hasta el extremo de recurrir el Estatuto ante el Tribunal Constitucional. Cuatro años después, este órgano judicial emite una sentencia que altera lo que el pueblo catalán había refrendado en las urnas. Todo lo que ha sucedido desde entonces es consecuencia de la imprudencia y el despropósito del PP, que desactivó así un pacto que podría haber dado a España décadas de estabilidad territorial. Y no es que la sentencia modificara sustancialmente el Estatuto. No fue una cuestión de cantidad, sino de calidad democrática, porque la norma ya había sido refrendada. El independentismo no nace a raíz de la sentencia, siempre ha existido en mayor o menor medida, pero sí que nace lo que se ha convenido en llamar el Procés, cuyo parto fue la enorme manifestación de repulsa hacia dicha sentencia.

Ambición legítima pero desaforada

El Presidente Maragall, a través de su amistad con Josep Piqué, intentó que el Partido Popular se sumara al consenso del Estatuto, pero no obtuvo resultado alguno, porque ya habían decidido oponerse a él con el fin de movilizar a sus futuras mayorías electorales, dado que no es ningún secreto que una parte de la opinión pública española recela de las concesiones que se puedan hacer a Catalunya. Por otro lado, los partidos catalanes, durante la redacción del Estatuto nos dejamos llevar por el «por pedir que no quede» y pecamos de demasiada ambición, legítima pero desaforada. Sabíamos que cuanto reclamáramos sería sometido a negociación, y en más de un caso, a rebaja. El PSC, al principio, en comisión, votó en contra del redactado porque creaba unas expectativas que sabíamos que se verían frustradas. Al final, se moduló a partir del dictamen del Consell Consultiu de la Generalitat, y pudimos volver al consenso.

Hay una solución, y no es la separación

El Procés ya hace seis años que dura, y su apoyo ha ido creciendo o, por lo menos, manteniéndose. En su base social se entremezclan muchos sentimientos. Se nutre de mucha gente históricamente independentista, pero también de mucha otra que solo se siente coyunturalmente insatisfecha. Uno de los argumentos del movimiento soberanista es que las necesidades de Catalunya ya no tienen cabida en la Constitución española. Quizá sea así, pero, a mi parecer, ante eso lo que tenemos que hacer es reformar la Constitución para ampliar el autogobierno. Yo no comparto que la situación ya no tenga solución. Ni comparto que la separación del resto de España, que será necesariamente traumática, sea lo mejor para todos.

Más mediación y menos tribunales

Judicializar el Procés no será nada positivo. Me refiero al procedimiento en el Tribunal Supremo contra Francesc Homs en calidad de antiguo consejero de Presidencia, y a otro en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra el Presidente Artur Mas; Irene Rigau, que fue consejera de Enseñanza, y Joana Ortega, vicepresidenta del Gobierno catalán. Y por si no fuera ya bastante, a un tercer procedimiento que afecta a la Presidenta del Parlamento de Catalunya. La política sirve para evitar, precisamente, que estas cosas sucedan. Es cierto que los políticos, que son quienes hacen las leyes, son los primeros obligados a respetarlas; pero también es cierto que dos gobiernos, antes de verse en los tribunales, deben ensayar todo tipo de aproximaciones y agotar todos los mecanismos de mediación. Llevar a los responsables políticos de Catalunya ante los tribunales no resuelve el problema. El malestar y la insatisfacción seguirán ahí, y probablemente aumentados.

Diálogo, acuerdo y refrendo

Cuando los políticos soberanistas invocan leyes de desconexión que permitirán sustituir la legalidad española por una legalidad catalana, me parecen muy ingenuos. Nos dicen que son las leyes más importantes de la historia de Catalunya, pero a la vez nos las ocultan. Recuerdo cuando el Presidente Mas habló de astucia, de engañar al Estado. Inaudito. El nacimiento de un nuevo Estado no puede estar basado en el engaño. Un Estado no nace de un día para otro, como un amor a primera vista. O está basado en un pacto o en una revolución o en una guerra. No hay más. El soberanismo está planteando demasiadas cosas en estos términos, y no es serio, no podemos dejarnos llevar por triquiñuelas o atajos. Los socialistas catalanes hace tiempo que tenemos muy claro que no existe una solución unilateral, ni ilegal, al problema. La única solución viene del diálogo, de la negociación y del pacto y de un posterior y nuevo refrendo, y en esa línea trabajamos para convencer a nuestros correligionarios no catalanes.

Problemas de legalidad y representatividad

En la consulta del 9-N participaron cerca de dos millones y medio de ciudadanos. Pero no olvidemos que en Catalunya somos siete millones y medio de habitantes, de los cuales prácticamente hay seis millones con derecho a voto. De dos millones y medio a seis millones hay mucho trecho. Con los referéndums unilaterales no solo nos enfrentamos a un problema de legalidad, sino también de representatividad. De democracia, en definitiva. Yo, sin ir más lejos, no participaré en ningún referéndum fuera del ordenamiento jurídico. Mi convicción de demócrata me lo impide. Dicho esto, lo que no se puede hacer desde Madrid es negarse a encontrar soluciones, porque, guste o no, en 2015 el 47% de los catalanes votaron opciones po-líticas independentistas. La realidad es la que es. Nuestra tarea como federalistas es esa, implicarnos en la política española como catalanes y convencer a tirios y a troyanos desde nuestro medio millón de votos.

No se puede engañar al ciudadano

No hace mucho se han tomado decisiones en otros países que deberían llevarnos a la reflexión. En Alemania, el Tribunal Constitucional acaba de dictaminar que no ha lugar dentro del ordenamiento legal del Estado un referéndum sobre la independencia de Baviera. Tiempo atrás, sucedió lo mismo en Italia respecto a la región del Véneto. Y por muchas vueltas que le demos, aquí nos encontramos en el mismo escenario, porque la Constitución española, hoy por hoy, no permite un referéndum de independencia. Anunciar unilateralmente un referéndum con efectos jurídicos no es otra cosa que engañar al ciudadano, por mucha ley que se puedan sacar de la manga subrepticiamente. El mundo no funciona así. Ya se celebró una consulta sin efectos legales en 2014. No tiene sentido insistir en esa vía, crear frustración. Sin reforma legal previa, no puede haber referéndum. No lo digo yo, lo dice el Consejo de Europa. Por eso no otorgó validez al referéndum de secesión de Crimea.

Entre Alemania y Canadá

La ventaja del federalismo es que se ajusta a las necesidades de cada país. No hay dos federalismos iguales. Mi aspiración para España es un federalismo que funcione tan bien como el alemán, y que sea capaz de reconocer las distintas comunidades nacionales con lengua y cultura propias como lo hace el federalismo canadiense. Catalunya, dentro de España, tiene que poder ser reconocida como nación. Debe mejorarse, también, su autogobierno, con más competencias, así como su financiación. Todo ello en el marco de una reforma constitucional que incluya también un senado federal.

English

General Secretary of the Catalan Socialist Party

Based on his conviction that federalism is the system that best suits the needs of citizens, his model for Spain is inspired by the efficiency of Germany and the respect of Canada for different languages and cultures. He regrets the PP’s disregard for the consensusof the Catalan Statute of Autonomy of 2006. He is not in favour of independence and believes that a unilateral referendum is not valid and will only generate frustration.

Forty years of socialism

I have been in politics since 1977, when I joined the Partit Socialista Popular Català. In 2015 I ran as the President of the Catalan Government and I will very probably do so again in the next elections. One of the most exciting moments of my political career was when Manuela de Madre, at that time the Mayor of Santa Coloma de Gramenet, expressed her support for the new Statute in the Congress. The night before, we stayed at the Villa Magna hotel in Madrid. Although she had worked on her speech, we continued to work on it until the early hours of the morning. Artur Mas and Josep Lluís Carod-Rovira, who also supported the Statute, gave two brilliant speeches, but Manuela cried out against the intolerance, poverty and the lack of opportunities that had forced her to leave the region of her birth, saying that the Statute must be an instrument to prevent anyone from having to leave their homes again.

True and false nations and pacts

A nations is not a homogeneous entity. Nations have something true about them and also something that is false. Like any nation, Catalonia is quite diverse. For that reason it is difficult and unfair to speak of Catalonia in the singular. Based on that idea, the Statute of 2006 was an attempt to renew the pact that had made it possible for the broadest possible self-government ever enjoyed by Catalonia. Many years had passed since the Statute of 1979 and there was a wish to make progress in that respect. The new Statute respected the law, and was supported by more than two-thirds of the Catalan parliament. Negotiations also took place to get it approved by the Congress and the Senate, where it obtained majority support in both houses.

And then the Procés began

The new Statute was then approved in a referendum by the Catalan people. Having fulfilled all the legal requirements and after much effort by all those involved, the Partido Popular suddenly appeared on the scene to make use of it and convert it into an electoral argument, to the point of filing an appeal against the Statute with the Constitutional Court. Four years later, this court issued a ruling that changed the text approved by the Catalan people. Everything that happened next is the result of the rash and absurd attitude of the PP, which destroyed a pact that could have given Spain years of territorial stability. The ruling did not substantially change the Statute, it was not a question of quantity but democratic quality, because the Statute had already been approved. The independent movement did not arise because of the ruling, it had always existed to a greater or a lesser extent, but it was converted into what is called the Procés, in the form of a mass demonstration totally rejecting that ruling.

A legitimate but turbulent ambition

Using his friendship with Josep Piqué, President Maragall did his best to get the Partido Popular to support the Statute, but to no avail, as they had already decided to oppose it in order to obtain majorities in the future elections, for it is no secret that part of Spanish public opinion was afraid of the concessions that could be made to Catalonia. On the other hand, during the drafting of the Statute the Catalan parties decided there was no harm in asking and perhaps we were too ambitious, which was legal but insurrectionary. We knew that everything we asked for would have to be negotiated and in more than one case, not fully accepted. At first, the PSC committee voted against the text because it created a series of expectations that we knew would not be met. In the end, it was modulated by the ruling of the Consell Consultiu de la Generalitat, and we were able to return to the consensus.

A solution exists, and it is not separation

The Procés has lasted for six years now, and support for it has grown, or at least remained stable. Its social base is made up of many different sentiments and it is fuelled by many people who have always been in favour of independence and also by others who feel dissatisfied with the current situation in general. One of the arguments of those in favour of independence is that the needs of Catalonia are no longer met by the Spanish Constitution. This may be true, but I think that in that case we should first reform the Constitution in order to increase self-government. I do not share their opinion that there is no way out and I do not agree that leaving Spain would be the best option for everyone, as this would be extremely traumatic.

More mediation and fewer courts

Judicialising the Procés is not a positive solution. By that I mean the procedure under way in the Supreme Court against Francesc Homs, the former Minister of the President’s Office and another in the Higher Court of Justice of Catalonia against the former President Artur Mas, Irene Rigau, former Minister of Education and Joana Ortega, former Vice-President of the Catalan Government. As if there were not enough, a third procedure is in progress against the current President of the Catalan parliament. Politics should serve to prevent things like this from happening. It is true that the laws are made by politicians and their main obligation is to respect them, but it is equally true that before challenging each other in court, two governments must try their best to negotiate and use all the mediation mechanisms at their disposal. Bringing Catalan leaders before the courts will not solve the problem. The unrest and dissatisfaction will continue and will most likely increase.

Dialogue, agreement and support

In my opinion, the invocation by those in favour of independence of laws of disconnection that will replace Spanish law with Catalan law is completely ingenuous. They say that these laws are the most important in Catalonia’s history, but they also hide them from us. I recall when President Mas spoke of being astute and deceiving the state. That is completely absurd. The birth of a new state should not be based on deceit. A state is not born in a day, like love at first sight. It is either based on a pact or on a war. That is all there is. The independence movement is expressing too many things in these terms and that is not right, we must not use devious strategies or short cuts. For some time now Catalan socialists have considered that there is no unilateral or illegal solution to the problem. The only solution is dialogue, negotiations and agreement which must then be subsequently supported, and we are working on these lines to convince our non-Catalan colleagues of this.

Problems related to legality and representation

Almost two and a half million citizens took part in the consultation held on 9 November. We must not forget that Catalonia has seven and a half million inhabitants, and of these, six millions have the right to vote. There is a large difference between two and a half million and six million. Unilateral referendums cause problems related to legality and to representation, and in short, democracy. I, for one, will not participate in a referendum that is not legal. My democratic convictions prevent me from doing so. Having said this, Madrid must try to find a solution because, whether they like it or not, in 2015, 47% of the Catalan people voted for parties in favour of independence and this is the truth. Our tasks as supporters of federalism, is to become involved in Spanish politics as Catalans and convince both sides based on our half a million votes.

It is not right to deceive citizens

Not so long ago, decisions were taken in other countries that should lead us to consider the situation. In Germany, the Constitutional Court has just issued a ruling stating that a referendum on the independence of Bavaria is excluded from the laws of the state. Some years back, the same occurred in Italy with respect to the Veneto region. However we look at it, we are in the same situation here, because today the Spanish Constitution does not permit a referendum on independence. Unilaterally announcing a referendum with legal effects is nothing more than deceiving citizens, no matter what devious laws they come up. The world doesn’t work that way. A referendum with no legal effects was already held in 2014. It makes no sense to insist of this channel and create frustration. Without a prior legal reform, there can be no referendum. And it’s not because I say this but because the Council of Europe says it. For that reason it did not consider the Crimea secession referendum valid.

Between Germany and Canada

The advantage of federalism is that it can be adapted to the needs of each country. No two federal systems are alike. My hope for Spain is a federal system that works as well as the German one and is able to recognise different national communities with their own language and culture, as is the case with Canadian federalism. Catalonia must be recognised as a nation within Spain. In addition, its self-governance must be improved by including more powers and more finance. All the above must be done within the framework of a constitution reform that also includes a federal senate.

Français

Premier secrétaire du Partit dels Socialistes de Catalunya

Convaincu que le fédéralisme est le système qui s’adapte le mieux aux besoins des citoyens, son modèle pour l’Espagne s’inspire de l’efficience allemande et du respect canadien envers les langues et les cultures. Il regrette que le PP fasse échouer l’effort de consensus qu’a impliqué le Statut de Catalogne en 2006. Contraire à l’indépendance, il croit qu’un référendum non accordé n’est pas valide et qu’il n’aboutit qu’à la frustration.

Quarante ans de socialisme

Je me consacre à la politique depuis 1977, date de mon affiliation au Partit Socialista Popular Català. En 2015, j’ai été candidat à la présidence de la Generalitat de Catalogne et il est fort probable que je me représente aux prochaines élections. L’un des moments les plus émouvants de ma carrière politique a eu lieu le jour où Manuela de Madre, alors maire de Santa Coloma de Gramenet, a parlé au Congrès pour soutenir l’approbation du nouveau Statut. La veille, nous nous étions installés à l’hôtel Villa Magna de Madrid. Son texte est très travaillé, mais nous l’avons peaufiné jusqu’à l’aube. Ses collègues Artur Mas et Josep Lluís Carod-Rovira, ont présenté de magnifiques discours politiques, mais Manuela a clamé avec passion contre l’intolérance, la pauvreté et le manque d’opportunités qui l’ont obligée à quitter sa région et les a rattachés au Statut, qui devait être un instrument pour que jamais plus personne ne doive partir.

De nations vraies, fausses et des pactes

Les nations ne sont pas des entités homogènes. Toutes les nations ont une part de vrai, mais aussi une part de faux. Catalogne, comme toutes les autres, est différente. C’est pourquoi il est aussi difficile et injuste de parler de Catalogne au singulier. Sur cette base, le Statut de 2006 était une tentative de rénover le pacte qui a rendu possible l’autonomie la plus vaste que Catalogne ait jamais eu au fil de son histoire. De l’eau a coulé sous les ponts depuis le Statut de 1979 et il existait une volonté d’avancer en ce sens. La tentative a suivi la voie marquée par les lois : un consensus de plus des deux tiers du Parlement catalan. Les négociations visaient également son approbation au Congrès et au Sénat, où il a obtenu la majorité absolue.

Et le Procés a commencé

Par la suite, le nouveau Statut a été approuvé par référendum par le peuple catalan. En remplissant toutes les exigences légales à l’issue des grands efforts réalisés par de nombreuses parties et soudain le Partido Popular apparaît pour instrumentaliser le sujet et en faire son principal cheval de bataille électoral, allant même jusqu’à faire appel auprès du Tribunal Constitutionnel. Quatre années plus tard, cet organe judiciaire dicte une décision qui altère ce que la population catalane avait ratifié dans les urnes. Tout ce qui s’est produit depuis est la conséquence de l’imprudence et de l’absurdité du PP, qui a désactivé ainsi un pacte qui pourrait avoir apporté des décennies de stabilité territoriale à l’Espagne. Or, la décision n’a pas modifié le Statut de façon substantielle. Ce n’était pas une question de quantité, mais de qualité démocratique, car la norme avait déjà été ratifiée. L’indépendantisme n’est pas le fruit de cette décision, il a toujours existé en plus ou moins grande mesure, mais de cette décision est né ce que nous avons tous appelé le Procés, et qui a commencé par l’immense manifestation contre cette décision.

Ambition légitime mais démesurée

Le président Maragall, par le biais de son amitié avec Josep Piqué, a essayé que le Partido Popular se joigne au consensus du Statut, mais n’a obtenu aucun résultat car celui-ci avait déjà décidé de s’y opposer afin de mobiliser ses futures majorités électorales, car comme tout le monde sait, une partie de l’opinion publique espagnole se méfie des concessions accordées à la Catalogne. D’autre part, pendant la rédaction du Statut, les partis catalans nous sommes laissés entraîner par le « on ne perd rien à demander » et nous avons pêché par excès d’ambition, certes légitime mais démesurée. Nous savions que tout ce que nous demanderions ferait l’objet de négociations et bien souvent de réductions. Au début, en commission le PSC a voté contre la rédaction car elle créait des expectatives qui, nous le savions, seraient frustrées. Au final, elle a été modulée à partir de la décision du Consell Consultiu de la Generalitat, et nous avons pu revenir au consensus.

Il existe une solution et elle ne passe pas par la séparation

Le Procés dure depuis six ans, et son soutien a augmenté, ou tout du moins s’est maintenu. Sa base sociale mélange de nombreux sentiments. Il se nourrit d’un grand nombre de personnes historiquement indépendantistes mais aussi de beaucoup d’autres qui se sentent simplement insatisfaites par la conjoncture. L’un des arguments du mouvement souverainiste est que les besoins de Catalogne ne sont pas pris en compte dans la Constitution espagnole. C’est peut-être le cas, mais je pense que nous devons plutôt réformer la Constitution pour élargir l’autonomie. Je ne crois pas que la situation n’ait pas de solution et je ne crois pas non plus que la séparation du reste de l’Espagne, qui sera nécessairement un traumatisme, soit le mieux pour tous.

Plus de médiation et moins de tribunaux

Judiciariser le Procés n’entraînera rien de positif. Je parle ici de la procédure auprès du Tribunal Suprême contre Francesc Homs en qualité d’ancien conseiller de la présidence, et à celle du Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne contre le président Artur Mas, Irene Rigau, ancienne conseillère de l’enseignement et Joana Ortega, vice-présidente du Gouvernement catalan. Et si cela ne suffisait pas, il existe une troisième procédure qui concerne la présidente du Parlement de Catalogne. La politique sert justement à éviter que de telles choses se produisent. Il est vrai que ce sont les hommes politiques qui font les lois, et ils sont les premiers tenus de les respecter ; mais il est vrai aussi que deux gouvernements doivent essayer tout type d’approches et épuiser tous les mécanismes de médiation avant d’en arriver aux tribunaux. Traîner les responsables politiques de Catalogne devant les tribunaux ne résout pas le problème. Le malaise et l’insatisfaction seront toujours là et iront probablement crescendo.

Dialogue, accord et ratification

Lorsque les hommes politiques souverainistes invoquent les lois de séparation qui permettraient de remplacer la légalité espagnole par une légalité catalane, ils me semblent très naïfs. Ils nous disent qu’il s’agit des lois les plus importantes de l’histoire de Catalogne, tout en nous les cachant. Je me souviens que le président Mas a évoqué l’astuce, a parlé de tromper le gouvernement. Inouï. La naissance d’un nouvel état ne peut reposer sur le mensonge. Un état ne nait pas du jour au lendemain, comme un coup de foudre. Il se base sur un pacte, sur une révolution ou sur une guerre. Il n’y a pas d’autres choix. Le souverainisme soulève trop de choses en ces termes et ce n’est pas sérieux. Nous ne pouvons pas nous plier à la ruse ou aux raccourcis. Les socialistes catalans savent depuis longtemps qu’il n’existe pas une solution unilatérale, ni illégale au problème. La seule solution possible passe par le dialogue, la négociation et le pacte, puis par une nouvelle ratification, et nous travaillons en ce sens pour convaincre et rallier les non-catalans de notre bord.

Des problèmes de légalité et de représentativité

Près de deux millions et demi de personnes ont participé à la consultation du 9-N. Mais il ne faut pas oublier que la Catalogne compte sept millions et demi d’habitants, dont près de six millions peuvent voter. Autant dire qu’entre deux millions et demi et six millions, il y a une grande marge. Les référendums unilatéraux ne posent pas seulement un problème de légalité, mais aussi de représentativité, en définitive, de démocratie. Pour ma part, sans aller plus loin, je ne participerai à aucun référendum hors de l’ordre juridique. Ma conviction de démocrate m’en empêche. Cela dit, le gouvernement de Madrid ne peut pas refuser de trouver des solutions, car que cela lui plaise ou non, en 2015 47 % des catalans ont voté des options politiques indépendantistes. C’est une réalité. Or, notre tâche, en tant que fédéralistes consiste à nous impliquer dans la politique espagnole en qualité de catalans et à convaincre toutes les parties avec notre demi-million de votes.

On ne peut pas mentir aux citoyens

Les décisions prises récemment dans d’autres pays devraient nous mener à la réflexion. En Allemagne, la Cour Constitutionnelle vient de prononcer qu’un référendum sur l’indépendance de la Bavière n’est pas possible dans l’ordre légal de l’État. La même chose s’était déjà produite en Italie concernant la région de Vénétie. Et quoi que nous en disions, nous nous trouvons ici face au même scénario, car la Constitution espagnole actuelle ne permet pas un référendum sur l’indépendance. Annoncer unilatéralement un référendum avec des effets juridiques revient à mentir aux citoyens, même en inventant subrepticement une loi. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Une consultation, sans effets légaux a déjà eu lieu en 2014. Cela n’a aucun sens d’insister dans cette voie, de susciter un sentiment de frustration. Il ne peut pas y avoir de référendum sans une reforme légale préalable. Ce n’est pas moi qui le dit, c’est le Conseil de l’Europe et c’est pour cette raison qu’il n’a pas validé le référendum de sécession de Crimée.

Entre l’Allemagne et le Canada

L’avantage du fédéralisme est qu’il s’ajuste aux besoins de chaque pays. Il n’existe pas deux fédéralismes identiques. Mon aspiration pour l’Espagne est un fédéralisme qui fonctionne aussi bien que l’Allemand et qui soit capable de reconnaître les différentes communautés nationales qui ont leurs propres langue et culture, comme le fait le fédéralisme canadien. La Catalogne doit être reconnue comme une nation au sein de l’Espagne. Il faut également améliorer son autonomie, en lui accordant plus de compétences, et son financement. Tout cela dans le cadre d’une réforme constitutionnelle qui englobe aussi un sénat fédéral.

Deutsch

Erster Sekretär der Partei der Sozialisten Kataloniens

(Partit dels Socialistes de Catalunya – PSC)

In der Überzeugung, dass ein föderalistisches System am besten an die Bedürfnisse der Bürger angepasst ist, lehnt sich sein Modell an die deutsche Effizienz und den kanadischen Respekt gegenüber unterschiedlichen Sprachen und Kulturen an. Er bedauert, dass die PP die Konsensbestrebungen des Autonomiestatuts von Katalonien des Jahres 2006 vereitelt hat. Als Gegner der Unabhängigkeitsbewegung ist er der Ansicht, dass ein nicht vereinbartes Referendum keine Gültigkeit besitzen kann und nur zur Frustration führen wird.

Vierzig Jahre Sozialismus

Ich widme mich seit 1977 der Politik, als ich in die Sozialistische Volkspartei Kataloniens (Partit Socialista Popular Català) eintrat. 2015 war ich Präsidentschaftskandidat für die Generalitat de Catalunya und werde in den nächsten Wahlen höchstwahrscheinlich erneut antreten. Einer der äußerst bewegenden Momente meiner politischen Karriere war der Tag, an dem die damalige Bürgermeisterin von Santa Coloma de Gramenet, Manuela de Madre, im spanischen Abgeordnetenhaus sprach, um die Annahme des neuen Autonomiestatuts zu unterstützen. Die Nacht davor hatten wir im Hotel Villa Magna de Madrid übernachtet. Obwohl sie eine sehr gut vorbereitete Rede mitgebracht hatte, saßen wir bis in die frühen Morgenstunden an weiteren Verbesserungen zusammen. Artur Mas und Josep Lluís Carod-Rovira, die beiden anderen Mitglieder ihrer Dreiergruppe, hielten zwei großartige politische Reden. Manuela sprach jedoch sehr emotional gegen die Intoleranz, die Armut und die fehlenden Chancen, wegen der sie ihre Heimat verlassen musste, und verknüpfte dies mit dem Autonomiestatut, das ein Instrument sein sollte, damit niemand mehr seine Heimat verlassen müsse.

Über Vereinbarungen sowie wahre und falsche Nationen

Die Nationen sind keine homogenen Einrichtungen. Alle Nationen besitzen gleichzeitig etwas Wahrhaftiges, jedoch auch etwas Falsches. Katalonien ist wie alle Nationen sehr vielseitig. Daher ist es so schwierig und ungerecht, von Katalonien im Singular zu sprechen. Beruhend auf dieser Auffassung war das Autonomiestatut des Jahres 2006 ein Versuch, einen Pakt zu erneuern, der die umfassendste Selbstverwaltung ermöglicht hat, die Katalonien in seiner Geschichte jemals erlebt hat. Seit dem Autonomiestatut des Jahres 1979 war viel Wasser unter den Brücken hindurch geflossen, sodass der Wunsch bestand, in dieser Linie einen Schritt nach vorne zu unternehmen. Der Versuch wurde innerhalb des vorgeschriebenen Rechtsrahmens durchgeführt und erreichte im katalanischen Parlament eine Zweidrittelmehrheit. Anschließend wurde die Annahme seitens der beiden Kammern des spanischen Parlamentes verhandelt, wobei sowohl im Abgeordnetenhauses als auch im Senat die absolute Mehrheit erzielt wurde.

Der Beginn des Procés

Im Anschluss wurde das neue Autonomiestatut mittels Referendum vom katalanischen Volk bestätigt. Damit waren nach großen Anstrengungen zahlreicher Beteiligter alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt, als plötzlich die spanische Volkspartei (Partido Popular) auf die Bühne trat, um das Thema zu instrumentalisieren und zu ihrem wichtigsten Arbeitspferd im Wahlkampf zu machen. Dabei ging sie sogar so weit, bezüglich des Autonomiestatuts den Rechtsweg vor dem spanischen Verfassungsgericht zu beschreiten. Vier Jahre später erließ dieses Justizorgan ein Urteil, das den Text veränderte, den das katalanische Volk an den Wahlurnen bestätigt hatte. Alles, was danach geschehen ist, ist Folge der Leichtfertigkeit und Ungereimtheit der PP, die auf diese Weise einen Pakt zunichte machte, der Spanien Jahrzehnte der territorialen Stabilität hätte sichern können. Und dabei hatte das Urteil das Autonomiestatut nicht einmal wesentlich verändert. Es ging nicht um die Quantität, sondern die demokratische Qualität, da die Norm bereits per Volksentscheid bestätigt worden war. Die Unabhängigkeitsbewegung entstand nicht aufgrund des Urteils, da sie in geringerem oder größerem Maße schon immer bestanden hat. Mit dem Urteil entstand vielmehr der sogenannte Procés, dessen Geburt als die massiven Kundgebungen des Abscheus gegenüber diesem Urteil anzusehen ist.

Berechtigter, jedoch widerrechtlicher Wunsch

Der katalanische Präsident Maragall hatte über seine Freundschaft zu Josep Piqué versucht, die Partido Popular dazu zu bewegen, sich dem Konsens über das Autonomiestatut anzuschließen. Dies war jedoch zum Scheitern verur teilt, da die PP ihre Ablehnung bereits mit dem Ziel beschlossen hatte, zukünftige Wahlmehrheiten zu mobilisieren. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass ein Teil der spanischen öffentlichen Meinung eventuellen Zugeständnissen zugunsten Kataloniens misstraut. Auf der anderen Seite ließen sich die katalanischen Parteien bei der Formulierung des Autonomiestatuts von der Ansicht „es kann nicht schaden, es zu versuchen“ leiten und stellten zu ehrgeizige Forderungen, die zwar berechtigt, nicht jedoch rechtmäßig waren. Wir wussten, dass unsere Forderungen verhandelt und in mehr als einem Fall gekürzt werden würden. Die PSC stimmte ursprünglich gegen den Text, da er Erwartungen schuf, von denen wir wussten, dass sie frustriert werden würden. Schließlich wurde er ausgehend von der Stellungnahme des Beratungsaus – schusses des Generalitat angepasst, sodass wir uns dem Konsens wieder anschließen konnten.

Es gibt eine Lösung, die jedoch nicht in der Trennung besteht

Der Procés dauert inzwischen sechs Jahre an, während der seine Unterstützung gewachsen ist oder zumindest aufrechterhalten wurde. In seiner gesellschaftli – chen Basis vermischen sich viele Empfindungen. Sie besteht aus vielen Personen, die historisch schon immer Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung waren, jedoch auch vielen anderen Personen, die sich lediglich konjunkturell unzufrieden fühlen. Eines der Argumente der Unabhängigkeitsbewegung ist, dass die Bedürfnisse Kataloniens von der spanischen Verfassung nicht mehr erfüllt werden können. Dies mag vielleicht stimmen, meines Erachtens muss dann jedoch die Verfassung reformiert werden, um die Selbstverwaltung zu erweitern. Ich bin nicht der Ansicht, dass es keinen Ausweg aus der aktuellen Situation gibt. Auch kann ich mich nicht der Ansicht anschließen, dass die Trennung vom restlichen Spanien, die notwendigerweise traumatisch sein wird, die beste Lösung für alle darstellt.

Mehr Schlichtung und weniger Gerichte

Eine Judikalisierung des Procés ist unter keinen Umständen positiv. Ich beziehe mich hier auf das Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof gegen Francesc Homs in seiner Eigenschaft als ehemaliger Präsidentschaftsminister und auf das Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof von Katalonien gegen den Präsidenten Artur Mas, die damalige Bildungsministerin Irene Rigau und die Vizepräsidentin der katalanischen Regierung Joana Ortega. Und als ob diese beiden Verfahren nicht schon genug wären, ein dritter Prozess gegen die Präsidentin des Parlaments von Katalonien. Die Politik sollte eigentlich dazu da sein, genau solche Ereignisse zu vermeiden. Natürlich müssen die Politiker, die schließlich für die Verabschiedung von Gesetzen zuständig sind, als Erste die Gesetze einhalten. Wahr ist jedoch auch, dass zwei Regierungen alle möglichen Annäherungsversuche unternehmen und alle Schlichtungsmecha-nismen ausschöpfen sollten, bevor sie sich vor Gericht wiedersehen. Die politischen Verantwortlichen Kataloniens vor Gericht zu bringen, wird das Problem nicht lösen. Der Unmut und die Unzufriedenheit werden dadurch nicht beseitigt und wahrscheinlich eher erhöht.

Dialog, Einvernehmen und Anerkennung

Politiker der Unabhängigkeitsbewegung, die sich auf Trennungsgesetze berufen, die den Ersatz der spanischen Legalität durch eine katalanische Legalität erlauben, erscheinen mir recht naiv. Sie erzählen uns, es handele sich dabei um die wichtigsten Gesetze der Geschichte Kataloniens, verschweigen uns diese jedoch gleichzeitig. Ich erinnere mich daran, dass Präsident Mas von List und einer Täuschung des Staats sprach. Unerhört. Die Geburt eines neuen Staates darf nicht auf einer Täuschung beruhen. Ein Staat entsteht nicht von einem Tag auf den anderen, wie eine Liebe auf den ersten Blick. Staaten entstehen entweder beruhend auf einem Pakt, oder einer Revolution oder einem Krieg. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Die Unabhän – gigkeitsbewegung legt zu viele Dinge in diesem Sinne dar. Dies ist nicht seriös, wir dürfen nicht auf Tricks zurückgreifen oder uns von Abkürzungen verleiten lassen. Die katalanischen Sozialisten sind sich seit langer Zeit darüber im Klaren, dass es weder eine einseitige noch eine rechtswidrige Lösung dieses Problems gibt. Die einzige Lösung kann aus einem Dialog, Verhandlungen, einem Pakt und einer anschließenden erneuten Bestätigung bestehen. Daran arbeiten wir, um unsere nicht katalanischen Parteigenossen zu überzeugen.

Probleme der Legalität und Repräsentativität

An der Volksbefragung vom 9. November nahmen ca. 2,5 Mio. Bürger teil. Dabei dürfen wir jedoch nicht vergessen, dass Katalonien 7,5 Mio. Einwohner zählt, von denen 6 Mio. wahlberechtigt sind. Zwischen 2,5 Millionen und 6 Millionen besteht ein großer Unterschied. Bei unilateralen Volksbefragungen stehen wir nicht nur einem Problem der Legalität gegenüber, sondern auch einem der Repräsentativität. Schlussendlich also einem Problem der Demokratie. Ich meinerseits werde an keinem Refe-rendum teilnehmen, das außerhalb der Rechtsordnung durchgeführt wird. Meine Überzeugung als Demokrat verbietet mir das. Dies voraus geschickt, darf Madrid sich jedoch auch nicht weigern, nach Lösungen zu suchen. Denn ob es der spanischen Regierung gefällt oder nicht, haben 47 % der Katalanen bei den Wahlen 2015 politische Unabhängigkeitsoptionen gewählt. Die Realität ist so, wie sie ist. Unsere Aufgabe als Föderalisten besteht darin, uns als Katalanen an der spanischen Politik zu beteiligen und ausgehend von unseren 2,5 Mio. Stimmen alle anderen zu überzeugen.

Der Bürger darf nicht getäuscht werden

Erst vor Kurzem wurden in anderen Ländern Entscheidungen getroffen, die uns zur Reflexion anregen sollten. In Deutschland hat das Bundesver-fassungsgericht eine Beschwerde zur Volksabstimmung über die bayerische Unabhängigkeit nicht angenommen. Vor längerer Zeit geschah in Bezug auf Venetien dasselbe in Italien. Und aus welchem Blickwinkel wir es auch betrachten, befinden wir uns hier vor demselben Szenario, da die spanische Verfassung zum heutigen Zeitpunkt kein Unabhängigkeitsreferendum zulässt. Einseitig ein Referendum mit juristischen Auswirkungen anzukün-digen, ist nichts anderes, als den Bürger zu täuschen, ganz gleich, wie viele Gesetze auch klammheimlich aus dem Ärmel geschüttelt werden. Die Welt funktioniert anders. 2014 wurde bereits eine Befragung ohne rechtliche Auswirkungen durchgeführt. Es ergibt keinen Sinn, erneut auf diesem Weg zu bestehen, dies führt nur zu weiteren Frustrationen. Ohne vorherige Gesetzesreform kann es kein Referendum geben. Und das sage nicht ich, sondern der Europarat. Aus diesem Grund erklärte er das Sezessionsre-ferendum der Krim für nicht rechtmäßig.

In der Mitte zwischen Deutschland und Kanada

Der Vorteil des Föderalismus ist, dass er an die Bedürfnisse jedes Landes angepasst werden kann. Es gibt keine zwei föderalistischen Staaten, die gleich sind. Mein Wunsch für Spanien ist ein Föderalismus, der so effizient wie der deutsche funktioniert und wie der kanadische in der Lage ist, die unterschiedlichen nationalen Gemeinschaften mit einer eigenen Sprache und Kultur anzuerkennen. Katalonien muss innerhalb von Spanien als Nation anerkannt werden. Außerdem muss die Selbstverwaltung um mehr Kompetenzen erweitert und die Finanzierung verbessert werden. All dies innerhalb des Rahmens einer Verfassungsreform, die ebenfalls einen Bundessenat einschließt.