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RAÚL ROJO DE DIEGO
RAÚL ROJO DE DIEGO GABINETE DE ABOGADOS R. ROJO Y ASOCIADOS Salamanca Licenciado en 1975 – Ejerce desde 1978
RAÚL ROJO DE DIEGO GABINETE DE ABOGADOS R. ROJO Y ASOCIADOS Salamanca Licenciado en 1975 – Ejerce desde 1978

RAÚL ROJO DE DIEGO GABINETE DE ABOGADOS R. ROJO Y ASOCIADOS Salamanca Licenciado en 1975 – Ejerce desde 1978

Obra:

Texto del 29/12/08
Fotografía cedida por Raúl Rojo.

A este abogado salmantino le tocó vivir y estudiar en la denominada “democracia orgánica”, en una época de España en la que se combinaba el oscurantismo con el desarrollismo y las convulsiones sociopolíticas. Raúl Rojo de Diego empezó a ver la luz con la entrada de la Transición, que alumbró una verdadera Constitución, y por cuyos artífices siente admiración y respeto. De ellos añora la voluntad de consenso y la capacidad para elaborar leyes fundamentadas en el estudio y la experiencia.

Tuve como compañero de carrera a Enrique Ruano

Nací en el año 1948 y estudié la carrera durante la dictadura en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Proveníamos de una situación en la que se nos había lavado el cerebro de tal manera que padecíamos una ceguera total en muchos aspectos. Veíamos el poder de los militares como algo normal y nos atemorizaban con el comunismo. Mientras estudiaba Derecho tuve como compañero a Enrique Ruano, miembro del Frente de Liberación Popular, que murió el 20 de enero de 1969 como consecuencia de una “caída” desde la ventana del edificio al que había sido llevado por la Brigada Político Social, que le detuvo tres días antes. Eran otros tiempos. Desde entonces, el país se ha transformado profundamente. Hoy dirijo el gabinete de abogados constituido por los profesionales Vicente Casado Galán, Raúl Rojo Martín, Elena Conde García y Rubén Sutil Albarrán, además por mí mismo, claro está. Nos ocupamos de áreas del Derecho que abarcan casos civiles, mercantiles, penales, laborales, administrativos y agrarios.

Más de treinta años permanecimos dormidos, sin conciencia de nuestros derechos sociales y políticos

En enero de 1969, las huelgas de obreros y estudiantes contrarios al régimen llevaron al Gobierno a decretar el Estado de Excepción durante tres meses en todo el territorio español. Se decretó la suspensión de garantías y se estableció la censura estricta de la prensa. La muerte de Ruano fue considerada por el movimiento antifranquista como un asesinato y provocó diversas movilizaciones en protesta por los hechos. Este suceso generó un tremendo malestar y un gran revuelo en la Universidad Complutense de Madrid. En aquel momento no había ninguna certeza de que los hechos hubiesen ocurrido así. Por otro lado, a la mayoría de los ciudadanos nos faltaba concienciación política y social: estábamos empezando a despertar de unas décadas de cómodo letargo. Durante más de 30 años habíamos permanecido dormidos, sin conocimiento de los derechos sociales ni políticos. Incluso en el ámbito universitario desconocíamos qué eran los partidos políticos y las libertades.

Una Constitución condicionada por las circunstancias en que se gestó

Tal vez nuestra Carta Magna no sea perfecta, pero debemos recordar que estuvo sumamente condicionada por las circunstancias, ya que se quiso ante todo evitar la crispación y el enfrentamiento entre españoles. De haber existido otros personajes distintos al Rey y a Adolfo Suárez, todo habría sido más dramático, debido al poder inmenso que tenían entonces el ejército y la Iglesia. Lo cierto es que, unos más que otros, políticos y fuerzas sociales supieron ceder en sus pretensiones para alcanzar acuerdos. Fueron prácticos e inteligentes porque querían que el cambio se llevara a cabo de manera pausada, en paz y sin grandes alborotos. Era muy difícil en poner de acuerdo a mucha gente proveniente del franquismo con otras personas que tenían ideas distintas acerca de las libertades y los derechos. Consensuar las posturas de gentes como Fraga y Solé Tura, por ejemplo, era complicado: ambos tuvieron que ceder mucho para llegar al acuerdo.

 

El legislador debería hacer examen de conciencia y tomar medidas para elaborar unas leyes fundamentadas y coherentes

Es tal la maraña legislativa que, por poner un ejemplo, uno puede buscar un solo dato sobre un tema administrativo y estar una semana entera revisando leyes. El principal problema para el abogado es que, al final, nunca sabe a ciencia cierta si deja alguna ley sin tener en cuenta. Esto ocurre porque el legislador no emplea el tiempo necesario, ni para estudiar los asuntos a normativizar, ni para darles una forma clara y adecuada. La pésima redacción de las leyes hace surgir numerosos problemas. A menudo me encuentro con algunas normas sustanciales que resultan imposibles de interpretar correctamente porque no se puede adivinar qué ha querido decir el legislador. Además, hay preceptos que se contradicen entre sí. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1981 se elaboró con tiempo, así como el Código Civil. Pero la Ley de Enjuiciamiento Civil actual se ha escrito de la noche a la mañana, sin ser revisada apenas por asociaciones o colectivos profesionales; por ello, a veces es tan difícil de interpretar. Además, dentro de la inmensa legislación que se elabora hay una parte sustanciosa que probablemente no se aplicará nunca por falta de medios. Observando tal estado de cosas, el legislador debería hacer un examen de conciencia y tomar las medidas adecuadas para elaborar unas leyes fundamentadas y coherentes.

Práctica incorrecta de agravar las penas para acallar la alarma social

Es una realidad que en España se legisla bajo el condicionamiento de los medios de comunicación. De este modo, con frecuencia los políticos escogen el camino más fácil y optan por legislar sólo para eludir otro tipo de responsabilidades, agravando las penas para acallar la alarma social. Olvidan o ignoran que el hecho de legislar apresuradamente puede servir para un momento determinado, pero no a medio y largo plazo. Así vemos como el Código Penal se modifica día a día. Es lógico modificar esta norma cuando no tipifica exactamente un delito, pero el hecho de agravar las penas ante un caso determinado es a todas luces discutible. Por otro lado, los grupos políticos deberían buscar siempre el acuerdo en las leyes importantes, como puede ser la modificación del Código Penal o de determinadas leyes civiles. Si en la aprobación de las leyes no puede conseguirse nunca el consenso de todos los partidos, dada la actual actitud de los políticos, como mínimo sería aconsejable contar con una mayoría amplia.

 

Que faltan juzgados de todo tipo en casi todas las provincias es una opinión compartida por todos

Se precisan medios y recursos humanos. Que en casi todas las provincias faltan juzgados, de una clase o de otra, es una opinión compartida por todos. En cuanto a los medios, llevo 30 años ejerciendo y siempre he visto a la Justicia lejos de obtener la partida presupuestaria que merecería. Recuerdo que la máquina de escribir, ya obsoleta en las empresas, se mantuvo en los juzgados hasta los años 90. Y es que la Justicia en España ha estado olvidada desde tiempos inmemoriales. Pero tiene que empezar a cambiar de manera inmediata, porque los tiempos actuales lo exigen. Cuando empecé a desarrollar mi profesión, había en Salamanca dos juzgados de primera instancia e instrucción. Hoy en día, hay en Salamanca capital doce, entre los dos tipos de tribunales. Pero, probablemente, los asuntos han crecido en una proporción mayor que la de los juzgados: si uno de entonces tramitaba 150 asuntos, hoy gestiona cerca de 2.000 casos, por lo que resulta difícil poder atenderlos todos adecuadamente.

 

Replantear el organigrama de la oficina judicial

Se habla de organizar la oficina judicial de manera que haya un secretario que ejerza el control de la misma. Los secretarios desean hacerse cargo de ciertas responsabilidades en la oficina judicial, pero los jueces se resisten, porque entienden que de alguna manera pierden poder. Probablemente sería más conveniente delegar esta tarea en otra persona que no tuviera funciones judiciales, sino que ejerciera exclusivamente la labor de dirección y organización de la oficina judicial. En este sentido debería encaminarse la creación de la futura oficina judicial.

Estado de las Autonomías y progreso

En la primera etapa de la Transición las autonomías representaron un avance social importante. Pocos cuestionan hoy en día que el progreso de estos treinta últimos años se debe en buena medida a la descentralización administrativa. Incluso en lugares como Castilla y León, donde el sentimiento autonómico es menor que en otros sitios y las exigencias también son mínimas, ha funcionado mejor que si hubiéramos tenido un Estado centralizado. Respecto a la inquietud que se percibe en torno a la necesidad de dejar claro cuál es el techo autonómico para que todos sepamos a qué atenernos y no se estén reclamando transferencias constantemente, opino que debe fijarse un límite y definirse y asignarse determinadas competencias exclusivas para el Estado central.

Mientras el Rey goce de unas condiciones físicas y mentales adecuadas, debería continuar ejerciendo como Jefe del Estado

Soy consciente de que la Corona ha proporcionado una gran estabilidad al país durante los últimos treinta años. Por ello, mientras Su Majestad el Rey goce de unas condiciones físicas y mentales adecuadas, debería continuar ejerciendo sus funciones habituales como Jefe del Estado. Cuando llegue el momento oportuno, la Familia Real y las instituciones del Estado decidirán qué debe hacerse con la sucesión. Si bien la institución monárquica forma parte de nuestra historia y cultura, es posible que en un futuro se plantee la necesidad de refrendarla. Probablemente, las monarquías europeas tenderán hacia el declive, porque los tiempos demandarán otras formas de gobierno más acordes con el espíritu de las democracias parlamentarias. No obstante, hoy por hoy, no veo sentido al hecho de plantear un referéndum al respecto.