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RICARDO DE MIGUEL CORDÓN
RICARDO DE MIGUEL CORDÓN BUFETE DE MIGUEL AGUIRRE Logroño Licenciado en 1979 – Ejerce desde 1982
RICARDO DE MIGUEL CORDÓN BUFETE DE MIGUEL AGUIRRE Logroño Licenciado en 1979 – Ejerce desde 1982

RICARDO DE MIGUEL CORDÓN BUFETE DE MIGUEL AGUIRRE Logroño Licenciado en 1979 – Ejerce desde 1982

Obra:

Texto del 28/01/2009,
Fotografía: Fotocenter Imagen.

El Derecho mercantil ha centrado gran parte de la actividad del letrado Ricardo De Miguel, quien posee notable experiencia en temas concursales, societarios e inmobiliarios. Considera que el protagonismo creciente de las autonomías empieza a ser excesivo y nos aboca a un Estado vacío de contenido. Por otra parte, cree que la sociedad española aceptaría la posibilidad de que el Monarca abdicara en el Príncipe Felipe. Ha ejercido como profesor de Práctica Societaria en la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Rioja.

El Derecho mercantil ha centrado gran parte de la actividad del letrado Ricardo De Miguel, quien posee notable experiencia en temas concursales, societarios e inmobiliarios. Considera que el protagonismo creciente de las autonomías empieza a ser excesivo y nos aboca a un Estado vacío de contenido. Por otra parte, cree que la sociedad española aceptaría la posibilidad de que el Monarca abdicara en el Príncipe Felipe. Ha ejercido como profesor de Práctica Societaria en la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Rioja.

El verdadero motor de la Transición lo constituyó un grupo de hombres de la UCD, encabezados por Adolfo Suárez

Fue una época de la que sentirnos orgullosos, a pesar de toda su crudeza y complejidad, ya que se consiguió aunar un conjunto de voluntades dispares. Personalmente, no milito en ningún partido, y como profesional liberal, soy un hombre de mente abierta e intento ser lo más neutral posible a la hora de hacer juicios de valor. Sin embargo, considero que el verdadero motor de ese proceso lo constituyó un grupo de hombres de la UCD, quienes, dirigidos por Adolfo Suárez y desde dentro del sistema, fueron capaces de entender las reivindicaciones de autonomía. Su motivación para atender esas demandas no fue el temor al desmembramiento de España, sino el convencimiento de que hacían lo mejor para el país. Atrevidos, valientes y capaces de sacar adelante todo el proceso, entraron en una línea de diálogo y consenso que hasta entonces no conocíamos, y evidenciaron su gran generosidad porque se comprometieron a transformar el Estado dando cabida a todo el mundo.

El protagonismo de las autonomías conduce a un Estado vacío de contenido

Creo que la Constitución fue un gran acierto. Sin embargo, también opino que hoy en día muchas de las cuestiones que expone necesitan reflexión y modificación. Una de ellas es el tema autonómico. Me preocupa su protagonismo creciente, que considero empieza a ser excesivo y que nos está abocando a un Estado hueco, vacío. Existe una especie de afán autonómico por emular al propio Estado, de forma que estamos creando pequeños países, cada vez con una mayor capacidad de decisión en distintas áreas. Quizás esto conlleve unas consecuencias jurídico-económicas un tanto preocupantes. Los padres de la Constitución, que bastante trabajo tuvieron con crearla, consensuarla y aprobarla, no valoraron en su momento las consecuencias que podría acarrear, a medio o largo plazo, el proceso de transferencias en determinadas cuestiones que son esenciales para el progreso de un país, como la Sanidad o la Educación. A mi juicio, estamos viviendo una pluralidad y, al mismo tiempo, una contradicción de legislaciones autonómicas, que finalmente no nos llevan ni a una mayor igualdad ni a un criterio uniforme en la formación de nuestras futuras generaciones. En definitiva, considero que el sistema autonómico es positivo y puede ser útil, pero también creo que hay cuestiones en las que debería darse marcha atrás.

Carga económica añadida para mantener nuestro sistema autonómico

Desde el punto de vista de la descentralización, el Estado de Autonomías ha sido positivo, en cuanto a que se ha conseguido una mayor proximidad de Administración y administrado. Sin embargo, debe reconocerse que ha sido merced a un coste exorbitado. Como hemos gozado de años de verdadero esplendor económico –aunque ahora se esté demostrando que era un castillo de naipes–, no hemos sido conscientes del gasto que representaba para el Estado mantener un sistema autonómico como el nuestro. En la comunidad de La Rioja, por ejemplo, con algo más de 300.000 habitantes, el coste del Gobierno autonómico ha ido creciendo de manera excesiva. Recuerdo que hace unos años todavía se seguía operando como una vieja diputación provincial y, por lo tanto, su estructura era humilde, relativamente fácil de mantener y muy cercana al ciudadano. Pero esto ha ido cambiando hacia unos niveles sorprendentes. En la actual situación económica de crisis, tanto nosotros como las generaciones futuras vamos a percatarnos de la carga económica añadida que supone soportar una estructura de estas características. Es difícil saber cómo vamos a poder seguir costeándola.

Una Justicia desfasada, caótica y desorganizada

No sé si realmente existe una voluntad de que la Justicia resuelva sus males endémicos; creo que nunca se la ha tenido realmente en cuenta. Basta con entrar en un juzgado para apreciarlo. Por otro lado, la Justicia está desfasada en su modus operandi: padece parálisis y retrasos excesivos, es inmovilista, desorganizada, caótica y, en definitiva, un verdadero desastre. Si alguna vez se han atendido sus perentorias necesidades de medios materiales o humanos, ha sido en las autonomías de “primera categoría”. Comparando las instalaciones de los tribunales de Vitoria y las que existen en Logroño, no es difícil percatarse de las enormes diferencias.

La judicatura no debería optar por la huelga

Considero que un magistrado debe medir mucho la decisión de ejercer su derecho a huelga, porque los jueces no son simples funcionarios, sino que encarnan órganos del Estado esenciales e independientes. A mi modo de ver, la judicatura debería buscar otros cauces para mostrar su desacuerdo, y en ningún caso debería optar por la huelga.

Inoperatividad de la jurisdicción mercantil

El área mercantil es teóricamente innovadora: se trata de una nueva jurisdicción que se crea como consecuencia de la reforma introducida por la ley orgánica 8/2003 y de la consiguiente Ley 22/2003, Concursal. Sin embargo, desde el mismo momento en que fue creada y surgió la necesidad de acudir a ella, ha sido absolutamente inoperante: no ha tenido capacidad para resolver la problemática que le corresponde. En la actualidad, estamos registrando un incremento de los procesos concursales. La cuestión clave no es que la Justicia, como consecuencia de este aumento, sufra retrasos, sino que sea un fiel reflejo de lo que está ocurriendo en nuestra economía, es decir, que ésta se encuentra colapsada. Ahora mismo, presentar un proceso concursal y que el mismo se provea puede tardar más de un mes, cuando la ley determina que se realice el mismo día o al siguiente. Lo cierto es que la empresa que acude al proceso requiere de medidas inminentes; la dilación en la toma de decisiones hace inoperante cualquier tipo de viabilidad. Por ello, dudo que hoy en día más de una compañía de cada cincuenta logre su objetivo de reflotarse mediante este procedimiento.

La Ley Concursal debería prever los procesos previos

Sobre el papel, la Ley Concursal es bastante aceptable. Introduciría, sin embargo, algún matiz en ella en relación a los procesos preconcursales, para que los contemplase, es decir, opino que los procesos previos a los concursos se tendrían que haber dotado de efectos judiciales. Estos días aparecen constantemente noticias de compañías que inician procesos refinanciadores con entidades bancarias ante la imposibilidad de atender sus deudas. El gran problema que surge es que el empresario que adopta la decisión de iniciar un proceso para refinanciar –y, por tanto, para hacer viable la empresa– se encuentra con la posibilidad de incurrir en responsabilidad personal por no adoptar las medidas que la ley establece, a saber, solicitar un concurso cuando no puede hacer frente a sus pagos corrientes. Aunque una empresa pueda seguir funcionando sólo con reordenar sus costos y obligaciones financieras, tendrá que solicitar un concurso de acreedores. Pienso que se tendrían que regular estos estados previos para que pudieran ser tratados extrajudicialmente y ratificados después por los tribunales.

Presión del cuarto poder sobre el legislador

Aunque tradicionalmente España haya sido un país muy exquisito en legislación, sobre todo en cuanto a la forma, en la actualidad se legisla demasiado y con injustificada premura. No se analizan bien los textos y se terminan dictando normas que no son eficaces, tanto en lo que se refiere al aspecto formal como al material. Además, hoy en día prima la presión que ejerce el cuarto poder sobre el legislador: su función se ha desnaturalizado y no responde a las necesidades que la sociedad demanda.

El arbitraje todavía no se ha implantado ampliamente en nuestro país

En España, la ciudadanía está acostumbrada a judicializar en demasía cualquier conflicto y no recurre a procedimientos como el arbitraje, si bien es cierto que éste se ha empezado a introducir. Cuando he intentado recurrir a él en algunas ocasiones, sobre todo en los casos que afectan temas de consumo, a veces han sido las propias empresas las que, sin embargo, han despreciado esta posibilidad, quizás porque temen que en los arbitrajes pueda haber un tratamiento más favorable al consumidor cuando, por el contrario, la propia Ley de Defensa de los Consumidores es mucho más rigurosa. Sería realmente interesante que el arbitraje se implantase ampliamente en la sociedad, pero aún no lo ha hecho.

Plantear seriamente la posibilidad de una abdicación

La sociedad española no es monárquica: no lo ha sido nunca. Sin embargo, somos juancarlistas. Y es lógico, puesto que Su Majestad el Rey representa, por méritos propios, un símbolo, y ha desempeñado un papel realmente trascendental en nuestra historia reciente. En mi opinión, la continuidad monárquica está asegurada. En este sentido, creo que tendríamos que plantearnos seriamente la posibilidad de una abdicación, aprovechar la fuerza que representa la figura de don Juan Carlos con el fin de dar continuidad a su hijo, el Príncipe Felipe. Si no ocurre de esta manera, desconozco lo que deparará el futuro.