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SANTIAGO NOGUEIRA ROMERO
SANTIAGO NOGUEIRA ROMERO BUFETE SANTIAGO NOGUEIRA Santiago de Compostela (A Coruña) Licenciado en 1951 – Ejerce desde 1953
SANTIAGO NOGUEIRA ROMERO BUFETE SANTIAGO NOGUEIRA Santiago de Compostela (A Coruña) Licenciado en 1951 – Ejerce desde 1953

SANTIAGO NOGUEIRA ROMERO BUFETE SANTIAGO NOGUEIRA Santiago de Compostela (A Coruña) Licenciado en 1951 – Ejerce desde 1953

Obra:

Texto del 11/11/2008
Fotografía: Simón Gómez.

La gran lección que la clase política debe dar al ciudadano, según Santiago Nogueira Romero, es la de intentar recordar el pasado procurando dejar de lado rencores inútiles que a la postre solamente resultan dañinos para la sociedad. Académico de número y fundador de la Academia Gallega de Jurisprudencia, considera muy positiva la oportunidad de que el Rey abdique cuanto antes en favor de su hijo don Felipe, lo cual, a su juicio, ayudaría sin duda alguna a fortalecer la institución monárquica.

Patrimonio del Movimiento Nacional que volvió a manos del Estado

Respecto a aquel emocionante período de nuestra historia reciente que fue la Transición, más que opinar sobre él desde un punto de vista político lo haría desde uno jurídico. Durante el segundo gobierno de Adolfo Suárez, me encomendó Pío Cabanillas Gallas, artífice, como se sabe, del Ministerio de Cultura, en mi calidad de director general de la Juventud, la misión de llevar a cabo la transferencia del asombroso patrimonio que el llamado Movimiento Nacional poseía como organización a la Administración General del Estado. Tuvimos que afrontar muchos problemas jurídicos para realizar aquella operación, pero finalmente conseguimos hacerlo con cierto éxito. El traspaso de la emblemática Casa de la Parra, por ejemplo, se lo sustrajimos al Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el Pazo de Meirás escapó a nuestra competencia, pues no se consideró que constituyese un bien del Movimiento en general sino de la familia Franco en particular.

Olvidar las diferencias ideológicas de nuestro pasado

El máximo ejemplo que deberían dar los políticos actuales, una auténtica lección cívica a mi entender, sería olvidarse de lo peor que aconteció en el pasado y hacer, si vale la expresión, tabula rasa de nuestra menos risueña tradición histórica y empezar de nuevo desde el principio, sin rencores, sin resentimientos, tal y como se hizo, o al menos se procuró hacer, durante los años de la Transición democrática. O, por decirlo de otra forma, hay que aprender a recordar el pasado. Sería deseable que de una vez por todas acabáramos desembarazándonos de los tristes fantasmas parricidas que como un oneroso legado recibimos de nuestro siglo xix, siempre infestado de discordias que sólo podían conducirnos, como efectivamente lo hicieron, a enfrentamientos lamentables y guerras sin sentido.

Momentos difíciles en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago

A finales de los años sesenta, como consecuencia de la increíble precariedad de profesorado que padecía entonces el país, un grupo de compañeros me propusieron hacerme cargo de la cátedra de Derecho Laboral en la Universidad de Santiago. Esos mismos compañeros me dijeron que eran conscientes de mi escasa predisposición a realizar tal labor, pero alegaron por contra mi sólida formación jurídica y un cierto sentido de la responsabilidad que siempre me ha acompañado como garantes suficientes para encargarme dicha tarea, ante lo cual acepté. La Facultad de Derecho pasó por unos momentos difíciles. Tanto el Derecho público como, sobre todo, el Derecho político estaban enfocados a los principios fundamentales del Movimiento. Años después, aunque de un modo lento y precavido, las universidades comenzaron a abrirse y a dar cabida a una estructura propia de un Estado democrático. En la Universidad de Santiago falló la cuestión de la lengua. Santiago podría haber aspirado a ser una Oxford o una Cambridge, pero la imposición cada vez mayor del gallego en las aulas frenó estas aspiraciones, abocándola a un cierto provincianismo universitario.

Puede hablarse de la existencia de un Estado de Derecho en el tardofranquismo

Laureano López Rodó, catedrático y asesor jurídico del Ayuntamiento de Santiago, en cuyo cargo le sucedí, ya hablaba en su día del problema de las regiones, haciendo ver el absurdo que suponían las diputaciones. Al ser nombrado López Rodó secretario general técnico de la Presidencia del Gobierno, en 1956, nuestro país empezaría a cambiar, produciéndose así un aperturismo político que dio entrada, en los últimos años del franquismo, a un verdadero Estado de Derecho, algo que no existía hasta entonces. De la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del año 1957, obra suya, todavía se nutre la actual norma vigente.

Un exceso de celo por mejorar la Constitución puede acabar perjudicándola

Estimo que nuestra presente Constitución todavía es válida y puede ser muy aprovechada. El problema es que las normas jurídicas hay que interpretarlas; además, ello debe hacerse según los antecedentes históricos y en una época determinada, es decir, que hay que aplicarlas en el momento social en que se vive. Nadie ha sabido jamás lo que es un derecho adquirido. Admito que me despierta una cierta inquietud la idea de que se modifiquen normas importantes. Si ya fue suficientemente arduo y complejo llegar a establecer un texto que, bien mirado, hasta el día de hoy ha dado excelentes resultados, sería una verdadera lástima que a consecuencia de un exceso de celo por mejorarlo acabáramos en realidad estropeándolo.

En España existe una legislación técnicamente imperfecta

Desconozco si se legisla poco o mucho en España; lo que sí me consta es que se hace imperfectamente desde un punto de vista técnico-jurídico. A menudo legislar constituye un venero inagotable de creación de problemas. Por ejemplo, la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil que presume de ser muy avanzada, y que en verdad lo es –y a la cual considero valiosa en su proceso de primera instancia–, presenta sin embargo el siguiente escollo: cuando se interpone un recurso de apelación, llegado el momento de aplicación de la ley, no se sabe a ciencia cierta si las partes se pueden personar ante las audiencias provinciales o no, ya que algunas admiten dicha comparecencia pero otras no, lo que crea una desorientación enorme. Me pregunto qué legislador puede consentir que una ley que va a regular el proceso tenga que ser modificada en una cuestión general tocante a quién puede o no ser parte en dicho proceso. Son este tipo de detalles, fundamentales a mi modo de ver, los que deben ser resueltos cuanto antes.

Ley del Recurso de Casación de la autonomía gallega

He colaborado activamente en la Ley del Recurso de Casación de la autonomía gallega, infinitamente superior a la estatal. Soy responsable de esa ley en una cuestión muy debatida en su día, basada en que, a pesar de la reforma procesal de 30 de abril de 1992 que establecía la cuantía como regla para el acceso al recurso de casación, sostuve que nuestra casación autonómica debía regirse por razón de la materia y no de la cuantía. Razones había para que así fuera, entre otras, que Galicia nunca tuvo potestad legislativa, ya que su Derecho especial, que lo hay, y muy importante, fue siempre consuetudinario; el minifundio da lugar a que los pleitos tengan un bajo valor económico. Finalmente, y aunque la presidencia del Gobierno interpuso recurso de inconstitucionalidad contra esta ley autonómica, el Tribunal Constitucional nos dio la razón en ese punto esencial que yo había suscitado y mantenido hasta la terquedad.

La cuestión de la diversidad lingüística no se está llevando con discreción y acierto

En mi opinión, la descentralización ha sido un proceso positivo para España. Sin embargo, existe un aspecto que no se está sabiendo llevar con discreción y acierto. Me refiero naturalmente a la cuestión de la lengua. Me parece cuando menos negativo que se pretenda disminuir la importancia de una lengua que, como la española, hablan muchos millones de habitantes en el mundo. Por supuesto que siempre hay que conservar el idioma propio, pero del mismo modo que se conserva una catedral, es decir, no con la intención de cobijar a los ciudadanos sino por el respeto y admiración que toda realización humana merece.

Debería ser el Estado central el encargado de gestionar y dirigir la enseñanza

Existe una cierta inquietud a nivel social sobre el importante asunto de la educación. Convendría definir un poco más esta cuestión. No considero que las comunidades autónomas deban gozar de plena competencia en esta materia dentro del ámbito de responsabilidad de sus respectivos territorios. Antes bien, me parece de todo punto necesario que sea el Estado central quien se encargue de gestionar y dirigir la enseñanza en este país. Treinta años después de iniciado el proceso de construcción del Estado de las Autonomías, aún estamos inmersos en una gran confusión en materia de competencias autonómicas. Don Manuel Fraga, personalidad de inmenso valor y gran fuste político, me dijo una vez: “Llegamos al consenso de un modo tan comprometido y ajustado, que por fuerza tuvieron que quedar cabos sueltos en la redacción de la Constitución”.

Sería muy positivo que el Rey encontrara el momento idóneo para abdicar a favor de su hijo

Debemos buscar el modo más tranquilo e inteligente para realizar la sucesión dinástica. Todo hombre ha de ser consciente de sus propias limitaciones y, por lo demás, resultaría importante adelantarse a potenciales acontecimientos que pusieran en peligro o deterioran la institución monárquica. Por eso estimo enormemente positivo que el Rey encuentre el momento idóneo para abdicar en favor de su hijo. Pienso también que el heredero se halla lo suficientemente preparado para recoger el testigo y desempeñar su labor con eficiencia. Asimismo, me declaro un rendido admirador de doña Letizia. Me encanta la Princesa; creo que se trata de una persona que vive la realidad social del país y aporta a la Casa Real una necesaria cercanía. A mi juicio, desempeña su papel de forma admirable.