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SANTIAGO SOUVIRON DE LA MACORRA
SANTIAGO SOUVIRON DE LA MACORRA SOUVIRON ABOGADOS Málaga Licenciado en 1977 – Ejerce desde 1978
SANTIAGO SOUVIRON DE LA MACORRA SOUVIRON ABOGADOS Málaga Licenciado en 1977 – Ejerce desde 1978

SANTIAGO SOUVIRON DE LA MACORRA SOUVIRON ABOGADOS Málaga Licenciado en 1977 – Ejerce desde 1978

Obra:

Texto del  25/11/2008 .
Fotografía: Santiago Souviron Gross.

Convertir el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial, desvincular las decisiones del Consejo General del Poder Judicial de intereses políticos, modificar la Ley Electoral y derogar cuanto antes la Ley Sálica son, para Santiago Souviron de la Macorra, miembro de una sexta generación de abogados, cuatro importantes problemas pendientes de solución en España. Asimismo, cree conveniente que el Príncipe Felipe comience a reinar bajo el consejo y la dirección de su padre.

Deseo de igualarnos con países que eran nuestra referencia

Durante la Transición, me encontraba estudiando la carrera de Derecho en la Universidad de Granada. Aunque poseía alguna idea acerca de la política y las leyes del régimen franquista, porque en mi casa se hablaba de estos temas, no sería hasta el tercer curso cuando se despertó en mí un verdadero interés por lo público y tomé conciencia real de la necesidad que existía en España de acabar con una situación que nos había mantenido aislados del resto del mundo durante muchos años. La sociedad en su conjunto estaba ansiosa por dejar atrás todo lo que contradijera su expectación por igualarse con aquellos países que tenía como referentes. En la universidad, catedráticos y profesores mostraban opiniones disímiles; a unos les entusiasmaba el cambio mientras que otros eran más reticentes. Por desgracia, no llegué a tiempo para estudiar la recién nacida Constitución.

 

 

Los pronunciamientos generales de la Constitución permiten dar cabida a toda clase de particularismos

La Carta Magna nació de una manera muy acertada y ha vivido dignamente durante estos treinta años. Los miedos o suspicacias que por entonces sentían algunos sectores de la sociedad ante la llegada de la democracia fueron rémoras importantes a la hora de redactar la Constitución. No obstante, no creo que esos temores interfirieran decisivamente en la tarea llevada a cabo. Nuestra norma fundamental tiene la virtud de hacer pronunciamientos generales, lo cual permite dar cabida a toda clase de particularismos. Supuso un gesto de valentía afrontar como se hizo el tema de las comunidades autónomas. Pienso, por tanto, que no debería modificarse apenas. Si acaso, sería conveniente resolver la cuestión de la Ley Sálica. Vivimos tiempos difíciles y debemos evitar las equivocaciones. Un consenso como el que existió entonces, hoy día sería difícil de alcanzar. El que todo funcione más o menos bien bajo un marco constitucional protector dificulta la vuelta de aquel espíritu de acuerdo, necesario para cualquier modificación.

 

Senado, Consejo General del Poder Judicial, Ley Electoral y Ley Sálica

El Senado es una Cámara desaprovechada que ha de ser reformada cuanto antes. Se deben poner de acuerdo los partidos mayoritarios y convertirlo en un órgano de representación territorial. Por otro lado, debe desvincularse del poder ejecutivo el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial; hay que conseguir que se realice a través de las asociaciones profesionales. Es fundamental la independencia del poder judicial. También es necesario modificar la Ley Electoral porque, actualmente, los partidos mayoritarios de ámbito nacional terminan siendo tributarios de los partidos nacionalistas, que obtienen sus escaños en pequeñas circunscripciones. En cambio, partidos con implantación en todo el territorio nacional tienen escasa representación parlamentaria. En cuanto a la Ley Sálica, está pendiente de una reforma necesaria que se viene dilatando imperdonablemente. Cuanto más se demore su transformación, más complicada será de realizar. En una sociedad como la actual, donde la integración de la mujer y su defensa contra la violencia machista tanto se atienden, resulta cuando menos ofensivo no haber resuelto aún este sencillo apartado de la sucesión dinástica.

 

La Carta Magna establece los límites autonómicos

El Estado de las Autonomías es una cuestión harto complicada. Fue un proceso en el que nos aventuramos sin contar con precedente alguno, de un modo un tanto improvisado, actuando de una manera muy española, por decirlo de forma más coloquial. Debemos ser extremadamente cuidadosos en lo que a territorialidad se refiere. La tendencia de las comunidades históricas a la independencia no es lo más apropiado para equilibrar los intereses de todos los territorios del Estado. Sin embargo, no hay que olvidar que la misma Constitución, tal y como está redactada, establece claramente los límites y competencias de las comunidades. En cualquier caso, considero que los niveles de transferencias y autogobierno que se dan en España son tan altos como en otros países de Europa.

 

El caos de los juzgados imposibilita la premura y el acierto de los tribunales

No es un secreto que en este país no hay voluntad política de reformar la Justicia. Cuando se decidió hacer una transformación del ámbito fiscal en cuanto a su gestión, organización e inspección se refiere (lo que se tradujo en una buena Administración tributaria), la clase política no vaciló y la tarea fue todo un éxito. También en materia de sanidad se ha avanzado extraordinariamente, salvando siempre los errores inevitables. Del mismo modo que los progresos en escolarización e infraestructuras educacionales en general han sido notables. ¿Qué sucede, pues, con la Justicia? Mientras en un mismo juzgado un juez dependa del Consejo General del Poder Judicial, el secretario dependa del Ministerio de Justicia y los funcionarios lo hagan a su vez de la Junta de Andalucía, la situación no podrá ser más caótica y nunca funcionará ese tribunal con premura y acierto.

 

Es propio de una sociedad desarrollada acudir al arbitraje

Siempre he sostenido que cuanto más desarrollada sea una sociedad, más fácilmente se afianzará en ella la costumbre del arbitraje. Considero que está bien implantado en Cataluña, el País Vasco y Madrid, es decir, en las comunidades más industrializadas. No sucede lo mismo en el resto de la Península, donde la falta de vocación arbitral es innegable. Cuando las personas no están interesadas en una solución rápida, prefieren prescindir del arbitraje, lo contrario de lo que ocurre cuando el conflicto reclama la mayor brevedad posible. En Málaga se está avanzando mucho en este sentido.

 

Toda ley deber ir acompañada de dotaciones presupuestarias

La Ley Concursal es una buena solución si la comparamos con el anterior sistema de suspensión de pagos y quiebras. El problema es que si una ley, por excelente que sea, no va acompañada de unos medios o dotaciones presupuestarias que estén a su altura, no podrá implantarse por completo. Teóricamente, la Ley Concursal parece positiva; queda comprobar cómo se defiende en la práctica.

 

Leyes que se perpetúen más allá del Parlamento que las aprobó

Legislar al dictado de los acontecimientos no es la mejor fórmula para crear leyes de alcance y futuro, con vocación de perpetuarse más allá del Parlamento que las haya aprobado. Legislar para revocar lo hecho en cuanto cambia el color predominante en el Congreso es absurdo y crea gran inseguridad jurídica. A ello se le suma la influencia de los medios de comunicación, que en ocasiones realizan un proceso en paralelo al dirigido por el juez, lo que puede provocar que éste se sienta condicionado a la hora de dictar sentencia. Considero que a los medios de comunicación –que han prestado, y siguen prestando, un gran servicio para la consolidación democrática– debería exigírseles algún control en los asuntos mientras éstos estuviesen sometidos a la intervención y decisión de los tribunales.

 

Necesidad de un Estado armónicamente descentralizado

En general, el Estado de las Autonomías ha sido bueno para España, aunque ha tenido un efecto secundario pernicioso: la proliferación de funcionariado. Si bien se ha conseguido mayor proximidad entre la Administración y el ciudadano, el gasto del erario público, acaso innecesario, que esa multiplicación burocrática exige no condice con lo que debiera ser una gestión responsable y reflexiva del proceso descentralizador. Asimismo, se deberían precisar de una vez las competencias que corresponden a cada comunidad autónoma. Nos falta, creo, la presencia de un Estado fuerte y unificado que se halle por encima de cualquier particularismo. La clase política haría bien en dejar al margen de su tarea pública las pequeñas diferencias localistas que únicamente contribuyen a separar cada día más a los españoles.

 

Podría ser oportuno que el príncipe Felipe comenzase a reinar bajo el consejo y la dirección de su padre

Estoy convencido de que en España reinará Felipe VI. Para ello, quizá fuera conveniente desterrar el culto a la persona al que actualmente estamos entregados y pensar más bien en la institución en sí, es decir, en la Corona. La monarquía realiza una labor de equilibrio y moderación para el normal funcionamiento de las instituciones tal y como lo expresa nuestra Constitución, y lo hace desde la Jefatura del Estado, a resguardo del fragor político y de posturas partidistas, lo que contribuye a mantener la unidad del país. Carece de sentido hoy día para la ciudadanía establecer un debate entre la conveniencia de la república o la monarquía. Tenemos la forma de Estado que nos hemos otorgado: la tradición monárquica siempre ha funcionado bien en España. En una sociedad donde cada vez más jóvenes ostentan cargos de responsabilidad, podría ser oportuno que el príncipe Felipe comenzase a reinar bajo el consejo y la dirección de su padre. Ahora bien, habría que matizar entonces el papel de un rey abdicado. En cualquier caso, todo lo que provenga de don Juan Carlos será bien visto por los españoles.