Texto del 21/10/2008
Fotografía: Àngel Font.
Que España precisa de un pacto de Estado para garantizar la calidad de la educación y de la Administración de Justicia es algo fuera de toda duda para el letrado Antonio José García Sáenz. Devolver algunas de sus antiguas competencias al Estado central podría ser un buen paso en este sentido. Además, expresa con pesar su contrariedad ante el manifiesto deterioro de la clase política actual, más preocupada por sí misma que por la realidad social del país.
Progresiva adaptación del empresario al asesoramiento jurídico
En el bufete asesoramos a importantes empresas nacionales, además de a numerosos clientes particulares que, en realidad, son pequeños empresarios. El mediano y pequeño empresariado se ha ido adaptando, poco a poco y a base de sobresaltos, a la idea de estar asesorado jurídicamente de forma continua. Las grandes corporaciones, en cambio, hace tiempo que lo tienen asumido. En cuanto al arbitraje, soy partidario del mismo. Considero fundamental buscar el pacto a toda costa, pues, entre otras cosas, evita costos. Ahora bien, un buen árbitro no es fácil de encontrar.
Recuerdos de la Transición como un período de diálogo libre de extremismos
Mis recuerdos de la Transición son sobremanera agradables, caracterizados por una gran ilusión. Tengo la impresión de que no éramos plenamente conscientes de las significativas transformaciones que se estaban propiciando. Sin embargo, lo que se evidenciaba era la convulsión en que la sociedad española estaba inmersa, y en la cual, en mayor o menor medida, uno se acababa implicando. Se trasladaban a las aulas universitarias los pareceres, incluso las simples opiniones, sobre la situación, cuyo cauce cotidiano se analizaba en corrillos callejeros o en tertulias de cafeterías, modos de entender la realidad que los profesores potenciaban y ante los cuales no quedaba sino asumir una postura propia. Los de más edad partían de lo vivido anteriormente y, por ello, experimentaban una cierta y justificada cautela frente a los sucesos que acontecían. No obstante, a medida que fueron pasando los meses surgió la confianza y llegaron a convertirse en los verdaderos artífices del cambio. Aunque es fácil ahora rememorar aquel período con risueño romanticismo, lo cierto es que producía entusiasmo ver a la gente expresar todo tipo de ideologías y creencias en un ambiente de franco diálogo, refractario a todo extremismo. La visión internacional que se tenía de España era muy positiva, y tanto le enorgullecía a uno esta óptima coyuntura que se creía posible cualquier mejora.
Dependencia de las imposiciones de las minorías
Se hizo gala de una gran habilidad a la hora de redactar la Carta Magna. Es un texto muy avanzado en cuanto a los derechos fundamentales que defiende, pero, aun así, le son achacables algunos de los problemas que padecemos hoy. A mi juicio adolece del mismo defecto que la política actual, esto es, que genera una indudable dependencia de las imposiciones de las minorías de cara al desarrollo colectivo. Debiera ser reformada con intención de asumir seriamente determinadas cuestiones que menoscaban la buena salud de nuestra joven democracia.
España precisa un pacto de Estado para la educación
No es lógico que los jóvenes conozcan particularidades locales e ignoren cosas más básicas de ámbito nacional. Es absurdo que existan tantos modelos educativos como autonomías. Un hecho semejante no es concebible en ninguna otra nación desarrollada. España necesita un pacto educativo que sea común a todos sus ciudadanos. Hay que dejar de utilizar la educación para apoyar ideologías o estrategias partidistas. Pero me temo que a la clase política no le interesa enfrentar este problema, más que nada por la vieja y conocida prevención contra la ilustración del pueblo que todo gobierno ha evidenciado a lo largo de la historia; no parece importar gran cosa que nuestro actual sistema educativo sea uno de los peores de Europa.
Positiva influencia del Estado autonómico en lo relativo a infraestructuras, economía y administración
Es obvio que el Estado de las Autonomías ha sido positivo en muchos ámbitos, sobre todo en lo relacionado con infraestructuras, economía y administración, la cual se ha aproximado sensiblemente al ciudadano. Su gran deficiencia se presenta al florecer círculos de poder en el gobierno de las comunidades, algo que inevitablemente tiende a más y produce un grave desequilibrio a nivel nacional, lo que margina el famoso principio de solidaridad que debiera regir el proceso descentralizador.
Profusión de leyes autonómicas y configuración de los tribunales superiores como última instancia
Determinadas materias esenciales para la vida de los ciudadanos han sido transferidas a los parlamentos autonómicos y se encuentran reguladas de forma distinta. Además, hay numerosos asuntos sometidos a jurisdicción cuyo resultado se adivina muy distinto según la comunidad autónoma donde se viva, en tanto las resoluciones de sus tribunales superiores se decantan por soluciones diversas, lo que hace cada vez más residual la labor unificadora de doctrina del Tribunal Supremo. Tal circunstancia propicia cierta inseguridad jurídica y situaciones discriminatorias, razón por la que opino que hay determinadas materias esenciales cuya competencia debería retornar al Estado.
Políticos con capacidad crítica necesaria para asumir errores
En lo tocante a política en términos universales, considero que con el tiempo las cosas se relativizan y que de forma inevitable el hombre evoluciona en su pensamiento. Estimo empero que estamos viviendo una época en la que la manipulación de la realidad que lleva a cabo nuestra actual clase política es tan palmaria como lamentable. Admito que cualquier actuación por su parte al margen del interés general me exacerba. No están demostrando estar a la altura de las circunstancias, pues carecen de la capacidad crítica necesaria para asumir sus errores. Preocupados tan sólo por su difusión mediática, poco o nada les importa plantar una semilla que con los años redunde en beneficio de la sociedad que dicen representar.
No se emplean mecanismos de instrucción sino de coerción
No creo que se esté legislando mal en España. La nueva Ley Concursal o la de Enjuiciamiento Civil son buena prueba de ello. La grabación de las vistas en los juicios o la posibilidad de utilizar los medios telemáticos para realizar trámites esenciales en el procedimiento prueban que vamos en el buen camino. Sin embargo, hay una excepción a ello: el Derecho penal cada vez está peor. Se diría que vivimos en un Estado paternalista donde se nos pretende educar en cuestiones aparentemente preñadas de progresismo a fuerza de imponernos una única dirección, y no empleando mecanismos instructivos sino coercitivos. Para mí, debería dejarse a un lado lo políticamente correcto. Utilizar la legislación para favorecer ideologías o presupuestos propios es arbitrario y atenta directamente contra el individuo.
El imperio del cuarto poder empobrece el Estado de Derecho
Los medios de comunicación tienen una gran influencia, pero no hay que olvidar que están controlados por grupos de presión que se cuidan mucho de que la balanza siempre se incline a favor de sus intereses. Esta situación, compartida por todas las sociedades avanzadas, empobrece el Estado de Derecho, aun reconociendo la función esencial e indispensable de dichos medios.
Instrumentalización del Consejo General del Poder Judicial
Desde el momento en que la composición del Consejo General del Poder Judicial la determinan los políticos, éste deviene en instrumento de sus intereses. Es sintomático que la Delegación de Hacienda sea un ejemplo de tecnología y medios bien aplicados y en cambio la Justicia siga empantanada en el olvido, lo que provoca esperpentos judiciales, fuente diaria de noticias, y que se lapide injustamente –en ocasiones– a miembros del estamento judicial incapaces de asumir la enorme carga de trabajo de sus juzgados. Por ello, no es casual que, como consecuencia de una sanción impuesta a un juez, y no antes, los magistrados se hayan decidido a alzar por fin la voz para solicitar una unánime reforma de la Justicia, lo cual puede ser malinterpretado y levantar la sospecha de que su actuación se deba al temor de que les pueda pasar algún día lo mismo que a su colega y no a una preocupación real por la Administración de Justicia en sí.
Un Tribunal Constitucional politizado, que ejerce de tercera Cámara, y un Senado sin funciones
Lo que debería resolverse en las Cortes inunda de trabajo el Tribunal Constitucional –cuyos miembros también son nombrados por la clase política–, que frecuentemente invade el ámbito jurídico con resoluciones de oportunidad y contenido políticos. Esto resulta tan inútil como absurdo. Habría que definir unos criterios de unificación de doctrina en un único Tribunal Supremo, que absorbiera las funciones del Tribunal Constitucional al estilo del Supremo americano. Por otra parte, ¿sabe alguien a ciencia cierta para qué sirve el Senado? Lo dudo: lo más acertado sería que, o bien se suprimiera, o bien se reconvirtiera en una verdadera cámara de representación territorial, con competencias específicas y cuyas resoluciones tuvieran algún tipo de virtualidad práctica.
No es momento de que el Rey abdique en su hijo
No veo razón para que Felipe VI no llegue a reinar. Hasta ahora la monarquía ha sido útil para España. Quizá no fuera mala idea que el Rey abdicara en favor de su hijo, pero acaso en no sea el momento más oportuno. Supondría, más bien, un problema añadido a los actuales. Además, no es un tema urgente ni que moleste o preocupe a los españoles.
