Texto del 20-1-2009
Fotografía cedida por Fernando Ramírez.

Estudiante de Derecho durante la Transición, Fernando Ramírez García de Gomariz fue de la primera promoción que estudió la Constitución. Para él, un buen abogado es el que no llega al pleito. Niega que hubiera un Estado de Derecho en el tardofranquismo y opina que las nuevas leyes son cada vez más técnicas e inaccesibles, poniendo como modelo a seguir el ejemplo de síntesis y claridad del Código Civil. Partidario de la estructura política republicana, llegado empero el momento de refrendar nuestro actual sistema estatal, no sabe si votaría a favor de la monarquía o la república.

Ética en el procedimiento concursal

Mi despacho se dedica fundamentalmente a las empresas. Trabajar con una veintena de ellas te da la oportunidad de tocar diversos campos del Derecho: mercantil, laboral, administrativo (inspecciones de trabajo, licencias de apertura, de obra…), delitos económicos, juicios de faltas… El tema de las separaciones conyugales, sin ir más lejos, hoy en día requiere más de un abogado mercantilista que de uno matrimonialista, pues el principal escollo para poner de acuerdo a ambas partes suele ser siempre el patrimonio. En los temas de Derecho fiscal siempre busco el apoyo de economistas. Las empresas a las que asesoro, sin duda por mérito de sus administradores, están bastante saneadas. Sólo en una se planteó la posibilidad de llegar a una suspensión de pagos, pero, en contra de mis propios intereses, intervine para que no se llevara a término. Hoy día se abusa de este tipo de procedimientos. Al arbitraje, no obstante, sólo recurro en temas laborales. No soy muy partidario de ese proceso: para mí el buen abogado es el que no llega al litigio. Los delitos llamados “comunes” (atracos, tenencia de drogas…) los toqué cuando ejercía el turno de oficio.

Años de ilusión desbordante

Cuando falleció Franco tenía 16 años y me ubicaba políticamente a la izquierda del PSOE. Empecé mis estudios en 1977, pero en ese curso sólo se enseñaban constituciones extranjeras, y dejé la asignatura de Derecho Político. Al año siguiente, empezamos a estudiar la Constitución que acababa de ser aprobada y de la cual desconocíamos los problemas que su aplicación pudiera plantear (ni siquiera existía todavía el Tribunal Constitucional). Recuerdo aquellos tiempos repletos de ilusión. Vivíamos con impaciencia la llegada del Estado de Derecho pues, no nos engañemos, no existía en el tardofranquismo. No había libertad, ni derecho de huelga, ni tutela judicial efectiva; la detención era libre, sin asistencia judicial –salvo en sus últimos años–. No era un Estado de Derecho, sino algo que se le quería parecer, tan falso como la Constitución soviética, donde se reconocían derechos y obligaciones, pero éstas anulaban completamente aquéllos. De aquel período también evoco a mi padre, entonces abogado en ejercicio, para quien lo primero era la libertad y que siempre estuvo muy implicado con el cristianismo social.

Reformar la Constitución la haría más ágil y práctica

Con el paso del tiempo, hemos tomado conciencia de lo difícil que fue llegar a un consenso durante el período de transición democrática. Quizá por ello, hoy sigo considerando el texto constitucional como válido, pues prevé mecanismos de modificación en función de los cambios sociales. Ciertos temas, como el autonómico, complicado desde el principio, podrían ser modificados en la línea del federalismo, aunque nunca será un tema de fácil resolución. Otro asunto es el de la Corona, que también debería actualizarse en aspectos orgánicos que resultan anacrónicos. Ello redundaría en una Carta Magna más ágil y práctica.

Un modelo impecable de legislación: el Código Civil

Las leyes actuales son cada vez más técnicas y complejas, de difícil comprensión y acatamiento; a ello hay que sumarle la constante y creciente mediatización que padecen. Bajo mi punto de vista, un modelo impecable de legislación es el Código Civil: cada artículo es un concepto, y además redactado sin margen de confusión. Por el contrario, leyes de hoy como la Ley General Tributaria adolecen de artículos kilométricos, al igual que las normas administrativas. A veces resulta muy difícil hacer entender al representado el contenido de una ley.

Judicialización de la vida pública

Asistimos a la judicialización de la vida pública: los medios de comunicación hablan continuamente de los jueces. Los magistrados, opino, no deberían tener nombre, esto es, suelen aparecer personalizados como el juez tal o cual, cuando deberían ser mencionados como el juez titular del juzgado número X o del juzgado número Y, con independencia de quien sea la persona que ostenta el cargo. No es función de los jueces adquirir relevancia social.

En España se consideran delito actos que en otros países de nuestro entorno no lo son

En España se consideran delito actos que en otros países de nuestro entorno no lo son. He llevado asuntos de delitos económicos, algunos con condena y recurso de casación ante el Tribunal  Supremo, en los que se prescinde totalmente de la normativa civil y mercantil y se acaba condenando, no en base al hecho, sino al incumplimiento de meras normas formales y sin entrar en el fondo de la legalidad y de la realidad del negocio jurídico, ni tampoco de la real voluntad de las partes –intención en el ámbito penal–, con lo que se llega a la criminalización del negocio jurídico, y no sólo del hecho sino del derecho que lo ampara. Igualmente ocurre con el Derecho urbanístico, donde se penalizan conductas hasta ahora habituales sin que los ciudadanos hayan obtenido previamente la información necesaria en la materia.

Acometer la reforma de la Justicia pero sin precipitarse

La reforma de la Administración de Justicia me recuerda el tema de la sempiterna reforma agraria. Se quiere agilizar el sistema, pero la Justicia pierde calidad cuando interviene en ella la premura. No veo claros los mecanismos de esa reforma, ni de qué parámetros se parte. Todos convenimos en que no hay suficientes medios técnicos; por otro lado, el funcionariado debería tener la preparación técnica adecuada. Pero quizá el mayor problema sea el excesivo y cada vez mayor intrusismo de los grupos mediáticos. Temo que, si se acomete la reforma, se lleve a cabo deprisa y corriendo, actuando de cara a la galería, y las consecuencias de hacerlo de este modo pueden ser acabar empeorándola. Igual que la Justicia lenta es injusta, también lo es su vertiente rápida. Los recursos humanos de los juzgados deberían gestionarse con la misma eficacia con que se gestiona una empresa privada. Ir a un juzgado es desesperante. Habría que controlar más eficazmente el cumplimiento de los horarios de trabajo, por ejemplo.

El Tribunal Constitucional debería mantenerse ajeno a cuestiones políticas

Desde finales de los 80 y principios de los 90, ha habido un uso excesivo del Tribunal Constitucional. Algunas leyes han salido de él reformadas por completo; se le ha hecho, en la práctica, legislar. Esto es una usurpación del poder de las Cortes y de la soberanía popular. Opino que debe limitarse a garantizar los derechos constitucionales, sin inmiscuirse en asuntos de política: no es una tercera Cámara.

Si debe aplicarse el artículo 155 de la Constitución, que sea con muchísima cautela

No estoy a favor de aplicar a la ligera el artículo 155 de la Constitución, que prevé la recuperación por parte del Estado central de competencias anteriormente traspasadas a una comunidad autónoma. Lo aplicaría sólo si fuera estrictamente necesario, para garantizar los derechos de la mayoría, pero con mucha cautela. Por otro lado, hay que reconocer que la descentralización, el acercamiento del poder al ciudadano, ha contribuido al desarrollo económico del país. Se han agilizado bastante los trámites, incluso en el ámbito empresarial. Sin embargo, se dan también aspectos no tan positivos. Por ejemplo, en  mi comunidad autónoma, la larga gestión de Manuel Chaves, sin alternancia en el poder, ha convertido la Junta de Andalucía en un aparcamiento de políticos que se han institucionalizado, y ello ha ido produciendo desencanto por el sentimiento autonómico y por nuestras propias instituciones. Lamentablemente, el Gobierno autónomo andaluz es visto por muchos de mis paisanos como un  mero instrumento político sin aspiraciones de identidad propia, como una Administración duplicada con un número de funcionarios desorbitado.

¿Monarquía o república?

Siempre he sido intelectualmente partidario de la república. La Transición trajo consigo la monarquía, estructura política ésta que facilitó y encauzó el consenso, al ser aceptada como forma de gobierno y mantener así la convivencia del país. En líneas generales, es un buen Rey y no tenemos motivos de queja: la monarquía parlamentaria ha sido un éxito. ¿Pero qué sucederá cuando muera nuestro Monarca? Entonces nos encontraremos con la realidad del sentir popular. Personalmente, tampoco sé cuál será mi posición llegado ese día. Si alguna vez se votara para decidir entre monarquía o república, no tengo claro qué haría. Tomaría una decisión en base a los acontecimientos del momento, según se fueran desarrollando las cosas, aunque, ciertamente, en un régimen democrático de libertades es difícil explicar el mantenimiento de privilegios de una dinastía.

Barack Obama: un hombre y todo un mundo*

Es evidente que un solo hombre no va a mejorar el mundo. Para un fin tan alto, para un cambio global, es necesario un concierto de todos los países a través de la ONU; sólo así se lograrán las políticas sociales y el control de mercados deseables que no impidan el libre ejercicio de las actividades económicas.

* Nota del autor: Al coincidir la fecha de la conversación mantenida con don Fernando Ramírez García de Gomariz y la toma de posesión del 44 presidente de EE. UU., fue inevitable que habláramos de este tema, dadas las dificultades, probablemente históricas, que va a tener su mandato.