SALVADOR ROMÁN COLOMER
SALVADOR ROMÁN COLOMER
TH, 3r VOLUM. El estado de derecho después de 1978

SALVADOR ROMÁN COLOMER. ROMÁN Y SALMERÓN ABOGADOS

Texto del 07-10-2008 
Fotografía: Salvador Román.

Perteneciente a los primeros colectivos de abogados que recibieron, durante su formación universitaria, las enseñanzas de la Constitución española de 1978, Salvador Román se siente un privilegiado. Encarna la segunda generación de una familia de letrados y simultánea el ejercicio en su bufete con el de abogado de oficio: no desea perder contacto con la realidad social. Mantiene que una actitud abierta a la concordia es el mejor método para acabar con los problemas del país.


Trabajamos aunando criterios

Soy titular, junto a mi socio, José Mª Salmerón Nuñez, de un bufete de abogados situado en Murcia. En nuestro despacho sobre todo tratamos Derecho civil y mercantil, aunque realmente nos dedicamos a cualquier rama jurídica a la que nos impulse el ejercicio. Siempre he pensado que la especialización es algo que va llegando con los años, que no puede escogerse al principio de la carrera profesional. Todas las decisiones las tomamos los dos titulares que integramos el despacho; pensamos que unir dos criterios siempre acaba resultando más fructífero que actuar de forma individual.

 

Tuve en mi padre, Pedro Román Ruiz, un gran mentor

Pertenezco a la segunda generación de una familia de abogados. Mi padre, Pedro Román Ruiz, dedicó toda su vida a la jurisprudencia y fue reconocido por su labor de letrado en la ciudad de Murcia. De él aprendí todas las lecciones posibles. Humanista, leal y recto, me enseñó que en el ejercicio del Derecho debían buscarse soluciones rápidas, justas y acertadas. Siempre fue partidario del pacto y su buen hacer profesional radicó en la conversación y el entendimiento. Puede decirse que sobre todo fue una persona conciliadora en su ejercicio, pero siempre me inculcó que el abogado no debe sentir ningún temor en acudir a los tribunales una vez agotados todos los recursos para llegar a consenso.

 

El abogado debe reconocer, aunque no entienda, y permitir, aunque no comparta

Los abogados jóvenes debemos ser tolerantes con la generación que nos precede. A la mayoría de letrados que vivieron etapas anteriores les ha supuesto un esfuerzo adaptarse a la evolución que conllevan las leyes. En este sentido, durante la última década mantuve ciertas diferencias con mi padre. Simplemente por una cuestión generacional, éramos dos letrados con dos enfoques distintos sobre la misma realidad. Por edad, por lo que conocieron y por su entorno, veo que a algunos abogados veteranos les cuesta esfuerzo llegar a entender que las leyes evolucionan conforme lo hace la vida. En el campo de la legislación, algunos asuntos deben ser regulados, a pesar de que no se concuerde con ellos de modo personal. Continuamente el abogado debe reconocer, aunque no entienda, y permitir, aunque no comparta.

 

El pleito es siempre la última opción

Me considero un abogado pactista y respetuoso con la autoridad y con otros letrados, si bien ello no implica que me sienta intimidado. En el ejercicio del Derecho, cada profesional defiende los intereses de su representado. Mi modo de proceder es anteponer siempre la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes y solamente en última instancia recurro al pleito. La primera prioridad de un letrado es ahorrar problemas al interesado y hallar todas las soluciones posibles.

Tengo una buena consideración de nuestra Carta Magna

A causa de mi edad apenas tengo recuerdos de la Transición. No obstante, mi familia siempre tuvo interés en explicarme lo que estaba sucediendo en la España de entonces y, al instaurarse la Constitución de 1978, mi padre me regaló un ejemplar de la misma. Ya con más edad, entre mi disposición particular por saber y las enseñanzas recibidas en el estudio del Derecho, pude crearme un criterio propio de esa época. De hecho, los de mi generación fuimos de los primeros estudiantes españoles en recibir las enseñanzas de la Constitución durante nuestra formación universitaria. Básicamente entiendo el período de la Transición como una etapa en la que avanzamos considerablemente, aunque con algunos sobresaltos y tropiezos. A veces con admiración y otras con reticencias, en general puede decirse que mantengo una buena consideración hacia el texto constitucional.

 

Podrían contemplarse algunas modificaciones en la Constitución

Sin embargo, considero que la Constitución es mejorable, puesto que, desde 1978 hasta hoy, el país ha evolucionado mucho y, tras 30 años, podrían contemplarse algunas modificaciones. Lo cierto es que, en España, hemos ido reconociendo muchos derechos y libertades que eran impensables hace tan sólo unos años, a pesar de que, en la actualidad, básicamente llamamos libertad a lo que no son más que privilegios reservados a minorías o a géneros. Un ejemplo de ello es la Ley de Violencia de Género: es injusta por establecer discriminación de sexo y parentesco. Sería necesario concretar los artículos de la Constitución que salvaguarden la integridad del Estado, reservándose sin género de dudas un marco competencial irrenunciable.

 

Numerosas carencias en el sistema judicial español

El sistema judicial cuenta en la actualidad con numerosas carencias materiales y personales que dificultan su eficacia. Pese a ello, existen juzgados que, aun estando colapsados, disponen de profesionales hábiles y leales que se esfuerzan en ejercer su profesión de la mejor forma posible. En ocasiones, los fallos del sistema pueden llegar a convertirse en la causa de ciertos errores judiciales. La acumulación de trabajo en los juzgados hace que se traten los casos por orden de gravedad, y los secretarios y jueces intentan hacer todo lo posible. Quizás, en los presupuestos generales, debería crearse un fondo de garantía que indemnizara de manera inmediata dichos errores.

 

Implantar una reforma en la Justicia no es sencillo

Ciertamente, es difícil saber cuáles serían los medios necesarios para poner en marcha un modelo judicial que funcionara mejor que el que tenemos hoy en día. Las precariedades son evidentes y sería posible elucubrar muchas opciones para optimizar nuestro sistema: desde otorgar más poder a los fiscales y más medios a los secretarios, que se cubran todas las plazas de funcionarios, sin dejar vacantes, hasta establecer procedimientos más rápidos o penas para los juzgados que no cumplan con los plazos de ejecución. Implantar una reforma en la Justicia no es una tarea sencilla. Personalmente, de momento me conformaría con poder disponer de seguridad jurídica y unificación de criterios.

 

Actualmente, el Gobierno central está perdiendo su capacidad ejecutiva

En las autonomías existen responsables políticos que sólo centran sus esfuerzos en buscar algo que les diferencie del resto del Estado y utilizarlo en su beneficio. Prueba de ello son los estatutos de autonomía, que en ocasiones se modifican para intentar apropiarse de asuntos que no les competen. Hoy el Gobierno central está quedando vacío de poder y está perdiendo su capacidad ejecutiva mediante la cesión de competencias. Debería plantearse la cuestión esencial de a dónde queremos llegar como país y bajo qué forma de Estado. Entre la población existe cierta confusión, y a veces parece que seamos ya un Estado federal, aunque sigamos siendo una unidad como país.

 

Gobiernos autonómicos: entes que representan al Gobierno de España

El Estado de las Autonomías es beneficioso, siempre y cuando su función radique en aproximar la Administración al ciudadano. Los gobiernos autonómicos deberían actuar como simples organismos que se dedicaran a ejecutar las decisiones del Gobierno central, sin disponer de competencias que les lleven a proceder en contra, ni de los criterios nacionales, ni de la solidaridad con el resto de las comunidades. Concibo cualquier Gobierno autonómico como un ente que representa al Gobierno de España dentro de una región determinada, no como algo que siembra insidias dentro del conjunto del Estado.

 

Los medios de comunicación repercuten en la política

Los medios de comunicación son totalmente partidistas y atacan o alaban a quienes les interesa. La repercusión mediática influye en la población y desorienta el ejercicio responsable de los legisladores. En cada programa electoral existe siempre una prioridad legislativa que entra en campaña, pero, según los dictados de los medios, esa prioridad inicial puede trocarse en cualquier otra.

Penalizamos en exceso

Actualmente en España sufrimos una clara tendencia a legislar y a penalizar en exceso. En ocasiones parece que la clase política tome como única defensa el Código Penal para demostrar su poder. Personalmente, creo que ciertas normativas recientes no acaban de tener cabida dentro de nuestro sistema judicial.

 

La monarquía va de acuerdo con la idiosincrasia de nuestro país

Podría decirse que, por haber convivido con ella tanto tiempo, la monarquía pertenece a la idiosincrasia de España. Considero que a un rey se le debe exigir que sea un buen anfitrión, que aporte una buena imagen, que sea un embajador de honor y que tenga clase y compostura para mantener el nombre y la tradición del país al que representa. En este sentido, considero que don Juan Carlos cumple sobradamente con estos requisitos.

 

Los silencios del Rey no siempre han sido lo más apropiado

España es un país eminentemente juancarlista y es incuestionable que nuestro Monarca es una persona con don de gentes, que ha sabido ganarse el respeto y el beneplácito del pueblo. Pero pienso que el Rey, como Jefe de Estado que es, en alguna ocasión debería haber llamado la atención en público a ciertos políticos españoles y haber sido menos conciliador y más ejecutivo. Para mí, ha habido ocasiones en las que sus silencios no han sido del todo apropiados.