Texto del 17-06-2008,
Foto cedida por: VICENTE BELENGUER LLANERAS

Vicente Belenguer Llaneras nos ofrece su mirada, rica en trabajo constante y principios coherentes, sobre la evolución de España desde finales de los 50 hasta nuestros días. Se define sobre el Estado de las Autonomías, cuyas competencias no considera inalterables ni por encima del poder central, o sobre la figura del Rey don Juan Carlos I, cuya labor encomia. En tono claro y pausado se declara firme defensor del Arbitraje, institución que considera muy desaprovechada.

Al frente de un bufete familiar

Mi bufete es un despacho medio, algunos de cuyos miembros pertenecen a mi familia: Dora Mir, mi mujer; mi hijo Sergio, abogado; mi hija Diana, economista, y, finalmente, mi otra hija María, también abogado. Estamos especializados en Derecho civil, mercantil, concursal y fiscal. En la actualidad –y como hobby–, estoy cursando la carrera de Historia en la UNED. Cuando termine, obtendré mi quinto título, a sumar a los que ya poseo de Economía, Derecho, Profesorado Mercantil y Graduado Social. Por otra parte, he estado vinculado al Colegio de Abogados de Valencia como vicepresidente de la Sección de Letrados-Asesores Fiscales. Y, finalmente, en mi calidad de economista, he dirigido diversas ferias de rango internacional celebradas en la Feria de Valencia.

Estado de Derecho y franquismo

Durante el franquismo había un Estado de Derecho sui generis. Yo ejercí profesionalmente sin problemas desde 1958, y pude trabajar más o menos en condiciones, aunque reconozco que no llevé casos políticos. Si se me permite una anécdota, muy útil para encuadrarme ideológicamente, mi padre civilmente se llamaba Darwin y sus hermanas, mis tres tías, Libertad, Igualdad y Fraternidad. Ello da una idea del ambiente familiar en el que me crié. Con el tiempo, mi abuelo se volvió a casar con una beata de la burguesía que le obligó a rebautizar a sus cuatro hijos con nombres del santoral.

Transición, un cambio no sólo político

La Transición conllevó grandes cambios, no sólo a nivel político, sino también a nivel tributario. Se pasó de un sistema de evaluación global de beneficios al sistema directo del IRPF, en un país que no estaba acostumbrado a tributar. En materia de Justicia y de procedimiento también hubo cambios sustanciales. Es reseñable, asimismo, la reciente desaparición de la Ley de Suspensión de Pagos del año 29. En el aspecto político, hubo un consenso envidiable, hoy perdido. Fue una época de gran solidaridad que se concretó en nuestra Constitución. Ahora, en cambio, entre los políticos parece que el entendimiento brilla por su ausencia.

Fracaso previsible del golpe del 23-F

Aquel día vi los tanques desde la ventana de casa. A pesar de una cierta aparatosidad, fue un hecho accidental, sin una base ciudadana y sin posibilidades de éxito. En aquel momento no me preocupé ni le di gran importancia porque me daba la impresión, como así fue, de que no iba a trascender. Y nada sucedió finalmente gracias a la actuación de personajes históricos como Jordi Pujol y Juan Carlos I.

Dicotomía entre Estado de las Autonomías y federalismo

Realmente, no hay tantos países donde se hable de autonomías, federalismo o confederalismo. En este sentido, España viene a ser una excepción. Hay confederalismo en Suiza, o autonomías asimétricas en Italia, pero lo que prima en la mayoría de países es el federalismo, que es un desarrollo pleno de nuestro Estado de las Autonomías. En realidad, la diferencia entre federalismo y Estado autonómico, desde una perspectiva mundial, es mínima, apenas nominal, terminológica.

Gran despegue de la economía y la sociedad valencianas

Valencia ha progresado muchísimo, social y económicamente, estos últimos años, pero no me atrevería a atribuir todo mérito al Estado de las Autonomías. Por mi formación como economista, el despegue se debe sobre todo a la bonanza de los ciclos económicos. Se ha producido un claro fenómeno de desarrollo, colateral con la autonomía, pero no consecuencia de ésta. Las instituciones propias han ayudado, y mucho; no obstante, sería excesivo atribuirles todo el mérito.

Evitar el exceso de funcionarios

Los poderes públicos deben evitar la tentación de excederse en materia de funcionariado. Ésta es la servidumbre que conllevan las autonomías y, hasta cierto punto, es un coste que debemos y queremos asumir. Otra cosa diferente es que se exceda ese número de servidores públicos muy por encima de lo realmente asequible y necesario. Por otro lado, el amiguismo en la designación de cargos debe ser combatido sin paliativos.

Las autonomías protegen celosamente sus competencias

En un momento determinado, el Estado central debería poder recuperar algunas de las competencias que un día delegara en las comunidades autónomas. Sin embargo, nuestras autonomías son muy celosas respecto a sus atribuciones y, lamentablemente, cualquier contingencia de este tipo, me temo que sería munición para guerras políticas internas que alentarían posiciones independentistas.

Mayor dotación de medios y personal para la Justicia

La Justicia sufre una absoluta falta de dotación de medios en todos los campos. A lo largo de mis 50 años de ejercicio profesional, he conocido muchos jueces que han llevado sus juzgados al día, pero son una excepción. No puede exigírseles una productividad concreta. No es factible exigir, por ejemplo, 27 sentencias al día, porque más que sentencias serían textos prefabricados. Actualmente todos los que nos dedicamos al ámbito judicial coincidimos en que falta dotación de personal y, sobre todo, de medios. En las capitales de distrito ya se está llevando a cabo esa dotación, pero queda mucho por hacer.

Ventajas de la Corte de Arbitraje en la resolución de conflictos

Soy árbitro de la Corte de Arbitraje de Valencia desde su formación, y puedo decir que la institución no está aprovechada, tal vez por desconocimiento, por desconfianza o por otras muchas razones. El arbitraje resulta, eso sí, más caro que la Justicia ordinaria, ya que aparte de pagar a los abogados, hay que satisfacer los honorarios de los árbitros, mientras que los jueces están remunerados por el Estado. Sin embargo, este sistema cuenta con una gran ventaja: es más rápido. Los árbitros tienen seis meses para establecer el laudo correspondiente, no más. Y además, todo litigio direccionado hacia las Cortes de Arbitraje supone liberar los tribunales ordinarios.

Exceso de legislación que acusa el oportunismo político

Toda la legislación existente en España en los años 70 cabía en un solo volumen de 30 centímetros de grosor. Hoy, la legislación que aparece anualmente, tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas no cabría, por decirlo de manera gráfica, en unos volúmenes de dos metros y medio de grosor. Por fortuna, todo este nuevo corpus legislativo no nos llega de forma impresa, sino informática; pero aún así creo que es fácil entender que tantas leyes promulgadas en tan poco espacio de tiempo resultan excesivamente tediosas y, muchas veces, inútiles. Se legisla con demasiada alegría y, en ocasiones, en virtud de oportunidades políticas que nada tienen que ver con las necesidades reales.

Legislar desde un punto de vista más global

En lo tocante a la promulgación de nuevas normas, a veces se legisla de modo fraccionado. En mi opinión, si se va a dictar una norma sobre un tema concreto, sería necesario legislar desde un punto de vista global, anulándose las disposiciones adicionales correspondientes para que el ciudadano común tuviese claro cuál es la legislación aplicable a un caso concreto, lo que además evitaría posibles dudas. El político que acude a las Cortes no debe hacerlo sólo para legislar, y menos aún si le mueve el oportunismo o la obtención de réditos electorales a corto plazo.

Constitución, entre el inmovilismo y las reformas permanentes

No tiene porqué modificarse la Constitución en un plazo breve de tiempo; si se hace, debe acometerse la reforma de manera global, al menos en aquellos aspectos que vayan suscitando cierto consenso social. El hecho de que en un momento histórico dado no se den acuerdos totales, no significa que los cambios no puedan ser factibles. Es más, ha de bastar con alcanzar el máximo consenso posible, sobre todo en temas como en la Ley Sálica o la articulación territorial. Mi postura acerca de la reforma del texto no se decanta ni por el inmovilismo absoluto, ni por las reformas permanentes: todo es susceptible de cambio.

Monarquía versus república

Mi punto de partida respecto a la Monarquía es el de un republicano, por herencia y por coherencia. En cambio, a día de hoy no movería un dedo, y como yo muchísimos españoles, para modificar el statu quo existente al respecto. Si hubiera un referéndum sobre la continuidad de la institución, creo que la victoria de la Monarquía sería apabullante. Y la victoria se debería, sobre todo, a quienes, siendo de cuna republicana, entendemos el buen hacer del Rey y el prestigio que nos da, por ejemplo, de cara a los países iberoamericanos. Además, me gustaría significar que mi voto a favor de la continuidad de la Monarquía no sólo sería intelectual, sino también emocional. Eso sí: la institución debe mantenerse en un segundo plano. Su falta de protagonismo es, precisamente, el mejor protagonismo que puede tener. El Rey debe reinar y no gobernar, como ya está sucediendo.

“Felipe VI”

Para mí, la actitud del príncipe Felipe, cuando sea Rey y se convierta presumiblemente en Felipe VI, será continuista respecto a la marcada por su padre, de quien ha aprendido el oficio. No me lo imagino asumiendo un protagonismo excesivo. Diría, incluso, que será más discreto que su predecesor. No vislumbro que llegue nunca, por ejemplo, a tener intervenciones como la de su padre frente al líder venezolano, Hugo Chávez.