“Pocos momentos como el actual en la historia reciente de España muestran ejemplos tan claros de iniciativas ya en marcha para modernizar la Justicia”
La nueva Ley de Acceso ala Abogacía nos situará por fin a nivel europeo. Además de la licenciatura, los futuros letrados habrán de cursar una formación complementaria que colegios de abogados y facultades impartirán de un modo coordinado y conjunto. Es importante resaltar que las universidades –y España cuenta con algunas equiparables a las mejores del mundo– tienen la obligación de acomodarse a tales requerimientos legales y prestar a los licenciados en Derecho que lo deseen este estudio suplementario. Los ciudadanos debemos esperar que tanto los colegios de abogados como las universidades estén a la altura de tan alta exigencia.
Quiero, además, referirme al doctorado, un grado de excelencia de la sabiduría y el conocimiento. Creo que conviene animar e incentivar a quienes sientan vocación por el estudio para que continúen abundando en él, pues sin duda aprendizaje, investigación e innovación son elementos imprescindibles para el progreso de un país. Realizar el doctorado no siempre es fácil, ya que requiere un notable esfuerzo adicional, y si bien no se requiere para muchas actividades profesionales, deberíamos cultivar el máximo respeto por quienes han realizado ese esfuerzo, como sucede en muchos países de nuestro entorno.
No puedo dejar de aludir a un tema de actualidad: la manifestación, por parte de algunos jueces y magistrados, de reivindicaciones que, muchos ciudadanos y el propio Gobierno no acaban de entender, en la medida en que gran número de ellas está siendo tenido en cuenta. Pocos momentos como el actual en la historia reciente de España muestran ejemplos tan claros de iniciativas ya en marcha para modernizarla Justicia. Entre ellos, la reforma de la oficina judicial, la mejora de las condiciones de trabajo, la extensión de los sistemas informáticos y el incremento presupuestario, claro está. Las perturbaciones en los cuerpos judiciales producen lógica inquietud ciudadana, pues jueces y magistrados son –cada uno– los auténticos y únicos titulares del poder judicial y es mucha la confianza que, por las amplias facultades quela Constituciónles confiere, se deposita en ellos. Quizá alguien pueda pensar que, a veces, las grandes reformas de los grandes servicios públicos vienen acompañadas de reservas o reticencias de quienes (más bien pocos que muchos) objetan o no entienden el sentido de dichas reformas, o simplemente aprovechan para reclamar mejoras para sí mismos: no aludo a nadie en concreto; trato de hacer notar que los grandes cambios siempre hallan resistencias. Discriminemos las reivindicaciones razonables de las que no lo son y entre todos procuremos que la Justicia funcione.
Para ello, sería efectivo practicar una sana pedagogía política. Un componente esencial de la política democrática sometida a la opinión pública obliga al político a explicar las decisiones del poder. Por ejemplo, que los grupos parlamentarios elijan a quienes han de formar los órganos superiores del Estado (i.e., CGPJ) está previsto enla Constitución, y sería inimaginable que lo hicieran con otros criterios que no fueran parlamentarios, es decir, criterios políticos. No explicar las cosas alimenta, pues, la sospecha de que las cosas son inexplicables.
Por tanto, junto a motivos para la crítica y la autocrítica (probablemente de todos, cada uno la suya), también hay motivos fundados, en ideas, compromisos y presupuestos, para la esperanza.
