Texto del 23/09/08,
Fotografía cedida por Alejandro de Eguren.

Orgulloso y agradecido por haber recibido una educación abierta al diálogo y al desarrollo cultural en una época dominada por el pensamiento autárquico, Alejandro de Eguren analiza el período de la Transición y destaca la evolución vivida por la sociedad en su conjunto. Asimismo, apela al sentido común de los españoles para consolidar un concepto de unidad del Estado como nación que evite ciertas actitudes radicales, tendentes a derivar en enfrentamientos fraticidas.

Provengo de una familia de sólidas raíces vascas

Nací en el País Vasco, de donde son originarios todos mis antepasados: el primer apellido Eguren del que tenemos constancia se remonta a 1547, siendo fijosdalgo de Vizcaya. Recibí una educación religiosa y abierta, que me permitió aprender varios idiomas. Mi padre era doctor e ingeniero (ICAI), por lo que presuponía que en mis planes de estudio incluiría al menos dos carreras. Por ello, se extrañó que le dijese que quería estudiar sólo Derecho. Empecé a ejercer en 1981, en el despacho del Excmo. Sr. D. José María Ruiz Salas. Posteriormente, fundé la firma Eguren & Asociados, cuya actividad principal se centra en el asesoramiento legal, jurídico y judicial, abarcando diversos ámbitos, principalmente el Derecho civil, mercantil, concursal, laboral y bancario. Contamos con asociados internos y con una estructura que nos permite prestar nuestros servicios en cualquier localidad de España. Disponemos, asimismo, de delegaciones en Chicago.

Añoro el trato personal y la calidez humana de la abogacía de antaño

Acabé la carrera dos años después de haberse aprobado la Constitución. Al empezar a ejercer fui muy afortunado, ya que me movía en un terreno inmensamente novedoso y atractivo; pero al mismo tiempo encontré serios obstáculos, pues entonces existía una reglamentación demasiado formalista. Durante los últimos 30 años, la labor del letrado ha experimentado una enorme evolución. Sin embargo, en determinados aspectos se observa un detrimento notable. Desde mi punto de vista, hoy en día el Derecho se ha convertido en mero mercantilismo y los intereses económicos han desplazado la calidez y el trato personal de antaño.

Vivimos la Transición ilusionados, aunque fue un período muy complicado

Los jóvenes recibimos esa época con gran ilusión porque sabíamos que el país tenía que cambiar. Con todo, fueron años realmente duros. Temíamos a los “nostálgicos” que pretendían seguir ostentando el poder residual heredado del franquismo y sufrimos la gran crisis económica de la segunda mitad de los 70. Afortunadamente, la intervención de políticos de la talla de Adolfo Suárez fue loable y fundamental. El esfuerzo de este gran estadista ha sido esencial para poner de acuerdo a numerosas personas de convicciones divergentes y conseguir así el punto en común que fue la Constitución de 1978.

En estos momentos, una modificación constitucional es prácticamente inviable

Es evidente que la situación social y económica no es la misma de hace 30 años. Por tanto, no habría que temer una posible transformación de la Carta Magna, siempre que exista consenso y se utilicen los cauces y procedimientos reglamentarios para llevarla a cabo. Sobre el papel todo es factible; en el plano puramente lingüístico, el texto podría soportar cualquier variación, pero, siendo realistas, una modificación constitucional en estos momentos sería prácticamente inviable, debido sobre todo a los intereses políticos imperantes. Además, en las circunstancias actuales es innecesaria.

Creo en la unidad de España como nación

Concibo el término de nación como el de una España unida, compuesta por las comunidades autónomas que antes se denominaban provincias. Sucede que éstas se han desarrollado enormemente y algunas incluso gozan de unas competencias amplísimas, como Cataluña y el País Vasco (este último, a raíz de la sentencia de Luxemburgo, que ha admitido su independencia fiscal). Sin embargo, discrepo profundamente de la pretensión de consulta soberanista planteada por el lehendakari Juan José Ibarretxe, pues la considero, además de absurda, innecesaria, ya que la Constitución reconoce los derechos autonómicos. Estoy a favor de que seamos un Estado federal o autonómico –el nombre no es determinante–, pero siempre que se respete el concepto y el ánimo de nación española. Considero que llega un momento en el que hay que poner límites a las peticiones de autogobierno. Debemos ser inteligentes y rechazar actitudes absurdas basadas en prejuicios políticos, que llegan, en mi comunidad, hasta el extremo de negar la construcción del tren de alta velocidad, de mantener tres cajas de ahorro o de fomentar un sistema educativo que ignora el estudio de la historia y la geografía nacionales. Debemos recordar que estamos en España y que por encima de las leyes debe primar el sentido común.

Jamás tuve la sensación de que el euskera estuviese prohibido

Hoy la manipulación del idioma por parte de los partidos políticos independentistas está dividiendo la sociedad. Desde ciertos medios de comunicación se fomenta la animadversión hacia el castellano, lo que provoca que algunos niños incluso sientan complejo de usarlo en la escuela. Estas actitudes suponen un retraso cultural y pueden llevar a crear una generación enfrentada. Comparto el deseo de recuperar el idioma. Yo siempre he vivido el euskera en el ámbito familiar y jamás tuve la sensación de que estuviese prohibido. Ciertamente, en la ciudad apenas se hablaba, pero en las aldeas y los pueblos lo que no se hablaba era castellano. Esto sucede también ahora. Que en una tertulia televisiva donde intervienen personas de diferentes comunidades se haya que recurrir a la traducción simultánea es absurdo y de mala educación. Si contamos con un idioma común comprensible para todos, deberíamos utilizarlo; lo que es inviable es la imposición.

Vivimos una gran inseguridad jurídica

España es uno de los países del mundo donde más se legisla innecesariamente. Si las leyes se estudiaran a fondo, desde la calle y no desde la mesa de un despacho, no tendrían por qué modificarse continuamente. El letrado se siente débil jurídicamente porque tenemos unas bases fundamentales demasiado volubles. Así, su criterio puede variar de un día a otro en función de los cambios legislativos. Además, los legisladores soportan una presión cada vez mayor de los medios de comunicación, que a su vez están influenciados por los intereses de los grandes partidos.

Una reforma de la Justicia que no llega

Continuamente oímos hablar a los políticos acerca de la reforma judicial. Se hacen promesas reiteradas que nunca se llevan a cabo. Se habla con los colectivos implicados, pero finalmente todo es inútil, puesto que no se tienen en cuenta sus propuestas. En el fondo, más que promulgar nuevas leyes, lo necesario es reformar las ya existentes. Por otro lado, desde el punto de la Administración judicial, han desaparecido los juzgados de distrito, que tan buen resultado dieron como escuela de todos; a cambio, se han intentado crear especializaciones para agilizar los procesos, como el juzgado de lo mercantil, de lo civil, etc., pero lo único que se ha conseguido es llegar al colapso. Tomando como modelo el procedimiento americano de los juicios, se ha credo la figura del jurado popular, cuya función resulta improductiva. La filosofía de los juzgados anglosajones, la inmediatez judicial, no sólo no ha servido para nada, sino que ha ralentizado todos los procesos. Hoy en día, en los actos de vista reina un gran desorden y se suspenden juicios por cualquier motivo. Y si la aplicación de los avances tecnológicos contribuye a aligerar en gran medida la tarea judicial, ha restado en cambio calidad y sensibilidad humanas. Las modificaciones parciales del sistema no son, en definitiva, la solución al problema.

Excelente elección de don Carlos Dívar como presidente del Consejo General del Poder Judicial

Considero nefasto que los dos grandes partidos designen a los ponentes del Consejo General del Poder Judicial. Convendría modificar la Constitución para replantear la forma en que se llevan a cabo dichos nombramientos. Los encargados de designarlos deberían ser la Fiscalía, el Cuerpo General de Jueces y Magistrados, el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General de Procuradores. Con todo, ha sido un acierto elegir como presidente a don Carlos Dívar, una gran persona y excelente profesional.

Texto del 23/09/08

Fotografía cedida por Alejandro de Eguren.

Ya no somos juancarlistas, sino monárquicos

Antes, el miedo impulsaba a la gente a declararse juancarlista, pero no monárquica. Es un prejuicio que hemos superado gracias al prestigio del Rey. A ello ha contribuido también la propia Casa Real, que se ha preocupado de que el Príncipe esté magníficamente preparado para sustituir a su padre. Asimismo, el Monarca supo poner fin a la cohorte de afines que se congregaban en torno a la Corona, reduciéndola a los Reyes, los Príncipes y las Infantas. Quizás algún día la monarquía dará paso a una república, pero, de momento, la institución está muy consolidada debido al cariño que le profesa el pueblo.

Felipe VI tomará el relevo de su padre

Juan Carlos I estuvo muy bien asesorado en todo momento y evitó el retroceso que se hubiera dado en España de haber triunfado el golpe de Estado del 23-F. Hoy por hoy, es el mejor representante que tenemos a nivel internacional, junto con la Reina doña Sofía. La monarquía española es moderna, culta y amante de un pueblo que le corresponde. Aunque se discrepe de ella, a nadie le interesa perder una figura que tanta paz nos ha dado. Opino que la institución es totalmente necesaria y me gustaría que don Felipe sucediese en el trono a su padre.