Texto del 26-05-2008
Fotografía cedida por Baltasar Pastor.
Cada mañana, cuando abre su ventana y divisa el río Duero, loado por tantos poetas, se siente satisfecho de vivir en su Zamora natal y de ejercer la abogacía en esta ciudad, lejos de los ajetreados despachos de Madrid. Baltasar Pastor, que aboga por una mayor dotación presupuestaria para la mejora y la modernización de la Administración de Justicia, entiende la profesión de letrado como una oportunidad para ayudar a los demás y mejorar la sociedad.
Once años representando la abogacía
Nuestra firma de abogados radica en la ciudad de Zamora. Desde su creación en el año 1997, el bufete Galán & Pastor Abogados, del cual soy socio fundador junto con Ildefonso Galán Viñas, presta servicios en los campos de Derecho civil, mercantil, penal y contencioso-administrativo. Disponemos de una gran experiencia en tribunales y hemos suscrito acuerdos de colaboración con otros despachos especializados en otras áreas del Derecho, con el objetivo de ofrecer un asesoramiento integral y adecuado a nuestros clientes. Desde que empecé a ejercer como abogado, he defendido mi profesión y mi profesionalidad. En esta actividad se puede ganar mucho dinero o simplemente se puede vivir del trabajo; nosotros aspiramos a lo segundo. Queremos ayudar a la Justicia, no aprovecharnos de ella. Hay una premisa que guía nuestra labor: siempre es mejor que el cliente quede satisfecho en un intervalo de tiempo razonable que alargar en exceso e intencionadamente el proceso.
Viví la Transición con ojos de muchacho
En la década de los setenta era un niño, así que los recuerdos que tengo de la Transición son de principios de los ochenta, a través de lo que podía escuchar en las noticias de la televisión o de lo que leía en los periódicos. De todas maneras, guardo un grato recuerdo de aquella época en la que, a pesar de mi juventud, me interesaba todo lo que ocurría a mi alrededor. Empecé a leer el diario El País con solo 14 años. Lo compraba los domingos, porque el dinero no me llegaba para hacerlo de lunes a sábado. Aún así, intentaba ojearlo todos los días. Y podía pasarme delante del televisor de seis a diez horas viendo un debate sobre el Estado de la Nación. Me gustaría que actualmente los jóvenes tuvieran más interés por la política. Aunque debo reconocer que resulta difícil imaginar que un debate entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy pueda interesar a la juventud, sobre todo si lo comparo con los discursos de Alfonso Guerra, Felipe González, Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Miquel Roca o Juan María Bandrés (este último era para mí un orador excepcional). En mi familia, nadie antes se había dedicado a la abogacía, pero fue cuajando en mí esa vocación y esas ganas por poder aportar algo a la Administración de Justicia.
En la actualidad padecemos un exceso legislativo
Sería necesario tener en cuenta que las cuestiones sociales no se resuelven con leyes penales. Este exceso legislativo afecta al correcto desarrollo de la Justicia. En mi despacho, llego a manejar hasta cuatro bases de datos legislativas. A menudo, cuando finalmente consigo ponerme al día en una ley, la vuelven a reformar de nuevo. Incluso nos pueden llegar providencias de los juzgados con legislación que no está actualizada.
Con un incremento presupuestario se solucionarían muchos problemas de la Justicia
Solamente con un ligero aumento presupuestario se podría invertir en más personal y en la necesaria modernización informática de la Administración de Justicia. No podemos depender de que se extravíe un papel en un juzgado. Hay que tener en cuenta que esta falta de actualización del sistema jurídico no solo afecta negativamente a los profesionales, sino también, y principalmente, a los justiciables.
Es preocupante que existan 270.000 sentencias penales pendientes
Se trata de un asunto que debería preocuparnos a todos. Sobre todo cuando leemos en la prensa que personas con una sentencia penal pendiente no ejecutada cometen nuevos delitos. El problema radica en la saturación de los jueces y de las prisiones. Lo que sucede es que, hasta que algo no nos afecta de manera particular, lamentablemente olvidamos con facilidad el tema.
Convulsiones en el sistema judicial
Sufrimos durante febrero y marzo del año 2008 una huelga de los funcionarios de Justicia en casi toda España que no trascendió a los medios de comunicación hasta pasado un mes. Todo lo que no sucede en Madrid o Barcelona parece que no existe. Además, la huelga de funcionarios coincidió en Castilla y León con otra huelga de Sanidad. Esta última, por el contrario, sí que apareció desde el primer día en las portadas de los periódicos. Y ello se debe a que, generalmente, a los ciudadanos les afecta más que no les reciba su médico de cabecera que el hecho de que su abogado les comunique que se ha suspendido un juicio. Lo cierto es que, por norma general, cuando acuden al despacho en busca de nuestra asistencia ya presuponen que se enfrentarán a un proceso largo.
Nuestro país cuenta con un número muy escaso de magistrados
La realidad que conozco es sobre todo la de la provincia de Zamora, aunque también he trabajado en otras capitales de Castilla y León, así como en el País Vasco, en Madrid o en Cataluña. Las circunstancias son similares en todas: hay un exceso de abogados pero, en cambio, muy pocos jueces.
Problemas con los jueces en las zonas de provincia
Los jueces que hay en Zamora son todos muy jóvenes. Generalmente, cuando un juez finaliza sus estudios, oposita y obtiene una primera o una segunda plaza en Zamora. Lo habitual es que pasen dos años aquí y luego se trasladen a su capital, a promocionarse cerca de su familia, o bien decidan marchar a Madrid. El 80% de los procedimientos que se inician con un juez acaban con otro. Es un grave problema. Cuando me colegié en el año 1997 había en Zamora cinco juzgados de primera instancia de instrucción, los mismos que existen en la actualidad. Ello no obstante, los jueces llevaban diez o quince años ejerciendo en el mismo lugar y los abogados manteníamos con ellos una relación personal y profesional más cercana, circunstancia que repercutía en una mayor colaboración. Sin embargo, ahora no llego ni a conocerlos.
Los abogados somos parte de la Administración de Justicia
Entiendo que los letrados debemos participar de la Administración de Justicia, de la misma manera que el juez, el fiscal o el procurador. Todos debemos aportar lo mejor en beneficio de la Justicia y del justiciable. Cuando redacto una demanda o una reclamación, considero que todas tienen la misma importancia, da igual que el cliente reclame 2.000 euros o dos millones. En consecuencia, las estudio en profundidad, les dedico el tiempo que precisan, y alego toda la doctrina y la jurisprudencia que pueda estar vigente en ese momento. Y, sin embargo, me lo acaban resolviendo en página y media de sentencia. No considero que ello se deba a que no se tenga en cuenta nuestro trabajo, sino que es el sistema el que realmente no funciona, porque el juez no tiene tiempo de estudiar con detenimiento cada uno de los casos que debe dilucidar. En cuestiones civiles, se permite que el abogado aporte algo más, pero en cuestiones penales es muy complicado que podamos participar en todo el devenir del procedimiento.
No debemos temer la modificación de la Carta Magana
La Constitución, con todos los respetos que me merece, sienta unas bases y unos principios que se va desarrollando a partir de otras leyes. No debemos, pues, mostrar temor ante la posible modificación de la Carta Magna: la época del miedo ya ha quedado en el pasado.
Monarquía: un sistema anticuado que se irá extinguiendo con el tiempo
Nuestro Rey es respetado, no sólo en España, sino también en el resto del mundo. Ahora bien, considero que se le respeta a él individualmente, a su figura. Como institución, sin embargo, creo que tenderemos a la república, porque es lo natural: las monarquías se irán extinguiendo paulatinamente. No sé si su sucesor, cuando llegue el momento, será capaz de mantener el carisma que posee don Juan Carlos. En la actualidad, su función es representativa. Como persona, le respeto profundamente. Pero como padre de familia, me gustaría que mis hijos pudieran tener la opción de postularse también como Jefe de Estado. La persona que ocupa este cargo ha de poder ser elegida por el pueblo, tal y como ocurre con el Gobierno, el Parlamento o el Presidente. En la igualdad de oportunidades y en la soberanía popular consiste precisamente la democracia.
Repartir mejor la riqueza dentro de las comunidades
La descentralización ha sido muy beneficiosa para el conjunto de nuestro país, pero es un proceso todavía incompleto y mejorable. Debería descentralizarse aún más, incluso dentro de las propias comunidades, aunque, eso sí, evitando el exceso de burocracia. En Castilla y León se ha progresado en la zona este, pero la zona oeste se encuentra deprimida. En la actualidad, la riqueza y la población se concentran en Valladolid y en Burgos, mientras que Zamora, León y Salamanca son áreas más despobladas, con un creciente número de jubilados. Y, de seguir así, me temo que pueden acabar siendo reductos del pasado: la riqueza debería repartirse más.
Todos deberíamos empezar en la profesión como pasantes
Cuando eres un soldado raso y te nombran general, sólo aprendes perdiendo batallas. El problema es que esos fracasos acaban por cobrarse la vida de tus soldados. Del mismo modo, en la Justicia, esos fallos acaban afectando a los ciudadanos. Es indispensable recuperar la figura del pasante, porque permite conocer a fondo cómo funciona la profesión antes de desempeñarla.
