Texto del 18/06/2008 .
Fotografía: Àngel Font.

Un empeño por humanizar la labor del abogado caracteriza a Carlos Zarco Puente, letrado desde hace más de quince años. El asesoramiento personalizado singulariza su despacho en contra de la excesiva frialdad de las grandes corporaciones legales. Orgulloso de vivir en democracia, reclama mayor atención del Estado hacia las pequeñas y medianas empresas. La continuidad de la monarquía le parece necesaria como elemento unificador del país y defiende la Constitución en su calidad de gran hito en la historia de España.

Vocación de abogado nacida a temprana edad

Nací en San Sebastián y, aunque provengo de una familia con precedentes en el mundo del Derecho –mi padre también es abogado–, mi vocación se despertó muy tempranamente, cursando 7º de EGB. Cuando llegué a la facultad, no tenía ninguna duda de que la abogacía era a lo que realmente quería dedicarme, así que puse todo mi empeño en conseguir la licenciatura. Después de obtenerla, y tras pasar por seis despachos, terminé trabajando en Cuatrecasas, donde conocí a mis actuales socios. Cada uno se dedicaba a una especialidad distinta, pero, por afinidad personal, sintonizamos perfectamente y surgió la idea de la emancipación. En el año 2004 nació Dick Abogados y Economistas.

La práctica del Derecho no sólo se limita a la aplicación de la norma, sino que es una actividad esencialmente volcada en el servicio

Al fundar Dick Abogados y Economistas junto con mis dos socios, Miguel Galán y Enrique Parareda, tuvimos la convicción de que la filosofía de nuestro despacho iba a ser el acompañamiento del cliente en todas las fases de su problema. Aunque hubiéramos podido ejercer desde un gran bufete, entendíamos nuestra labor como algo más. La práctica del Derecho no sólo es la aplicación de la norma, sino que considero mi profesión una actividad esencialmente volcada en el servicio. La ley es un instrumento directo para solventar problemas con los que convivimos y la solución de éstos suele generar satisfacción: con ella en la mano pueden cambiarse muchas cosas. Los clientes de nuestro bufete pertenecen básicamente a medianas y a pequeñas empresas con problemas de todo tipo, aunque, por norma general, suelan ser de financiación, de liquidez o de solvencia, cuestiones éstas que pueden derivar en problemas procesales y concursales. Éstos, a su vez, desembocan en afectaciones directas del funcionamiento de la propia empresa e, incluso, de la propia vida personal del empresario. Por ello, ante todo, hay que tener presente el aspecto humano.

Nueva Ley Concursal que beneficia al sector empresarial en crisis

Cada caso es distinto y cada empresa tiene su propia solución. Para algunas, la salida es la venta de la compañía con el fin de que sea gestionada por otro empresario con nuevas ideas; muchos empresarios catalanes han tenido que optar por esta alternativa debido a la crisis que han sufrido. Otras veces hay que negociar las deudas extrajudicialmente con los acreedores; y otras, últimamente las más, la solución puede residir en el procedimiento concursal. Desde el año 2003 existe una nueva norma que sustituye el antiguo régimen legal, con el cual resultaba difícil, y muchas veces imposible, cobrar los créditos del deudor. La nueva Ley Concursal protege y fomenta la continuación de la actividad económica de la compañía mediante el favorecimiento de convenios con los acreedores a través de un procedimiento más rápido. Que la obtención del convenio sea luego posible depende de innumerables factores. La gran compañía suele estar mejor posicionada para conseguirlo. De no ser posible su obtención, la liquidación de los bienes de la empresa será el último cometido para así intentar pagar finalmente a los acreedores.

Falta de apoyo de la Administración pública a las empresas

Los poderes políticos han desatendido por completo a las empresas españolas y, en concreto, a las catalanas, que son las que mejor conozco. El empresario no recibe apoyos por parte de la Administración pública: se grava con excesivos impuestos la actividad empresarial, circunstancia que dificulta su continuidad. Y, en los momentos de dificultad, la Administración ni ayuda ni sabe ayudar.

La Transición equivalió a evolución política y social

La transición hacia la democracia en España coincidió con mi adolescencia y, por lo tanto, tengo nociones de esa época más por mi interés en la historia y por mi profesión actual que por mi experiencia vital y personal. En ese período ocurrieron acontecimientos realmente trascendentales para el futuro de nuestro país, tales como la aprobación de la Ley de la Reforma Política, la promulgación de la Constitución española, las primeras elecciones, del año 1977 y después de cuarenta años de silencio obligado… Todos ellos son momentos clave en la reciente historia de España y, desde el punto de vista político, definen una época fundacional. El pueblo español estaba preparado para esa ocasión, anhelaba y merecía el cambio. En la actualidad vivimos en una democracia todavía joven, en fase de desarrollo, pero que nos ha convertido por fin en un país moderno.

Un excelente texto legal a la altura de las circunstancias

Tanto por su resultado como, esencialmente, por su modo de aprobación, la Ley de la Reforma Política me parece un texto legal excepcional. Gracias a esta ley, el antiguo régimen dictatorial se rompía en sí mismo, certificaba su propia defunción y permitía el acceso a un nuevo régimen, democrático y libre.

Aún habría que esperar un poco más de tiempo antes de modificar nuestra Constitución

Con la promulgación de la Constitución, en el año 1978 obtuvimos un texto legal democrático donde se reconocía la igualdad de todos los españoles. Fue un triunfo indiscutible, pese a las críticas que pudo recibir. En la actualidad, el tema de su modificación es reiterativo y habitual, hasta natural, pero, si todavía no ha sido llevada a cabo, es por falta de unanimidad suficiente, una coyuntura harto improbable. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que incluso cualquiera de los detractores de la Carta Magna, también los más radicales, la reivindica y la utiliza para preservar sus derechos. Desde mi punto de vista, no ha pasado un período de tiempo tan extenso desde su aprobación y considero que una modificación constitucional, ahora, podría ser hasta prematura.

El problema territorial de España es de complicada solución

Uno de los apartados de más compleja solución y modificación es el contenido en el título octavo, el relativo a las autonomías. El problema territorial español es históricamente complejo, no tiene fácil solución ni la tendrá previsiblemente en un futuro. Tendremos que seguir conviviendo con él, esperemos que con suficiente sensatez y cordura.

Politización del poder judicial, una falsa creencia

En mi opinión, el sistema judicial español no está politizado. En términos absolutos, quienes realmente imparten justicia en España son los jueces más cercanos al ciudadano. En general, los jueces de nuestro país son profesionales altamente preparados y, gracias a Dios, la elevada proporción de resoluciones «justas» no es en absoluto equiparable a la minoría que contiene errores. La noción de la politización de la Administración de Justicia percibida por los ciudadanos no se corresponde con la realidad y quizás nazca de la frivolización de la misma por parte de algunos políticos y de algunos medios de comunicación.

Hoy en día la Administración de Justicia es más ágil

Tiempo atrás, podía realmente asegurarse que la Administración de Justicia española era lenta, ya que los procedimientos con los que los abogados realizábamos nuestra función diaria eran naturalmente lentos. Sin embargo, los instrumentos procesales básicos en España han sido objeto de importantes modificaciones en los últimos diez años, hecho que ha permitido la mitigación del problema. Con normas útiles y adecuadas, sólo hace falta voluntad política y dotación de medios para provocar un cambio radical en el sistema. Confío en que algún día habrá de llegar alguien que quiera o sepa llevar a cabo esta reforma; mientras tanto, sólo nos queda padecer.

Escasez de medios humanos y tecnológicos en la Justicia

Una Administración de Justicia eficaz es un valor esencial de todo Estado de Derecho y en España empezó a ser así cuando se promulgó la Constitución; sin embargo, desde el poder político se ha descuidado negligentemente dicho valor. Por poner un ejemplo: lo que está ocurriendo en los juzgados mercantiles ante la situación de crisis económica actual es alarmante, da la sensación de que los han abandonado. Al final, quien acaba pagando esta situación es esencialmente el justiciable.

Monarquía como pilar del sentimiento de unidad

El sistema monárquico en España vino impuesto por el régimen anterior, pero los ciudadanos españoles la aceptaron mayoritaria y libremente. Debemos reconocer que al Monarca se le tiene como el último reducto de unidad del Estado, actúa eficientemente como mediador y su papel durante la Transición fue encomiable y esencial. Por todo ello, es una figura útil y puede que necesaria. En mi opinión, la monarquía seguirá siendo imprescindible debido a la incapacidad de los españoles de mantenernos unidos sin ella.

Mi satisfacción consiste en ver preservados los intereses de mis representados

Ante situaciones de crisis económicas empresariales, ámbito en el que ordinariamente desempeño mi profesión, no hay mayor satisfacción que la de ser colaborador y testigo del mantenimiento de la actividad económica del empresario. Son innumerables los efectos positivos, para las personas implicadas y para el conjunto de la sociedad, que ello produce.