Texto del 30-06-2008,
Fotografía cedida por:FRANCISCO JOSÉ CAMPÁ
Aunque entre sus especialidades se encuentran el Derecho penal y el mercantil, Francisco José Campá destaca sobre todo su dedicación al ámbito concursal. Pausadamente y con sutil ironía, opina sobre la Ley d´Hont, que considera un obstáculo para el verdadero Estado de Derecho, y asegura que en España se legisla deslegislando. Lejos de idealizar la Transición, la recuerda como un período muy duro y radicalizado. Echa de menos una auténtica cultura del Derecho, la que se aprende en los estrados y no en los libros.
Apasionante complejidad del Derecho concursal
Nuestro despacho es un bufete multidisciplinar, integrado por letrados y economistas. Aunque ofrecemos un servicio integral a nuestros clientes, me encargo de forma expresa y directa del Derecho concursal, un ámbito jurídico desconocido por el gran público e, incluso, por muchos profesionales. El Derecho concursal nació con unos objetivos de los que poco a poco se ha ido apartando. Espero que, con el tiempo, las cosas se reconduzcan en ese sentido. Como atañe a los problemas de insolvencia, los concursalistas sabemos la complejidad de nuestra disciplina; quizá por ello nos resulta apasionante.
Buscar asesoramiento legal ahorra problemas y dinero
En este país seguimos pensando que ir a un abogado es muy caro, y no somos conscientes de lo que nos ahorraríamos de acudir a tiempo a él. Y eso es doblemente cierto en el caso de los letrados concursalistas, puesto que, si son consultados en el momento oportuno pueden, incluso, salvar una empresa. Se entiende que los particulares apuren las situaciones problemáticas antes de acudir a un experto, pero que lo hagan empresas de cierta consideración es un acto poco responsable. A mí, por mi forma de ser, me duele tener que cerrar una empresa. Siempre intentamos agotar todos los medios posibles antes de llevar una empresa a concurso, porque cuando lo hace difícilmente sale airosa de él, con todo lo que ello implica de pérdida de puestos de trabajo, por sólo mencionar una de las consecuencias.
Los difíciles y radicalizados años de la Transición
Los años de Transición fueron realmente difíciles, muy radicalizados. A los que tenían una ideología de izquierdas contrastada los convirtieron en conservadores, y a los que ya éramos conservadores, nos colocaron a la ultraderecha. La Transición ha sido idealizada por muchos, pero fue una época pública y civilmente muy dura, sobre todo para los chavales que teníamos entonces 16 ó 17 años y nos movíamos en ambientes politizados. Mantener la integridad física era todo un reto. Las escaramuzas se sucedían cada día, aunque no las citen las hemerotecas.
El concepto de “Estado de Derecho” funciona sólo en un plano teórico
El Estado de Derecho no existía en el tardofranquismo. Algunas normas de entonces, hoy desaparecidas, resultaban muy acertadas; otras, en cambio, han persistido en el tiempo, y la mayoría eran verdaderamente desafortunadas. “Estado de Derecho” es un bonito término, un concepto que funciona sólo en el plano teórico. En la realidad, sin embargo, no creo que exista ni siquiera hoy en día. Y eso verdaderamente es muy grave. ¿Por qué lo afirmo con tanta contundencia? Muy sencillo: desde el momento en que aceptamos regirnos por la Ley d´Hont, que rompe cualquier tipo de igualdad, el Estado de Derecho desaparece.
Se legisla a la contra, deslegislando
Antaño se legislaba de manera más certera y concreta, para solventar los problemas que se suscitaban entonces en la sociedad española. Se ha pasado de legislar poco –o solo lo justo– a dictar nuevas leyes en demasía: cosas de la alternancia política. Día a día tenemos ejemplos de ello. En España, cuando hay un cambio de partido en el gobierno, lo que legisló el anterior partido en el poder debe desaparecer porque aquello que fue bueno para unos ya no lo es para los otros. Para ganar votos, se legisla deslegislando, lo cual, como principio de funcionamiento, no deja de ser grave y muy trabajoso para nosotros, los profesionales del Derecho, que tenemos que estudiar constantemente para estar al día. La legislación actual se emite a la contra, esto es, en contra de en lugar de a favor de. Y el hombre de la calle, mientras tanto, suspira para que aparezca alguien que supere y trascienda esta dialéctica política enviciada.
Es irresponsable plantear actualmente una reforma constitucional
Nuestra Constitución, a pesar de que se redactó en una situación política muy difícil, me parece muy válida. Y en menor medida, es también eficaz. La apertura y la visión que tuvieron los legisladores en el momento de su redacción contrastan con la que tienen en la actualidad. Hoy nos peleamos por separarnos, hay zonas en las que España se puede considerar ya extinta, se propone un referéndum que es inconstitucional… La realidad presente parece que quiere convertir la Constitución en un elemento decorativo más que funcional. Quizá por ello sostengo que en estos momentos no deberíamos reformarla. Fue muy trabajoso redactarla, y además, como demócratas, somos unos imberbes, menores de edad. Debemos tener paciencia. Ya habrá alguien, algún día, capacitado para cambiarla.
El Tribunal Constitucional y los tres poderes
¿Qué nos dijo Montesquieu? Él asentó la democracia sobre las bases de un triunvirato. Y ese triunvirato pasaba, indefectiblemente, por un poder judicial. La confusión que hoy en día tiene el ciudadano de a pie respecto al Tribunal Constitucional, respecto a su forma de actuar, hace que todos seamos responsables de haber permitido que ese alto órgano sea político. Es escandaloso, pero hemos tolerado que quienes vetan o autorizan las leyes sirvan de alguna manera a intereses políticos. Evidentemente, no es el camino que lleva a la óptima separación de poderes.
Reforma de la Justicia y voto tonto
La reforma de la Justicia debe ser para mejorarla, nunca para empeorarla, y debe cubrir las necesidades de todo el mundo. ¿Cuándo debe producirse? ¿Es el momento idóneo? Lo que más me duele es que ni siquiera los socialistas, que son los que deberían conseguir que la reforma se produjera, parecen querer afrontar esta tarea, y lo único que buscan es, desde mi punto de vista, lo que llamo el voto tonto. Llamo así al voto heredado, cautivo. La gente vota a derechas porque su padre era de derechas, y su abuelo también. Y la gente vota izquierdas por lo mismo: voto tonto, o si se quiere un término más amable, dejémoslo en voto emocional. Pero aquí no hay pensamiento ni reflexión, nadie filosofa con la política ni saca sus propias conclusiones.
Cultura del Derecho, necesaria para impartir Justicia
No cabe duda de que la dotación presupuestaria y la informatización son partes muy importantes de la reforma de la Justicia. Pero no lo son tanto como lo que yo denomino la cultura del Derecho, el hecho de que, cuando alguien suba al estrado, en su condición de juez o magistrado, tenga la visión, la capacidad de extraer la verdad de la falsedad. Es básico que un magistrado, antes de poder concurrir a las oposiciones, se vea en la obligación de pisar un estrado como abogado. Ahí reside la verdadera cultura del Derecho, que no se fundamenta, ni se debe fundamentar nunca jamás, en aquello que los libros nos han enseñado. Es un craso error. Un señor que gana una oposición y se sienta a juzgar, aparte de un brillante expediente académico, ¿qué conocimiento del mundo real va a tener? Ninguno. Son mentes brillantes que van directamente a opositar sin haber tenido el valor de enfrentarse a la realidad del mundo judicial. Y eso, guste o no, está afectando día a día a nuestros juzgados.
Alto coste económico y social de la descentralización
La descentralización en el presente contexto globalizado ha sido, probablemente, uno de los motivos del encarecimiento a nivel tributario del país. Quizá el Estado autonómico sea la panacea como estructura territorial, pero tiene un coste económico muy alto, sobre todo en materia de funcionariado. La duplicación de administraciones ha disparado el gasto en sueldos públicos a unos niveles que deberían hacernos pensar. La descentralización se ha llevado a cabo para contentar a cierta parte de la población, sobre todo a los separatistas, quienes, con el paso del tiempo, han aprovechado la nueva estructura territorial creada para “venderse” como nación. ¿Es que nadie les ha explicado a esos separatistas la legalidad y el sentido con el que fueron concebidas las comunidades autónomas? La Autonomía no es un derecho histórico, sino el mero acercamiento de la Administración del Estado al ciudadano. De “Una, Grande y Libre” hemos pasado a “Cincuenta y Una, Pequeñitas y Cabreadas”. No puede haber 17 líneas divergentes de acción, sino sólo una.
La Monarquía da estabilidad al Estado
La Monarquía es la solución económica más adecuada para nuestro país. Don Juan Carlos genera un gasto, y ese gasto lo sufraga el presupuesto estatal. Ahora bien, deberíamos imaginar el coste económico que nos iba a representar a todos los españoles tener un presidente de república. Por ejemplo, cada cinco o siete años habría que celebrar unas elecciones presidenciales que conllevan un dispendio de mucho dinero. Con la Monarquía tenemos una garantía. A tenor del cargo vitalicio de que disfruta, el Rey no ha de robar del arca común, como sí podrían hacerlo los presidentes eventuales de una supuesta república. Recordemos, sin ir más lejos, la experiencia de Giscard d´Estaing… Dentro de cincuenta años quizá los ciudadanos piensen diferente, pero hoy por hoy, la Monarquía está bien como está. Aparte de eso, el Rey ha ejercido adecuadamente su función y goza del apoyo y las simpatías del pueblo.
