JOSÉ RODRÍGUEZ-MONSALVE GARRIGÓS
JOSÉ RODRÍGUEZ-MONSALVE GARRIGÓS
TH, 3r VOLUM. El estado de derecho después de 1978

JOSÉ RODRÍGUEZ-MONSALVE GARRIGÓS. BUFETE RODRÍGUEZ-MONSALVE

Texto del 15-04-2008
Fotografía cedida por José Rodríguez-Monsalve

El Bufete Rodríguez-Monsalve es la herencia de una sólida tradición jurídica familiar. Profesionalidad, honradez, honestidad y búsqueda de la verdad son los principios básicos que han distinguido este despacho y que guían a su actual codirector, preocupado por hacer justicia dentro de un sistema que considera falto de control y medios. Elogia la delicada labor de los jueces pero recalca las trabas políticas y económicas que la coartan.

 

Saga de abogados de cuatro generaciones

El bufete que dirijo junto a mi hermano Santiago lo fundó mi abuelo, Santiago Rodríguez Monsalve, en 1912. Más adelante se incorporó mi padre Santiago Rodríguez-Monsalve Menéndez, y hoy la continuidad familiar se proyecta con tres miembros de la cuarta generación. Nuestro bufete, con sede central en Valladolid, lo integran 12 abogados; aunque despliega su actividad en toda España, fundamentalmente actúa en Castilla y León, Madrid, Barcelona, Navarra y País Vasco.

 

Honradez, honestidad y búsqueda de la verdad

Conservo recuerdos de mi abuelo Santiago trabajando en su despacho. Fue un hombre extraordinario que ocupó durante años el cargo de decano del Colegio de Abogados de Valladolid; supo mantener y defendió la libertad y dignidad del abogado en el ejercicio de la profesión. Aún se le recuerda gratamente a nivel corporativo. Mi padre, de carácter más independiente, destacó por su intensa intervención en vía casacional ante el Tribunal Supremo. A pesar de su avanzada edad, sigue en activo y de vez en cuando asiste a vistas. Estos dos maestros de la profesión y de la vida me han transmitido los principios de honradez, honestidad y búsqueda de la verdad como norte profesional, virtudes que traslado hoy a mis hijos y colaboradores.

 

Orgullo de colaborar en la consecución de la justicia

La labor del bufete ha girado en torno al Derecho de responsabilidad civil (en sus ámbitos civil, penal y mercantil), al Derecho penal, al civil y al administrativo (con amplia experiencia en urbanismo). Los casi 100 años de vida del bufete han servido para acumular una sólida experiencia. A lo largo de 33 años de profesión he intervenido en multitud de procesos judiciales en defensa activa y pasiva de particulares (médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, jueces, etc.) y empresas. Personalmente experimento una sensación sublime al saber que, en mayor o menor medida, colaboro para que alguien que busca justicia la encuentre.

 

Conocimiento general del Derecho previo a la especialización

Considero fundamental que el abogado que empieza esté al menos cinco años tratando la mayoría de los contextos jurídicos para adquirir un conocimiento general de los diferentes ámbitos del Derecho, como paso previo a su especialización. Si las escuelas de práctica jurídica aportan al estudiante una aproximación al mundo práctico del Derecho, donde realmente se forma un abogado es en un despacho. Es cierto que cada vez resulta más difícil acceder de pasante a un bufete; sin embargo, el esfuerzo para salir adelante que debe hacer un abogado que sólo haya asistido a la escuela de práctica jurídica es ímprobo, aparte de rayar en la temeridad. Ello no obstante, y mientras no se invente algún mecanismo que lo facilite, sólo queda para el estudiante vocacional la escuela de práctica jurídica.

 

La Universidad de Valladolid, activo foco de protestas estudiantiles

Mi formación universitaria coincidió con las revueltas estudiantiles de los primeros 70, y la viví como una etapa apasionante. Recuerdo intensamente las asambleas de facultad, las manifestaciones y huelgas. En mi último año de carrera el Rector ordenó cerrar la Universidad por las protestas estudiantiles; fue modélica la actividad docente paralela que se organizó. Muchos profesores siguieron impartiendo clases en locales privados y los estudiantes nos solidarizamos con la confección y reparto de apuntes. Las máquinas multicopistas echaban humo. Los universitarios de entonces teníamos unos ideales y luchábamos para mejorar la sociedad. Hoy, sin embargo, veo a los estudiantes con mucho menos entusiasmo.

 

Buen funcionamiento de la Administración de Justicia y falso Estado de Derecho

Durante el franquismo había un Estado de Derecho ficticio basado en unas leyes que no habían sido elaboradas según principios democráticos. Sin embargo, en términos generales y prescindiendo de cuestiones puramente políticas, la Administración de Justicia funcionó muy bien tanto a nivel personal como institucional. Aún recuerdo la gran calidad jurídica de muchos magistrados que ejercieron durante aquella etapa y la profesionalidad de los funcionarios de juzgados. Al principio de mi ejercicio profesional pude competir con grandes abogados, de los que siempre aprendía.

 

Desajustes en el modelo autonómico

La creación de las autonomías ha consolidado el Estado del Bienestar. Aunque su implantación haya supuesto un gasto suplementario, se justifica por el beneficio derivado de la aproximación de las estructuras administrativas al ciudadano. Empero, el desmesurado interés de las comunidades periféricas en su desarrollo exclusivo está quebrando gravemente el principio de solidaridad e igualdad entre los españoles.

 

Inaceptable influencia política en el poder judicial

Quienes redactaron la Constitución no se atrevieron a regular internamente el poder judicial de forma integral. Si en la Carta Magna estuviera contemplada de forma más pormenorizada la independencia de la judicatura, nos evitaríamos el escándalo que supone el descarado interés de los partidos políticos en designar candidatos próximos a sus respectivas ideologías para el Consejo General del Poder Judicial.

 

Actividad del Tribunal Constitucional: recursos de amparo.

La actividad del Tribunal Constitucional debería extenderse a la resolución de la posible inconstitucionalidad de las leyes en su etapa de elaboración. Así se garantizaría la constitucionalidad de tales leyes tras su promulgación y se evitaría un buen número de recursos posteriores. Por otro lado, las sucesivas modificaciones de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional han limitado bastante la admisión a trámite de los recursos de amparo, lo que supone una grave merma para el justiciable de las garantías constitucionales dimanadas de los derechos y libertades fundamentales que proclaman los artículos 15 y siguientes de la Carta Magna. Esta restricción se ha querido justificar por el colapso ante el elevado número de recursos de amparo, pero en mi opinión con ello no solo se quiebra el espíritu de la norma sino su propia literalidad, e impide casi siempre al justiciable el ejercicio legítimo de un derecho constitucional.

 

No hay equivalencia entre la compleja preparación de los jueces y los precarios medios de que disponen

En general, los jueces españoles están muy bien preparados ya que deben pasar por una extensa y compleja formación, la cual, sin embargo, no garantiza el correcto ejercicio de su función. La Justicia española reclama una renovación integral. Se necesitan más jueces, más medios y mejores infraestructuras si queremos asegurar un óptimo funcionamiento de nuestro sistema judicial. Hoy cualquier juez tiene que dictar al año más de mil sentencias, lo que impide operar con el sosiego necesario que requiere cada caso. La sobrecarga de asuntos genera al juez una presión que sin duda va en detrimento de la calidad de su trabajo. Lamentablemente, como la problemática de la Administración de Justicia no genera votos, los políticos no se sienten presionados para mejorarla. Aunque últimamente veo a la ciudadanía más sensibilizada, aún dista mucho para que la clase política tome conciencia y decida poner los medios –sobre todo económicos– necesarios.

 

Un abogado difícilmente querrá acceder a la magistratura

A pesar de ejercer un cargo de enorme responsabilidad, los jueces españoles están deficientemente remunerados en comparación con otros profesionales que han accedido a su puesto tras oposiciones de similar dificultad. En otros países europeos, como en Francia, Alemania o Reino Unido, los abogados de brillante carrera desean ejercer como jueces y frecuentemente culminan su trayectoria con el acceso a la magistratura. Aquí no sucede lo mismo porque supone cambiar a un estatus económico inferior. Cualquiera que sea la vía de acceso a la judicatura, considero que el juez debería estar mejor retribuido. El Estado debería dotar al poder judicial de mayores partidas presupuestarias para mejorar sus medios, infraestructuras y salarios.

 

Modélico cambio pacífico hacia la democracia

Lo primero que pienso sobre los años de la Transición es en el esfuerzo que hicimos los españoles para orillar viejos rencores poniendo nuestro empeño en construir una España moderna. Creo que la Historia reflejará esa etapa como modélica y a los dirigentes políticos que la procuraron como grandes hombres. El paso del tiempo ha ido consolidando el Estado de Derecho. Sin embargo, hoy la clase política dirigente parece un tanto desmotivada con relación a esos objetivos iniciales.

 

Futuro de la Monarquía en España

El Rey ha colaborado positivamente en el proceso de transición, sobre todo con la imagen que ha transmitido en la esfera internacional. La Monarquía es el último eslabón que une el Estado de Derecho actual con el franquismo, pero no puede decirse que Don Juan Carlos tenga que ver con la dictadura, por más que fuera Franco quien lo designara y preparara para reinar. Si bien debemos mirar al futuro procurando evitar reabrir viejas heridas que no conducen sino a alimentar resentimientos, creo que antes o después se producirá una consulta popular sobre la Corona, el tema pendiente de la Transición.