Texto del 19/11/08,
Fotografía cedida por Juan Carrasco.
Enamorado de su profesión, cuya práctica no concibe sin una arraigada vocación, Juan Carrasco vivió con espíritu entusiasta los avatares de la Transición. Treinta años después del alumbramiento de la Carta Magna, invoca al consenso que la forjó para gestionar un texto constitucional lo suficientemente sólido para requerir tan sólo de retoques aislados. Lamenta, empero, que Aragón perdiera entonces su gran oportunidad para alcanzar los privilegios que le correspondían por derecho histórico.
Nací en Utrillas, municipio de las cuencas mineras de Teruel
Soy el hijo mayor de un padre minero y sindicalista. Con mucho esfuerzo, estudié becado en Reus hasta que regresé a Teruel para realizar el COU. Entre 1978 y 1983 realicé mis estudios universitarios en la Facultad de Derecho de Zaragoza. Seguidamente, hice la pasantía en el despacho regentado por un profesor de la facultad y, tras dieciocho meses de duro aprendizaje, adquirí un sólido bagaje profesional. Acorde a mis deseos de independencia, en el año 1986 abrí bufete propio en Teruel. Por aquella época había pocos abogados en ejercicio; luego vino un crecimiento desmesurado con el que se perdieron gran parte de las buenas costumbres de la profesión, hasta llegar a la situación actual. Durante doce años compaginé el despacho con el asesoramiento a CC OO. Posteriormente, y hasta la fecha, me he centrado en el Derecho laboral, administrativo y civil, labor que desempeño junto a una compañera letrada.
Cada región luchó por recuperar su idiosincrasia histórica
Deberíamos admitir que nuestra transición hacia la democracia fue modélica en todos los sentidos. Con ella, se nos abrió un mundo nuevo a quienes empezábamos a ser mayores de edad y nos iniciábamos en la universidad. Imbuidos por los postulados del Mayo del 68 y provenientes de un período dictatorial, vivimos intensamente la política y todas las cuestiones que afectaban al futuro de la sociedad. Cada región luchó por recuperar su idiosincrasia histórica, sembrando la semilla de lo que serían posteriormente las comunidades autónomas. Inicialmente, hubo una tendencia a la moderación, pues se huía de los maximalismos del pasado. Se quiso evitar cualquier confrontación que no fuera verbal, ya que existían las urnas para poder votar y decidir libremente. Los vascos, catalanes, gallegos y el resto de las comunidades españolas tuvieron sus propios representantes y olvidaron las diferencias atávicas. Desafortunadamente, hoy no se percibe aquel espíritu entusiasta, quizás porque la vocación política actual dista enormemente de la que existía entonces. Fue una etapa admirable, que no debería quedar relegada en el olvido.
Habría que exigir un cumplimiento estricto de algunos artículos de la Constitución
Desde una perspectiva global, nuestra Constitución está muy bien redactada, puesto que se gestó con la solidez que otorga el consenso. Por la forma en que se elaboró, y por los antecedentes históricos de España, después de numerosos textos constitucionales de diverso signo, nuestra Carta Magna está lo suficientemente asentada como para no tocarla excesivamente. Incluso habría que exigir un cumplimiento más estricto en ciertos temas, en concreto en el hecho de que el Estado asumiera determinadas competencias y que éstas no le fueran arrebatadas por el excesivo ímpetu legislativo de algunas comunidades. Con todo, cabe la posibilidad de hacer algunos pequeños retoques en artículos concretos como el referente al derecho de sucesión de la Corona. Si tuviéramos que modificarla en algún momento, debería hacerse de la misma forma en la que se creó, es decir, con el apoyo del consenso y si es posible con la aceptación unánime de los diputados.
Aragón perdió una baza importante durante el proceso de formación autonómica
Teniendo en cuenta que en Aragón disponíamos de derechos históricos reconocidos, nos faltó alguien que impulsara el ánimo autonomista, como sucedió en Cataluña y Euskadi. Durante la Transición, hubo buenos políticos en Aragón que formaron parte de las comisiones de desarrollo de la Constitución, de los estatutos y de la redacción del Título VIII; pero cuando el Partido Socialista de Aragón se fusionó con el PSOE, se canalizó mucha energía hacia otras cuestiones distintas a la reivindicación autonomista. Aragón perdió entonces una baza muy importante que no ha sabido retomar ni aprovechar posteriormente, ni siquiera con la pretendida equiparación que se ha querido hacer de las distintas comunidades. Sin duda, incluir Aragón en las comunidades de segunda vía del artículo 143 fue un error. De hecho, hoy no notamos diferencias significativas entre el centralismo de Madrid o el hecho de estar regentados por un departamento de una Consejería del Gobierno de Aragón sita en Zaragoza. Dentro de la misma comunidad, la provincia de Teruel pasó a ser la gran olvidada y tendremos que seguir recordando durante muchos años que “Teruel existe”.
Elaborar una legislación útil para el presente y el futuro
El Estado ha permitido ciertos desmanes en la legislación que han provocado la desvinculación de leyes primordiales del control de la Administración central. Es lamentable que en materias genéricas, como el Derecho a la vivienda o a una planificación urbanística correcta, existan enormes desequilibrios entre comunidades autonómicas próximas. Incluso el Derecho de familia difiere, por ejemplo, entre la Comunidad Valenciana y la aragonesa. Esto supone que en los matrimonios entre vecinos de pueblos colindantes cada miembro de la pareja se rija por una regulación distinta. El problema de fondo es que al discutir determinadas leyes no se piensa en la legislación y en el bienestar de todos, sino en salvaguardar los intereses partidistas. Coexisten legislaciones centenarias que siguen funcionando extraordinariamente bien, sin perjuicio de que se haya debido modificar algún aspecto. Por tanto, no cambiemos toda la legislación por no admitir un artículo determinado. En otros tiempos, con unos criterios más homogéneos y asentados, teníamos una Justicia más ágil. Si se hicieran bien las leyes, la Justicia debería ser igual en todas las comunidades autónomas. Se trata de elaborar una legislación útil, pero no solo para el presente sino también para el futuro.
Por el progreso y la modernización del sistema judicial
Mientras la coordinación y la intercomunicación sean inexistentes o deficientes y no se tomen medidas para evitar el colapso, el sistema judicial continuará generando funcionarios dedicados a aliviar la carga de los juzgados. Así, la reforma de la Justicia se convierte en un círculo vicioso de imposible solución. Con la delegación de competencias en este ámbito, cada comunidad autónoma regula el funcionamiento de sus órganos judiciales, lo cual es correcto; sin embargo, se olvida que también habría que conferirles a todas los mismos medios. Puesto que estamos en la era de la informática, dotemos a la Administración de Justicia de los programas adecuados para que en cualquiera de los juzgados existentes se pueda realizar un seguimiento preciso y actualizado de todos los casos. Paralelamente, los jueces deben aceptar que son funcionarios, dependientes de un ministerio, y, por tanto, se les deberían exigir todas las obligaciones correspondientes a su cargo, tales como que trabajen las horas estipuladas y que sus sentencias posean una mínima consistencia.
Elecciones con listas abiertas para el Consejo General del Poder Judicial
Me pregunto por qué motivo el Consejo General del Poder Judicial solo puede estar formado por los altos jueces que viven en las grandes ciudades, como si no existieran magistrados extraordinarios en ciudades pequeñas e, incluso, en pueblos olvidados de España. Sus miembros se eligen en Madrid, entre candidatos que incluso presentan la incompatibilidad de ser catedráticos. Aunque son hechos que claman al cielo, parece que nadie se atreve a cambiar esta situación. De vez en cuando se oyen algunas voces hablando sobre la modificación el método de elección y todo el mundo se muestra de acuerdo, pero se dice desde las filas de la oposición y se olvida en cuanto se llega al Gobierno. Me gustaría tener la potestad de votar a quien quiera en una lista abierta, y no centrada en los cinco aspirantes propuestos que representan una alternativa política con la que quizá no esté de acuerdo.
Denostar la monarquía con la excusa de que es económicamente onerosa no resulta convincente
La mayoría del pueblo se considera juancarlista porque asume que nuestra monarquía está desempeñando su labor dignamente, aunando los pareceres de todos los españoles sin influir demasiado en la vida política del país. Al mismo tiempo, Su Majestad el Rey es el mejor representante que podemos tener en el ámbito internacional, como muestran sus intervenciones recientes ante las polémicas con otros Estados extranjeros. Pese a que hay gente que denuesta la figura del Rey con la excusa de que supone un elevado gasto, este argumento no es convincente y denota cierta ignorancia, puesto que es sabido que, sin ir más lejos, existen altos cargos de comunidades autónomas que se gastan cantidades desorbitadas en la reforma de un despacho sin que nadie les acuse de derroche. Considero, por tanto, que la continuidad monárquica no tiene por qué representar ningún problema, y más si tenemos en cuenta que es una institución históricamente muy presente en España. En el ámbito europeo, por otra parte, me parecería excelente que reinara Felipe VI: un Rey que nos represente, que sea viajero y que fomente la concordia con los demás países deviene muy positivo para nuestras relaciones internacionales.
