Texto del 18/11/08
Fotografía Foto Garay.
Experto en Derecho financiero, este prestigioso abogado fue un tenaz e ilusionado vicelehendakari del gobierno vasco. Al lado de Carlos Garaikoetxea, impugnó la LOAPA durante los últimos años de la Transición y luchó por el desarrollo del autogobierno en Euskadi. Atento al acontecer político, Mario Fernández concibe hoy el Estatuto de Autonomía como un instrumento para alcanzar cotas de poder político efectivo frente a la mera descentralización administrativa.
Docencia y asesoramiento mercantil y financiero
He sido profesor de Derecho Mercantil en la Universidad de Deusto desde 1969, y en la Facultad de Ciencias Empresariales desde 1966. En el año 2002 me incorporé como socio del bufete Uría Menéndez. Previamente, desde 1997, ocupé el cargo de director general de Asuntos Legales y fui miembro del Comité de Dirección del Grupo BBVA. De hecho, mi relación con esta entidad se inició con anterioridad, con la orientación en adquisiciones de bancos y entidades gestoras de fondos de pensión en Latinoamérica por parte de BBVA, así como participando desde mi propio despacho en algunas de las operaciones financieras más importantes de los últimos 20 años. Mi área laboral abarca el Derecho mercantil y financiero, la financiación de proyectos, fusiones y adquisiciones, ofertas públicas de adquisición y Derecho de sociedades.
Carlos Garaikotexea ocupa una posición histórica relevante
Después de la aprobación del Estatuto de Guernika, Carlos Garaikoetxea fue elegido Lehendakari del gobierno vasco en el año 1980 y, nuevamente, en 1984. Su mandato se caracterizó por la construcción de las nuevas instituciones vascas, así como por dotar de contenido al autogobierno. Junto a él, desde 1980 hasta enero de 1985, fui consejero, vicelehendakari, presidente de la Comisión Mixta de Transferencias Administración Central-Gobierno Vasco y presidente de la Comisión Económica de nuestra comunidad. Empezamos esta etapa utilizando habitaciones en un hotel de Bilbao mientras en Vitoria se concluía el edificio al que nos trasladaríamos posteriormente. No teníamos instalaciones fijas ni presupuesto, pero el motivo fundamental por el que me incorporé a la política, atendiendo la petición de Garaikotexea, fue el sueño de recuperar el fugaz Estatuto de la República y la ilusión de crear el gobierno vasco.
LOAPA, una ley centrada en la reducción de competencias de los estatutos vasco y catalán
A principios del año 1981 se produjo la dimisión de Adolfo Suárez; a continuación, el intento de golpe de Estado del 23-F y, en 1982, vio la luz la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), una ley surgida del acuerdo entre la UCD y el Partido Socialista, con el objetivo “formal” de reconducir el proceso autonómico. En realidad, se trataba de rebajar el contenido de los estatutos catalán y vasco, aplicando la famosa doctrina del café para todos, de manera que las competencias recogidas serían válidas a condición de que la transferencia global de las autonomías conformara un Estado eficiente. Se aprobó la LOAPA y tuve la enorme satisfacción de rebatirla ante diversos representantes del Gobierno del Estado, así como de llevarla ante el Tribunal Constitucional, donde este organismo superior de Justicia la anuló por considerarla anticonstitucional.
El estatuto es un instrumento para alcanzar cotas de poder político efectivo
Cuando se habla, desde la Administración central, de la necesidad de coordinación entre las distintas comunidades autónomas se incurre en un error semántico. Coordinación no significa dialogar con el Gobierno central para que, terminada la reunión, sea éste quien tome decisiones unilaterales. Si no existe una mayor coordinación es porque ésta se entiende como subordinación, y no como un esquema para llegar a posiciones comunes en las materias que se traten. Desde el punto de vista vasco, entendemos el estatuto como un instrumento para alcanzar cotas de poder político efectivo y no como una mera descentralización administrativa. Es ahí donde tenemos un grave problema y una discrepancia. Quizás al principio, por conveniencias políticas, el Gobierno central aceptó un determinado contenido del estatuto vasco y del catalán, pero después, desde la plena capacidad legislativa en las Cortes Generales, se ha ido reduciendo permanentemente el grado de poder político transferido.
No es lógico que las decisiones de las instituciones superiores de Justicia puedan pronosticarse con tanta certidumbre
Las instituciones superiores de Justicia del Estado deberían preocuparse de, al menos, no aparentar ser órganos parciales, cuidando para ello el modo de su nombramiento. Algunos jueces afines a determinados partidos entienden que una vez designados deben conservar un vínculo con el grupo que los nombró. Pero no es lógico que las decisiones del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial puedan pronosticarse con tanta certidumbre. Este segundo, que es un órgano sumamente relevante, funciona de manera desastrosa en nuestro Estado. Quienes controlan y determinan los miembros que deben constituirlo deberían hacer un examen de conciencia para dotarlo del prestigio y de la independencia de la que tendría que hacer gala.
Debatir la reforma constitucional provocaría confrontación
En términos generales, existen suficientes argumentos convincentes para modificar la Constitución. Respecto al Senado, dudo enormemente que sea imprescindible una segunda Cámara. Al fin y al cabo, los integrantes de la Cámara territorial serían nombrados de forma similar a la actual, mediante un proceso de listas y de partidos políticos. Además, puesto que hay que ser eficientes en época de crisis, convendría evitar el gasto de una segunda Cámara que carece de virtualidad alguna. Bastaría con la existencia de un único órgano legislativo, llámese Congreso de los Diputados o tenga otra denominación. Sobre la polémica acerca de la Ley Sálica, es evidente que hoy en día el sistema de preferencia sucesoria a favor del varón carece de sentido. Respecto al proceso de pacificación en Euskadi, conviene ser prudentes en las manifestaciones verbales y tener precaución a la hora de asistir a una reunión con determinadas personas para hablar del tema porque pueden procesarte, como está previsto que ocurra con el Lehendakari Ibarretxe. Considero que el debate electoral sobre una futura reforma de la Carta Magna nacería viciado, ya que estaría controlado por los partidos de interés estatal y su resultado apuntaría a rebajar el nivel competencial de las comunidades autónomas. Para una buena parte de los ciudadanos de Euskadi, ese debate generaría un gravísimo problema político, puesto que tendría como objetivo replantearse el contenido del estatuto de autonomía, reduciendo el poder político que se deriva del mismo, lo que provocaría una confrontación.
Necesario reconocimiento de la especificidad vasca
En relación a los derechos autonómicos, creo que habrá satisfacción cuando todos nos sintamos cómodos. Hay que recordar que el Plan Ibarretxe ni siquiera llegó a la comisión constitucional del Congreso para que ésta examinara si existía la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre su contenido, puesto que se desestimó a priori. Cuando Ibarretxe declaró que expresaba la voluntad de abrir un proceso negociador y dijo: “Si no estamos dispuestos a negociar, ¿cómo lo arreglamos, a tortas? No, ese no es el camino”, ese día me sentí muy orgulloso del Lehendakari. Pero la respuesta que obtuvo fue la no admisión a trámite de su proyecto. Por tanto, el modelo que debe cambiarse es el de la imposición, la fórmula del “hagan ustedes lo que quieran en Euskadi, que nosotros en Madrid tenemos la última palabra”. Lamentablemente, este es el patrón por el que hemos tenido que regirnos durante estos últimos 30 años. Para poner fin a esta situación, hay que buscar un procedimiento de encuentro positivo –de concierto– entre Euskadi y Madrid. Si no se reconoce la especificidad vasca, será muy difícil que exista algún acuerdo; por el momento, no parecen advertirse indicios encaminados hacia ese objetivo.
Firmeza en los criterios del legislador
Los legisladores no deberían cambiar de opinión cada vez que sienten la presión de los medios de comunicación e intuyen que su dictamen puede sumar o restar votos. Tenemos un ejemplo en el proyecto de modificación del Código Penal, aprobado recientemente, donde, al amparo de determinada presión social, se establecen una serie de penas complementarias a ciertas condenas. Las sentencias tendrían que ser las adecuadas desde el principio, puesto que una vez cumplidas debería entenderse que el castigo ha terminado, incluso para los casos más graves de terrorismo.
Sería forzado abrir un debate sobre la monarquía, ya que nadie lo reivindica
Es justo hacer una valoración global positiva sobre el papel desempeñado por el Rey en estas tres últimas décadas. Sin duda, con su actitud ha contribuido al progreso y a la estabilidad del Estado. Desde la perspectiva vasca y, sobre la base de la permanencia en el Estado español con una fórmula que satisfaga nuestras aspiraciones, no me preocupa el hecho de que la cúpula representativa del Estado sea una monarquía. Pienso que en estos momentos sería forzado abrir un debate sobre la institución, ya que nadie lo reivindica. Por otra parte, el Príncipe Felipe ha mostrado un gesto de valentía cívica con el matrimonio que ha contraído y en los términos en los que se ha realizado, pues da la sensación de que ha elegido libremente. Además, da también la impresión de que se está preparando para llevar a cabo correctamente su futura función como Jefe del Estado.
