Texto del 29/09/2008 .
Fotografía cedida por Mauro Varela.

De entre las muchas cosas buenas que trajo consigo la Constitución, la más importante, a juicio de Mauro Varela, es que logró consolidar el Estado de Derecho en España. Las libertades individuales, latentes en los despachos de abogados del país, pudieron expresarse sin cortapisas. La labor política de este letrado le otorga una perspectiva única sobre la cuestión autonómica, que en su opinión se resolvería con sólo respetar la solidaridad entre comunidades. Considera asimismo que recuperar una lengua nunca es perjudicial, siempre que se haga desde la tolerancia.

Los letrados somos por naturaleza seres políticos

Soy académico de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación y miembro de varias asociaciones internacionales de abogados. Dirijo un despacho generalista en Lugo, fundado por mi bisabuelo, Juan Varela, en 1868. Aunque también he tocado el ámbito civil, llevo sobre todo asuntos relacionados con el Derecho penal. Para mí es un orgullo que mi hijo, Mauro Varela Pintos, represente con éxito nada menos que a una quinta generación de letrados de los que ejercemos nuestra vocación a diario. Por otro lado, también he desarrollado una notable actividad política como diputado de Las Cortes y del Parlamento autonómico; soy de la opinión que los letrados somos por naturaleza seres políticos, predispuestos, pues, a velar por el bien común a través del diálogo y el pacto. Además, he estado muy vinculado a organismos culturales y económicos de mi comunidad autónoma (v. gr. soy presidente de Caixa Galicia, miembro del Consejo Social de la Universidad de Santiago de Compostela, etc.).

Cada cual ha de expresarse en el idioma en que se sienta más a gusto

Me parece primordial que cada cual se exprese en el idioma que le sea más cómodo, siempre y cuando lo haga donde corresponda hacerlo. En mi caso, soy gallego y utilizo mucho esta lengua. En mi despacho, constituido a la antigua usanza y con una numerosa clientela aldeana, se habla con tanta naturalidad como asiduidad. Pero de ahí a llevar esta realidad a otros ámbitos y convertir el Parlamento central en una especie de Cámara de Babel en la que pueda hablarse en cualquier lengua, media un abismo. Cada quien puede emplear su idioma materno siempre que quiera, desde luego, pero respetando la lengua que todos tenemos en común y que no es otra que el castellano. Ahora que tanto nos empeñamos en derruir fronteras físicas, sería absurdo erigir fronteras idiomáticas.

El éxito de la Transición fue mérito de la ciudadanía

De complicada, difícil y delicada me atrevería a calificar la Transición. Desde la perspectiva que otorga el paso del tiempo, pocos habrá que no reconozcan que así fue. Pero estimo que también fueron apreciadas tales dificultades a la luz de los acontecimientos que se vivieron entonces. Personalmente, experimenté el proceso con una cierta inquietud. Los problemas que padecía el país en aquellos años, muchos y graves, se fueron resolviendo poco a poco gracias especialmente a la participación de la ciudadanía. La sociedad comenzó a saber algo más de política y a tener una idea formada de cómo ejercitarla. Parecía que el pueblo entero había llegado a un acuerdo: olvidar el pasado. En definitiva, se vivíamos con gran ilusión y con la esperanza puesta en que todo resultara bien, como por fortuna ocurrió. Las fuerzas políticas y sociales del momento trabajaron denodadamente y con acierto. El Rey y Adolfo Suárez jugaron, cada cual a su manera, un papel destacado y fundamental. El primero supo adelantarse al devenir de los acontecimientos y dar ejemplo para avanzar en la dirección correcta. No cabe duda de que ser un buen árbitro en aquellas circunstancias era tarea ardua.

Modificar la Constitución con el consenso de hace treinta años

La Constitución ha resultado óptima para consolidar el Estado de Derecho en España; sobre todo lo apreciamos quienes hemos vivido en algún momento de nuestras vidas sin él, esto es, que hemos padecido la falta de libertades individuales. Para nosotros, la importancia de la existencia de la Carta Magna es axiomática y cobra un valor extraordinario. Por otra parte, considero que el texto constitucional no es intocable, dado que no es en absoluto una norma cerrada. Hay que adaptarla a los tiempos actuales. La propia Constitución establece el mecanismo de su posible modificación pero, para llevarla a cabo, sería menester un consenso político y social paralelo al que se dio en este país hace 30 años.

No fue sencillo acordar el actual Estado de las Autonomías

Uno de los grandes triunfos de la Constitución es el Estado de las Autonomías. No fue fácil llegar a él, y sigue siendo difícil mantenerlo a gusto de todos. Creo recordar que en su día se pretendió convertir el Senado en una Cámara de las Autonomías, pero finalmente esta idea no prosperó. Creo que el proyecto no es intrínsecamente malo y que ejecutarlo sería más afortunado que mantener esta suerte de “Cámara de segunda lectura” en la que se ha convertido ahora. La estructura del Estado, a través de la descentralización, es un proyecto teóricamente perfecto, pero para llegar a serlo en realidad debe aspirar solidariamente a la igualdad de todas las comunidades. España está abocada a un futuro federalismo, que bien poco se diferenciará de nuestro actual Estado autonómico. Creo que para superar definitivamente la interminable discusión acerca de las competencias, bastaría en gran medida con sentarnos a leer con atención la Carta Magna.

A las nuevas generaciones no les interesa la Ley de Memoria Histórica

Sin ningún género de dudas, hay que respetar a los que quieran conocer el pasado y sientan verdadera inquietud por el destino de sus familiares. Sin embargo, no creo que las nuevas generaciones estén verdaderamente interesadas en estos temas. Quizá sólo sea así en el caso de los que vivieron aquellos años atroces y conservan aún heridas personales abiertas en su memoria.

La política permea todos los estamentos de la sociedad

La separación de los tres poderes del Estado es fundamental. Del poder judicial se dice siempre que es imparcial, y lo es, efectivamente, en cuanto al ejercicio de la profesión de cada uno de los jueces. Pero donde ya no es tan ecuánime es en el organismo que se dedica a dirigir y a administrar la propia Justicia. Me refiero, naturalmente, al Consejo General del Poder Judicial. Resulta en extremo difícil que sus miembros no estén sujetos a las motivaciones políticas, y por lo mismo será complicado modificar dicho organismo. La política, en definitiva, permea todos los estamentos de la sociedad. Lo deseable sería que el Congreso llegase a un acuerdo definitivo que al menos hiciera posible la actuación fluida del Consejo General del Poder Judicial.

En los colegios de abogados predemocráticos pervivía la libertad

No hay que olvidar que los colegios de abogados, a partir de los años 40 y hasta el inicio de la Transición, fueron el reducto en el que todavía pervivía la libertad. Y nosotros, por otra parte, poseemos una gran ventaja: estamos acostumbrados a hablar y a contradecir sanamente al interlocutor. Que cada cual defienda su postura es para los letrados algo que entra dentro de la normalidad. Eso sí, siempre con el mayor respeto posible hacia el contrario. Este respeto, lamento decir, se ha perdido bastante en la clase política actual, al igual que en muchos sectores de la sociedad.

Si abrimos el Código Civil de 1895 advertimos enseguida que presenta trazas de estilo literario

He trabajado en la Comisión de Justicia y me consta que no se legisla con esmero. Antiguamente existía una comisión encargada de codificar, pautar y corregir hasta el estilo. Si abrimos el Código Civil del año 1895 advertiremos enseguida que presenta trazas de texto literario; lo contrario sucede, por desgracia, con la legislación actual. Una deficiente redacción trae como consecuencia una peor interpretación. No creo que se esté legislando demasiado, simplemente ocurre que no se hace con corrección. Además, también se produce un cierto encorsetamiento de las leyes con respecto a los grupos y programas políticos, lo cual no tiene sentido desde el punto de vista jurídico o democrático. A modo de ejemplo, he tenido que dar por defendidas enmiendas en el Congreso porque apenas se contaba con cinco minutos para defenderlas. Sacar adelante una Ley de Enjuiciamiento Civil o un Código Civil con excesiva premura no es adecuado ni práctico: hay que procurar hacerlo con calma.

El funcionariado de Justicia trabaja bien pero es escaso y carece de medios

Si la Justicia no funciona bien en este país podemos estar seguros de que se debe a una falta de medios humanos y materiales, y no a que los funcionarios judiciales o los jueces no realicen cabalmente y con profesionalidad su tarea. En general, todos trabajan correctamente, pero son pocos y carecen por añadidura de la logística suficiente para realizar su labor. En España nunca se ha tenido demasiado en cuenta a la Justicia, siempre ha representado el papel de hermano pobre; no está, por decirlo así, en el índice de prioridades, y de ahí que su necesaria reforma continúe siendo una asignatura pendiente.

A pesar de que soy republicano, creo que reinará Felipe VI

No soy monárquico ni por sentimiento ni por tradición, antes bien, me declaro republicano convencido. Sin embargo, considero que posiblemente reinará un Felipe VI en España. Lo cierto es que respeto la monarquía parlamentaria y no tengo ningún inconveniente en que siga siendo nuestra forma de Estado. Asimismo, opino que la labor del Rey don Juan Carlos ha contribuido positivamente al progreso del país.