Texto del 10/02/2003
Fotografía: Àngel Font

Narcís Serra, doctor en Ciencias Económicas, ocupó la consellería de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (1977-1979), y fue alcalde de Barcelona (1979-1982).

En los gobiernos socialistas de Felipe González estuvo al frente del ministerio de Defensa (1982-91).

Después fue nombrado vicepresidente del Gobierno, puesto que ocupó hasta 1995. Estuvo presente en los principales acontecimientos de la época de la transición, tanto en el ámbito nacional como estrictamente catalán.

Accedí a los cargos políticos sin haberlo previsto

Mi interés por la política arranca de mi juventud, pero cobra fuerza en mi época de profesor universitario en la que participo cada vez más en la lucha contra Franco y en la preparación del cambio democrático en España, junto con otros miembros de mi generación como Maragall o Roca. Todos somos productos de una misma situación, personas que en la Universidad se dan cuenta de que el país no podía seguir con una dictadura y que después, por caminos diversos, han tenido responsabilidades bien definidas. Accedí a los cargos políticos sin haberlo previsto. No es que sea político contra mi voluntad ni mucho menos, pero sí es verdad que no planifiqué entrar a formar parte del gobierno provisional de la Generalitat en 1977, ni ser alcalde de Barcelona, y menos aún ocupar el ministerio de Defensa o la vicepresidencia del gobierno.

La recuperación de la democracia fue ante todo una cuestión de voluntad popular

Lo que a mí me tiene más impresionado y lo que me gustaría recordar siempre de la época de la transición es el respaldo popular, el entusiasmo ciudadano, la convicción de llevar a cabo procesos de transformación política con un sentimiento fehaciente de que los ciudadanos lo querían así. Era emocionante la forma apacible, pero potente, de congregarse en Sant Boi para celebrar el 11 de septiembre1, las manifestaciones absolutamente pacíficas de un millón de personas, que demostraban que existía una voluntad como pueblo, un sentimiento popular que exigía un cambio de situación y que, por lo tanto, se identificaba con las decisiones políticas encaminadas a este fin. En Cataluña la recuperación de la democracia tuvo, sobre todo por la identificación del pueblo con sus políticos, un contenido rotundo de reivindicación de la propia identidad y el autogobierno. Lamentablemente, por una serie de razones, incluso en el caso del referéndum constitucional, este sentimiento no se produjo en el País Vasco, y por eso estamos sufriendo ahora las consecuencias; en cambio, en el resto de España y en Madrid con mucha claridad, era visible que los ciudadanos querían una transición ­pacífica que sustituyera una dictadura, que no queríamos que siguiera, por una democracia, que no sabíamos cómo sería pero que era la situación deseada.

Flotaba en el ambiente un pacto no escrito entre todas las fuerzas políticas

En aquel momento España se fijaba bastante en lo que ocurría en Cataluña, en la cohesión mencionada entre la sociedad civil y los políticos, en el elevado nivel de sus reivindicaciones, y creo que se produjo, fruto de los silencios y complicidades que flotaban en el ambiente, un pacto no escrito entre todas las fuerzas políticas que fue más o menos el siguiente: nosotros, los catalanes, no pediremos con la ­democracia que se nos conceda la autodeterminación, pero vosotros, el resto de España, aceptad que, como mínimo, tendremos las instituciones y el autogobierno que tuvimos en la República. Me parece que ésta ha sido la clave para alcanzar la actual democracia.

En las elecciones para las cortes constituyentes de 1977, los socialistas fuimos los únicos en exigir el retorno del President Tarradellas

Los políticos socialistas en la clandestinidad tuvimos muy buenas relaciones con el President Tarradellas. Enviábamos regularmente delegaciones a en­tre­vistarse con él en Saint Martin-le-Beau, de las que formaban parte con frecuencia Joan Reventós2, Raimon Obiols, Treginer, Alexandre Cirici o yo mis­mo. Por tanto, nosotros estuvimos negociando en primera línea las con­diciones de su retorno. De hecho, el nuestro es el único partido que, en las elecciones ­para las cortes constituyentes de 1977, reclama con fuerza el retorno a Cataluña del President Tarradellas. En el célebre mitin de la Monumental, Joan Reventós se pronunció muy claramente en este sentido en su famoso discurso, y fue respaldado por Felipe González en su intervención posterior en el mismo acto. Entonces Adolfo Suárez, que era una persona lista y muy preparada para llevar adelante la transición, como ha quedado demostrado, pensó que, si el retorno de Tarradellas lo habían pedido los socialistas, que en las primeras elecciones democráticas habían ganado de largo en Cataluña, y la petición ya era un clamor popular, no era cuestión de que éstos se anotaran ese tanto político. Hizo lo que hubiera hecho cualquier presidente del gobierno astuto: intentar contactar con Tarradellas y negociar directamente con él su retorno.

Democracia quería decir también autonomía

Estoy absolutamente convencido de que la gobernabilidad de Cataluña en los inicios de la democracia, la facilidad con que se instauró el modelo autonómico que reclamaba el pueblo, debe mucho a la labor de los socialistas catalanes, y eso es algo que a menudo se olvida. El gran problema que tenía entonces Cataluña era la integración de los inmigrantes, implicar a los catalanes recientes que habían venido de Andalucía, de Extremadura, de Murcia, etc., en el proyecto común de dotarnos de autogobierno. En esta tarea el PSC tuvo un papel básico, porque gran parte de sus militantes y de su electorado era y es, precisamente, la población inmigrada. Reconozcámoslo, la integración costó muchos años, se trataba de gente con niveles de enseñanza medios o más bien elementales y con trabajos también medios o relativamente bajos, cuyas condiciones de vida no eran óptimas al principio, pero que quizá por ello acabaron identificándose con las propuestas del partido socialista, que era el que mejor defendía sus intereses. Una de esas propuestas fue siempre que la obtención del autogobierno para Cataluña era una cuestión prioritaria, y por eso se implicaron en esta lucha política y asumieron que democracia quería decir también autonomía. Esto no fue mérito personal de ningún político socialista, sino del proyecto mismo.

La sociedad catalana corrió el peligro de fragmentarse

El proceso emprendido en aquella época de fusión del PSC con el PSOE, con el RSDC de Josep Pallach3, con intelectuales independientes como el padre Llimona o Alexandre Cirici, etc., configura en el seno del partido una amalgama entre personas de cultura claramente catalana y personas procedentes de la inmigración que creo que ha sido crucial para que la transición política en Cataluña no haya supuesto un trauma para su cohesión social, como sí ha ocurrido por ejemplo en el País Vasco. La sociedad catalana corrió peligro de fragmentarse al inicio del gobierno de la Generalitat, cuando se propuso crear sistemas escolares separados, líneas de enseñanza en catalán y en castellano. Pero los socialistas nos negamos y dijimos que había de buscarse la fórmula que hiciera que convivieran en un único sistema educativo ambas lenguas. De esa manera los inmigrantes han acabado haciendo suya la lengua catalana, al menos a la siguiente generación.

Eran momentos excepcionales y adopté la fórmula de gobierno de unidad

He sido el primer alcalde de Barcelona elegido por sufragio tras la dictadura. Ciertamente, fue una situación irrepetible de la que me siento muy honrado. No fue resultado de ninguna pretensión, sencillamente el partido me escogió porque, junto con Joan Reventós, era el único que tenía experiencia previa de gobierno, pues entonces ocupaba un cargo de conseller en la Generalitat provisional. Sustituí en el Ayuntamiento al último alcalde designado por el gobierno central, Socías Humbert, aunque en realidad éste había dimitido meses antes de las elecciones y quien gobernaba en funciones era el teniente de alcalde Font Altaba. He de decir que, en el traspaso de poderes, la administración saliente colaboró muy bien, así que lo que más me preocupaba era la mía propia. Eran momentos excepcionales que requerían fórmulas especiales, así que adopté un ­gobierno de unidad (fórmula que Tarradellas, en su retorno, también aplicó en el gobierno de la Generalitat provisional) hasta que unas nuevas elecciones permitieran a cada partido posicionarse. Entonces cosas tan simples como descolgar el teléfono y confiar en que el jefe de la Guardia Urbana se pusiese al habla presto a obedecer órdenes parecían poco probables sin un frente político unido. El sistema duró apenas un año, pues de cara a las elecciones autonómicas de 1980 cada partido quiso presentarse sin formar parte de un gobierno de unidad.

Recursos económicos de las autonomías

En los últimos tiempos se discute a nivel político la conveniencia de reclamar para Cataluña un concierto económico similar al que poseen Euskadi y Navarra. Tal petición no es una idea absurda, pero su concesión por parte del gobierno central me parece inviable. En su momento, cuando se redactó el Estatut de Sau, no lo reclamamos con fuerza porque nos pareció que recaudar impuestos sería una medida impopular que podría erosionar la imagen de la Generalitat. Lo que pasa es que no podíamos prever que a la larga supondría un mecanismo de discriminación tan grande. Es decir, el pacto entonces era que, por cualquiera de los dos sistemas de financiación, las autonomías ten­drían aproximadamente los mismos recursos económicos, pero ese pacto no se ha cumplido. En este momento los ingresos por habitante que proporciona el concierto económico vasco son inaceptablemente más altos que los que proporciona el sistema de financiación normal. Esta es una asignatura que la democracia española debe resolver porque no es estable la estructura autonómica con una discriminación tan clara mantenida indefinidamente.

A esto se añade un problema de fondo bastante serio. Euskadi tiene dos millones de habitantes, es decir, el nivel de discriminación que genera lo puede aguantar el sistema. Pero si a este nivel de discriminación añadimos Cataluña, con seis millones y medio, el sistema se hunde, los treinta millones de habitantes que quedan en el resto de España no lo podrían asumir económicamente, tendrían una reducción real de sus recursos. Así pues, hemos de llegar a una solución pactada, como en ­todo.

Cuando me hice cargo del ministerio de Defensa la situación militar parecía muy tensa

Felipe González me propuso hacerme cargo del ministerio de Defensa tres meses antes de las elecciones, y creo sinceramente que le convencí de que ni era la persona adecuada ni el momento oportuno, pues entonces estaba enfrascado en poner en marcha la candidatura de Barcelona para los Juegos Olímpicos de 1992. Creía que no era conveniente ni para Barcelona ni para el PSC aceptar esa responsabilidad, y él estuvo de acuerdo. Las elecciones fueron el 28 de octubre de 1982, pero a principios de ese mes se abortó un nuevo intento de golpe de Estado previsto para el día de reflexión, la víspera de los comicios4. Se detuvo a algunos altos mandos que habían planeado, creo que sin ninguna posibilidad de éxito, un golpe de mano porque veían que tras las elecciones, cuya victoria socialista estaba cantada, nunca más sería posible reinstaurar el sistema franquista. A raíz de este suceso Felipe González me volvió a ofrecer el puesto, mostrándome la necesidad de que lo asumiera alguien con experiencia de gobierno y que ya hubiese tenido contactos con los militares, como era mi caso. Barcelona había organizado con gran éxito el desfile de la Fuerzas Armadas en 1981. Pensé que tenía razón, que la situación requería un sacrificio y acepté. Si entonces hubiera conocido mejor la situación interna del ejército, quizá no hubiese aceptado. Llegué al ministerio con el principal cometido de evitar la posibilidad de nuevos golpes de Estado en el futuro. Me costó muy poco darme cuenta que el número de militares en activo ultraconservadores y nostálgicos del régimen franquista era ya, por cuestiones de edad y por las sabias reformas emprendidas por Gutiérrez Mellado, reducido. Teníamos que olvidarnos de una vez por todas del fantasma del golpe de Estado y completar lo antes posible la reforma del estamento militar.

Barcelona organizó con éxito el primer desfile de las Fuerzas Armadas de la democracia española

En 1981, con el eco reciente de las ráfagas de metralleta en el Congreso de Diputados durante el golpe de Tejero, Barcelona aceptó el compromiso de albergar el día de las Fuerzas Armadas, acto castrense, cuyo precedente era el tradicional desfile de la Victoria que todos asociábamos a la época franquista. Había mucho miedo a que las cosas no fueran bien: por la inmediatez del golpe de Estado, ya que no estaba claro cuál iba a ser la respuesta de la sociedad civil, porque el ejército se jugaba mucho en este acto y se presentaba a él con manifiestas divisiones internas, por celebrarse en Cataluña, con una tradición reivindicativa y anticastrense que no presagiaba nada bueno, porque lo organizaba un alcalde socialista, etc. Por fortuna, la presencia del Rey constituyó una garantía de respaldo al acto institucional.

La semana anterior al desfile unos delincuentes, antiguos miembros de la guardia civil, asaltaron la sede del Banco Central en Barcelona y se atrincheraron en su interior con rehenes más de veinticuatro horas hasta que se entregaron a la policía5. Por su condición de antiguos guardias civiles todos pensamos que se trataba de una acción planeada por la extrema derecha, en contra del Rey y del desfile militar; más tarde se comprobó que no era así. El caso es que la situación no era la más apropiada para celebrar el día de las Fuerzas Armadas y, sin embargo, fue un éxito rotundo. La ciudadanía actuó con mucha educación y con claro apoyo hacia el Rey y el ejército. Supongo que eso influyó en mi designación posterior como ministro de Defensa y en el respaldo del ejército a mi nombramiento.

Decisivo respaldo de la Corona a nuestra candidatura a los Juegos Olímpicos

Durante la estancia del Rey en Barcelona con motivo del desfile militar conseguí comprometerle en el proyecto de Barcelona de organizar los Juegos Olímpicos de 1992. Organizamos en el Saló del Consell de Cent, un acto en el que formalmente el Ayuntamiento pidió a la Corona su respaldo a nuestras pretensiones, que entonces se veían en todas partes como algo altamente improbable. En 1981, la organización de una Olimpiada parecía una quimera, pero lo cierto es que, sin el apoyo decidido de la Corona y su firme compromiso con esa ilusión, seguro que no la hubiéramos obtenido.

El proyecto de los Juegos Olímpicos

El pacto para organizar unos Juegos Olímpicos en Barcelona lo hicimos Joan Antoni Samaranch y yo, a poco de obtener la alcaldía. Samaranch me lo propuso siendo embajador de España en Moscú: todavía no era presidente del COI y no tenía la obligación de ser neutral. Después, por suerte, se portó con una absoluta neutralidad formal en el tema, porque si no, nos hubiera perjudicado en vez de ayudarnos. Una cosa que he aprendido en la vida es que, si tienes la conciencia tranquila respecto a lo que has hecho políticamente, no tienes ninguna necesidad de reducir el protagonismo de los demás. Así pues, debo resaltar el mérito y la aportación al proyecto olímpico del Rey, de Samaranch y de alguien como Pasqual Maragall, cuya participación resultó esencial, no sólo para la realización de los juegos, sino también en la etapa de concepción del proyecto, cuando era mi teniente de alcalde. Sin Pasqual Maragall es evidente que no ­hubieran sido posibles los Juegos Olímpicos de Barcelona, a él se debe el diseño urbanístico y las instalaciones deportivas de la Barcelona olímpica, así como la gestión de las relaciones internacionales de la candidatura.

Su incidencia en Barcelona

Los juegos fueron un pretexto para la transformación que Barcelona necesitaba, para construir los cinturones de circunvalación y abrirla al mar, para que la ciudad fuera conocida en el mundo entero, y así favorecer la expansión de nuestras empresas. Han supuesto una transformación física y psicológica de Barcelona, que ahora se ha situado en competencia directa con otras ciudades del mundo y que cuenta con un potente aval organizativo.

La mejora de las infraestructuras en Cataluña

En Cataluña la situación de las infraestructuras, ya sea en las comunicaciones por carretera, ferroviarias o aéreas, deja mucho que desear. La llegada del AVE a Barcelona, si supera los problemas actuales, resultará beneficiosa en este sentido. A veces se ha achacado al President Pujol que no haya sabido aprovechar su posición ventajosa en los años en que tuvo la llave de la gobernabilidad del Estado para avanzar en este aspecto. Me parece que aquí las responsabilidades han de ir compartidas, y es un hecho que la Generalitat, que dispone de un ­estatuto de autonomía desde 1980, no ha resuelto un problema esencial en cualquier administración: el de tener recursos suficientes. Si analizamos los problemas que pueda tener la Generalitat respecto a la falta de estructuras viarias, que para mí son muy graves, debemos tener en cuenta que la Generalitat ha contado con pocos recursos financieros, muchos menos de los que necesita.

El sistema de financiación autonómica

Cuando era ministro de Defensa, cuatro catalanes decidimos impulsar que el gobierno socialista cambiase el mecanismo de financiación autonómica. Propusimos que en vez de hacerlo como hasta entonces, por medio de unos parámetros muy complicados, se hiciese por habitante. Aparte de mí, participaron en el proyecto político el alcalde de Barcelona Pasqual Maragall; el conseller de Economía de la Generalitat, Josep Maria Cullell6 y el entonces subsecretario de Hacienda, Antoni Zabalza, que es el que hizo los números. Entre todos acabamos convenciendo al ministro Solchaga. Conseguir que la financiación autonómica dependiera en un 90-95% del número de habitantes fue uno de los avances más sólidos que se han obtenido con respecto a este tema en Cataluña. Creo que a partir de entonces las cosas han ido un poco mejor, lo que no quiere decir que haya bastante y se puedan acometer los proyectos políticos con suficiente base financiera.

Jordi Pujol se ocupa de los problemas políticos más esenciales

La historia podrá decir del President Pujol que cogió los mandos de una institución incipiente y que ha sabido darle el grosor, el alcance y el aprecio de la sociedad que nos convenía a todos en su momento. Éste, como estadista, tiende a plantear y discutir lo que podríamos llamar problemas políticos esenciales: la gobernabilidad, el reconocimiento institucional, etc., mientras que deja en manos de su equipo de colaboradores el resto de temas, eminentemente prácticos, pero de enorme importancia para la ciudadanía.

Pujol tuvo momentos de mayor influencia sobre el gobierno central

En dos momentos puntuales, primero en 1993 y después en 1996, gozó de una mayor capacidad de influencia en el gobierno de la nación, que precisaba de los votos de sus diputados. En 1993 sus demandas fueron dirigidas hacia algo que ha costado mucho tiempo obtener, pero que ya se está haciendo, que es el despliegue de los mossos d’esquadra como policía prácticamente única en Cataluña. En 1996 obtuvo un acuerdo financiero como contrapartida al voto favorable a Aznar que los mismos miembros de CiU, al cabo de una semana, ya decían que no era bueno y que los ha­bían engañado, entre otras cosas porque les aseguraron que la transferencia de los impuestos indirectos era imposible y en cambio, en negociación separada, Aznar entregó esta compensación económica al PNV por su apoyo en el Parlamento.

Pujol rara vez ha buscado apoyo en fuerzas políticas catalanas

Al acudir con este enfoque de partido que pacta con otro partido, y no con el de gobierno de Cataluña que busca previamente el apoyo de todos los partidos catalanes porque institucionalmente quiere crear una situación nueva, se echó al traste esta segunda oportunidad de mejora del sistema de financiación. Después ha habido mayoría absoluta del PP y no se han presentado más oportunidades de reformarla. En sus muchos años de gobierno Jordi Pujol rara vez ha buscado apoyo en las fuerzas políticas catalanas. Los catalanes jamás hemos arreglado nada de forma estable que no haya sido fruto de un pacto, así mismo una mejora en el sistema de financiación sólo se podrá conseguir a través de una negociación pública, conocida y con apoyo de todos. De partido a partido es muy difícil que esto salga bien.

El papel del Rey en la transición ha ayudado a legitimar la monarquía

La figura del Rey ha servido de anclaje en el diálogo entre las fuerzas políticas plurales (es decir, las catalanas, las andaluzas o las vascas, aquellas que reflejan la realidad plural de España) para ir buscando acuerdos y en el cual todos hemos cedido, pero todos hemos obtenido cosas. Juan Carlos I ha ayudado a dar aplomo al debate político ante situaciones complicadas, de las que se vivie­ron muchas en el periodo de la transición. No ha liderado nunca una conversación o una actuación, pero simplemente existiendo y recordando que lo que hemos de hacer los políticos es llegar a acuerdos, ha permitido que éstos se produzcan. Su actuación ha hecho falta en muchos momentos conflictivos y ha ayudado a legitimar la monarquía, que nos vino impuesta. Personal­mente no soy monárquico, podría definirme como republicano, pero como tantos otros, soy juancarlista.

El proceso de transición pasó ciertos apuros en momentos concretos

La transición se desarrolló en términos generales con sorprendente placidez, pero el proceso pasó ciertos apuros en momentos concretos. Uno de ellos, por la forma en que todo se llevó a cabo –aunque si se hubiera hecho de otra manera, las consecuencias hubieran sido más peligrosas–, fue el día en que Suárez decidió reconocer y legalizar el partido comunista. Con esa sorprendente decisión, Gutiérrez Mellado tuvo que solventar una dura papeleta, pues dimitieron en bloque los responsables militares de tierra, mar y aire, y le costó encontrar sustitutos dispuestos a calmar los ánimos. Aquel día nos fue de un pelo, está claro que el proceso hubiera podido acabar mal.

Otro momento especialmente duro fue el golpe de Estado, que viví al frente de la alcaldía de Barcelona. Puse la Guardia Urbana a la puerta de todos los cuarteles de la ciudad para que avisasen si había cualquier movimiento sospechoso. Me mantuve en contacto permanente con el gobierno en la sombra, compuesto por secretarios de Estado y subsecretarios, con la Casa Real y con la Generalitat. Esa noche me tuve que quedar a dormir en el Ayuntamiento. De todas maneras, a partir de un momento determinado vi que la situación estaba controlada y me acosté. No soy de esos que van explicando que estuvieron toda la noche al pie del cañón. Esa noche dormí, aunque no mucho.

Una reforma de la Constitución sería conveniente

Es bueno que cada veinticinco o treinta años hagamos un esfuerzo para adaptarnos a la nueva realidad porque las sociedades cambian, y en treinta años los cambios son importantes. Ahora mismo firmaría para que cada treinta años cambiásemos algún aspecto de nuestra Constitución. Sería un signo de salud, porque los ciudadanos, si la ven tan inmóvil, pueden acabar cansándose de ella. Para que las nuevas generaciones se identifiquen con la Carta Magna deben pensar que aportan algo a su texto. Por ejemplo, ahora debería llevarse a cabo una reforma de la Constitución, creando un nuevo Senado que representase de verdad la pluralidad española (no las provincias, sino los gobiernos autónomos) y que sea un lugar de debate plural, de búsqueda de soluciones que convengan a los gobiernos autónomos, de diálogo entre esas instancias y el gobierno central. Si supiéramos hacer este cambio constitucional, sería un signo de vitalidad, de adecuación a la nueva realidad, de que sabemos adaptarnos a los procesos de cambio social. Podemos emprender esta reforma no porque las cosas vayan mal, sino precisamente porque van bien, pues la maduración del modelo de Estado de las Autonomías nos permite hacer un Senado potente y que sea de verdad representativo del país. Soy partidario de que las constituciones no se conviertan en algo variable con lo que podamos jugar constantemente, pero también pienso que son piezas legales que se pueden retocar cada veinticinco o treinta años, como muestran los cambios constitucionales en otras sociedades europeas. El tema de la financiación, que todavía aquí no tenemos bien resuelto, ha estado detrás de muchos de esos cambios constitucionales, por ejemplo en Alemania. Si sabemos mantener la seriedad que le corresponde, una reforma parcial de la Constitución puede permitir a nuestro país avanzar hacia delante.

Creo en la conveniencia de un ejército europeo

En el momento actual, las Fuerzas Armadas españolas han cambiado mucho en comparación con el ejército politizado y decimonónico que heredamos del franquismo, y me parece que todavía está llamado a sufrir más modificaciones, como el resto de las Fuerzas Armadas de nuestro entorno geoestratégico. En la actualidad sólo creo en un ejército europeo. No es que lo considere factible en este momento, pero de verdad, sólo seremos eficientes cuando se cree ese organismo de defensa europeo, que, además, se ha de establecer con la misión de dar cobertura al orden internacional, no para defender a Europa de nada en concreto, sino como instrumento para que las decisiones internacionales tengan detrás una fuerza que ayude a cumplirlas. En este sentido se han encaminado las recientes misiones humanitarias en que han participado nuestras tropas, solas o integradas en alguna coalición, y éstas han hecho un buen trabajo. En mi etapa de ministro ya encomendé a nuestras tropas alguna misión de este tipo, como las intervenciones en El Salvador o en el desarme de la guerrilla en Nicaragua, operaciones delicadas que se supieron desarrollar con éxito.