Texto del 15-09-2008,
Fotografía cedida por Santiago Albiol.

La generación a la que pertenece Santiago Albiol creció entre la Transición y los primeros años de democracia. Como integrante de una abogacía joven, vitalista y altamente preparada, este letrado generalista anhela una mayor atención hacia el ciudadano por parte de la clase política. Igualmente, lamenta la falta de rigor de las coaliciones gubernativas en su labor esencial de velar por el futuro del país y demanda una mayor implicación de la sociedad civil.

Un bufete generalista con dos sedes en la provincia de Castellón

Soy titular de Lex et Ius, un bufete generalista con dos despachos: uno situado en Vila-real y el otro en Castellón de la Plana. A día de hoy, el bufete cuenta con seis profesionales que colaboran en las distintas áreas del Derecho. Nos dedicamos de forma fundamental y casi exclusiva al asesoramiento jurídico a particulares y empresas, con especialización en la negociación extraprocesal y, en última instancia, a la asistencia de nuestros clientes ante juzgados y tribunales en todo tipo de pleitos y procesos, sean penales, civiles, administrativos, contencioso-administrativos o sociales.

Ganar un pleito supone un trastorno; perderlo, un desastre

Aunque a veces no haya otra salida, la peor solución y el primer fracaso de un abogado es llevar un asunto a juicio. Si un letrado cree que para solucionar un asunto son imprescindibles los tribunales y excluye cualquier otra vía, está cometiendo un error. Los juristas debemos ser responsables y pensar en nuestro representado antes que en ningún tipo de lucimiento personal. Ganar un pleito ya supone un trastorno, pero perderlo es desastroso, por ello es imprescindible un asesoramiento previo y agotar cualquier posibilidad de un acuerdo extraprocesal.

Todos los implicados en la Transición hicieron concesiones en pro del acuerdo

Cuando se aprobó el texto constitucional de 1978 contaba seis años y, por tanto, carezco de recuerdos nítidos de la época. Sin embargo, a través de la información obtenida de mi círculo más cercano y por el estudio de la historia, que me apasiona, conozco sobradamente lo acontecido durante la Transición. También, gracias al Derecho y a mis conocimientos sobre temas constitucionales, me he creado un criterio sobre esa etapa, que considero fruto de un compromiso muy serio y responsable. Creo que la Carta Magna fue un acuerdo en donde todas las partes implicadas se sacrificaron: unos renunciaron a su estatus político y otros declinaron su idea de ruptura con el sistema, una actitud que debe agradecerse a ambas facciones por igual.

La clase política actual no actúa con visión de futuro

Si la Transición fue un ejemplo de buen entendimiento político, en cambio la política actual es poco constructiva, no piensa en el futuro y basa sus actos en aspectos mediáticos en lugar de buscar soluciones serias y de futuro para la Nación. Cada vez más, la población se siente desengañada, y es evidente que los jóvenes están perdiendo cualquier interés por los temas políticos. Este problema atañe a todos los políticos actuales y no importa cuál sea su tendencia; actúan alejándose de la realidad y de los ciudadanos, hasta el punto de convertirse en una casta que sólo se acuerda del pueblo a la hora de pedirle el voto. Por ello, de forma cada vez más consciente, aumenta la abstención electoral. Creo que el ciudadano no quiere seguir siendo cómplice con su voto en la aceptación de un sistema político que empieza a hacer aguas de forma notoria y a dañar de forma irreversible los principios básicos aceptados por todos desde la Transición, por no hablar de la descomposición galopante del concepto mismo de nación e identidad nacional.

Desaparición del poder judicial como estamento independiente

Recientemente se ha establecido el nuevo Consejo General del Poder Judicial y se han percibido al respecto claras muestras de confabulación. Ello sucede desde que se prostituyó el espíritu constitucional; en el artículo 122-3 de la Carta Magna se manifestaba claramente que, de los 21 miembros que componen el Consejo, 12 debían ser elegidos por jueces y magistrados, uno era el presidente del Tribunal Supremo y el resto, ocho, por el Congreso y el Senado. Pues bien, al modificar la ley orgánica que regulaba su elección, se estableció que todos los miembros serían elegidos por el poder legislativo, con lo cual se asestaba un golpe mortal a la separación de poderes. La complicidad desvergonzada de todas las fuerzas políticas les permitió, de este modo, interferir a su antojo con la Justicia. La conclusión no puede ser más clara en mi opinión: en España no existe un poder judicial verdaderamente independiente, para desgracia y desazón de los ciudadanos.

Clara politización en ámbitos sociales esenciales

Hoy en día, los medios de comunicación, las universidades, los colectivos de juristas y, en definitiva, la sociedad misma, se ven “contaminados” por la política. Es una situación muy grave que, o se ataja gracias a un movimiento social en el que se establezcan una reglas y principios nacionales comunes, en la línea de lo ocurrido en la Transición, o nos podemos ver abocados a un proceso liberticida de absoluta degradación democrática, con una terrible confrontación nacional sobre falsas y obsoletas ideologías que puede llevarnos a un sistema partitocrático con un grave déficit constitucional, informativo y educativo. De ahí que sea prioritario construir una sociedad civil verdaderamente amante de la libertad y la justicia, del todo independiente del poder político, para que pueda servirle de sano contrapeso.

Si hay demanda social, es posible, y deseable, modificar la Constitución

El miedo es el peor enemigo de las personas y de las sociedades que integran. Para actuar con libertad no hay que tener miedo. La Constitución tiene perfectamente establecidos sus mecanismos de reforma y, siempre que éstos sean respetados, nuestra Carta Magna puede modificarse. Si la libertad individual o colectiva reclama alguna reforma, considero que debe hacerse, pues existen suficientes garantías procedimentales para realizarla de forma legal y legítima. Uno de los problemas de España es que no acabamos de manejarnos con soltura y comodidad, quizás por falta de experiencia y madurez, en ciertos conceptos básicos que atañen a materias constitucionales esenciales como la democracia, la libertad o la independencia entre los poderes del Estado.

Falta profesionalidad a la hora de legislar

Opino que la mayoría de letrados y jueces coincidiríamos en afirmar que en nuestro país se legisla con poca profesionalidad y menos responsabilidad. Ahora nos encontramos con un sistema judicial paradójico, inmerso en grandes contradicciones entre la legislación nacional y la europea, o entre las leyes de ámbito común o general y la de los parlamentos autonómicos. Por ello, nuestra legislación deviene un caos formidable, agravado por la falta de calidad técnica de las normas. Y es que, quienes legislan por vía parlamentaría son los políticos y éstos, siento decirlo, suelen ser auténticos analfabetos funcionales.

Nefasta Ley de Memoria Histórica

Hay que transmitir a los más jóvenes que la Guerra Civil fue una catástrofe absoluta para todos los españoles y que, por decencia, responsabilidad y humanidad, no puede volver a repetirse. Es importante enseñar que, por encima de la violencia, siempre debe prevalecer el diálogo. Respecto a la Ley de Memoria Histórica, estoy de acuerdo en que todos tienen derecho a enterrar dignamente a sus muertos, pero algo tan sangrante no debería alimentar batallas políticas ni crear enfrentamiento entre ciudadanos. El gran peso de una legislatura no puede recaer en tratar situaciones vividas hace casi 70 años para  camuflar así los graves acontecimientos presentes, como la crisis económica e institucional. A ello hay que sumar los ejercicios cabaretísticos y de complacencia con una parte de los contrincantes de la guerra –tan criminales y salvajes como los otros– de algún juez total y absolutamente mediatizado. Para mí, lo más grave es que algunos partidos siguen igual que en los años 30 y se enorgullecen de ello y de sus acciones de entonces, actuando hoy con revanchismo. En la miseria, el crimen y la vergüenza no cabe la revancha, sólo el perdón y la paz.

Un Estado autonómico mal enfocado

El Estado de las Autonomías está mal enfocado porque nunca ha existido una idea básica al respecto ni tampoco de la Nación española, de forma que se les han atribuido competencias a las comunidades autónomas sin ninguna coherencia ni previsión de futuro. Hoy, cada autonomía actúa de una manera diferente y con un ritmo distinto. Se percibe que hay comunidades de primer, segundo y tercer orden, con lo cual no prevalece la igualdad y la solidaridad entre territorios y, lo que es peor, no se sabe a dónde vamos. Se improvisa diariamente y se fuerzan los mecanismos legales y constitucionales en abierto fraude de ley, con graves e indignas manipulaciones y presiones a las altas instituciones del Estado. Desde hace 30 años hay una batalla constante entre el Gobierno nacional y los autonómicos que resulta patética y estéril, ya que hoy nos encontramos en otra realidad contextual, que es la de la Europa de las Naciones. Si fuéramos sensatos veríamos que el objetivo común debería ser crecer y sumar, nunca menguar en vacuas luchas localistas. Creo que el actual enfrentamiento nacionalista no es más que un debate artificial porque, en el fondo, la población coincide siempre en sumar y no en restar. Todo me induce a pensar que, si no se crearan este tipo de disputas, quizás no podría justificarse la existencia de la mayoría de partidos nacionalistas.