Texto del 17/12/2008
Fotografía cedida por Antonio Gómez
El Tribunal Constitucional, según el letrado Antonio Gómez Merino, debe servir estrictamente para los fines para los cuales fue creado, es decir, atender lo que posea un marcado tono o contenido constitucional. Si se le carga con cuestiones políticas, pronto se verá desbordado y colapsado por resoluciones que no responden a la función que la Constitución le otorga. Profesor de Derecho Civil en la Universidad de Castilla-La Mancha, en materia de educación defiende acometer con urgencia la clarificación de las competencias estatales y autonómicas, para conseguir generaciones de españoles con un alto nivel formativo.
Estrés laboral en tiempos de crisis económica
Actualmente, asesoramos cerca de 500 empresas desde el despacho. Con ello soportamos días de mucho e intenso trabajo y de un fuerte estrés laboral. Manejamos gran número de expedientes relativos a las distintas jurisdicciones del Derecho y nos encargamos de puntualizar y resolverlos todos con la mayor eficacia y profesionalidad. Estamos al tanto y realizamos un seguimiento puntual de los posibles concursos que puedan afectar a nuestros representados, al objeto de que su estado de tesorería sea lo más estable de cara a asegurar la viabilidad de las empresas y evitar sorpresas poco agradables. La formación continuada de nuestros miembros es clave para la buena resolución de problemas y el asesoramiento adecuado de los empresarios que solicitan nuestros servicios.
Conviene que el empresario tenga claro cuál es su función
En el nivel de formación del empresario se van produciendo avances importantes que están trasformando el tejido empresarial. Cuestión distinta es que no todos los empresarios tienen claro cuál es el papel que ha de jugar su empresa en nuestra sociedad, y cuál es el esfuerzo y los medios precisos para poder integrarse en un tejido empresarial cada día más complejo, competitivo y moderno. Por ello es precisa una importante formación empresarial encaminada a conseguir que dichos agentes económicos tengan unas ideas definidas de su papel en la sociedad, a fin de rentabilizar sus inversiones con el mantenimiento del mayor nivel de empleo. En definitiva, buscar una definición de su empresa con los criterios que exige un mercado tan global, especializado y moderno como el actual, que permita controlar los avatares que sufre su empresa en nuestro tiempo.
Adolfo Suárez merece un reconocimiento mayor del que ha tenido hasta el momento
Viví la Transición con corta edad, pero muy de cerca, pues algunos de mis familiares estaban entonces vinculados políticamente a todo el proceso. Uno de los aspectos definitorios del mismo fue la voluntad del pueblo español de cicatrizar antiguas heridas y olvidar lo que nos separaba para pensar únicamente en lo que nos unía. Dicha voluntad posibilitó la agrupación de las más diversas tendencias políticas en pro de la consecución de unos mismos fines –reforma política, económica y social–. Teníamos entre manos un proyecto ilusionador, y por serlo, conseguimos llevarlo a feliz término. Quizá, es cierto, no se han cumplido las utopías con que soñábamos, pero sí gran parte de lo que por entonces parecía impensable. Además de la importante labor que realizó la ciudadanía, algunas figuras políticas concretas –especialmente Adolfo Suárez– resultaron claves en la instauración de la democracia. A mi juicio, Suárez merece, por la demostración de lealtad a la sociedad española que realizó en su día, un reconocimiento mucho mayor del que ha tenido hasta ahora. Fue un período durísimo. Debiéramos todos hacer un ejercicio de sinceridad y honradez y reconocer cómo fueron las cosas realmente, para con ello evitar que nuestros hijos tuvieran que enfrentarse de nuevo a un proceso similar.
Con el Estado de las Autonomías se pretendió evitar la ruptura del territorio español
Es un hecho insoslayable que cada pueblo posee su propia identidad definida y que cada detalle de esa identidad debe ser plenamente reconocido. Con el Estado de las Autonomías se pretendió evitar la ruptura de algunas comunidades del territorio nacional. Hoy, lamentablemente, parece que nos hemos olvidado de ello y cada día que pasa estamos más encaminados a conseguir esa disgregación. Si la clase política no comienza a aplicar el sentido común en esta cuestión y le da el valor que merecen a las competencias estatales, España nunca avanzará positivamente en su aún incompleto desarrollo autonómico.
Ha de ser el pueblo quien sirva de estímulo y referencia a la Constitución
La Carta Magna, si bien debe ser la norma de convivencia general, en modo alguno ha de marcar las pautas de futuro de la sociedad española, sino más bien al contrario; debe ser la norma suprema que posibilite la convivencia y el avance político y social. Nuestro texto, tal y como está redactado, otorga un margen lo suficiente amplio como para dar cabida a toda suerte de ideologías políticas y doctrinas diversas. En principio –pues de existir algún problema es de aplicación de la norma–, no habría necesidad de acometer la modificación de la Constitución, salvo en algún asunto puntual relativo a la igualdad. El resto invita a ser interpretado sin ningún tipo de recelos.
Los asuntos políticos desbordan el Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional ha de ser bien empleado, es decir, que debe realizar la importante función de atender todo lo que tenga un marcado tono constitucional. Si se le hace trabajar en cuestiones que pertenecen directamente al ámbito político, el Tribunal se verá desbordado, tal y como actualmente sucede. El poder legislativo es el que dicta las normas, y debemos ceñirnos a esta realidad. Aún no hemos aprendido en España a delimitar las funciones propias de cada institución, y ello genera una mala imagen del país en Europa.
Delimitar el papel del Estado y de las autonomías en materia educativa
No soy partidario de emplear la palabra «eliminar» en ningún aspecto de la vida; «completar» me parece más correcta. En este sentido, me preocupa seriamente la cuestión de la lengua materna en España. Estimo que todas tienen cabida, si bien hay que reconocer que sólo una sirve como nexo de unión territorial. No se trata de contraponer o enfrentar unas con otras. Al contrario: es incuestionable que la diversidad lingüística enriquece a cualquier país. Sin embargo, para solventar este problema, deberíamos aclarar cuál es el papel que en materia de educación corresponde al Estado central y a las distintas autonomías. Mi opinión es que, en lo tocante a la enseñanza, no se deberían realizar excesivas transferencias, pues se tiende a marginar el uso del castellano. Ya empieza a identificarse una generación en España que ha padecido las pésimas consecuencias de nuestro titubeo y falta de acuerdo en materia educativa.
En los últimos años, el proceso de descentralización ha degenerado considerablemente
Sería conveniente perfilar de una vez los límites competenciales hasta los que cada comunidad autónoma pudiera llegar. El Estado de las Autonomías está concebido impecablemente aunque con algo de ingenuidad, y ha sido de gran utilidad para el desarrollo del país. Una vez más, por ser una cuestión de sentido común, hay que evitar el extremismo y buscar el punto medio y equilibrado del problema. Por desgracia, en los últimos años el proceso de descentralización ha degenerado considerablemente. Tal vez no fuimos del todo previsores, lo cual es comprensible dado que se trató de un proceso puesto en práctica en un momento en que había que colmar determinadas aspiraciones de autogobierno, atender reivindicaciones y calmar disputas.
Mientras la promoción de un juez dependa de una fuerza política, la Justicia jamás será completamente independiente
La necesaria reforma de la Justicia nunca será una realidad porque a la clase política no le conviene que así sea. Además, mientras la promoción de un juez dependa de una fuerza política, ese juez jamás podrá considerarse completamente independiente. Tengamos en cuenta que es muy difícil contentarse con ser juez de primera instancia toda la vida. Naturalmente, cualquiera tiende a ambicionar una audiencia o un tribunal superior. No obstante, creo que en lo relacionado con el ámbito judicial todos debemos entonar un sentido mea culpa. Por lo demás, no temo al hecho de privatizar algunos de los servicios de la Administración de Justicia. Posiblemente así conseguiríamos que ésta gozase de una mayor eficacia en su gestión y se modernizaría de una vez por todas.
La nueva Ley Concursal otorga muchas facultades al magistrado
La nueva Ley Concursal otorga muchas facultades al magistrado, por lo que se hace muy deseable que éste disponga de una formación impecable. Un juez no suele tener profundos conocimientos fiscales, tributarios y contables; de ahí que deba contar con el auxilio de buenos técnicos. No es fácil satisfacer las aspiraciones de todas las partes del concurso, aunque es lo que se procura en la medida de lo posible. Hay que luchar siempre por salvar el elemento patrimonial –la empresa– y el elemento humano –sus empleados–, y en caso de no conseguirlo, atender las demandadas de la forma más legal y justa.
Rehabilitar la imagen de la Corona para reafirmar su necesidad y eficacia
Creo que en España reinará Felipe VI, pero también que debe producirse un acercamiento mayor entre el Príncipe y el pueblo. Don Juan Carlos ya ha demostrado su valía y carisma; don Felipe tendrá que hacerlo en el futuro. Posiblemente habría que rehabilitar la imagen de nuestra monarquía para reafirmar su necesidad y eficacia.
