Texto del 30-09-2008
Fotografía cedida por Antonio Heredero.

Dos tareas ocupan la jornada de Antonio Heredero: el ejercicio de la abogacía y su cargo de director de la fundación para la infancia que creó en 2002. Abogado eminentemente dedicado a temas mercantiles, cree que la descentralización en materia de Justicia, urbanismo y educación ha perjudicado a nuestro país. Si bien la monarquía le parece una institución que desempeña correctamente su papel, en cambio le preocupa una reforma de la Constitución que fuera poco consensuada.

Derecho mercantil y vocación de ayuda social

Balms Abogados es un bufete dedicado al Derecho mercantil. Su sede está en Vigo, una ciudad con un potencial industrial muy importante. Nuestra función básica es el Derecho preventivo: tratamos de perfilar adecuadamente las estructuras jurídicas de las empresas; colaboramos en todo lo relativo al personal; ayudamos a su crecimiento en las compras de terrenos o nuevas entidades y en fusiones, y damos el asesoramiento adecuado a los cuadros directivos. A veces, acudimos a requerimientos judiciales y últimamente, por desgracia, a muchos procedimientos concursales. Por otro lado, soy fundador y presidente de la Fundación Balms para la Infancia, convertida también en ONG. Siempre me interesó la ayuda desinteresada a los demás, y en cuanto tuve la profesión encauzada pude desarrollar este proyecto. Me gustaría que desde el mundo del Derecho se prestara más atención a fundaciones de este tipo. La responsabilidad social corporativa es muy escasa, sobre todo en los grandes despachos.

El denominado “Tercer Sector”

En temas asociativos y fundacionales se ha mejorado muchísimo. En los últimos 10 años las administraciones públicas se han dado cuenta de que la ayuda exterior a países en vías de desarrollo también corresponden al Estado y no sólo a las iniciativas privadas. Se ha regulado también el tema del voluntariado y las ONG, reformando la normativa relativa a seguridad, marco jurídico y cumplimiento de obligaciones. Todos los estudiosos del “Tercer Sector”, como se conoce al sector no lucrativo, incluyen en él a las cajas de ahorros y a las cooperativas de trabajo, porque, teóricamente, desde el punto de vista jurídico su función es social. Sin embargo, en realidad las cajas de ahorro y las cooperativas tienen afán de lucro: ese es un aspecto que habría que revisar.

Durante la Transición, los políticos se mostraron valientes y generosos

En la clase política de la Transición había mayor valentía y generosidad a la hora de llegar a acuerdos que en la actual. Y no lo digo sólo por el enfrentamiento que viven los dos grandes partidos estatales, sino también por la actitud de los partidos nacionalistas. La capacidad de ceder y actuar por un proyecto común de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, Manuel Fraga o Jordi Pujol tiene poco que ver con el panorama político presente. Quiero recalcar la valentía de la que entonces hicieron gala, porque se encontraban inmersos en un contexto sumamente hostil, el de un ejército aún circunscrito al antiguo régimen y el del terrorismo etarra, entonces muy virulento.

Absurda repetición en las leyes autonómicas de preceptos de las leyes estatales

Soy de los que opinan que se legisla en exceso y negligentemente. Sumémosle a ello una práctica enormemente empobrecedora: la duplicación legislativa por parte de las comunidades autónomas, que legislan en determinadas materias en las que realmente no sería menester hacerlo, lo que lleva a la repetición absurda de preceptos de las leyes estatales. Hay demasiados técnicos jurídicos legislando y, precisamente por eso, el nivel de las normas es escaso. No soy un nostálgico del pasado, pero se echan de menos las leyes cortas, concisas y bien redactadas que se aprobaban en los años 50, hechas por buenos especialistas en la materia.

Que haya diecisiete administraciones de Justicia explica el caos en que se ve sumido el sistema judicial

Los ciudadanos estamos padeciendo el hecho nefasto de que se hayan transferido a las comunidades autónomas las competencias de Justicia. Dotar a 17 administraciones distintas de medios informáticos y humanos, así como de infraestructuras, es mucho más caro que hacerlo con una única y potente Administración central. Una reflexión: si existiera el mismo número de agencias tributarias, defraudar al fisco sería mucho más fácil. Por lo mismo, tantas administraciones de Justicia facilitan escapar a su acción.

Magistrados vitalicios para el Tribunal Constitucional

La reforma de la Justicia es una necesidad prioritaria, pero conlleva tomar medidas que pueden ser impopulares, y ello determina que los políticos se resistan a acometerlas. De entrada, debería hacerse una dotación excepcional de medios. También se podría mejorar la Ley Procesal que regula los procedimientos judiciales abiertos. Y sería fundamental establecer un sistema que despolitice la cúpula de la Administración de Justicia. Tampoco podemos olvidar el Tribunal Constitucional: tendría que modificarse su ley orgánica. En mi opinión, el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional debería ser como el cargo de magistrado del Tribunal Supremo: vitalicio hasta jubilarse. Es la mejor manera para que nadie pueda condicionar su trabajo. Actualmente, un magistrado del Constitucional ocupa su cargo sólo nueve años. Si llega al cargo con 50 años, cesaría antes de los 60, de manera que dispondría de más de cinco años, hasta su jubilación, para dedicarse a cosas que podrían ser moralmente incompatibles con su cargo anterior, y sería más susceptible a ser objeto de presiones.

Con la nueva Ley Concursal ha mejorado sustancialmente la legislación sobre crisis empresariales

La Ley de Suspensión de Pagos, que tuvo su origen en la quiebra del Banco de Barcelona en 1922, era absolutamente caótica, y, a la postre, acababa premiando las actuaciones fraudulentas. En una suspensión de pagos, por ejemplo, se podían llegar a aprobar cosas tan aberrantes como quitas del 90% y esperas de 10 años. Ahora, la nueva Ley Concursal ha establecido un sistema relativamente rápido. Quizá pueda achacársele que esté demasiado pensada para las empresas, fundamentalmente para las grandes sociedades, y que por ello sigue siendo un procedimiento excesivamente caro para las PYMES o para la economía doméstica. En otros países, la posibilidad del concurso se enfoca también para las pequeñas economías (una familia puede concursar). Por lo demás, creo que podría evaluarse esta ley con un notable alto pues, desde luego, la mejora ha sido sustancial.

El Estado debería recuperar las competencias en educación

Creo imprescindible un Estado central fuerte. Me inquieta, sobre todo, la descentralización de la enseñanza. No sólo por el tema del idioma, que también es preocupante, sino porque se da una visión distorsionada y parcial de la historia; en Galicia, en historia se enseña a los alumnos que España no existe. Y si existe, se enseña como algo impuesto a los gallegos. Lo mismo pasa con la geografía. Los niños gallegos conocen el Miño, el Sil o el Ulla. Pero no sé si saben algo, por ejemplo, del Ebro. Esta deriva particularista en la enseñanza puede ser peligrosa porque da alas al radicalismo: posiblemente explica parte del apoyo con que aún cuenta ETA entre los jóvenes vascos. En el tema de las comunidades autónomas se ha llegado a un límite, y esto es así porque a algunos políticos les falta ética y lealtad.

Padecemos una descentralización excesiva, especialmente en el terreno urbanístico

Acercar la Administración al ciudadano es, en teoría, un hecho positivo. La cercanía con el poder facilita que se emprendan más actuaciones y propicia que la Administración sea más sensible a los problemas de sus administrados. Pero dicha cercanía tiene también su lado oscuro: lo apreciamos, por ejemplo, en la disciplina urbanística. Que los ayuntamientos tengan competencias en urbanismo crea situaciones de corrupción como la de Marbella. Por ello, creo que hay ciertos temas que conviene dirigir desde la distancia, los urbanísticos entre ellos. Si ahora comparamos el número de funcionarios –el gasto público– que tenemos hoy y el que teníamos en 1978, veremos que se ha multiplicado de forma alarmante.

Treinta años después de su aprobación, hay suficientes motivos para reformar la Carta Magna

La Constitución de 1978 ha sido un gran logro, del que todos podemos sentirnos muy orgullosos, sobre todo porque es un texto abierto y flexible, y que permite un amplio margen de interpretación. Treinta años después de su aprobación, se dan suficientes motivos para abordar su reforma (Ley Sálica, inoperatividad del Senado…). Pero toda modificación debería contar con el mismo consenso que en su día tuvo su aprobación. Si no se llega a un acuerdo del 80%, sería mejor no cambiar nada. Quizá el actual clima político no sea el más propicio para llevar a cabo grandes modificaciones.

Don Juan Carlos fue un puente entre el pasado y el futuro

Cuando se forjó la Constitución, don Juan Carlos se constituyó en símbolo de compromiso entre el pasado y el futuro, figura clave de una transición sin ruptura. Posteriormente, en momentos importantes de nuestra historia reciente, ha ido redefiniendo su papel y se ha ganado a pulso el prestigio que tiene. Por otro lado, hay que recordar que los dos intentos republicanos de nuestro país resultaron fallidos. Así, aunque la monarquía, desde el punto de vista racional y lógico, sea difícilmente defendible, lo cierto es que es el sistema de gobierno con mayor aceptación social. Mientras esto sea así y el Rey siga ejerciendo su función de manera moderada y arbitral, no veo necesario modificar nuestra configuración estatal.