Texto del 24/12/08
Fotografía: Carlos Barón.

Esta abogada malagueña, de ilustre abolengo y exitosa carrera, lleva en sus venas la pasión por el Derecho y confiesa que adora su trabajo. Con espíritu franco y directo, Eliane Grandfils exige un mayor rigor en el ámbito judicial y expone sus críticas al desarrollo autonómico, alertando de los peligros de una descentralización extremada, a la vez que apela a la educación y el respeto como elementos clave de convivencia y progreso.

Vivo entregada por completo a mi profesión

Llevo la vocación de jurista en la sangre. Mi tío abuelo, Pedro Armasa Briales, y mi bisabuelo, Pedro Armasa Ochandorena, fueron abogados y políticos relevantes durante la II República Española. Este último fue consejero de Estado y fundó el Partido Republicano Radical en Málaga, manteniendo una buena amistad con Lerroux, mientras que mi tío abuelo fue subsecretario del Ministerio de Instrucción y Bellas Artes. Con esta herencia, estudié la carrera de Derecho en Granada y completé mi formación realizando los cursos de doctorado, especializándome en Derecho civil y mercantil. En 1978 abrí un despacho centrado en estas mismas áreas del Derecho. Treinta años después, mi hermano menor, Pedro Grandfils, es mi mano derecha y mi mejor colaborador en el bufete, que tiene como principal línea de actuación la de prestar un asesoramiento de calidad y, sobre todo, eficaz. En definitiva, vivo entregada por completo a mi profesión.

Reconocimiento a la labor coordinadora de Adolfo Suárez

Mis años de Derecho en Granada coincidieron con una época tranquila, puesto que no había tanta politización como ahora. Viví la Transición como un proceso pacífico de cambio que se llevó a cabo de forma ordenada, gracias a figuras políticas de la talla de Adolfo Suárez, quien realizó una magnífica labor de coordinación que culminó con la aprobación de la Constitución de 1978. Se redactó tan bien que, treinta años después de su aprobación, continúa vigente sin necesidad de precisar cambios sustanciales, salvo modificaciones puntuales de acuerdo a las transformaciones de la propia sociedad.

Debemos ser cautos a la hora de emplear el término “nacionalidad”

Si bien es apropiado que cada pueblo de los que componen España posea su cultura y su idiosincrasia, debemos ser cautos a la hora de emplear el término “nacionalidad”. En este sentido, considero que el uso indebido de este vocablo puede desembocar en un separatismo nefasto. Asimismo, debemos ser prudentes en cuanto al desarrollo del Estado de las Autonomías. Aparte del gasto que generan, porque representan la multiplicación de gobiernos, uno por cada comunidad, hay que entenderlo en el buen sentido, para evitar el peligro de retroceder de nuevo a la Edad Media y a los reinos enfrentados entre sí en luchas intestinas por el poder. La autonomía, aplicada con moderación, puede ser positiva; pero un grado excesivo de descentralización es desaconsejable. El afán descentralizador ha llegado incluso al Consejo General del Poder Judicial, al cual se le plantea que en cada comunidad autónoma haya una delegación de este órgano. La independencia exacerbada va en detrimento del progreso y la cultura del país. La polémica en torno al idioma ejemplifica perfectamente esta situación. Sin menoscabo de que cada región tenga su lengua propia, conviene recalcar que el castellano es el idioma oficial de España. En el camino de la autonomía han de establecerse unos límites.

Exigir un mínimo conocimiento jurídico a senadores y diputados

Pese a que se habla del Senado como la Cámara infructuosa, es sin embargo la más importante, ya que, si bien el Congreso de los Diputados es el órgano encargado de discutir las leyes, la redacción se lleva a cabo posteriormente en el Senado. Teóricamente, deberían estar más preparados los senadores que los diputados; en la práctica, escasea la preparación por ambas partes. Ello origina leyes inoperantes en la mayoría de los casos. Es inconcebible que haya senadores provenientes de ámbitos profesionales totalmente ajenos al ámbito jurídico. En este sentido, debería exigirse una titulación jurídica mínima para poder ejercer este cargo.

Muchas de las reformas que se llevan a cabo mejoran la legislación en un 20%, pero la estropean en un 80%

En España se legisla en exceso y deficientemente. Tener diecisiete parlamentos dictando normas provoca una proliferación legislativa que supone una maraña que complica el trabajo de los abogados. Muchas de las reformas que se llevan a cabo carecen de sentido, puesto que mejoran la legislación en un 20%, pero la estropean en un 80%. La sustitución de leyes antiguas por otras nuevas es correcta, pero únicamente cuando se trate de normativas realmente necesarias y valiosas. Lo que carece de sentido es modificar las leyes que funcionan. Pese a las promesas de reforma y de destinar cantidades ingentes del presupuesto a la Justicia, muchas veces no se trata de dinero; el problema de fondo radica en la falta de preparación de las personas responsables de elaborar las leyes. La solución pasa por llevar a cabo una reforma bien hecha, por juristas preparados, honestos e imparciales.

El Tribunal Constitucional es un órgano político

Jamás he interpuesto un recurso de amparo, ni he intervenido en procedimiento de cuestión de inconstitucionalidad. Es, en el fondo, un organismo político al que no le encuentro utilidad y que funciona a modo de tercera Cámara. Para mí, en la Constitución se declaran principios, cuya constancia escrita no debería ser necesaria, pues son básicos, en cuanto han de estar presentes en el actuar de toda persona de bien; por otra parte, no utilizo la Constitución como herramienta de trabajo y mi tribunal, sin duda, es el Supremo.

Omnipresencia del poder ejecutivo

En la universidad aprendimos que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial eran independientes. Hoy en día la sombra del Ejecutivo planea en el terreno de los otros dos. Aunque se quiera prescindir de la política, desgraciadamente es un factor que está presente, cada vez más, en todos los ámbitos de nuestra vida.

Aunque también existen funcionarios negligentes, el fallo principal radica en el sistema

Los medios de comunicación influyen poderosamente en los cambios legislativos e inducen al legislador a actuar movido más por impulso que por las necesidades reales del país. Con todo, los sucesos puntuales que trascienden al público sólo son una pequeña muestra, ya que lo que sucede en un juzgado determinado puede ocurrir en cualquier otro, debido a que la mayoría presentan un funcionamiento deficiente. Lo que le ha pasado al juez Rafael Tirado puede repetirse en cualquier punto de España. En este caso, debe señalarse que la penalización impuesta a la secretaria judicial es cuestionable, puesto que no es lógico que la responsabilidad de un juzgado recaiga sobre ella. Todo esto nos demuestra que, con independencia de que existan funcionarios negligentes, el fallo principal radica en el sistema, por la escasa e inadecuada dotación de recursos personales y materiales con que cuenta la Justicia en España.

La potestad disciplinaria de sancionar a los jueces corresponde al Consejo General del Poder Judicial

Según el Ejecutivo, los jueces no son intocables, y anuncia una reforma del régimen disciplinario de los mismos para que no se repitan casos como el de la niña Mari Luz. Respecto a ello, no comprendo por qué el Gobierno se inmiscuye en un ámbito ajeno a su competencia. La potestad disciplinaria de sancionar a los jueces corresponde al Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno, en lugar de marcar pautas de esta índole, lo que debería de hacer es cesar en sus injerencias al poder judicial.

Necesidad e imperfecciones de la Ley de Violencia de Género

Sin lugar a dudas, la Ley de Violencia de Género era necesaria, ya que ha llenado un vacío y responde a una demanda social enorme, dado el gran número de casos de mujeres maltratadas. Con todo, se trata de una norma que deberá modificarse. Y esto, porque a menudo se legisla atendiendo sólo a ciertas realidades concretas y momentáneas, mientras el quehacer diario va poniendo de relieve diversos aspectos de la ley que necesitan ser mejorados.

Las conductas incívicas y el exceso de penalización son el resultado lógico de una deficiente educación

En España se penaliza demasiado, aunque en ciertos casos no de forma efectiva, como ocurre en el ámbito urbanístico y medioambiental. Cada año vemos, por ejemplo, que se provocan incendios forestales por pura especulación. En otros países comunitarios, como Alemania, con otra mentalidad, quizás no se regulen ciertos delitos porque no hay necesidad de hacerlo. Habría que concienciar a la gente a fin de conseguir que su comportamiento fuese más cívico y educado. Cuando todos los organismos funcionan debidamente, no existen estos problemas. Las conductas incívicas y una insuficiente o inadecuada penalización son el resultado lógico del desorden y las causas de la existencia de las infracciones.

Si bien el Rey goza de todos los parabienes, el futuro monárquico no está claro

Analizando las monarquías todavía vigentes en Europa, se observa una cierta pérdida de la relevancia que tuvieron en épocas pasadas. En España, si bien es evidente que don Juan Carlos goza de todos los parabienes de los ciudadanos, es difícil establecer un pronóstico acerca de la continuidad de esta institución. Es una cuestión que sólo se verá con el transcurso del tiempo. A ciencia cierta, sabemos que Su Majestad el Rey supera en carisma al Príncipe. A medio o largo plazo es posible que el pueblo solicite un referéndum para manifestar su voluntad respecto de la continuidad monárquica.