Texto del 08/09/2008
Fotografía cedida por Miguel Gordillo.
Como socio codirector de uno de los bufetes más grandes de España, Miguel Gordillo ha gestionado grandes proyectos de fiscalidad internacional. Un pacto de Estado entre los grandes partidos de nuestro país le parece imprescindible para intentar resolver temas todavía pendientes y fundamentales como son el modelo territorial, la financiación autonómica, la educación o el terrorismo. No duda, en cambio, de que la continuidad monárquica está garantizada, aunque considera que nuestra democracia aún se encuentra lastrada por el pasado reciente de nuestro país.
Aprendizaje moral como base del despacho Garrigues
Conformamos el mayor despacho de abogados y asesores tributarios de España, y estamos plenamente orgullosos de nuestra labor. Contamos con 25 oficinas repartidas por todas las autonomías. Contratamos a una media de 300 nuevos abogados cada año y nos dedicamos a ofrecerles una completa formación en la que nosotros mismos participamos. Hay todo un esfuerzo económico y filosófico avalando nuestro empeño. Sostenemos un compromiso firme y absoluto con nuestro proyecto, insistiendo tanto en aspectos técnicos como en conocimientos generales, y hacemos especial hincapié en la importancia de un sólido aprendizaje moral. Nunca hay que renunciar a unos principios básicos de integridad y a unos valores éticos irreprochables a la hora de ejercer la abogacía.
La Transición trajo el sentir de que poseer unos derechos estaba vinculado al cumplimiento de los deberes fiscales
Recuerdo la Transición como una época verdaderamente apasionante. Sin la perspectiva que otorga el paso del tiempo, era difícil que entonces fuéramos conscientes de la importancia de los acontecimientos que estábamos viviendo. Es indudable que se trató de una transición ejemplar en muchos aspectos y que constituyó un momento de nuestra historia del que nos podemos sentir muy orgullosos. Me acuerdo con especial nitidez de la legalización del Partido Comunista –agitar de banderas rojas en las ventanillas de algunos coches–. No en balde, una de las grandes aspiraciones de aquellos días era la legalización de los partidos. Como dato relevante, señalar que, antes del advenimiento de la democracia, el cumplimiento de las obligaciones fiscales era casi nulo, y el reproche social ante ello, inexistente. La Transición creó el sentimiento ciudadano de que poseer unos derechos iba de algún modo vinculado al cumplimiento de los deberes fiscales. Además, nuestra situación en el ámbito fiscal se normalizó con respecto a otros países desarrollados.
Resulta cuestionable que hubiera un Estado de Derecho en el tardofranquismo
Es francamente comprometido hablar de un auténtico Estado de Derecho cuando no se hallan reconocidos y garantizados de forma plena los derechos fundamentales de cualquier ciudadano de un país. En este sentido, y aunque negarlo pueda sonar demasiado categórico, resulta en efecto cuando menos cuestionable que durante el tardofranquismo existiera algo parecido a un Estado de Derecho pleno.
Las administraciones autonómicas han permitido ver con mayor claridad cuál es la finalidad recaudadora
El Estado de las Autonomías ha propiciado una aproximación de las administraciones al ciudadano. Quizás no ha sido, como todo lo humano, un proceso perfecto, pero sí puede afirmarse que fue –y está siendo– una transformación imprescindible y altamente beneficiosa: siempre es positivo todo esfuerzo que contribuya a normalizar la relación entre administrado y Administración y facilite al máximo su cabal comprensión. De hecho, las administraciones autonómicas han permitido ver con mayor claridad cuál es el principio y el fin de los impuestos que pagamos. Pero ya se requiere, a mi juicio, un nuevo análisis. Considero que la descentralización supuso un cambio inmenso para el país y que ya es tiempo de pararnos a analizar sus consecuencias con calma. Desde un punto de vista económico está creando situaciones verdaderamente complejas; en lo tocante a las inversiones extranjeras, por ejemplo, ha introducido un factor de dificultad. Creo que deberíamos empezar por practicar algunos ajustes en ciertas autonomías.
Urge solucionar la precaria financiación de los ayuntamientos
En nuestro país, éste es uno de los problemas más endémicos, delicados y poco populares. Sin embargo, es imprescindible solucionarlo con urgencia. Los ayuntamientos se hallan desde hace años encallados en una penuria económica de tal magnitud que ha terminado induciendo la aparición de problemas urbanísticos bochornosos para cualquier sistema democrático que se precie, que constituyen además un ejemplo pésimo de cara al exterior. Se precisaría de un acuerdo unánime de los grandes partidos políticos para solucionar cuanto antes esta gravísima situación. Si no se lleva a cabo un proceso de higiene financiera de los ayuntamientos y se encuentran además fórmulas para su financiación estable, no habrá modo de avanzar económicamente en España.
Pese al buen nivel de sus juristas, en España la Justicia es muy deficiente
Una Justicia lenta no es Justicia. Por desgracia, es un tema que ningún gobierno asume, pues no da demasiados réditos electorales. En España hay unos juristas estupendos, grandes despachos y un grado excelente de competencia, pero aplicamos la Justicia de forma anacrónica en muchos casos. No se facilitan los recursos para modernizarla; nunca es un asunto prioritario, entre otras razones porque comporta el riesgo de colisionar con la independencia judicial. Se trata de un viejo tabú que lastra mecanismos de reforma y que se traduce en una falta de decisión política. En nuestro país, hay dos millones y medio, según datos oficiales, de casos pendientes de resolver. Es absolutamente necesario un pacto de Estado entre las principales fuerzas políticas que modifique esta situación.
El Consejo General del Poder Judicial debe ser ejemplar, justo y aséptico en sus resoluciones
No puede aceptarse desde un punto de vista jurídico que, por haber sido alguien elegido por un determinado partido político, sus decisiones vayan predeterminadas por la ideología de dicho partido. Que ciertas decisiones del Consejo General del Poder Judicial sean previsibles según la fuerza política en el poder es inadmisible. El Consejo, por definición, debe ser justo, y totalmente aséptico en sus resoluciones. Lo contrario es poco ejemplar para el ciudadano.
A pesar de los riesgos, modificar la Constitución es necesario
Sabemos lo que costó elaborar la Constitución y de ahí tal vez el temor reverencial a revisarla, creyendo que el resultado puede empeorar el texto actual. Sin embargo, considero que los tiempos cambian y nada es tan sagrado que merezca permanecer sin tacha durante décadas. Las posibles modificaciones que precisen realizarse no tienen por qué alterar en absoluto la vida democrática del país. Cuando se inicie el debate de reforma, lo importante será saber hasta dónde queremos llegar e intentar conseguirlo con el máximo consenso posible.
Dudas sobre la Ley de Memoria Histórica
Todas las personas que aún sienten viva una herida del pasado de un país merecen respeto. No obstante, pienso que el enfoque desde el que se ha planteado esta cuestión, o al menos el que le ha llegado al ciudadano, no ha sido del todo correcto, además de producirse en un momento acaso inadecuado. Esperar un poco habría sido más inteligente, y posiblemente más práctico. Una vez que se realizan este tipo de propuestas es difícil dar marcha atrás sin perjudicar a muchos. No creo que el debate se haya suscitado respondiendo a una petición real “de la calle” y, por ello, no lo creo imprescindible; y, desde luego, lo correcto será aplicar dicha ley con la máxima sensibilidad hacia ambos lados del conflicto.
Mayor legibilidad en la normativa económica y fiscal
Desde el punto de vista legislativo, en los ámbitos económico y fiscal se viene realizando un esfuerzo serio por conocer la opinión de los expertos. A pesar de haberse avanzado mucho con la participación de las organizaciones empresariales afectadas, seguimos sin contar con un cuerpo legal que utilice siempre una terminología legible. En la actualidad, la complejidad jurídica para el administrado sigue siendo desmesurada.
Asesoramiento jurídico preventivo
Aunque es cierto que todo proceso de asesoramiento conlleva un coste considerable, sería de desear que fuera visto por el ciudadano como algo preventivo. Resultaría muy provechoso para él desde un punto de vista jurídico. A nivel laboral, fiscal, mercantil…, tener presentes las implicaciones jurídicas de las decisiones que uno adopta acaba siendo una decisión inteligente que ahorra costes a largo plazo.
Ventajas del arbitraje, un proceso más efectivo y económico
Sería conveniente difundir las indudables ventajas que ofrece la alternativa arbitral: rapidez en la resolución de conflictos, mismas garantías que el proceso judicial, ahorro de costes, voluntariedad de someterse a ese arbitraje, confidencialidad, fomento del diálogo en busca del consenso, etc. También favorece la prevención de conflictos graves.
Un modo inteligente de propiciar la transición monárquica sería con la abdicación de don Juan Carlos
Probablemente, el hecho de que don Juan Carlos abdicara en favor de su hijo y de que lo apoyara durante los primeros años de su reinado, procurando trasladarle el espíritu con el que él mismo ha actuado a lo largo de estos años, sería un modo inteligente y ordenado de realizar la transición monárquica. Como es bien sabido, en España hay menos monárquicos que juancarlistas, y se debería aprovechar la valía y el carisma de nuestro Monarca para dar ese paso adelante.
